América Latina
- Agencias
Líder venezolano Leopoldo López cumple un año encarcelado
El político, líder y fundador del partido Voluntad Popular, se encuentra preso en la cárcel militar de Ramo Verde, cercana a Caracas.
El líder opositor venezolano Leopoldo López cumple este miércoles un año en la cárcel y aún se encuentra en proceso de juicio por delitos relacionados con las protestas del año pasado, situación que su esposa, Lilian Tintori, quiere recordar con una campaña en la que pide a los venezolanos vestirse de blanco.
Se realizará una concentración en la misma plaza del este de Caracas en la que López ofreció un discurso el 18 de febrero del año pasado antes de entregarse a las autoridades, un acto al que asistirán sus familiares, varios dirigentes políticos y otras personalidades que simpatizan con el opositor.
"Hace un año Leopoldo se enfrentó al régimen y nos pidió a todos que nos vistiéramos de blanco como un símbolo de paz, este 18 de febrero, vístete de blanco y saca, a partir de ese día por la ventana de tu casa un pañuelo blanco porque queremos libertad, justicia, democracia", dijo Tintori en un vídeo difundido hoy en las redes sociales.
En una fría y húmeda celda de dos metros de largo por dos metros de ancho, cerrada con una portentosa puerta de acero, que sólo permite visualizar el exterior a través de una pequeña rendija a la altura de los ojos, el dirigente opositor Leopoldo López cumplirá este miércoles el primer año de reclusión en la Prisión Militar de Ramo Verde.
La detención del líder opositor ha desatado numerosas reacciones de organismos internacionales, grupos humanitarios y de los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia que han abogado por su liberación por considerarlo un preso político, mientras el presidente Nicolás Maduro ha dicho que el arresto de López, al que llama el "monstruo de Ramo Verde", como una acción apegada a la justicia por considerarlo responsable de la muerte de 43 personas y las lesiones de 878 ocurridas en las protestas del año pasado.
Su detención, hace un año, fue tal vez el momento más cinematográfico de la oposición: El líder fue filmado y fotografiado mientras le daba un beso de despedida a su mujer antes de ser arrestado en medio de una multitud de seguidores. En abril del año pasado, la Fiscalía General le acusó de los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir.
Las protestas decayeron meses después de que López fuera llevado a la cárcel. Pero la ironía, para muchos, es que las cosas en Venezuela han empeorado desde entonces por severos problemas de desabastecimiento y una recesión que amenaza con agudizarse por la caída de los precios del petróleo.
La emoción y energía de los opositores se han ido desvaneciendo mientras la gente se centra en preocupaciones más apremiantes como encontrar alimentos y productos básicos, y blindar sus ahorros ante la amenaza de una desbordada inflación del 68%.
La crisis no sólo afecta al Gobierno. La alianza opositora, agobiada por marcadas discrepancias entre sus miembros, también enfrenta una crisis interna que le ha impedido capitalizar el creciente malestar que hay entre los venezolanos por la situación económica, la pérdida de popularidad que enfrenta Maduro que, para finales del año, contaba con un respaldo popular del 22%, y el descontento generado por la detención de López.
La oposición ha tratado de impulsar su movimiento capitalizando la frustración de la gente pero las manifestaciones han sido pequeñas y esporádicas y se disipan al caer la noche. El miedo generado por la represión de las protestas del año pasado, el temor que infunden los llamados colectivos que operan en barrios pobres y la resignación al estado general de las cosas en Venezuela por los pocos resultados que tuvieron las marchas, explican por qué la gente prefiere quedarse en sus hogares.
El dirigente opositor, de 43 años, pasó casi doce meses recluido en una celda con unas dimensiones de más del doble de la que tiene actualmente. La madrugada del 13 de febrero fue trasladado en castigo a otro calabozo más pequeño del segundo piso del anexo B del penal tras una requisa que hicieron en su celda más de dos docenas de hombres armados, con los rostros cubiertos con pasamontañas, pertenecientes al servicio de contrainteligencia militar, indicó el abogado del opositor, Juan Carlos Gutiérrez, tras visitarlo el pasado fin de semana en el penal.
A López le incautaron un iPod y un teléfono celular, prohibido en las prisiones, y se presume que esa es la razón del castigo. Ramo Verde, no obstante, es la excepción de un sistema carcelario de más de una veintena de penales donde existen problemas de corrupción, tráfico de drogas y armas, y graves dificultades derivadas por un desbordado hacinamiento, lo que hace de esta cárcel militar una de las más privilegiadas del país por su limitada población.
La situación del líder opositor tras la requisa y el traslado a otra celda más pequeña fue constatada el pasado viernes por la consultora jurídica de la Defensoría del Pueblo, según confirmó a AP un vocero de prensa de esa dependencia.
En la antigua celda de López quedaron decenas de papeles, fotografías familiares, dibujos infantiles e imágenes religiosas regadas en el piso de baldosas color beige claro, 80 libros, y unos afiches quemados y destruidos del ex presidente surafricano Nelson Mandela, los estadounidenses Martin Luther King, el ex boxeador Muhammad Ali, el líder indio Mahatma Gandhi, el papa Francisco y el político venezolano Rómulo Betancourt, que decoraban la parte interior de la puerta de acero, que fue abierta con un soplete durante la requisa, según el abogado Gutiérrez.
"Yo nunca había tenido la oportunidad de conocer el infierno, y lo conocí", dijo Salvatore Lucchese, un ex jefe policial de 48 años, al resumir los diez meses y medio que pasó en una celda vecina a la de López en el piso dos del anexo B de la vieja cárcel de Ramo Verde, penal que está enclavado en medio de una húmeda y remota zona montañosa, a unos 30 kilómetros al suroeste de Caracas.
Lucchese salió el pasado 4 de febrero de la cárcel militar junto con el ex alcalde opositor Enzo Scarano, después de cumplir la totalidad de la condena que les impuso el Tribunal Supremo de Justicia por desacato a una medida judicial que ordenó el levantamiento de unas barricadas en el municipio central de San Diego, próximo a la ciudad de Valencia.
De los meses en prisión, Lucchese asegura tener siempre presente la madrugada del 20 de marzo cuando lo trasladaron a Ramo Verde y fue encerrado en una oscura y sucia celda que, según él, estaba repleta de cucarachas y ratas, y donde sólo había una colchoneta infestada también de cucarachas.
Lucchese dijo a The Associated Press que por tres meses y medio él, al igual que López y el resto de sus compañeros del anexo B, los ex alcaldes opositores del municipio central de San Diego, Enzo Scarano y de la ciudad del suroccidente de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fueron aislados en sus celdas de la que sólo eran sacados por separado una hora al día para recibir el sol.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz negó en julio pasado que López estuviera aislado y dijo que se les permitía asistir a misa junto con un grupo de presos. "Todos los centros de reclusión tienen un reglamento, las visitas no pueden ser todos los días, tiene que haber un orden para recibirlas porque las personas privadas de su libertad tienen restringida su libertad y las visitas se realizan cuando el centro lo dispone".
A mediados de 2014, según el abogado Gutiérrez, la medida de aislamiento fue levantada y se le permitió a los cuatro detenidos salir de sus celdas e interactuar entre ellos, cocinar juntos, hacer actividades deportivas en una maltrecha cancha de baloncesto y acudir a mediados de semana a la misa que se ofrecía en la pequeña capilla del segundo piso del edificio central del penal, donde están la mayor parte de los reclusos.
Lucchese dijo que fue castigado junto con López, Ceballos y Scarano tras requisas o una protesta pacífica, y que no se les permitió ir a la misa semanal. El capellán del penal, José Antonio Da Conceicao, dice que en dos oportunidades les dio la comunión en la puerta de sus celdas pero que luego le impidieron el acceso al anexo B.
"Parte de nuestra misión es sembrar la palabra de Dios", dijo Da Conceicao.
El proceso judicial contra López será retomado esta semana. En los casi siete meses de juicio, el Ministerio Público ha presentado los testimonios de 38 testigos pero faltan otros 52 por declarar, además de otras centenares de pruebas que incluyen fotografías, teléfonos móviles que fueron incautados a varios detenidos y un estudio de discursos del opositor.
La jueza que lleva el caso, Susana Barreiros, le ha negado a la defensa de López la presentación de pruebas.
De ser declarado culpable, López podría enfrentar una condena de 13 años y nueve meses de prisión.
Vea todas las noticias de hoy
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
Foro