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América Latina

Leyes de Venezuela que sirven para censurar

Natalie Southwick, coordinadora regional del CPJ, en una intervención en el programa Libre Expresión, Telesucesos, Ecuador, 2018. YouTube.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denunció el empleo en Venezuela de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para encarcelar al periodista Wilmer Quintana García.

"Quintana fue arrestado por haber publicado varios mensajes en su página personal de Facebook, en los cuales denunciaba presuntos actos de corrupción en la prestación de servicios públicos en el estado de Guárico, según informaciones de prensa y una organización local defensora de la libertad de expresión", indicó el CPJ.

"El 18 de julio, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela detuvieron a Quintana en la ciudad de San Juan de los Morros, la capital de Guárico, según un mensaje de Twitter publicado por la organización venezolana Espacio Público y versiones periodísticas", precisó la entidad.

"De acuerdo con la orden de arresto, una copia de la cual fue publicada en el sitio web de Espacio Público, el 11 de julio un tribunal penal local ordenó el arresto de Quintana por la presunta autoría del delito de promoción o incitación al odio en virtud de la ley contra el odio, presuntamente cometido en perjuicio del gobernador de Guárico, José Manuel Vásquez, y el presidente de la empresa Alimentos Guárico (Alguarisa), Emilio Ávila", indicó el CPJ.

"La detención de Wilmer Quintana en virtud de la ley contra el odio de Venezuela confirma la preocupación que expresamos cuando fue aprobada: la ley en realidad es una herramienta para censurar la información y castigar a los críticos", declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, en Nueva York.

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El infierno se desata en Culiacán en operación de captura del hijo de "El Chapo"

Un autobús en llamas bloquea una calle en Culiacán, Sinaloa, en medio del enfrentamiento entre narcos y federales.

CULIACÁN, México - El presidente mexicano defendió la decisión de las fuerzas de seguridad de haber retroceder en un intento de capturar a uno de los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego de que pistoleros del cartel desataran tiroteos con armas de grueso calibre e incendiaran autos en la capital del estado norteño de Sinaloa.

“No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”, dijo el viernes en rueda de prensa Andrés Manuel López Obrador, quien ha comenzado a ser criticado por lo que algunos consideran que lo ocurrido demostró, por lo menos, una falta de planeación.

Por horas, Culiacán, capital del estado mexicano de Sinaloa, fue escenario de intensos tiroteos y bloqueos viales tras la localización de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de “El Chapo”, quien está preso en Estados Unidos cumpliendo una condena a cadena perpetua.

Las autoridades no han aclarado cómo sucedieron las cosas. Por el contrario, ha habido versiones encontradas. El jueves Alfonso Durazo, secretario federal de Seguridad, dijo que 30 elementos de la Guardia Nacional y del ejército fueron agredidos desde una vivienda cuando realizaban un patrullaje, que los militares repelieron la agresión y tomaron control del domicilio y que fue entonces cuando localizaron en su interior a cuatro personas, una de ellas Ovidio Guzmán.

Enfrentamiento entre narcos y los federales en fallida operación de captura de Ovidio Guzmán.
Enfrentamiento entre narcos y los federales en fallida operación de captura de Ovidio Guzmán.

Luego dijo que grupos de delincuencia organizada rodearon el lugar “con una fuerza mayor” que la de los militares y sembraron el pánico en diversos puntos de la ciudad, por lo que el gobierno federal optó por detener el operativo. Sin embargo, no dejó claro si lo arrestaron y luego fue liberado por la intensidad de los enfrentamientos o si simplemente huyó. El viernes, el presidente dijo que sí se trató de un operativo para ejecutar una orden de aprehensión.

“El propio gobierno generó esa disyuntiva. Por lanzar un operativo mal planeado y peor ejecutado, se volvieron vulnerables al chantaje. No hay nada admirable en la decisión tomada”, tuiteó el viernes el reconocido analista mexicano, Alejandro Hope, tras la conferencia matutina del presidente.

Los incidentes del jueves causaron 21 heridos por arma de fuego y un número indeterminado de fallecidos, entre los que no habría militares o efectivos de la Guardia Nacional, explicó el secretario estatal de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda, en un balance preliminar casi a medianoche. Además, 27 presos se fugaron del penal, agregó.

José Luis González Meza, uno de los abogados de la familia de “El Chapo”, declaró a The Associated Press el jueves que familiares de Guzmán le indicaron que “Ovidio está vivo y está libre”, aunque dijo no tener información más detallada de lo sucedido durante la tarde.

Guzmán López no es uno de los hijos más conocidos de “El Chapo”, el líder del cártel de Sinaloa que en julio fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por narcotráfico, pero las autoridades estadounidenses lo buscan por cargos de distribución de cocaína, metanfetaminas y marihuana de México a ese país desde 2008 a 2018 junto a su hermano Joaquín Guzmán López.

Las balaceras en diversos puntos de Culiacán comenzaron tras las acciones de las fuerzas federales. En las redes sociales se difundieron vídeos en los que se veían camionetas con civiles armados y ametralladoras de gran calibre, vehículos quemados en algunas vías y en casetas de peaje en las afueras, una práctica que los grupos del crimen organizado suelen utilizar para impedir la movilidad de las autoridades.

En poco tiempo, la ciudad se paralizó: era imposible circular por las calles del centro y en un amplio perímetro alrededor de la Fiscalía General. Los disparos se escuchaban en los cuatro puntos cardinales mientras la policía cerraba las vías donde se reportaban tiroteos. Varias compañías aéreas, como Volaris y Viva Aerobus, cancelaron muchos de sus vuelos.

“Nada funciona”, dijo a la AP por teléfono Ricardo González, un trabajador del Congreso estatal que se encerró en su casa después de recoger a su hijo de 15 años en la escuela. “Hay psicosis, nadie sabe qué está pasando, pero todos tenemos miedo y ya nos han dicho que mañana no nos presentemos en el trabajo”.

El gobernador, Quirino Ordaz, confirmó en declaraciones a Milenio Televisión que se suspendieron las clases pero dijo que los negocios sí funcionarían.

González, sin embargo, lo dudaba.

“No hay transporte público, no hay taxis, la gente de fuera de la ciudad se ha quedado aquí bloqueada y mañana todo será igual”, agregó tras asegurar que no recordaba una situación similar desde hace casi una década, cuando el Cártel de Sinaloa vivió una guerra interna.

Con la tercera y última detención de “El Chapo” en 2016 se desató una lucha por el control del grupo que fue desactivada con el encarcelamiento de Dámaso López Núñez y su hijo, Dámaso López Serrano. El primero fue capturado por México y el segundo se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses.

Los expertos coinciden en que las riendas del cártel, que sigue operando a pesar del encarcelamiento de su líder, están en manos de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador de la organización criminal hace tres décadas, y de dos de los hijos de El Chapo, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán. A este último, Estados Unidos lo acusa de tráfico de drogas en Chicago y fue secuestrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación en 2016 en lo que los expertos consideraron un intento de esta organización por entrar en Sinaloa.

El gabinete de seguridad federal tenía previsto reunirse en Culiacán el viernes por la mañana para informar de sus acciones.

A pesar de informe Bachelet, chavismo asciende al Consejo de Derechos Humanos de ONU

El canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza en septiembre de 2019. FABRICE COFFRINI / AFP

El régimen de Nicolás Maduro logró la mañana del jueves su propósito de ocupar un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a pesar del informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización, Michelle Bachelet, y de la candidatura y el cabildeo de última hora de Costa Rica para tratar de impedirlo.

La votación tuvo lugar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Era el momento para sustituir o reelegir la tercera parte de los miembros del Consejo, entre ellos dos de los ocho escaños correspondientes a América Latina.

El régimen de Maduro consiguió 105 votos de los 193 sufragios, precedido por Brasil con 153, que mantuvo su escaño, y seguido de Costa Rica con 96. La mayoría necesaria para ganar el puesto era de 96 votos.

Un informe de la Alta Comisionada denunció en julio que la mayoría de las siete mil ejecuciones extrajudiciales cometidas en Venezuela entre el 2018 y el primer semestre de 2019 fueron a manos de las fuerzas de seguridad del chavismo.

“Sí, leyeron bien: Venezuela acaba de ser elegida al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, junto con otros bastiones de la democracia y los derechos humanos como Sudan, Libia, Indonesia y Mauritania”, escribió en Twitter el abogado defensor de derechos humanos y analista internacional Arsen Ostrovsky.

“¿Es que los miembros de Naciones Unidas no tienen vergüenza?”, pregunta Ostrovsky. “Qué bochorno tan grande y que bajo ha caído el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, posiblemente una desgracia de la que no podrá recuperarse”.

La organización Human Rights Watch denunció el significado de que el régimen de Maduro ocupe un puesto en esta entidad: "Un voto por Venezuela es un voto por la tortura, el asesinato y la impunidad que se han convertido en marcas registradas del gobierno del presidente Maduro".

Para Estados Unidos es "indignante" el resultado de esta elección:

"Es indignante que el régimen ilegítimo de Maduro busque un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este régimen debe ser condenado por el Consejo, no elegido para él", denunció una declaración del Departamento de Estado

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, tiene 47 miembros. Hay tres regiones representadas por 13 escaños cada una: Europa (siete Europa Occidental y seis Europa Oriental), África y Asia/Pacífico. Los ocho restantes corresponden a América Latina y el Caribe. De la elección de los miembros se encarga la Asamblea General.

El lunes de la semana pasada, Costa Rica había presentado su candidatura a una de las dos plazas latinoamericanas renovables en el Consejo para que el régimen de Maduro no la ganara automáticamente por falta de otros aspirantes. Hasta entonces solo dos países se habían postulado: Brasil, en busca de la reelección, y Venezuela.

Partidarios de la oposición al chavismo protestan el 26 de septiembre frente a la sede de la ONU en Nueva York (Foto: Johannes EISELE/AFP).
Partidarios de la oposición al chavismo protestan el 26 de septiembre frente a la sede de la ONU en Nueva York (Foto: Johannes EISELE/AFP).

El gobierno de Costa Rica inició una intensa campaña de cabildeo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El actual canciller de ese gobierno, Manuel Ventura, fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que se opuso tenazmente a la candidatura del gobierno chavista.

Aunque trabaja estrechamente con ella, el Consejo no está integrado a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra.

En el grupo de África, las votaciones resultaron en: Namibia 175, Sudán 175, Mauritania 172, Libia 168 y Benín solo uno.

El B, de Asia/Pacífico, concluyó así: Indonesia 174, Japón 165, Corea del Sur 165, Islas Marshall 123, e Irak 121. Y en el grupo C, de Europa Oriental: Armenia 144, Polonia 124 y Moldova 103.

Creciente éxodo venezolano aviva temor a auge de xenofobia

Un cartel de migrantes venezolanos en Perú. AP Photo/Martin Mejia

Freddy Brito acababa de cantar en un autobús en la capital de Perú y estaba cruzando la calle con su pierna buena cuando el conductor de un taxi azul aceleró y se desvió hacia él.

"¡Veneco!", gritó el hombre utilizando una palabra despectiva hacia los venezolanos. "¡Váyanse de aquí!".

Brito pudo esquivar por poco el auto, que rozó su cuerpo y tiró al suelo su preciado reproductor de casetes azul con las canciones que en otra vida estuvieron a punto de hacerlo famoso en Venezuela.

"Si los ángeles no me cuidan, me hubiese atropellado", dijo.

Mientras el éxodo masivo de Venezuela sigue su curso, la cálida bienvenida inicial que recibieron muchos migrantes ha comenzado a enfriarse.

En las últimas semanas, varios videos publicados en redes sociales en Perú mostraron a migrantes agredidos, amenazados o acosados, generando preocupación por el aumento de los ataques xenófobos contra los recién llegados.

Exiliados venezolanos en Perú, Freddy Brito y su esposa Ruth Guillén, en una iglesia en Lima. AP Photo/Martin Mejia.
Exiliados venezolanos en Perú, Freddy Brito y su esposa Ruth Guillén, en una iglesia en Lima. AP Photo/Martin Mejia.

Los datos de Naciones Unidas apuntan a un aumento en el número de migrantes y refugiados venezolanos que reportan haber sufrido discriminación en Sudamérica, la región en la que se ha asentado la mayoría. Aunque es difícil de cuantificar, Perú se ha convertido en un punto especialmente conflictivo. Una línea telefónica recién establecida documentó 500 incidentes en un periodo de solo dos semanas.

"Ha ido creciendo en los últimos meses", manifestó Federico Agusti, representante de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, en el país. "La causa, en principio, podría estar vinculada tanto al temor hacia el otro como a ciertos prejuicios o estigmas que se han ido dando (...) y eso genera discriminación y rechazo”.

Los incidentes van desde desalojos de viviendas y robo de salarios a amenazas violentas y agresiones.

En un video, una joven venezolana es azotada en una calle oscura por varios asaltantes, que le dejaron marcas moradas en sus muslos. En otro, hombres vestidos con uniformes militares anuncian a través de un altavoz que no dejarán que "otro venezolano miserable" entre a Perú. En un tercero, un joven suplica a la docena de policías que lo rodean que no se lleven la pequeña caja de bombones que está tratando de vender para ganarse la vida.

"¿Con que voy a comer yo?", dice al borde de las lágrimas.

Estos y otros incidentes causaron impresión en toda la región. Trabajadores de derechos humanos advierten de la existencia de una serie de condiciones asociadas habitualmente con el auge de la xenofobia. Varias naciones que acogen a un importante número de migrantes venezolanos están experimentando inestabilidad política y una desaceleración económica al tiempo que anuncian nuevas políticas para restringir su entrada.

Cuando el presidente de Perú, Martin Vizcarra, disolvió el Congreso recientemente, una enojada legisladora de la oposición tomó el micrófono para arremeter contra los venezolanos. "¡Malos o buenos, tienen que salir del Perú!", gritó Esther Saavedra.

"No es sorprendente que el aumento de la llegada de personas a países con economías que no están preparadas para absorber esa fuerza laboral derive en esta situación”, apuntó Tamara Taraciuk Broner, subdirectora interina de Human Rights Watch para las Américas. "Es una de las mayores preocupaciones que tenemos”.

Brito y su esposa huyeron de Venezuela hace un año porque alimentar a sus seis hijos era cada vez más difícil. El hombre, que en su día formó parte de una popular banda de merengue, señaló que la devastadora crisis económica de su país hizo le imposible avanzar en su carrera musical. La familia también estaba preocupada por su seguridad en una nación donde los robos y los secuestros son frecuentes.

Tras perder una pierna luego de recibir un disparo en una fiesta cuando tenía 20 años, Brito contó que unos ladrones llegaron a intentar sacarle la prótesis cuando estaba sentado en un banco cerca de su casa.

"¿Qué tal esa pierna? Que eso vale unas lucas", recuerda que comentaban mientras intentaban sacársela sin éxito tras pedirle el reloj y el anillo de bodas.

La prótesis se ajusta a su rodilla derecha y necesita un revestimiento que debería cambiarse cada seis meses, pero que ahora tiene tres años. Se le clava en su piel y le causa tanto dolor que prefiere no usarla y recorrer Lima saltando sobre un pie.

"Siento que estoy en el aire con este pie caminando", comentó riendo.

Ruth Guillén, su esposa, encontró trabajo en una peluquería cuando llegaron. Según cuenta, algunos clientes se negaban a dejar que les tocase el pelo porque es venezolana. Su familia fue expulsada de dos departamentos solo por su nacionalidad, explicó. Ahora viven en un albergue de una iglesia.

"Tu vienes con sueños. Y resulta que cuando llegas, te encuentras con otro panorama”, añadió.

Unos 4,5 millones de venezolanos se habrían marchado del país por la crisis económica y humanitaria de los últimos años, de acuerdo con las estimaciones de la ONU. Alrededor de la mitad residen ahora en otros dos países: Colombia y Perú.

Las entrevistas de ACNUR con migrantes venezolanos en toda Latinoamérica muestran que el 46,9% se han sentidos discriminados, frente al 36,9% de inicio de año. En Colombia, el 51,7% reportaron discriminación, mientras que en Perú, alrededor del 65% dijeron que se habían sentido rechazados por su nacionalidad.

Aunque el tamaño de las muestras es relativamente pequeñas, las cifras ofrecen un vistazo a un fenómeno complejo.

La retórica antinmigración ha ganado peso en todo el mundo. La llegada de extranjeros avivó las tensiones en Europa y en varias naciones, incluyendo Estados Unidos, llegaron al poder políticos que describen a los refugiados como delincuentes.

"Lo que vemos de forma más generalizada son políticas gubernamentales cada vez más restrictivas y a grupos cada vez más envalentonados que de otra forma habrían estado menos dispuestos a llevar a cabo actos de esta naturaleza”, explicó Sarah Deardorff Miller, investigadora de Refugees International.

El gobierno de Perú está trabajando con el embajador nombrado por la oposición venezolana para documentar e investigar los casos, pero funcionarios de alto nivel rechazaron la idea de que restringir su entrada al país conduzca a un comportamiento xenófobo.

"No hay una sola evidencia que pueda poner en manifiesto (que el) gobierno haya estado impulsando alguna actitud o acción de xenofobia”, señaló recientemente el primer ministro del país, Vicente Zeballos.

Carlos Scull, el enviado venezolano, apunta que es urgente que las autoridades regularicen el estatus de las decenas de miles de migrantes de su país que no tienen permiso de trabajo como un primer paso que podría ayudar a mejorar la relación con los peruanos.

"No creemos que el Perú sea un país xenófobo, pero obviamente si hay pequeños focos de discriminación", dijo.

Agusti, el representante de la ONU, apuntó que hay gente trabajando para combatir una cobertura mediática engañosa que creó la percepción generalizada de que los venezolanos son responsables del aumento de la delincuencia. Las estadísticas de la agencia penitenciaria peruana indican que apenas cinco de cada 10.000 venezolanos que viven en el país fueron encarcelados y acusados de un delito, agregó.

"La gran, gran, gran mayoría no están vinculados al delito", dijo.

Brito, por su parte, intenta que no le afecten los comentarios despectivos que escucha a veces.

En el día que estuvo a punto de ser atropellado, regresó caminando a casa, se limpió y volvió a salir a cantar. Era el cumpleaños de su hijo pequeño y estaba intentando lograr el dinero suficiente para comprarle una bicicleta.

Poco después, escribió una canción de homenaje a Perú.

"Pienso que Perú es un paraíso", comienza la canción. "si vuelvo a nacer otra vez, aquí aterrizo".

La OEA aprueba documento sobre la Democracia en Ecuador; Luis Almagro deplora "brisas bolivarianas" en la región

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una sesión extraordinaria efectuada el 15 de octubre, aprobó la “Declaración sobre la Defensa de la Democracia y la Paz Social en la República del Ecuador”.

La OEA informó en un comunicado de prensa que en dicha sesión se recibió una presentación realizada por el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, José Valencia, quien dio una relación detallada de los sucesos que han mantenido en vilo a la ciudadanía ecuatoriana durante los últimos días.

Aprobada por aclamación, tras la presentación hecha por el ministro Valencia, esta Declaración saluda “el acuerdo alcanzado en 13 de octubre de 2019 por el Gobierno del Ecuador y organizaciones indígenas, con los buenos oficios de la Oficina de las Naciones Unidas en Quito y la Conferencia Episcopal, que ha restaurado la paz y la tranquilidad ciudadana en el país”.

De igual modo, hace patente su respaldo “al régimen democrático en el Ecuador, a su Gobierno legítimamente constituido y a su presidente, Lenín Moreno Garcés”.

El documento deja en claro la no aceptación por parte de los países miembros de “cualquier acción encaminada a desestabilizar al gobierno legítimamente establecido y el Estado de derecho, así como las interferencias de toda clase que alteren la democracia y la convivencia pacífica en el Ecuador”.

En ese sentido, Almagro criticó las declaraciones del régimen venezolano sobre las "brisas bolivarianas" en la región. El titular de la OEA subrayó que es inadmisible la injerencia del régimen de Nicolás Maduro en las naciones de América Latina, y dijo que el modelo venezolano está exportando mecanismos de represión, de narcotráfico y de otros crímenes.

La declaración de la OEA también condena “todos los actos vandálicos” que fueron realizados durante los motines que tuvieron lugar en los pasados días.

"La República del Ecuador ha vivido jornadas de máxima tensión social en las pasadas semanas, con manifestaciones violentas por parte de grupos de encapuchados que dieron por incendiar negocios y amenazaron, incluso, asaltar el Palacio presidencial", precisó el texto de la OEA.

Colombia insiste en pedir a Cuba extradición de líderes de guerrilla del ELN

Pablo Beltrán (derecha) y Aureliano Carbonell durant euna rueda de prensa en La Habana en agosto de 2018.

Colombia insistió el martes a Cuba para que extradite a tres comandantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que permanecen en la isla,y dijo que La Habana debe decidir entre mantener una relación con un grupo considerado terrorista o con un Estado legítimo.

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo que Colombia reiteró su solicitud al gobierno cubano para que extradite a Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell y Alirio Sepúlveda, después de que jueces emitieron órdenes de captura por delitos cometidos en el país sudamericano.

"La solicitud de extradición que hoy se hace por orden de un juez de la república y la insistencia del gobierno colombiano a través de la cancillería tiene aún más importancia, porque Cuba no puede desconocer una decisión de un juez colombiano", explicó Ceballos en una conferencia de prensa.

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, en una imagen de archivo.
El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, en una imagen de archivo.

Cuba fue durante meses sede de las conversaciones de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla del ELN, para acabar por completo un viejo conflicto que ha dejado más de 260.000 muertos por lo que varios negociadores del grupo rebelde están en el país caribeño, pese a que el gobierno del mandatario Iván Duque suspendió el diálogo.

La posibilidad de restablecer la negociación quedó prácticamente sepultada en enero después de que el ELN lanzó un carro cargado con explosivos contra una academia policial en Bogotá, un ataque que dejó 22 cadetes muertos.

Ceballos también recordó que líderes de la guerrilla de las FARC, que se habían desmovilizado, anunciaron a finales de agosto su regreso a la lucha armada en Colombia por considerar que no se honró un acuerdo de paz y dijeron que se unirían con el ELN.

"Esa alianza no ha sido desmentida, no ha sido negada, por el comando central del ELN. Por tanto, proteger a aquellos que hacen parte de esa alianza, ahora en la isla, es un desafío a la paz", aseguró el comisionado para la paz.

No hubo ninguna reacción inmediata del Gobierno de Cuba ni del ELN, fundado por sacerdotes católicos radicales y actualmente conformado por unos 2.000 combatientes que mantienen una confrontación de más de medio siglo con las fuerzas del Estado.

El ELN es considerado una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

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