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América Latina

Lilian Tintori pide a Podemos que interceda por Leopoldo López

Lilian Tintori, durante la entrevista concedida a EFE en la que ha asegurado que "hay una militarización de la justicia en Venezuela".

Tras reunirse con el presidente Mariano Rajoy, pidió la mediación del partido de Pablo Iglesias que ha sido relacionado de manera estrecha con el Gobierno venezolano.

La esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, que realizó una gira por distintos países reclamando su liberación y denunciando la "militarización de la justicia en Venezuela", aprovechó su estancia en Madrid para tratar de conseguir el apoyo de la agrupación política Podemos para la excarcelación del líder de Voluntad Popular, en prisión desde hace ocho meses.

Tintori se había reunido previamente con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein quien, a su vez, solicitó "a las autoridades venezolanas actuar de acuerdo a las opiniones del Grupo de Trabajo y liberar inmediatamente a los señores López y Ceballos, y a todos aquellos detenidos por ejercer su legítimo derecho a expresarse y protestar pacíficamente".

La opositora venezolana en su visita a España pidió al Gobierno de este país que se pronuncie sobre el caso de López durante un encuentro con el presidente Mariano Rajoy, quien le trasladó su preocupación y la de la Unión Europea (EU) por el juicio al dirigente opositor encarcelado.

​En una entrevista concedida al diario El Mundo, Lilian reconoció que ha "pedido al Gobierno de España que por favor se pronuncie y pida la liberación de Leopoldo López, sobre todo ahora, tras el dictamen del Alto Comisionado de la ONU". También señaló que es consciente de que dirigentes de ato nivel como los ex presidentes Felipe González y José María Aznar están siguiendo el caso. "Todos los que se manifiesten, suman", añadió.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, interviene en la reciente Asamblea Ciudadana "Sí Se Puede".
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, interviene en la reciente Asamblea Ciudadana "Sí Se Puede".

Sin embargo, uno de los llamamientos más singulares es el que hizo al partido político español Podemos, que ha sido relacionado de manera estrecha con el Gobierno venezolano y en junio pasado fue acusado de recibir financiación de su parte, algo que la formación rechazó en un comunicado oficial.

Todos los partidos y su apoyo a la causa venezolana, "suman". En referencia a Podemos, fue más directa: "Entiendo que Pablo Iglesias es alguien cercano al presidente venezolano. Y yo quiero que Pablo Iglesias, como líder de una formación que respeta los Derechos Humanos, le pida a Maduro que libere a Leopoldo López", dijo en declaraciones a este medio español.

Tintori sobre Podemos: “este grupo está fuerte, y tiene contacto con Maduro..."

La esposa de Leopoldo López también añadió en el programa de radio Herrera en la Onda, de Onda Cero, que "este grupo está fuerte, y tiene contacto con Maduro" y que en su llamamiento solicitaba a Pablo Iglesias "que pidiera a Maduro la liberación inmediata de Leopoldo López, si es verdad que Podemos es un movimiento que exige el respeto a los derechos humanos".

Aunque afirmó no haber tenido su respeuesta, sí que confirmó su esperanza en ello: "Espero que Pablo Iglesias, que viene de la universidad y entiende lo que es ser estudiante y lo que es soñar con un país mejor, se pronuncie, ya que este es el momento de hacerlo".

Lilian Tintori, que se encontraba de visita por Europa, reemplazó a su esposo en el Foro 2000 en República Checa y visitó otros países como Suiza y Francia para exponer su caso.

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ONU amplía mandato de misión de verificación en Colombia

Miles de ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos" se llevaron a cabo en el mayor escándalo de las fuerzas militares colombianas en su lucha de más de medio siglo contra los grupos rebeldes. Bogotá, el 16 de marzo de 2021. Foto: Raúl ARBOLEDA / AFP.

Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución que extiende el mandato de su misión de verificación en Colombia.

La información divulgada el martes indicó además que la misión, que tiene como tarea garantizar las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a los crímenes cometidos en cerca de seis décadas de conflicto armado en Colombia, extiende su mandato hasta el próximo 31 de octubre.

El periodo anunciado, menor a un año, busca evitar que la próxima renovación ocurra antes a las elecciones presidenciales del país suramericano previstas para mayo de 2022.

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación de Colombia, Emilio Archila, destacó en su cuenta de Twitter el alcance de esta decisión, que desde su punto de vista “es un gran aporte al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

🔵Aplaudimos que Consejo de Seguridad de la @ONU_es aprobara unánimemente la extensión del mandato de la @MisionONUCol tal como lo había solicitado el Presidente @IvanDuque. Realizará verificación de las sanciones propias que se aplicarán a quienes se acogieron a la @JEP_Colombia pic.twitter.com/ukpTtKptll
— Emilio José Archila (@EmilioJArchila) May 11, 2021

Archila también emitió un comunicado de prensa que detalla que el Consejo de Seguridad de la ONU reafirmó su compromiso con el proceso adelantado en Colombia y resaltó los avances alcanzados en la implementación para garantizar la construcción de paz.

Aludió además a la carta que envió el presidente colombiano Iván Duque, el pasado 13 de enero de 2021, solicitando la adición al mandato de las Misión de verificación de la tarea de verificar el cumplimiento de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, según lo previsto en el Acuerdo, y tomando nota del rol coordinador de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación que se especifica en la carta.

El pasado 30 de abril los siete líderes de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) procesados por la JEP admitieron su responsabilidad en más de 21.000 secuestros.

Además, según datos citados por la agencia de noticias AFP, JEP también reveló que 6.400 civiles fueron ejecutados por militares y presentados como caídos en combate bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador y líder natural del partido en el poder.

Se espera que el tribunal, que no puede juzgar a expresidentes ni a militares que no se sometan voluntariamente, comience a fijar sentencias en la segunda mitad del año.

Podrá imponer penas alternativas a la cárcel para quienes confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas, o sancionar con hasta 20 años de prisión a quienes no acepten su responsabilidad.

De acuerdo con lo revelado por la ONU, inmediatamente de darse a conocer la resolución, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, conversó vía telefónica con el presidente Duque, a quien le "reiteró el apoyo total de la ONU al proceso de paz".

Guaidó propone “acuerdo” y no descarta “levantamiento progresivo de sanciones”

El líder opositor venezolano Juan Guaidó. (AP Photo/Ariana Cubillos)

El líder opositor venezolano indicó que este "acuerdo" que plantea deber tener garantías para todos, incluyendo la "rendición de cuentas" del oficialismo "si intenta evadir de nuevo una solución negociada". Un analista consultado afirma que el tema de las sanciones "siempre ha estado sobre la mesa".

CARACAS / MARACAIBO, VENEZUELA - El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino del país, planteó este martes un "acuerdo de salvación nacional", donde no descarta el “levantamiento progresivo de sanciones” y en el que la comunidad internacional jugará un papel importante.

Guaidó detalló su nuevo planteamiento en un video publicado en sus redes sociales, donde afirma que el momento por el que atraviesa el país amerita buscar soluciones “realistas y viables”.

“La gravedad de la crisis, nuestros aliados, la comunidad internacional y lo que hemos construido durante años nos indican que debemos lograr un acuerdo para salvar a Venezuela”, indicó.

Afirmó que no se trata de “cualquier acuerdo o negociación”. En su planteamiento, expuso que debe darse entre “las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional y la Plataforma Unitaria”, los “actores que conforman y sostienen al régimen” y la comunidad internacional, específicamente “las potencias internacionales”.

A finales del mes pasado, ya fuentes políticas habían confirmado a la Voz de América que un nuevo proceso de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores se estaría preparando. En esta ocasión, actores internacionales como Rusia y la Unión Europea serían “protagónicos” en las conversaciones formales, indicaron las fuentes.

En su propuesta, Guaidó explica que el acuerdo nacional debe incluir cuatro puntos.

Uno de ellos es un cronograma de elecciones “libres y justas” para presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales “con observación y respaldo internacional”. Otro es la entrada de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID-19.

Además, también piden lo que describe como “garantías democráticas” para todos los actores, entre las que estarían la liberación de los presos políticos. Y por último, habla del compromiso de la comunidad internacional y de ofrecer incentivos, “incluyendo el el levantamiento progresivo de sanciones”.

Las sanciones de EE. UU. hacia el gobierno de Nicolás Maduro y partes de la economía venezolana se incrementaron con la llegada del ahora expresidente Donald Trump. Sin embargo, se ha reiterado que no tienen que ser permanentes y estarían sujetas a revisión si hay un cambio de actitud.

El gobierno de Maduro asegura que se trata de “medidas coercitivas unilaterales”. EE. UU. ha planteado sus propias condiciones para un eventual levantamiento de las medidas.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, visitó el país en febrero y concluyó que las las sanciones contra Venezuela afectan dentro y fuera del país y pidió “revisar y levantar” las impuestas al sector público.

El papel de la comunidad internacional

En su mensaje, Guaidó advirtió que lo planteado no será posible “si contamos con mayor presión tanto nacional como internacional”.

Esta presión será, indicó, la que garantice “un proceso de negociación que contemple, junto a nuestros aliados, garantías para todos, para todos los actores, pero también, y lo más importante, los mecanismos de rendición de cuentas al régimen si intenta evadir de nuevo una solución negociada”.

Aseguró que el gobierno intentará “seguir creando negociaciones paralelas y parciales para dar supuesta concesiones” y un plantear “un falso dilema” con las elecciones regionales “con este impuesto CNE que no reconocemos y que hoy controlan”, escenario para que el que pidió unidad.

“Estoy convencido de que proteger y rescatar espacios es muy importante, pero sin caer en las mentiras del régimen”, indicó Guaidó.

No es la primera vez que en el país sudamericano surge una propuesta parecida. Las partes involucradas ya han participado en procesos formales de negociación. Uno de los primeros fue en República Dominicana entre septiembre de 2017 y enero de 2018. Otro con la mediación de Noruega en la isla de Barbados entre julio y septiembre de 2019.

"No depende de Guaidó"

El mensaje de Guaidó refleja que el líder opositor ha percibido que “no está en el juego político”, según Ricardo Sucre Heredia, politólogo y psicólogo social.

“Me da la impresión de que el juego político se le sale de las manos, que la dinámica política está en otros actores. Es un mensaje muy facultado, bien construido, pero siento que es a destiempo”, comenta a la Voz de América.

Sucre Heredia resalta que el tablero político en Venezuela se está moviendo con la elección de un nuevo poder electoral y el debate interno en la oposición sobre si participar o no en los comicios regionales de este año.

Guaidó formaliza “un mensaje que siempre está allí”, el del logro de objetivos de redemocratización del país y de usar las sanciones como herramienta para ello, dice el analista. “Pero eso no depende de Guaidó. Eso lo manejan el gobierno de Maduro y los actores internacionales directamente”, apunta.

Luis Angarita, analista y experto en asuntos internacionales, cree que el discurso de Guaidó es coherente con respecto a su desconocimiento del gobierno de Maduro y de fomentar presiones para hallar una solución integral a la crisis.

Subraya que difundir su mensaje luego que actores de la comunidad internacional dejaran “un espacio a la duda” de si el nuevo CNE puede convertirse en el camino para "algún tipo de cambio político".

Estados Unidos dijo la semana pasada que respalda “una solución integral y negociada” a la crisis venezolana y destacó que depende de los venezolanos decidir si el nuevo Consejo Nacional Electoral contribuye a ese fin, una postura que significa que Washington descarta por el momento calificar positiva o negativamente el nombramiento de ese nuevo poder.

Según Angarita, las palabras de Guaidó confirman que existe “expectativa” de un proceso formal de negociaciones con la mediación del Reino de Noruega.

“Pareciera que existe este planteamiento y mecanismo, pero la duda inicial se siembra sobre si este CNE es legítimo o no, si el gobierno de Maduro sería capaz de desconvocar a este proceso de nombramiento que ahora está siendo observado por muchos miembros de la comunidad internacional como positivo. Eso condicionaría la propuesta de Guaidó”, expone el docente universitario.

En cuanto a la mención del levantamiento progresivo de sanciones, Angarita subraya que ese “siempre ha sido el objetivo tácito” de un acuerdo con el madurismo. “Siempre ha estado sobre la mesa ese mecanismo”, dice.

Diálogo en Colombia: ¿Qué piden las partes? ¿Por qué no se ponen de acuerdo con Duque?

Protestas callejeras en Colombia para pedirle al gobierno que tome acción contra la pobreza

Casi cuatro horas de diálogo entre el presidente de Colombia Iván Duque y miembros del Comité Nacional del Paro, impulsor de las protestas en la nación sudamericana, no alcanzó ni para empezar a ponerse de acuerdo, mientras la convocatoria a seguir en las calles está en pie.

"No se ha mostrado empatía con las víctimas. Hemos exigido que se pare la masacre, que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están ejerciendo el derecho legítimo a la protesta", dijo Francisco Maltés, integrante del Comité Nacional del Paro, cuando culminó el lunes en la tarde la reunión en la Casa de Nariño, sede de la presidencia de Colombia.

Del lado del gobierno colombiano, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, pareció tener menos expectativas, al afirmar que este había sido solo una primera reunión "exploratoria". A su vez, atribuyó a Duque lo que valoró como su voluntad de "construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdos".

Algunas claves para entender lo que sucede en Colombia

¿Qué pide el Comité Nacional del Paro al gobierno de Duque?

A casi dos semanas del inicio de las protestas el pasado 28 de abril y tras el diálogo con Duque, se espera que este martes continúen las movilizaciones, incluso los dirigentes del paro han anunciado para el miércoles lo que pretende ser otra jornada nacional de manifestaciones.

Al mismo tiempo, continúan los bloqueos de vías y sectores sociales siguen exigiendo sus demandas en varias ciudades del país. Los dirigentes del paro presentaron a Duque un documento que contiene 104 puntos. Sostienen que se trata de los mismos temas que vienen planteando desde el 2019, cuando otras protestas estremecieron la nación pero se disolvieron dado el embate de la pandemia.

Los dirigentes de las manifestaciones solicitan, en primera instancia, que los colombianos puedan protestar sin que sean expuestos a la muerte de parte de la violencia generada oficialmente o a manos de privados.

Básicamente, los promotores del paro pidieron a Duque que se pronunciara frente a los abusos a los manifestantes y garantizar la protesta social.

Los colombianos, a través del Comité Nacional del Paro, también piden más oportunidades y el respeto por sus derechos, garantía a un mayor acceso a la salud, la educación y al trabajo.

El Comité ha resumido las peticiones en seis puntos, a través de los cuales solicitan el retiro del proyecto de ley 010 de salud y el fortalecimiento de una
masiva vacunación. La garantía de una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. La defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Así como el otorgamiento de subsidios a las MiPymes y empleo con derecho, y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.

Por otro lado, piden la garantía de una matrícula cero o el pago de este concepto para los estudiantes y el no a la alternancia educativa.

También pugnan por la implementación del acuerdo de paz, más participación para las mujeres y la comunidad LGTBI, y detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.

¿Qué exige el gobierno de Duque?

El gobierno colombiano insistió en que cesen las acciones y los bloqueos en las vías, a lo que achaca el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varias regiones del país.

El comisionado para la Paz de Colombia anunció en la madrugada del martes que el Gobierno colombiano "está en la plena disposición de aceptar una mesa de negociación con el comité" para "avanzar en el tema de la agenda".

"Habrá cero tolerancia a cualquier violación dela constitución y de la ley por exceder las funciones de los funcionario públicos, entre ellos, la fuerza pública, pero aclaró que la fuerza pública "hace el mayor esfuerzo para protegernos" y, por eso, "merecen respeto y su vida también debe ser protegida".

El lunes, indicó el gobierno que ha propuesto a los líderes del paro una nueva reunión, esta vez con la mediación de la Iglesia Católica colombiana y del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.

"Sabemos que hay diferencia en la terminología. Algunos miembros del Comité hablan de negociación y queremos ir más allá. Queremos un acuerdo. No se negocia por negociar, se hace para lograr algo. Así lo dijo esta mañana el presidente de la República y yo lo reitero ante el país: la voluntad clara, expresa, del presidente, es crear un espacio para llegar a acuerdos", subrayó el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, tras la reunión.

¿Qué han dejado las protestas?

Aunque la mayoría de manifestaciones han sido pacíficas, las jornadas de protesta han dejado más de 40 personas muertas, según organizaciones de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo informó la semana pasada que se trataban de 24, muchas de ellas víctimas en medio de enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, así como cientos de heridos y detenidos. Incluso, grupos de civiles armados han atacado con armas de fuego a los manifestantes.

Estos hechos han sido rechazados por representantes en el país de Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que exigen al gobierno respetar el derecho a la protesta pacífica y garantizar la vida de los manifestantes.

El Gobierno asegura que todos los abusos policiales serán investigados y castigados.

Así mismo, las movilizaciones y bloqueos han generado desabastecimiento de alimentos y combustible, pérdidas de productos por parte de los campesinos. Aunque ya se han abierto corredores humanitarios, el alza de los precios es la comida es latente en las ciudades.

En ciudades como Bogotá, el transporte público se ha visto gravemente afectado, ocasionando que las personas deban caminar horas hacia sus casas. Las protestas también han generado el cierre de negocios y pérdidas económicas.

El plan de vacunación también se vio afectado, cuando las vacunas no llegaban a los puntos de inmunización o porque los ciudadanos temían asistir a su cita por el caos vivido en días pasados. Algunos puntos ya han retornado a la normalidad.

¿Qué dicen los analistas?

La politóloga Dionne Cruz, profesora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, le dijo a la Voz de América que "lamentablemente no hay un acuerdo", pero que el hecho que el Gobierno escuche al comité es "positivo".

"No hay todavía todavía una hoja de ruta clara, concreta para avanzar" y la intermediación de la iglesia y la ONU "es muy positiva", pero el proceso sigue cuando la situación de asesinatos "es muy grave".

Para la analista, la cifra cerca de los "50 asesinatos en medio de las manifestaciones" deja ver "el exceso de la fuerza, la infiltración de grupos radicales, paramilitares, en la movilizaciones y el riesgo tan grande que hay sobre una comunidad que está buscando elevar una voz de inconformidad".

La analista dijo que, desde la Asociación Colombiana de saluda Pública, instan a "las fuerzas vivas del país para que definitivamente nos unamos y llevemos una impronta de diálogo, concertación nacional, de salida pacífica, y desmilitaricemos los espacios porque nosotros necesitamos avanzar en un diálogo social que tenga garantías. La policía debe ser garante".

Para ella, hay que "buscar sensatez, diálogo y unas respuestas racionales e inteligentes a las necesidades que tienen hoy los colombianos, pero no caldear más los ánimos que están bastante alterados".

Jaime Carrión, politólogo de la Universidad Nacional de Medellín, le dijo a El Tiempo, que "es que es muy positivo que exista un encuentro ya entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro" y que no es "catastrófico que no hayan acuerdos porque por parte de los manifestantes, quienes vienen avanzando en la protesta social en el país, hay interés en la negociación. Lo que se busca es que el Gobierno escuche y que se siente en una mesa de negociación a abordar una agenda que es muy grande”.

Presidente de Colombia reconoce exigencias de jóvenes tras actos de violencia en Cali

Un joven protesta frente a la policía antimotines en Cali, Colombia, este 9 de mayo. (REUTERS/Juan B Diaz)

El presidente de Colombia, Iván Duque, reconoció el lunes en Cali la necesidad de atender las exigencias de los jóvenes que participan en las protestas, mientras se prepara para reunirse con los líderes de las manifestaciones en busca de un acuerdo que permita levantar los bloqueos y poner fin a la violencia.

Pese a que el mandatario se había negado a viajar a Cali, el epicentro de las protestas, lo hizo después de los reclamos de las autoridades locales y de congresistas de su propio partido, el derechista Centro Democrático.

"Tenemos claro que hay que priorizar una serie de intervenciones que son necesarias para generar una vocación de esperanza y de futuro para nuestra juventud, donde estén los temas de matrícula gratis en la universidad pública, donde estén los temas de participación política, donde estén los temas de emprendimiento, conectividad", dijo Duque desde Cali.

Las manifestaciones, que entraron en su décimo tercer día, fueron convocadas inicialmente para rechazar un plan de reforma fiscal ya retirado por el Gobierno, pero se transformaron en una demanda para exigir acciones contra la violencia policial, la histórica desigualdad social con una renta básica para las familias más pobres y mejoras a la salud y la educación.

El sorpresivo y apresurado viaje de Duque se produjo luego de que cientos de habitantes de Cali, epicentro de las protestas, salieron el domingo a las calles para exigir el levantamiento de los bloqueos y se enfrentaron con indígenas que ingresaban en apoyo de las manifestaciones, según autoridades locales.

Nueve manifestantes indígenas resultaron heridos por disparos, según informó el domingo el Consejo Regional Indígena del Cauca en un comunicado. La Policía Metropolitana de Cali reportó que cuatro personas resultaron heridas por los manifestantes indígenas.

El Gobierno ha denunciado que los bloqueos mantienen a Cali, al igual que a otras ciudades del país de 50 millones de habitantes, con desabastecimiento de alimentos y combustibles.

Los reportes sobre el número de víctimas fatales en medio de las manifestaciones difiere según las fuentes. Mientras la Defensoría del Pueblo informó de 26 decesos durante las protestas, 11 ligados a las manifestaciones y 7 en proceso de verificación, grupos locales de derechos humanos reportaron 47 muertes, incluidas 39 por violencia policial.

Duque, que la semana pasada inició reuniones con líderes del país en búsqueda de consensos que permitan un acuerdo para levantar las protestas, reiteró que su Gobierno garantiza la protesta pacífica, pero que es necesario suspender la violencia y los bloqueos de carreteras que están provocando un desabastecimiento de alimentos y combustibles en las ciudades.

El mandatario tiene previsto reunirse el lunes al mediodía en la sede de la Presidencia, en Bogotá, con los dirigentes del Comité Nacional de Paro en un proceso de diálogo y negociación en el que se buscarán acuerdos que permitan levantar las protestas. (Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)

Duque pide fin de bloqueos viales en medio de diálogos para apaciguar crisis en Colombia (VIDEO)

Duque exige cese de bloqueos en el marco de las protestas masivas en Colombia
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El presidente Iván Duque pidió el fin de los bloqueos de vías en las protestas masivas contra su gobierno que han sido violentamente reprimidas, mientras intenta desactivar la crisis a través de un diálogo con distintos sectores, que el sábado incluirá a los jóvenes.

"El rechazo tiene que ser categórico a estas expresiones que son violentas", dijo el mandatario tras un encuentro con medios.
Las manifestaciones, que se han regado por todo el país pero se sienten con especial fuerza en Bogotá, Medellín y Cali, las principales ciudades, completaron este viernes diez días, aunque menos concurridas que en el inicio de la semana.

Sin embargo, varios bloqueos viales están generando desabastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos en ciudades como Cali o Pereira (Risaralda, centro-oeste). Desde que estalló la crisis el 28 de abril, se han registrado 733 cortes de carreteras, según el gobierno.

A poco más de un año de acabar su mandato, Duque enfrenta la presión en las calles avivada por la represión policial. Veintiséis personas han muerto y, según las autoridades, hay 680 civiles y 826 uniformados lesionados.
Aunque mayoritariamente pacíficas, algunas protestas derivaron en violentos choques con la policía y destrozos que el gobierno vincula con "vandalismo alimentado por grupos armados ilegales".

Pero la fuerza pública está bajo fuertes cuestionamientos por presuntas violaciones de derechos humanos que le han valido críticas inusuales de la comunidad internacional.

"Siento que no puede haber un diálogo cuando uno habla y lo matan", habrá discusiones "cuando se respete y se escuche al pueblo", dijo a la AFP Laura Ramírez, estudiante de enfermería de 17 años, durante una de las movilizaciones en Bogotá.

Diálogos en curso

Este viernes, Duque reafirmó su voluntad de diálogo. "Sí a la conversación, sí a construir, pero definitivamente no a los bloqueos, porque los bloqueos no son pacíficos, le están alterando los derechos" a los ciudadanos, dijo el mandatario.

Centenares de colombianos en el extranjero sumaron sus voces a la protesta que empezó contra un ya descartado proyecto que elevaba impuestos, pero que fue escalando hasta convertirse en un movimiento de rechazo a las políticas del gobierno, en medio del deterioro económico por la pandemia.

Los manifestantes se expresaron frente a los consulados en Lima (Perú), Montevideo (Uruguay), Buenos Aires (Argentina), Barcelona y Madrid (España).

"Siento mucha tristeza, rabia, dolor, impotencia por no poder ayudar. Nos están matando a la juventud, hay masacres cada noche por parte de la policía", dijo a la AFP Gisselle Ríos, de 35 años, quien se manifestó en Barcelona.

Ante el avance de las protestas, Duque inició conversaciones con diferentes fuerzas sociales y políticas en busca de una salida a la crisis social que en el fondo apunta hacia un cambio de rumbo del gobierno.

El sábado el mandatario se reunirá con jóvenes, el grupo más visible de este malestar generalizado.

Duque expresó su intención de reunirse también con el Comité del Paro, que reúne a los principales sectores inconformes.

"Estamos listos a sentarnos con el Comité de Paro (...) estamos en condición de escucharlos a ellos, y también de escucharlos todos (...) los que protestan, los que no protestan", afirmó a la prensa.

La organización dijo que solo se sentará a dialogar si el gobierno acepta discutir una reforma de la policía, una renta básica de 250 dólares para los más pobres, la suspensión de la anunciada fumigación aérea de narcocultivos con glifosato, "la desmilitarización de campos y ciudades", entre otros pedidos.

Molestia por críticas externas

Enfrentado a duras críticas de la comunidad internacional por la violenta represión de las protestas, el gobierno rechazó este viernes los "pronunciamientos externos" sin "objetividad" frente a la crisis social.

"Colombia seguirá siendo un país abierto al escrutinio internacional. Pero rechazaremos siempre los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad, y que buscan alimentar la polarización e impedir la construcción de consensos en nuestra patria", indicó la Cancillería en un comunicado.

La ONU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), organizaciones de derechos humanos y países como Estados Unidos denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía.

Este viernes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se sumó a los reclamos y condenó los casos de "tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden" en Colombia.

El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, con el que Duque no tiene relación, denunció una "masacre" de colombianos.
De su lado, el gobierno colombiano afirmó que hay un plan en curso para estigmatizar a la fuerza pública.

"Hay una campaña de estigmatización de las operaciones de la fuerza pública que la mueven en redes sociales con el fin de ponerla en contra de la sociedad", aseguró a Blu Radio el ministro de Defensa, Diego Molano.

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