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Derechos Humanos

"Un secuestro con todas las de la ley", así describe Daniela Rojo su detención

Daniela Rojo con uno de sus hijos.

La activista y moderadora de la plataforma ciudadana Archipiélago, Daniela Rojo, fue liberada después de cinco días detenida, en una operación de la Seguridad del Estado que ella describe como un "secuestro con todas las de la ley".

"Una tiene esa manía terrible de querer arreglar el mundo, y eso, en tiempos tan convulsos puede salir caro. Estoy bien. Al parecer la idea del DSE no era desaparecerme del todo sino evitar que participara en los eventos de la Jornada Cívica por el cambio, para lo que sabían que estaba dispuesta incluso a acampar en casa de Yunior si hubiese hecho falta, me conocen bien. Interesados también en mis previas conversaciones con él, a lo que respondí que para interrogarme me trajeran a un abogado", relató la madre de dos pequeños.

El día de su detención, Rojo fue arrestada sin avisar a nadie de su familia por un largo tiempo, por lo sus familiares decidieron reportarla como desaparecida. Horas más tarde, un oficial se presentó en su vivienda pidiéndole a su madre ropa y pertenencias, pero se negó a revelar en qué centro de detención se encontraba.

"El viernes pasado, sobre las 2pm me cortan el internet, previendo, como en otras ocasiones la visita de los compañeros me salgo de mi casa y voy a casa de un amigo, pero como debía hacer algunas gestiones precisamente para dejar todo preparado en casa ante una posible detención el 14, salgo a la calle. A las dos cuadras de casa de mi amigo se me parquea delante un Lada con dos oficiales vestidos de civil. Uno era Dennis, "el que me atiende", al otro no lo conocía, iba manejando. Sale uno de los dos oficiales y me hace señal de que monte, yo me monto en silencio y asumo, que me llevarían a una de sus "entrevistas" en la unidad de policía. Al más puro estilo de una película de mafiosos, un secuestro con todas las de la ley, me llevan a un lugar a la salida de La Habana, una casa de las que acostumbran llamar "De protocolo", y me retienen allí durante 5 días. En todo ese tiempo no tuve comunicación con mi familia, a mi madre le notificaron que estaba "retenida", no presa. Muchas veces cuestioné por qué yo estaba allí, por qué no estaba en una unidad de policía y si los demás miembros de Archipiélago también estaban retenidos, a lo que Denis contestaba que ese no era mi problema, que ellos "lo hacían para cuidarme de que me metiera en problemas", que había un audio mío en redes convocando a ir a las estaciones de policía y que si algo pasaba entonces ya mi lugar de retención no iba a ser tan cómodo, que lo mejor que hacía era quitarme de todo eso, que pensara en mis niños, en mi papá. Que considerara irme del país, que yo era una muchacha confundida, que ellos saben que a mí no me paga nadie. No podía ni pararme en el portal, tenía un oficial velándome todo el tiempo", agregó.

Los grupos Justicia 11J y Archipiélago presentaron un recurso de Habeas Corpus en donde alegan que los niños de la activista “también son víctimas del Estado por privarles de su madre, quien no ha cometido delito alguno, no media denuncia en su contra, ni orden de arresto en su contra”.

Rojo agradeció a todos los que se interesaron en su caso y dijo que el Habeas corpus "fue determinante" para su liberación.

En su comentario dejó un mensaje al agente de la Seguridad del Estado que la vigila: "Denis, esto es para ti: La gente es libre de pensar lo que quiera, la honestidad es lo que siempre me va a distinguir de ustedes Abajo La Dictadura, Viva Cuba Libre, Libertad Para Los Presos Políticos".

Para cerrar su post remató con la siguiente propuesta: "En Cuba hay casi 700 presos políticos, todos los ataques, han de dirigirse a quienes los mantienen allí. Ah! Lo del niño de 15 años no se va a quedar así, y recuerden que yo todavía no le pongo mi flor a Martí, que es de todos, no de ustedes, partida de mafiosos. Dejo foto adjunta para los que dicen que me escondí y que borré mi perfil a propósito. No tengo nada que probarle a nadie, pero tampoco soy ingenua".

Antes de su desaparición forzada, la activista fue amenazada en varias oportunidad para que no saliera a marchar e incluso fue citada por el Órgano de Menores "con la finalidad de disuadirla de participar en la marcha para evitar consecuencias sobre sus hijos, como el bullying en la escuela".

Rojo fue una de cientos de detenidos por participar el 11 de julio en el levantamiento popular, donde miles de cubanos salieron a las calles para pedir el cese de la dictadura.

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Presos en Cuba a merced de sus carceleros: les niegan hasta el derecho de asistir al velorio de su madre

Vista de una prisión en Cuba. ( AP Photo/Franklin Reyes/Archivo)

Condenados en el sistema penal cubano denunciaron a Radio Televisión Martí los maltratos, violaciones de los derechos humanos y las difíciles condiciones en las que sobreviven en los centros penitenciarios donde se encuentran.

Desde la prisión de máxima seguridad de Kilo-7, en la ciudad de Camagüey, el Coordinador Provincial de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Fernando Vázquez Guerra, encarcelado en el Destacamento 2, donde cumple un año y medio de prisión por los supuestos delitos de “desacato” y “resistencia”, denunció las precarias condiciones que enfrentan allí.

“Estoy vivo todavía aquí en Kilo 7. La alimentación es muy mala; ahora mismo nos están dando una especie de morcilla en mal estado y la mayoría de los presos están con diarreas", dijo el opositor.

Desde las prisiones cubanas denuncian violaciones de los derechos humanos
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Vázquez Guerra, denunció, además, irregularidades con su caso.

"Yo estoy preso aquí con reos que cumplen hasta 20 años de privación de libertad por asesinato, y la Seguridad del Estado me está negando el derecho a una representación legal adecuada. Por esa razón, ya tuve que cambiar dos veces el abogado defensor”, explicó.

En el mismo penal de Kilo-7, pero en el Destacamento 9, se encuentra prisionero, en delicado estado de salud, Virgilio Mantilla Arango, sentenciado a tres años y tres meses de condena por el presunto delito de “daños a la propiedad”.

“Aquí todos están igual, sin los medicamentos, sin que me venga a consultar el especialista. Sigo con los mismos dolores provocados por las hernias discales, y continúo con los calambres en los pies y las dificultades para caminar”, señaló el opositor y fundador de la organización Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos.


El sábado pasado falleció en Guanabacoa, La Habana, la madre del reo común Andrés Sanders Rodríguez Torres, recluido en la prisión provincial Nieves Morejón, de Sancti Spíritus. Las autoridades del penal le negaron la asistencia al velorio y entierro de su difunta madre, algo que, supuestamente, es un derecho registrado en el código penal vigente.

André Sander Rodríguez Torres.
André Sander Rodríguez Torres.

“Yo me llamo Andrés Sanders Rodríguez Torres. Radico en el Destacamento 11. Estoy haciendo esta denuncia porque mi madre falleció el sábado, en horas de la madrugada, y mis familiares les avisaron a los jefes de órganos, aquí, en la provincia, además de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior (MININT), en 15 y K, en La Habana", detalló el preso.

Añadió que las primeras llamadas se hicieron al Tte. Coronel Pedro Borrell, director de la cárcel Nieves Morejón, además del jefe de Cárceles y Prisiones del territorio espirituano, y la Delegada Provincial del Ministerio del Interior (MININT). "Todos tuvieron conocimiento y nadie fue capaz de dar una respuesta, ni a mí, ni tampoco al resto de los familiares", señaló Rodríguez Torres.


"Luego sobre las 2 de la tarde del propio sábado, entró el oficial de guardia del penal y me dijo que no había transporte para llevarme para La Habana. Entonces, de qué derechos humanos hablan las autoridades, estamos hablando del fallecimiento de una madre”, enfatizó el preso.

Mientras que en la cárcel para los pacientes con VIH-SIDA, en Camagüey, la situación es precaria para los pacientes enfermos, alertó el preso Reinier Calderín Socarrás, que compartió el traslado hacia el hospital provincial Amalia Simone con tres de estos enfermos, quienes le pidieron que realizara la denuncia.

“Encontrándome yo en el conduce para el hospital, allí viajaban tres reclusos comunes que padecen VIH-SIDA, quienes estaban sufriendo dólares abdominales, además de estar muy decaídos, debido a la falta de medicamentos retrovirales para la enfermedad en la cárcel", explicó.

Los presos son Roberto Ramos Guerrero, Omar Yunier Díaz Jiménez y Lázaro Márquez Pérez.

"Me explicaron que no le dan las horas de patio para tomar el sol. También son víctimas de negligencia médica, discriminados por su enfermedad y maltratados por parte de los militares de esa institución penal”, concluyó Calderín Socarrás.

Tribunal cita a Bárbara Farrat como testigo contra su hijo Jonathan en juicio que será el 23 de noviembre

Bárbara Farrat Guillén junto a su hijo, Jonathan Torres Farrat. (Facebook)

El juicio contra Jonathan Torres Farrat, de 18 años, junto a otros 17 manifestantes del 11J, se celebrará los días 23 y 24 de noviembre en el Tribunal Provincial Popular de 10 de Octubre, La Habana, comunicó a Radio Televisión Martí, Orlando Ramírez, padrastro de Jonathan.

“La citación se la mandan del Tribunal de 10 de Octubre, donde se hicieron los juicios de los muchachos de Toyo y de La Güinera...es la Causa 833 del 2021. La mayoría son que aquí, de 10 de Octubre, dieciocho en total”, explicó Ramírez.

La citación, entregada el miércoles, tiene algo peculiar. Bárbara Farrat, madre de Jonathan, es citada para comparecer como testigo de la fiscalía, es decir para testificar en contra de su hijo.

“Esa es la cosa más absurda que yo he podido haber escuchado en la vida, aparte de cruel", dijo ella.

"¿Cómo se supone que me van a llevar a mí a un juico a declarar en contra de mi hijo? Aquí todo ya está cuadrado, aquí todo se sabe ya desde arriba qué va a suceder”, concluyó Bárbara Farrat.

Bárbarra Farrat citada como testigo contra su hijo en próximo juicio
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Jonathan Torres Farrat cumplía 17 años cuando fue detenido el 13 de agosto de 2021 en la Calzada de 10 de Octubre, donde está ubicada su vivienda, un mes después de las protestas del 11J, al ser identificado en videos obtenidos por las autoridades.

El joven fue excarcelado bajo fianza en mayo de 2022 hasta el día de su juicio. Enfrenta una petición fiscal de 8 años de privación de libertad.

“Le agregaron el ‘desorden público’ y el ‘atentado’. La Ley Penal dice que el atentado es de uno a tres años y el desorden público es hasta seis meses o multa, desde 30 pesos hasta 60 pesos, pero, como es un delito político, ellos pusieron el atentado de tres años a seis y el otro delito, es hasta tres años también; una petición única y conjunta de ocho años de privación de libertad”, apuntó Ramírez.

Niegan visita familiar a Ferrer; autoridades alegan que se debe a que "no quiere usar el uniforme de recluso"

José Daniel Ferrer.

Autoridades cubanas negaron este lunes, una vez más, la visita familiar al líder opositor y preso político José Daniel Ferrer, encarcelado en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, desde el 11 de julio de 2021.

Su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, relató a Radio Martí la tristeza que sintió por no poder visitarlo "aunque sea por un instante". Ortega dijo que, junto a su pequeño hijo y un amigo de la familia, estuvo esperando desde las once de la mañana hasta las siete de la noche afuera de la cárcel, con la esperanza de visitar a su esposo.

"No se nos da derecho desde el pasado 27 de mayo", lamentó la opositora.

Según familiares, desde esa fecha a Ferrer le fueron suspendidas las llamadas telefónicas, las visitas familiares y los pabellones conyugales, y sólo se le han permitido cortos contactos con su esposa e hijos.

Niegan, una vez más, visita familiar a José Daniel Ferrer
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La familia del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) también ha denunciado las pésimas condiciones en las que se encuentra el opositor durante los 15 meses que lleva confinado en una celda de castigo, "aislado del mundo exterior y del resto de la población penal, sometido a torturas físicas y psicológicas, sin derecho a tener ni papel ni lápiz".

La también activista denunció que el pasado miércoles, 9 de noviembre, un agente del régimen se acercó a la vivienda de sus padres, en Santiago de Cuba, para decirle que este lunes 14 se le autorizaría una vista familiar a su esposo, entregándole, además, una carta de él con las cosas que necesitaba. Sin embargo, según Ortega, las autoridades alegan que niegan la visita porque Ferrer "se resiste a ponerse el uniforme de preso común".

El preso político decía en la carta que las autoridades le habían concedido cuatro de los reclamos que estaba haciendo: "visita familiar cada 25 días, las matrimoniales cada treinta, diez minutos de llamada telefónica cada viernes y recibir hojas blancas, lápices y bolígrafos".

José Daniel Ferrer, uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de Cuba, en 2003, fue detenido una vez más el 11 de julio de 2021, cuando intentaba, junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, sumarse a las masivas protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Santiago de Cuba y varias ciudades de la isla.

En octubre pasado, europarlamentarios exigieron la inmediata liberación de Ferrer y el fin de las condiciones infrahumanas a las que está sometido". También ha exigido su liberación la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional, que a finales de octubre llamó a una acción urgente a favor del preso de conciencia.

Autoridades demoran dictamen de preso del 11J aquejado de esquizofrenia, denuncia su madre

Dayron Martín Rodríguez, preso político del 11J. (Foto: Facebook)

La madre del preso político Dayron Martín Rodríguez, paciente esquizofrénico que cumple una condena de 22 años por el presunto delito de “sedición” tras participar en las protestas del 11J en Cuba, denunció este martes que luego del proceso de revisión médica realizado a su hijo con el propósito de lograr su excarcelación, las autoridades aún no se pronuncian, violando las propias leyes cubanas.

“Yo pienso que, ante tanta insistencia, y todas las cosas que hemos denunciado mi hija y yo por su enfermedad desde que él cayó preso, además de la situación tan precaria que tiene en la cárcel, el 15 de septiembre fue llevado a Medicina Legal junto a otros reos en condiciones de salud muy precarias", dijo Estelvina Rodríguez.

A su hijo, explicó, le realizaron una evaluación médica "para comprobar si es cierta esa enfermedad, y luego tomar una decisión con su caso". El joven fue evaluado por tres médicos de esa institución, apuntó.

Declaraciones de la madre de Dayron Martin, preso del 11J, a Radio Martí
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"Resulta ser que el abogado que representa a mi hijo, le dijo al padre de Dayron que, por ley, son 11 días que demoraba el trámite. Sin embargo, ya pasaron dos meses y los papeles del resultado de la evaluación de los doctores sigue en Medicina Legal. De allí no han salido. Supuestamente, ya deberían haber sido enviados para la fiscalía”, señaló la mujer.

La madre de Martín Rodríguez llama la atención sobre el hecho de que la condición de preso político quizás sea la razón que impide que a su hijo se le otorgue la licencia extrapenal, a pesar de su enfermedad.

“El día que lo llevaron a esa evaluación, también fueron conducidos cuatro presos más; a algunos los llevaron en sillas de ruedas. Uno de ellos tenía cáncer terminal, y dice mi hijo que le realizaron el mismo proceso a todos. Ya hay tres que salieron bajo licencia en libertad por razones médicas, pero todos son reos comunes, no son presos políticos como es Dayron. Pensamos que esa es la causa. Pero, bueno, eso es una falta de humanidad, porque al final se trata de una enfermedad, sea quien sea la persona”, opinó.

Martín Rodríguez sigue en el penal Combinado del Este, donde sufre continuas crisis y sin los medicamentos necesarios para su padecimiento, poniendo en riesgo su propia vida, explicó su madre.

“No duerme, escucha voces, se desespera. Tiene mucha ansiedad, sigue mal y sin medicamentos, los que tampoco fueron aceptados al padre cuando pasó la visita la pasada semana. Al final, no pasa nada, y mi hijo es quien está en esa cárcel y se siente mal. Y nosotros, aquí afuera, penando por su situación y sufriendo desde que él está preso”, lamentó la mujer.

Dayron Martín Rodríguez, de 37 años de edad, salió a protestar en el barrio La Güinera, en La Habana, el 12 de julio de 2021, un día después de las multitudinarias manifestaciones antigubernamentales que estallaron en varias localidades de Cuba. Su familia ya acudió a diversas instancias internacionales para denunciar su encarcelación, que consideran injusta.

Impiden a tres cubanas representar a sus barrios en elecciones municipales

Una reunión de vecinos convocada en una esquina de Camagüey. Foto Archivo. Alejandro Rodríguez Leiva/Diario Adelante.

Las activistas María Elena Mir, en La Habana, Elsa Litsy Isaac en Palma Soriano, Santiago de Cuba, y Susleydis Pérez Velázquez, en Holguín, tenían previsto postularse en las asambleas de nominación de candidatos de sus circunscripciones pero no pudieron participar en ellas.

Las llamadas Asambleas de Nominación de barrios, programadas del 21 de octubre al 18 de noviembre, deben ser citadas de forma pública mediante la colocación de un cartel. Sin embargo, la que tuvo lugar en la circunscripción 36 de Guanabo, en La Habana fue avisada a determinados vecinos y no a todos los electores, explicó Mir.

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“El 24 de octubre la asamblea se hizo con 16 personas porque no avisaron con tiempo ni a mí, ni a las personas más cercanas a mi vivienda. Con antelación, habíamos hecho un trabajo con la comunidad que, normalmente, debe asistir ahí y estábamos casi a un 69% ó 70% de que me propusieran como candidata”, dijo a Radio Televisión Martí la opositora residente en Guanabo.

María Elena Mir Marrero en el Foro "Cuba: Economía, Derechos y Migración". Miami, 2017.
María Elena Mir Marrero en el Foro "Cuba: Economía, Derechos y Migración". Miami, 2017.

“La Ley Electoral vigente plantea en el artículo 89 que se debe garantizar la asistencia de más del 50% a participar para que se dé por verídica la Asamblea, cosa que no ocurrió”, señaló Mir.

Algunos de estos activistas aspirantes a candidatos afirmaron días atrás que defienden varias propuestas:

  • Detener el empleo de recursos en la construcción de hoteles para destinar ese dinero a resolver problemas urgentes como el de la energía eléctrica.
  • Proponer la eliminación de las tiendas en divisas, conocidas como de Moneda Libre Convertible (MLC).
  • Declarar una amnistía general para "los ciudadanos que solo han hecho uso de sus derechos constitucionales a las libertades de manifestación expresión, reunión y asociación".

En Palma Soriano, la policía política impidió, el 4 de noviembre, a Elsa Litzi Isaac salir de su casa, por lo que no pudo asistir al mitin de nominación del delegado a la circunscripción 4 del reparto La Ceiba.

“Tengo entendido que los vecinos que se encontraban en la reunión ninguno querían nominarse y explicaron a la Seguridad, que se encontraba presente, y a los órganos que representan al partido y el gobierno que ningún delegado resuelve nada, que para qué ellos iban a proponerse entre ellos si, al final, el Gobierno no resolvía nada. Entonces los llamados “factores” (del PCC, el CDR y el Poder Popular) obligaron a la presidenta del CDR a ser candidata ella, que no lo deseaba”, dijo Isaac.

Igual sucedió a Susleydis Pérez Velázquez, quien pretendía nominarse en la asamblea de la circunscripción 287 del reparto Ramón Quintana, de la capital holguinera. La policía política le prohibió salir de su domicilio, por lo que no pudo participar en la reunión que abarcaría a 1.773 electores.

También se presentaron otros activistas a las asambleas de nominación de candidatos de circunscripción, pero no fueron elegidos.

Se trata de Eskizander Benítez Moya, en la circunscripción 56 de la zona 236 y Onelis Alvarado Calderín de la circunscripción 55 de la zona 148, ambos en Palma Soriano.

En las elecciones de 2015, dos opositores fueron nominados como candidatos a delegados de circunscripción: Hidelbrando Chaviano y Yuniel López O´Farrill, ambos de La Habana.

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