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América Latina

Liberan con cautelares a periodista detenido en Caracas

Luis Carlos Díaz. Tomado de Twitter @LuisCarlos

El comunicador hispano-venezolano Luis Carlos Díaz, detenido la tarde del lunes en Caracas en el marco de una investigación por el masivo corte eléctrico que afectó al país el pasado jueves, fue liberado este martes con medidas cautelares, informó el gremio de periodistas.

De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de enezuela (SNTP), Díaz fue imputado por "instigación a delinquir" y fue liberado bajo régimen de presentarse ante tribunales cada 8 días.

Además, se le prohibió abandonar el territorio sin autorización y no podrá declarar sobre su caso mientras dure el proceso.

"El juicio sigue su curso, no puedo dar declaraciones, evidentemente (...), pero puedo seguir haciendo periodismo", confirmó el propio comunicador a su salida de tribunales.

Familiares y amigos de Díaz habían reportado su desaparición la tarde del lunes, cuando no se tuvo conocimiento de él desde las 21.00 GMT, y durante la madrugada de este martes se informó que había sido detenido.

Díaz, conocido no solo por tener varios programas de radio sino también por ofrecer información veraz en las redes sociales, fue señalado por el dirigente oficialista Diosdado Cabello -considerado número dos del chavismo- de estar detrás del supuesto "saboteo" al sistema eléctrico que dejó al país a oscuras el jueves pasado.

Cabello difundió un video de un programa de radio de Díaz en el que ofrece consejos sobre cómo mantenerse informado y al mismo tiempo informar en medio del "blackout" informativo que se produce en el marco del apagón.

Naky Soto, esposa de Díaz, denunció el allanamiento a su residencia la madrugada de este martes, mientras que el legislador opositor Miguel Pizarro dijo durante la sesión del Parlamento de este martes que la comisión de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH que está en el país exigió "acceso" al comunicador.

Por el apagón, el Gobierno de Nicolás Maduro también acusó a Estados Unidos y a la oposición local, que no reconoce la legitimidad del nuevo mandato que juró el presidente en enero.

Los cortes de energía son frecuentes en Venezuela desde 2009, cuando el país entró en una "emergencia eléctrica", pero las fallas se han acentuado en el último lustro y ya afectan con fuerza incluso a la ciudad de Caracas, capital de la nación y asiento de los poderes públicos.

Venezuela afronta una crisis política que se acentuó después de que el 23 de enero el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución venezolana y logró el respaldo de buena parte de los países del continente americano y una veintena de naciones europeas.

La oposición venezolana, que no reconoce el nuevo mandato de seis años que juró Maduro el pasado 10 de enero, asegura que el país atraviesa una "emergencia humanitaria compleja" y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atenderla.

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EEUU impone sanciones a minera estatal de Venezuela Minerven

Una mina de oro en El Callao, estado de Bolívar, Venezuela.

El Departamento del Tesoro sancionó hoy a la empresa estatal de minería de Venezuela, conocida como Minerven, que opera en el sector del oro, y a su presidente, Adrián Antonio Perdomo.

"Vamos a perseguir de manera agresiva a aquellos involucrados con el imprudente comercio ilícito de oro de (presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro que está contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental", apuntó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Minerven, propiedad del Estado venezolano y con sede en El Callao (Venezuela), se dedica a explorar, explotar y procesar el oro de las minas de Guayana, en el sur del país.

El Tesoro sanciona a la empresa estatal de extracción de oro de Venezuela y a su presidente por sostener al régimen ilegítimo de Maduro

Comunicado de prensa: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Oficina de Asuntos Públicos


Washington – En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a CVG Compañía General de Minería de Venezuela C.A., o Minerven, la empresa estatal venezolana de extracción de metales ferrosos, y a su presidente, Adrián Antonio Perdomo Mata, como medida contra las operaciones ilegales de extracción de oro que han seguido sosteniendo al régimen ilegítimo del expresidente Nicolás Maduro. La medida de hoy, adoptada conforme a la Orden Ejecutiva (Executive Order, E.O.) 13850, con sus correspondientes modificaciones, está dirigida a una entidad y una persona física que operan en el sector del oro de la economía venezolana.

“El régimen ilegítimo de Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela y, al mismo tiempo, pone en riesgo a las poblaciones indígenas al invadir áreas protegidas y provocar deforestación y pérdida de hábitats. El plan de Maduro para usurpar la potestad de la Asamblea Nacional y quitar a Venezuela sus recursos naturales ha expuesto a las comunidades locales a toxinas peligrosas”, explicó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “El Tesoro está actuando contra la empresa procesadora de oro Minerven y su Presidente por respaldar al núcleo del régimen corrupto de Maduro. Tenemos la determinación de actuar enérgicamente contra quienes estén implicados en las actividades temerarias de comercio ilícito de oro que lleva a cabo Maduro, que contribuyen a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental”.

El comercio de oro que mantiene al régimen ilegítimo

Maduro y los agentes del régimen recurrieron a la minería de oro en su búsqueda de nuevas formas de enriquecerse a costa del pueblo venezolano. Sin aprobación de la Asamblea Nacional, y con absoluta indiferencia por el medioambiente y las comunidades locales, Maduro se atribuyó amplias facultades para supervisar el desarrollo del Arco Minero del Orinoco hace algunos años. La extracción y posterior venta de oro ha sido una de las estrategias financieras más lucrativas del régimen de Maduro de los últimos años, mientras cientos de miles de mineros han extraído oro en peligrosas minas improvisadas en el sur de Venezuela. Todas son controladas por las fuerzas militares venezolanas que, a su vez, incurren en maniobras corruptas de cobro organizaciones criminales para permitirles el acceso a las minas. Los mineros y sus comunidades quedan expuestos a abusos ambientales, pues en el proceso de minería se emplean elementos tóxicos peligrosos como el mercurio. Asimismo, cada vez son más habituales en estas comunidades mineras los delitos violentos, como homicidios.

El impacto del auge de la minería ilegal durante el régimen de Maduro ha sido criticado por organizaciones ambientales y de la sociedad civil, en razón de que no toma en cuenta evaluaciones de impacto ambiental y estudios de impacto cultural. Las operaciones de minería están invadiendo áreas protegidas, lo que provoca deforestación y pérdida de hábitats. Las actividades relacionadas con la minería también han generado condiciones propicias para la reproducción de mosquitos que transmiten enfermedades. En Venezuela aumentan los casos de malaria, y una proporción significativa de estos se registra en estados dedicados a la minería de oro.

Como única procesadora de oro estatal de Venezuela, Minerven compra el oro a los mineros y lo funde en lingotes. Posteriormente los lingotes de oro son trasladados por militares a bases aéreas en las afueras de Caracas, para luego ser transportados al Banco Central de Venezuela. Desde 2016, el régimen de Maduro adquirió oro por el equivalente a cientos de millones de dólares a pequeños mineros independientes, a quienes pagó con bolívares venezolanos, a pesar de la hiperinflación que existe en Venezuela debido a la nefasta gestión económica del país. Esta práctica ha permitido al régimen ilegítimo convertir en oro y en otras divisas su moneda depreciada, y al mismo tiempo pagar a los mineros con bolívares que prácticamente no tienen ningún valor, una actividad que sostiene al régimen de Maduro y permite que se aferre al poder. Las utilidades generadas por la minería ilegal realizada por orden de Maduro son codiciadas por los militares venezolanos, a quienes Maduro da libre acceso a las minas. Esto aumenta la capacidad de Maduro de seguir teniendo poder sobre las fuerzas militares, pues su deseo de preservar esta fuente ilegal de ingresos refuerza la acérrima lealtad militar hacia Maduro. A pesar de que el presidente interino venezolano Juan Guaidó fue reconocido por Estados Unidos y más de 50 países como la autoridad legítima de Venezuela, Maduro no ha estado dispuesto a renunciar a su control de la industria de extracción de oro ni a sus participaciones financieras en este comercio ilícito.

Se ha determinado que la entidad y la persona física designadas hoy, que se indican abajo, operan en el sector del oro de la economía venezolana:

Minerven tiene sede en El Callao, Bolívar, Venezuela. Minerven es de propiedad del Ministerio del Poder Popular e Petróleo y Minería y se creó para llevar a cabo actividades de minería y comercio de metales no ferrosos, como el oro.

Adrián Antonio Perdomo Mata fue nombrado presidente de Minerven en julio de 2018.

Para obtener información sobre los métodos utilizados por altos políticos venezolanos, sus asociados y testaferros para trasladar y ocultar el lucro originado en la corrupción, incluido el modo en que intentan explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de Estados Unidos, consulte los documentos de orientación de FinCEN FIN-2017-A006, “Orientación sobre corrupción pública generalizada en Venezuela”, y FIN-2017-A003, “Orientación para instituciones financieras y empresas y profesionales de los bienes raíces”.

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de esta entidad y esta persona, y de entidades en las que el 50% o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a esta entidad o persona, que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas.

Las sanciones estadounidenses no serán necesariamente permanentes, sino que tienen como propósito motivar un cambio positivo de conductas. Estados Unidos ha dejado en claro que existe la posibilidad de que se cancelen las sanciones impuestas a personas designadas conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692 o el Decreto Ejecutivo 13850, ambos con sus correspondientes modificaciones, que tomen medidas concretas y genuinas para reinstaurar el orden democrático, se nieguen a participar en violaciones de derechos humanos, se pronuncien abiertamente contra los abusos cometidos por el régimen de Maduro y combatan la corrupción en Venezuela.

[Agencia EFE y Departamento del Tesoro]

General venezolano: Maduro es incapaz de ser comandante en jefe

Carlos Rotondaro, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se presentó en el programa de Idania Chirinos en NTN24.

Un general del ejército venezolano sancionado por Estados Unidos huyó a Colombia, en momentos en que aumenta la presión internacional sobre el presidente Nicolás Maduro, y dijo que escapó porque no podía ser leal a un “gobierno de incapaces y corruptos”.

Carlos Rotondaro fue cuestionado por el manejo de un programa estatal de medicinas que administra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, organismo que presidió durante 10 años hasta el 2017.

“No soy traidor, soy leal a la patria”, dijo Rotondaro en una entrevista divulgada el lunes por la tarde con el canal colombiano NTN24. “Ese juramento no incluía defender a un gobierno de incapaces y corruptos (...) Cada año estamos peor”, agregó.

El oficial no dio detalles sobre su salida del país, excepto que fue de forma clandestina y que su pasaporte le fue anulado a fines de 2017. Tampoco se refirió a su estatus legal en Colombia.

El exfuncionario, que había dejado el cargo en el seguro social hace un par de años, solicitó refugio en Colombia hace pocos días, según dijeron a Reuters dos fuentes conocedoras del asunto.

Desde enero, cientos de oficiales han desertado de Venezuela y cruzado la frontera hacia Colombia, tras una oferta de beneficios jurídicos que ofreció el líder de la oposición Juan Guaidó, cuando se proclamó presidente interino.

Sin embargo, hasta ahora pocos generales han aceptado el ofrecimiento de Guaidó.

Rotondaro dijo que reconocía al líder opositor como el presidente legítimo del país. “(La población) está pidiendo un cambio a gritos a través de unas elecciones en igualdad de condiciones”, agregó.

“No hay liderazgo total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las necesidades de la tropa hacen que el liderazgo se vaya diluyendo. Nicolás Maduro no tiene la moral, ni tiene la capacidad para ser el comandante en jefe”, dijo Rotondaro.

El Ministerio de Comunicación no respondió a solicitudes de comentarios.

Los militares de alto rango son considerados clave para mantener en el poder a Maduro, que ha presidido cinco años de recesión del país petrolero, que sufre además una hiperinflación y del que han migrado unas tres millones de personas desde 2015, según Naciones Unidas.

En marzo de 2018, el exfuncionario fue incluido en la lista de sancionados por el gobierno de Donald Trump.

[agencia Reuters y NTN24]

Dictan nuevo procesamiento por corrupción a Cristina Fernández

Cristina Fernández de Kirchner sale de una corte federal en Buenos aires, en febrero pasado.

Un juez argentino dictó este lunes un nuevo procesamiento por presunta corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), el tercero que incluye una orden de detención, aunque seguirá sin hacerse efectiva por ser senadora y tener fueros, informaron a Efe fuentes del caso.

El magistrado Claudio Bonadio abrió un proceso penal, que se vincula a la conocida como "causa de los cuadernos", contra la exmandataria -que está en Cuba visitando a su hija Florencia, tratada en ese país por problemas de salud- por la importación con presuntos sobreprecios de buques con gas natural licuado (GNL) durante su mandato presidencial.

Otros siete procesamientos más pesan ya sobre la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que insiste en que es víctima de una persecución judicial hilvanada por el actual Gobierno y ya el pasado 25 de febrero declaró por escrito que "no existe un solo elemento de prueba" que la vincule "siquiera remotamente" con lo que se la acusa.

En el dictamen de Bonadio, que también procesó a, entre otros, exdirectivos de las estatales YPF y Enarsa y a los ya detenidos Julio De Vido (exministro de Planificación Federal) y Roberto Baratta (exsubsecretario de Control y Coordinación de la misma cartera), se apunta a supuestos delitos cometidos entre 2008 y 2015.

"Los imputados pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema ilegal destinado a importar GNL a través de diferentes empresas internacionales que intervinieron sin proceso licitatorio, sino mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido", subraya el juez.

Además, el auto agrega que no existió "negociación alguna" al respecto y la participación de intermediarios y la selección de agencias marítimas también fue sin licitación.

"Facturaron a precios con variaciones injustificadas, componentes que incidieron en el precio finalmente abonado que generó un perjuicio económico a las arcas del estado, por un monto difícil de determinar", remarcó el magistrado.

"Se advirtió una sobrefacturación en las compras de GNL total y aproximada de 124,75 millones de dólares y una subfacturación de, aproximadamente, 194,28 millones. Para que la maniobra pudiera configurarse y sostenerse en el tiempo, los aportes de cada uno de los funcionarios imputados, desde sus respectivas áreas de responsabilidad, fueron indispensables", sentencia el auto.

Tanto De Vido como Baratta, junto con otros exfuncionarios como los que fueran presidentes de la empresa energética estatal Enarsa Exequiel Omar Espinosa y Walter Rodolfo Fagyas "fueron quienes tuvieron la administración y disposición de los fondos públicos y debían velar por su cuidado", habiendo tenido en sus manos, según Bonadio, "el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL".

En el caso concreto de Fernández, por la causa del GNL se amplía su procesamiento por cohecho pasivo o defraudación contra la administración pública y por administración fraudulenta que ya registra la causa madre y se decretó prisión preventiva que se hará efectiva si el Senado prueba su desafuero.

Este expediente está directamente relacionado con la llamada "causa de los cuadernos", que se destapó en agosto pasado después de conocerse unas libretas en las que un chófer de Baratta anotó supuestamente durante más de una década cómo transportaba de forma habitual millones de dólares con los que empresarios sobornaban a altos funcionarios.

"Su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando las posiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de parte de sus integrantes", remarca Bonadio en su dictamen.

Esa "asociación ilícita" fue, según el magistrado, comandada por Kirchner -fallecido en 2010- y Fernández, ya que "el dinero era entregado alternativamente" al matrimonio presidencial en sus domicilios privados u oficiales.

"Parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos", añade Bonadio.

(EFE)

Espía cubano fue expulsado de Colombia

Migración Colombia

A través de un comunicado en su página web Migración Colombia informó que el ciudadano cubano José Manuel Pena García fue expulsado del territorio colombiano en un vuelo con destino a la Habana.

Según el diario El Tiempo Pena García se encontraba realizando actividades de espionaje en la base área de Palanquero, una sede estratégica de las fuerzas militares colombianas, ubicada en Puerto Salgar, Cundinamarca. "Monitoreaba e informaba cómo era el funcionamiento y cómo se movía la base de Palanquero", indicó una fuente del diario colombiano cercana al caso. "Tenía un equipo que le permitía medir las dimensiones de los aviones y el armamento", añadió la fuente.

Migración Colombia explica que Pena García fue solicitado la madrugada del sábado para comunicarle la orden de expulsión en su contra por considerarlo un extranjero que amenaza la seguridad nacional del país.

Un testigo del diario El Tiempo asegura que en el año 2014 Pena García ha sido clave para llevar a Venezuela a miembros del G2 cuando llegó al país vecino por medio del programa de intercambio de médicos entre ambos países.

Por medio de su comunicado Migración Colombia asegura que por medio del Artículo 2.2.1.13.2.2 los inmigrantes "… que realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, o la tranquilidad social...

Esta medida le impide la entrada a territorio colombiano por un lapso de 10 años a partir de la fecha de expulsión.

La ostentosa vida de los hijos de Padrino López en Madrid

Foto archivo. Ministro de la Defensa de Venezuela Vladimir Padrino López.

Mientras Venezuela se encontraba paralizada y sin luz por más de 80 horas debido a lo que es considerado como el peor apagón en la historia del país, el hijo de Padrino López, Mitchell Padrino, se encontraba en una fiesta organizada por él en Madrid, ciudad en la que reside junto a su hermana Yarazetd.

Venezuela no solo vive una crisis en su sistema eléctrico. La firma Eco analítica calcula que el salario mínimo de los venezolanos equivale a US $6, y para poder tener acceso a la canasta básica el venezolano necesita mínimo la misma cantidad. Por otro lado, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encové) asegura que el 80% de los venezolanos se encuentra en inseguridad alimentaria, mientras que el 89% de las familias no tiene suficientes ingresos para comparar alimentos.

Esta es una realidad muy diferente a la que viven los hijos del Ministro del Poder Popular para la Defensa y defensor del régimen chavista, Padrino López. Desde hace dos años los primogénitos de uno de los allegados al círculo de Maduro viven en la ciudad madrileña sin cambiar los lujos que tenían cuando vivían en Caracas. Si bien ya no realizan sus fiestas en la mansión donde residían con sus padres en la urbanización La Trinidad, ahora las celebran en los costosos locales de Madrid.

En un video difundido en Instagram se puede ver al hijo de Padrino López, Mitchell, en una excéntrica fiesta organizada por él en un local madrileño llamado Casa Suecia, en el piso 11 del hotel NH Collection, en la calle Marqués de Casa Riera, con una vista panorámica de Madrid, una muestra de su vida sin restricciones.

En el video se aprecia una gran cantidad de gente bailando, riendo y grabando con sus celulares la ostentosa fiesta. Mitchell aparece fumando una Hooka en una mesa llena de varias botellas, pero lo más llamativo y lo que más ha causado indignación en las personas que han visto el video, es una pastilla azul que el joven ingiere.

A raíz de la población del video el senador Marco Rubio escribió en su cuenta de Twitter: “Mientras que las personas en Venezuela no tienen comida, beben agua contaminada y mueren por falta de diálisis, el diario ABC atrapa al hijo de Vladimir Padrino López en fiestas en Madrid consumiendo pastillas de éxtasis. España debería revocar su visa”.

​Los intentos de desparecer el video no fueron fructíferos, pues varias cuentas lo colocaron en sus perfiles. Por ahora ambos hermanos, Mitchell y Yarazetd, fruto del matrimonio del militar venezolano con Yarazetd Betancourt, ingeniera de sistemas de PDVSA, borraron sus perfiles de Instagram.

Usuarios de la red social escriben en los comentarios que el hijo de una de las caras del chavismo acude a lugares como Fortuny, Le Boutiqe y Kapital, reconocidos por sus altos costos.

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