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Venezuela

Las ejecuciones extrajudiciales en barrios pobres de Venezuela

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Human Rights Watch denunció que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía venezolana han cometido ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos que dejaron de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro.

El texto completo de HRW:

Desde que se crearon las FAES, como parte de la Policía Nacional Bolivariana, agentes de esta fuerza han cometido impunemente graves violaciones de derechos humanos. Sus prácticas abusivas en comunidades de bajos ingresos coinciden con un patrón de denuncias generalizadas de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad durante la denominada “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) que Human Rights Watch y la organización de derechos humanos venezolana Provea documentaron en 2016.

“En medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia”.

En junio y julio de 2019, Human Rights Watch entrevistó a testigos o familiares de nueve víctimas de abusos cometidos por agentes de las FAES en Caracas y un estado en el interior del país, así como a abogados, activistas y periodistas que trabajaron sobre presuntas ejecuciones perpetradas por miembros de las FAES. Human Rights Watch también tuvo acceso a certificados de defunción en cuatro casos que coincidían con lo relatado por las fuentes y con señalamientos de organizaciones de derechos humanos venezolanas y medios de comunicación independientes. Los métodos utilizados por las FAES y las circunstancias de las ejecuciones en los casos que documentó Human Rights Watch son consistentes con el patrón identificado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y por organizaciones de derechos humanos locales.

Cabe destacar que, desde 2016, casi 18.000 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela en situaciones de supuesta “resistencia a la autoridad”. En efecto, el ministro del interior, Néstor Reverol, informó en diciembre de 2017 que hubo 5.995 de estos casos en 2016 y 4.998 en 2017. Las fuerzas de seguridad venezolanas causaron la muerte de alrededor de 7.000 personas en incidentes que, según alegaron, eran casos de “resistencia a la autoridad” durante 2018 y los primeros cinco meses de 2019, según cifras del gobierno.

Aunque todavía nadie ha recopilado información detallada sobre cuántas de estas muertes a manos de agentes de las fuerzas de seguridad han sido ejecuciones extrajudiciales, la Oficina del ACNUDH concluyó que “la información analizada por el ACNUDH indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”.

La Oficina del ACNUDH realizó una investigación exhaustiva de 20 casos de personas asesinadas entre junio de 2018 y abril de 2019 y recibieron descripciones prácticamente idénticas de que agentes de las FAES dispararon y mataron a hombres jóvenes al intentar aprehenderlos en circunstancias en las que el uso de la fuerza letal no era necesario para preservar vidas. El organismo de la ONU concluyó que “habida cuenta del perfil de las víctimas, el modus operandi de las operaciones de seguridad y el hecho de que con frecuencia las FAES mantienen una presencia en las comunidades después de concluida la operación, al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.

En todos los casos que Human Rights Watch investigó, agentes armados de las FAES vestían uniformes negros del cuerpo policial. En varios casos, llevaban el rostro cubierto, llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos. Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria.

En todos los casos de ejecuciones que investigamos, hubo familiares que dijeron que agentes de las FAES alteraron el lugar de los hechos y manipularon la evidencia. Los agentes colocaron armas y drogas para incriminar a las víctimas o efectuaron disparos contra las paredes o al aire para sugerir que las víctimas se habían “resistido a la autoridad”. En algunos casos, los familiares dijeron que después de las ejecuciones tuvieron dificultades para obtener los cuerpos de sus seres queridos, los informes de la autopsia o los certificados de defunción.

En un caso, los agentes aplicaron descargas eléctricas a un detenido, lo golpearon y patearon, y le cubrieron la cabeza con una bolsa plástica en la que habían rociado una sustancia química que le provocó picazón e inflamación en el rostro y la garganta. Dicho trato constituye tortura. Los agentes sostenían que el hombre había robado una motocicleta que pertenecía a la esposa de un comandante de las FAES, según contó el hombre a Human Rights Watch.

En seis casos documentados por la Oficina del ACNUDH, las personas asesinadas por las FAES eran opositores del gobierno o personas que se percibían como tales. Fueron ejecutadas por agentes de FAES durante redadas que tuvieron lugar tras protestas antigubernamentales. Muchas de estas protestas, desde enero, han ocurrido en apoyo a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, que objeta la legitimidad de la presidencia de Maduro. Esas ejecuciones se encuadran dentro del mismo patrón que la mayoría de las ejecuciones investigadas por Human Rights Watch y aquellas documentadas por la Oficina del ACNUDH.

La mayoría de las ejecuciones examinadas por Human Rights Watch coinciden con las prácticas policiales abusivas que varios organismos de seguridad vienen empleando hace años. Entre 2015 y 2017, las fuerzas de seguridad venezolanas realizaron redadas en comunidades de bajos ingresos en el marco de la OLP. Entre las fuerzas de seguridad participantes se encontraban la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y fuerzas de policía de los estados.

En el marco de estas redadas hubo señalamientos generalizados de abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias. En noviembre de 2017, la entonces fiscal general de Venezuela indicó que las fuerzas de seguridad habían matado a más de 500 personas durante estos operativos. Funcionarios del gobierno afirmaron en varias oportunidades que las víctimas eran delincuentes armados que habían muerto durante “enfrentamientos”. En muchos casos, testigos o familiares de las víctimas desmintieron estos señalamientos. En varios casos, las víctimas fueron vistas con vida por última vez bajo custodia policial.

Human Rights Watch no encontró evidencias de que las autoridades judiciales venezolanas hayan investigado adecuadamente ninguno de los casos documentados. Muchas víctimas tienen temor a sufrir represalias si denuncian delitos o no confían en que en las autoridades lleven adelante investigaciones. En cuatro de estos casos, las autoridades judiciales o policiales no esperaron a la conclusión de una investigación formal para declarar que las víctimas eran delincuentes.

Autoridades venezolanas indicaron a la Oficina del ACNUDH que cinco agentes de las FAES fueron condenados por diversos cargos, incluido el de tentativa de homicidio, en relación con delitos cometidos en 2018. Además, 388 agentes estaban siendo investigados por delitos cometidos entre 2017 y 2019. No obstante, la Oficina del ACNUDH también informó que las “instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos”.

Cuando se crearon las Fuerzas de Acciones Especiales en 2017, Maduro indicó que su finalidad era combatir el crimen y el terrorismo y “proteger al pueblo” frente a “las bandas criminales y las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal”. El organismo del cual dependen, la PNB, es parte del Ministerio de Interior de Venezuela, que está a cargo de Néstor Reverol desde 2016. Reverol responde directamente a Maduro.

En lugar de investigar los numerosos señalamientos de violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de FAES, las autoridades venezolanas han defendido su actuación, concluyó Human Rights Watch. El 17 de julio de 2019, Maduro dijo “¡Que viva el FAES!” y expresó su pleno apoyo “para el FAES en su labor diaria”.

Human Rights Watch compartió esta información con la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, quien en febrero de 2018 inició un examen preliminar sobre la situación en Venezuela para determinar si correspondía que la corte realizara una investigación exhaustiva. En septiembre de 2018, los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú pidieron a la fiscal de la CPI que investigara posibles delitos de lesa humanidad en Venezuela cometidos después del 12 de febrero de 2014. Más tarde, Costa Rica, Francia y Alemania sumaron su apoyo a este pedido.

“Estas ejecuciones por parte de las FAES son cometidas en el contexto de brutalidad sistemática por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas que continúan impunes en Venezuela desde hace años”, señaló Vivanco. “La falta de independencia judicial no hace más que confirmar la cruda realidad de que no hay ninguna posibilidad de que hoy pueda haber rendición de cuentas por estos delitos en Venezuela”.

Selección de casos documentados por Human Rights Watch.

Todas las personas entrevistadas se identifican con seudónimos para garantizar su protección.

Juan Diego Rodríguez (seudónimo)

Un día de enero de 2019, aproximadamente a la 1 p.m., Ana Lucía Rodríguez escuchó que alguien forzaba la puerta de entrada de su casa, contó a Human Rights Watch. Un agente con el uniforme negro de las FAES entró y dijo que un delincuente se estaba escondiendo en el vecindario. Más tarde, un vecino le dijo que un agente de las FAES le había mostrado previamente una fotografía de un grupo de hombres jóvenes, entre quienes estaba el hijo de Ana Lucía, y había preguntado por él.

Ana Lucía indicó al agente que las únicas otras personas que estaban con ella en la vivienda eran su hijo y su hija, y que su hija que se encontraba con sus propios hijos. Ana Lucía y su hija lloraban mientras las sacaron afuera; un agente agarró a los niños y los llevó al porche en la entrada a la casa. Su hijo seguía dentro. Un agente le preguntó por él y quiso saber a qué se dedicaba. Le contestó que reparaba computadoras. Otro agente le aseguró que los que estaban adentro solamente estaban tomando una declaración a su hijo.

Luego llegó un agente jerárquico de las FAES, se dirigió a la habitación de Diego y gritó que la puerta estaba cerrada, afirmó su madre. Ella se ofreció a hablar con su hijo y permitió que el agente forzara la puerta, a condición de que no lo lastimara.

Los agentes afuera le dijeron a ella, a su hija y a los niños que fueran a la casa de un vecino porque su hijo estaba prestando una declaración. En la casa del vecino, un agente de las FAES le dijo que su hijo era buscado por 20 cargos de narcotráfico. Escucharon seis disparos, dijo la madre.

Poco después, los agentes tomaron una fotografía del cuerpo sin vida de Rodríguez junto a un arma. Una foto de la supuesta arma se publicó posteriormente en noticias que Human Rights Watch vio en los medios, en las que se aludía a Rodríguez como delincuente.

Los agentes subieron el cuerpo en la parte trasera de una camioneta y lo llevaron hasta un hospital. El informe de autopsia determinó que una bala alcanzó a Rodríguez en el corazón y otra del lado derecho, dijo su madre. El certificado de defunción, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, indicaba como motivo de la muerte un “shock cardiogénico” y una “lesión cardíaca” causada por arma de fuego.

Ana Lucía Rodríguez declaró ante agentes del CICPC poco después de la muerte de su hijo. Hasta agosto –siete meses después– no se le había pedido que declarara ante la fiscalía sobre este caso y, hasta donde ella tenía conocimiento, tampoco habían llamado a declarar a ninguno de sus vecinos.

Afirmó que desea justicia por la ejecución extrajudicial de su hijo. “No es posible que puedan decidir quiénes viven y quiénes mueren”, expresó.

Miguel Ángel Sosa y Adrián Herrera (seudónimos)

Durante una redada realizada por las FAES en varias viviendas a mediados de junio de 2018, los agentes asesinaron al hijo y al yerno de Elena Sosa.

Aproximadamente a las 6 a.m., agentes uniformados de las FAES se presentaron en su puerta, según contó. En ese momento ella dormía, al igual que su hija de 13 años, su hijo de 10 y sus nietos de 7 y 4. Los agentes entraron en la vivienda sin autorización y uno de ellos le indicó a Sosa que se fuera y se llevara a los niños. Quedaron en la casa un hijo y una hija mayores, afirmó.

Miguel Ángel Sosa, su hijo de 28 años, se estaba duchando en ese momento. Elena Sosa dijo que los agentes sacaron por la fuerza a la hija mayor. Ella y su hija escucharon disparos dentro de la casa, y más tarde supieron, por el certificado de defunción de Miguel Ángel, que uno atravesó a Sosa en el pecho y le causó la muerte. Human Rights Watch analizó una copia del certificado de defunción, donde se indica que murió por herida de arma de fuego en el tórax.

Luego los agentes entraron en otra vivienda cercana, perteneciente a Ana Sosa, hermana menor de Miguel Ángel Sosa, y despertaron a la pareja de Ana, Adrián Herrera, 22, refirió Elena Sosa. Según contó, Ana le dijo que la obligaron a salir, escuchó disparos y más tarde supo que los agentes habían herido de muerte a Herrera en la cabeza y el pecho.

Los agentes se llevaron el cuerpo de la vivienda, contó Elena Sosa, y lo pusieron junto al cadáver de Herrera, donde había además un arma y una bolsa con narcóticos. Sosa dijo que tomaron fotografías.

Al regresar a su casa, Sosa advirtió que los agentes habían robado calzados, alimentos y otros artículos, y habían dejado la alfombra empapada de sangre y las paredes con orificios de bala. Un vecino contó más tarde a Elena Sosa que los agentes habían pedido jabón para limpiar las manchas de sangre de la alfombra.

Un agente del CICPC indicó a los familiares que se presentaran en el hospital para que les dieran los cuerpos. Sosa declaró ante el CICPC que le dijeron, según afirmó, que las madres de las “ratas” siempre creen que sus hijos son “santos”. La familia de Sosa no presentó una denuncia ante autoridades judiciales.

Kelvin Otero Paz y Alan Molina (seudónimos)

A las 5 a.m. de un día de enero de 2019, agentes de las FAES interceptaron a Kelvin Otero Paz y a su cuñado, Alan Molina, ambos de 24 años, cuando salían de su vivienda para ir a trabajar, contó la tía de Otero Paz, Ana Paz.

Los agentes llevaron a Otero Paz y Molina al costado de una calle cerrada al tránsito, según le dijo Molina a Ana Paz varios días después. Molina dijo que cuando se lo llevaron, escuchó que Otero Paz gritaba y que luego hubo un disparo.

Paz se presentó en la morgue para buscar a su sobrino. El cuerpo no había sido identificado correctamente, contó. Estaba cubierto hasta el cuello por una sábana, pero a partir de fotografías que vio en la fiscalía supo que a su sobrino le habían disparado en el cuello y el pecho. El certificado de defunción, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, indica que murió de un único disparo en el tórax.

Por alrededor de tres días, la familia no supo dónde estaba Molina, afirmó Paz. Un detenido que fue liberado el cuarto día desde que Molina había sido detenido, dijo que había visto a Molina durante su detención y que los agentes le habían plantado drogas para incriminarlo. Molina seguía detenido y procesado cuando Human Rights Watch entrevistó a Paz en julio.

Rafael Rodríguez (seudónimo)

Aproximadamente a las 5 a.m. del 24 de septiembre de 2018, Rafael Rodríguez volvió a la vivienda de su suegra en Caracas tras haber celebrado su cumpleaños con amigos. Su madre dijo que un testigo le contó lo que ocurrió a continuación: mientras Rodríguez subía los escalones de ingreso, cerca de 15 agentes de las FAES con el rostro cubierto aparecieron sorpresivamente y lo interceptaron. Dijeron que buscaban a un delincuente llamado “El Negro” y le dispararon a Rodríguez en el pecho. La bala le perforó el corazón, dijo su madre, y si bien nunca se entregaron a los familiares resultados de la autopsia, se enteró más tarde que había muerto en el hospital producto de la herida.

Tras dispararle, un grupo de agentes del FAES trasladó a Rodríguez a un hospital cercano, según contaron testigos a su madre, mientras otro grupo se quedó y entró en la vivienda de un vecino. Usaron el baño, tomaron café y se recostaron a dormir, luego simularon un enfrentamiento violento frente a la casa de su suegra, efectuaron rondas de disparos y se gritaron unos a otros que no lo dejaran escapar y que iba “en el techo”.

En el hospital, los agentes no permitieron que los médicos se acercaran al cuerpo de Rodríguez, según le dijeron testigos a la madre. Presentó una denuncia ante el CICPC. La fiscal a cargo del caso prácticamente no habló con ella, según afirmó, salvo para pedirle que admitiera que su hijo era un delincuente. La fiscal le comunicó a la madre de Rodríguez que había dos órdenes de detención en su contra, por robo y homicidio, pero le indicaron que no tenía derecho a verlas. Cuando una búsqueda de antecedentes penales de Rodríguez no dio resultados positivos, contó su madre, la fiscal le dijo que su hijo probablemente había sobornado a alguien para que limpiara su prontuario.

Testimonio de Génesis Romero (seudónimo)

Alrededor de las 4:30 a.m., una mañana de la primera mitad de 2019, la madre de Génesis Romero entró en el dormitorio de su hija, en su apartamento del cuarto piso, para decirle que agentes de las FAES estaban frente al edificio, contó Romero, una psicóloga de 27 años. Los agentes llamaron a la puerta y, como la madre de Romero dudó, le gritaron que abriera o dispararían.

Cuando abrió la puerta, seis agentes uniformados y con el rostro cubierto entraron raudamente en la cocina —dos de ellos llevaban granadas— gritando: “¿Dónde está Efraín?”. Los agentes apuntaron a las dos mujeres con sus armas y preguntaron quién más vivía allí. Respondieron que allí no vivía ningún Efraín y que el padre de Romero estaba durmiendo, recuperándose de una enfermedad. Los agentes empujaron a la madre de Romero contra la pared y entraron en el dormitorio. Al ver que el padre de Romero no coincidía con la descripción del hombre que estaban buscando, los agentes les mostraron la fotografía de un hombre a quien Romero y sus padres no reconocieron. Al salir, los agentes se llevaron alimentos y otros artículos.

Esas redadas, llevadas a cabo por miembros de diversas fuerzas de seguridad, incluidas las FAES y la Guardia Nacional Bolivariana, desde hace años ocurren con regularidad en el vecindario de Romero, según nos dijo. Romero indicó que dos meses antes, agentes de las FAES habían matado a varias personas en su complejo de apartamentos. Alrededor de las 5 a.m., escuchó al hijo de un vecino gritar por su padre y luego dos disparos. Un vecino le dijo que agentes de las FAES se habían llevado a la madre y al niño afuera y que mataron al padre, señaló Romero. Romero vio marcas de sangre que sugerían que habían arrastrado un cuerpo por las escaleras del edificio.

Romero indicó que no presentó una denuncia ante las autoridades judiciales por temor a que ella o su familia sufrieran represalias y porque no confía en que nadie investigue lo ocurrido.

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Maduro y sus allegados con el paso cerrado en varios países de América (VIDEO)

Nicolás Maduro acompñado de Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y otros miembros de su gabinete el 23 de enero.

Quince países de América acordaron el martes prohibir el tránsito migratorio a Nicolás Maduro y a una veintena de familiares y funcionarios cercanos, como parte de un incremento de los esfuerzos diplomáticos para obligar al presidente de Venezuela a ceder el poder sin el uso de la fuerza.

En la lista que prohíbe el tránsito migratorio, además de Maduro aparecen el canciller Jorge Arreaza, el ministro de Defensa Vladimir Padrino, la jefa del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, entre otros.

Países del TIAR aprueban sancionar a allegados de Maduro
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En la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) participaron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela.

“Se instruye (...) a las autoridades competentes para que apliquen (...) medidas de restricción de ingreso y tránsito de las personas incluidas en el listado, en los territorios de los Estados partes del TIAR”, dijo la canciller de Colombia, Claudia Blum.

El TIAR es un acuerdo firmado en 1947 para la defensa mutua entre los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). El organismo considera a Maduro como una amenaza para la región.

Julio Borges, el canciller designado por el líder de la oposición Juan Guaidó, aseguró que 500 personas ya han sido sancionadas de una lista inicial de 2.000 individuos vinculados al Gobierno de Maduro, pero no reveló detalles.

“Aquí no hay acciones unilaterales, ni hay invitaciones al uso de la fuerza, aquí lo que hay es una invitación constante a que el cerco diplomático se profundice, a que las sanciones de todos nosotros sean cada vez más efectivas, más eficientes”, dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, en la reunión.

Aunque Guaidó ha sido reconocido como el presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y unos 50 países más, Maduro mantiene el reconocimiento de potencias como Rusia.

El TIAR también analizó medidas para apoyar el restablecimiento de la democracia y el respeto por los derechos humanos en Venezuela, así como estrategias para enfrentar la grave crisis migratoria.

Guaidó pide al pueblo de Venezuela marchar sin miedo, #TodaVzlaDespierta

Plaza de Altamira, Caracas, 16 de noviembre 2019

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, exhortó este sábado a los ciudadanos a volcarse a las calles para luchar por la libertad de Venezuela y pidió a las autoridades policiales y militares seguir el ejemplo boliviano de apoyar al pueblo.

“Nuestra libertad siendo ejercida en la calle. El estar juntos unificando nuestras luchas e insistir hasta lograrlo es la gran victoria de hoy”, dijo en Twitter, en el marco de la convocatoria de concentraciones en todo el país, y con el hashtag #TodaVzlaDespierta.

El diario El Nacional reporta que en Caracas la marcha partirá desde el Unicentro El Marqués, Distribuidor Santa Fe, Altamira, Las Tres Gracias, Centro Comercial El Recreo y Sambil la Candelaria. Las movilizaciones se encontrarán en la plaza Brión de Chacaíto.

También informa que ha habido enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Candelaria.

Guaidó pidió al pueblo no sentirse intimidado. “La dictadura ha querido infundir miedo e intimidar para que no protestemos, y tratará de hacerlo hoy. Pero no ha podido detener al bravo pueblo venezolano, ni logrará hacerlo”, aseguró.

Exhiben en Miami documental sobre mujeres venezolanas exiliadas

Captura de pantalla del documental "Venezuela, el exilio femenino".

Luego de dos décadas de permanencia en el poder en Venezuela del llamado Socialismo del Siglo XXI, más de 5 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país, y cada día continúan haciéndolo por miles, producto del “colapso económico y la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos”, según ha señalado el Grupo de Trabajo de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la migración de Venezuela.

Tanto la OEA como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han catalogado a la “diáspora bolivariana” como el más grande éxodo de la historia del hemisferio occidental, generando a la par miles de perseguidos y exiliados políticos.

A partir de este fenómeno –del que ha surgido una crisis humanitaria y migratoria sin precedentes en América Latina y nunca antes vista en un país que no ha sufrido una catástrofe natural y que no se encuentra en guerra con otra nación- la Fundación para el Avance de la Libertad ha producido el audiovisual Venezuela: el exilio femenino, que se exhibe este martes en Miami.

“Como amante de la libertad individual, no quería dejar que la causa de la mujer fuera apropiada por la izquierda, que es lo que hemos tenido sobre todo en los últimos años en Europa y en todo el mundo. Los socialistas se apropian de la causa de la mujer, y piensan que si tú no piensas en clave socialista entonces no eres mujer”, dijo a Radio Televisión Martí, Roxana Nicula, presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad.

El documental de 26 minutos se adentra en las vidas de cuatro mujeres venezolanas, con posturas contrarias al régimen castrochavista, que se han visto forzadas a abandonar su patria para no poner en riesgo sus vidas.

Entrevista a Roxana Nicula, presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad
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“Hemos querido sacar cuatro historias muy poderosas, muy emocionantes, de cuatro mujeres valientes, que tuvieron que empaquetar su vida literalmente en una maleta y huir para salvarla, y seguir apoyando y seguir luchando por la libertad de los venezolanos desde fuera, quizás con todavía mayor fuerza, y esa es un poco la historia de nuestro documental”, agregó la abogada, nacida en Rumanía y afincada en Madrid, desde donde ha impulsado varios proyectos en favor de las libertades individuales.

Las protagonistas de Venezuela: el exilio femenino son Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, un estudiante asesinado en medio de las protestas cívicas desarrolladas en Venezuela en 2017. Laided Salazar, quien trabajara como odontóloga de la Fuerza Armada y fuera torturada por la policía política bolivariana. Tamara Sujú, abogada defensora de los derechos humanos, a quien el régimen de Nicolás Maduro acusó de traición a la patria. Y Patricia Carrera, abogada especializada en casos de asilo político, quien ha atendido a miles de venezolanos que, al igual que ella, han dejado a sus familias y nación por razones políticas.

“El documental forma parte de unas de las líneas de actuación de la Fundación que se llama Casa Libertad, que busca ser una especie de plataforma de acogida de exiliados políticos, que demostraron su valía en sus países de origen, por luchar por la libertad humana, y que precisamente por esa causa su vida se ha visto amenazada y han perdido todo lo que tenían y emprendido el camino del exilio”, explicó Nicula.

Una de las pretensiones de la Fundación para el Avance de la Libertad es que los exiliados no dejen de ejercer sus oficios e intereses profesionales en el país que les da asilo.

Roxana Nicula, de la Fundación para el Avance de la Libertad, conversa con Luis Leonel León.
Roxana Nicula, de la Fundación para el Avance de la Libertad, conversa con Luis Leonel León.

“Una vez que llegan a países como España o Estados Unidos, son asimilados desgraciadamente con la población migratoria de bajos recursos, de baja formación y ahí empieza otro calvario. Dejaron atrás un calvario y son de alguna manera tragados por la burocracia, por los servicios inhumanos de trato, de ser considerados unos meros números. Y eso a lo mejor puede durar un año, un año y medio, dos años, hasta que por fin pueden tener derecho a trabajar, por lo menos en el caso español”, relató la jurista y consultora, cofundadora en 2009 del Partido Libertario y posteriormente de otras entidades del movimiento libertario.

“Estando en España, un país con muchísimas trabas al emprendimiento, con falta de libre mercado laboral, lo tienen muy difícil para conseguir un empleo acorde con su profesión y formación y su nivel intelectual. Ahí es donde sobreviene un mayor sufrimiento por parte de estas personas y creemos que un recurso, un capital humano tan importante, que pueden ayudar a que países como España y Estados Unidos incluso mejoren. Y nos parece que es una pena que se desperdicie todo ese talento”, concluyó.

Según un informe del Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región, cuyo coordinador es el líder opositor David Smolansky, unos 5,000 venezolanos salen diariamente de su país. Lo que sumarían aproximadamente 150,000 al mes, y siguiendo este cálculo se supone que para finales de este año más de 5,5 millones podrían haber abandonado su tierra.

Los países a donde más venezolanos han escapado son Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, Panamá, Trinidad y Tobago, México, Guyana, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay y Paraguay. Y en Estados Unidos se encuentra una gran cantidad de asilados y refugiados políticos.

“Es la crisis más grande en la historia del hemisferio. Las venezolanas y los venezolanos han dejado su país para sobrevivir. Somos conscientes y no podemos imaginar el dolor diario de las dificultades que enfrentan”, ha manifestado al respecto Luis Almagro, secretario general de la OEA, entidad que ha previsto que para el 2020 podrían existir entre 7 y 8 millones de migrantes venezolanos producto del régimen de Maduro.

Venezuela: el exilio femenino, con la presencia de sus protagonistas y de Roxana Nicula, quien aparece en el documental como entrevistadora, se exhibe este martes 12 de noviembre a las 7:00 pm en Eight Doral (9851 NW 58th St, Doral, FL 33178). Y puede verse en el canal de YouTube de la Fundación para el Avance de la Libertad.

La FAES, un organismo policial que atemoriza a los venezolanos (VIDEO)

FAES, el escuadrón que siembra el terror en barrios pobres de Venezuela
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La crisis venezolana aumenta todos los días y el régimen de Nicolás Maduro mueve sus piezas, como en un tablero de ajedrez, pero con las reglas a su manera para aferrarse más al poder.

La agencia noticiosa AFP realizó una investigación que evidencia el abuso de poder por parte de la FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), un organismo creado por Nicolás Maduro en el año 2017 "para combatir el crimen organizado relacionado a la oposición" en pleno desarrollo de las protestas en su contra.

Las acusaciones en contra de este organismo por cientos de venezolanos señalan las más viles torturas y homicidios. Las denuncias son tales que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exigió la disolución del organismo en un informe después de reunirse con familiares de las víctimas el pasado mes de julio de este año.

Dos de las víctimas mortales de la FAES fueron Johander Pérez y Jesse Pérez. Ruth Pérez, familiar de estos, le dijo a AFP que las víctimas murieron a balazos provocados por la FAES y que cree que los funcionarios se "ensañaron" con los miembros de su familia por las denuncias realizadas por ella. "Yo denuncié porque ellos (FAES) me amenazaron de matar a todos los miembros de la familia y después me iban a matar a mí", aseguró la venezolana a la AFP.

La venezolana Ruth Pérez, de 35 años, posa con una foto de su difunto hermano Jesse en Caracas el 11 de octubre de 2019. -
La venezolana Ruth Pérez, de 35 años, posa con una foto de su difunto hermano Jesse en Caracas el 11 de octubre de 2019. -

El modus operandis del organismo es siempre el mismo: llegan en las unidades de patrulla con uniformes negros, pasamontañas en la cara que no permiten ver sus rostros y armas largas. El poder del organismo es tal que los familiares de las víctimas les acusan de manipular la escena del crimen y autopsias.

Mirian, madre de Luis Ariza, aseguró a la AFP que funcionarios del organismo asesinaron a su hijo con un solo disparo directo al tórax. Un funcionario de este cuerpo policialle dijo a la AFP que el joven estaba caminando con un arma en la mano y al omitir la orden de "pare" de los funcionarios fue abatido con un disparo. Luis había estado detenido 3 meses en el marco de las protestas de 2017.

En la terrible historia de Luis, hay muchas piezas que no encajan. El informe de la muerte de Luis lo vincula con un oficio, pero el mismo indica que los cuerpos policiales no registran el arma ni requería a Luis, asegura la AFP. Su familia, sin embargo, asegura que este fue sacado por la fuerza de su vivienda y asesinado a balazos.

Los miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) permanecen en un puesto de control en el barrio de los 70 durante una operación policial el 1 de abril de 2019 en Caracas, Venezuela
Los miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) permanecen en un puesto de control en el barrio de los 70 durante una operación policial el 1 de abril de 2019 en Caracas, Venezuela

A pesar de las acusaciones y denuncias por parte de cientos de venezolanos, el régimen de Maduro parece apoyar las acciones de la FAES o al menos hacer caso omiso de las acusaciones. Incluso, el dirigente chavista tildó al informe presentado por Bachelet comouna mentira y reafirmó su apoyo a la FAES.

La Alta Comisionada comentó su preocupación por que la FAES sea usado como un instrumentopara controlar la sociedad. Así mismo aseguró en el informe quelas "muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición".

En esta foto de archivo tomada el 1 de abril de 2019, un miembro de las Fuerzas de Acción Especial de Venezuela (FAES) se encuentra en un puesto de control durante una operación de seguridad en el municipio de El Valle, en Caracas.
En esta foto de archivo tomada el 1 de abril de 2019, un miembro de las Fuerzas de Acción Especial de Venezuela (FAES) se encuentra en un puesto de control durante una operación de seguridad en el municipio de El Valle, en Caracas.

Liliana Ortega fundadora de Cofavic, ONG que registra las violaciones a los derechos humanos, aseguró a AFP que la impunidad con respecto a estos casos es de un 98%. "La mayoría de estos casos no supera la etapa inicial, preliminar del proceso en el Ministerio Público, son muy pocos los casos que pasan a juicio y en la mayoría de ellos no hay condenas determinantes por la gravedad de los crímenes, estamos hablando de torturas, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, es decir crímenes que no son imprescriptibles y que pueden constituir también crímenes de lesa humanidad" dijo la abogada a AFP.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, aseguró que 53 agentes están presos y 695 acusados de violaciones de los derechos humanos desde en “causas abiertas desde el 2017”. La AFP asegura no recibió respuesta al consultar al organismo si existen procesados de las FAES.

A pesar de las declaraciones del Fiscal de que si se regula a este ente policial, los venezolanos temen cada vez que ven una alcabala de la FAES y cruzan los dedos para no ser protagonistas de estas terribles historias criminalisticas donde el abuso de poder reina sobre cualquier ley o derecho fundamental.

(Con información de AFP)

Grupo de Lima insta a Cuba a "ser parte de la solución" para Venezuela

Grupo de Lima.

El Grupo de Lima instó este viernes a Cuba a "ser parte de la solución" de la aguda crisis venezolana, en una declaración adoptada en Brasilia en la que reiteró su condena al régimen de Nicolás Maduro y su apoyo al presidente interino Juan Guaidó.

La plataforma, creada en 2017 para buscar una salida democrática a la difícil situación en Venezuela, se reunió este viernes en la capital brasileña y consensuó una declaración de 23 puntos, que en su mayoría condenan al Gobierno "usurpador" de Maduro y piden la celebración de elecciones libres, transparentes y democráticas.

En el décimo punto, el Grupo de Lima "exhorta a los Gobiernos que apoyan al régimen ilegítimo de Venezuela a favorecer la transición democrática" y, "en especial, hacen un llamado a Cuba a ser parte de la solución a la crisis".

También se declaró apoyo "al pueblo venezolano que expresa su repudio a la dictadura a través de manifestaciones pacíficas como la convocada para el próximo 16 de noviembre" y se rechazó la posible anticipación de las elecciones legislativas previstas para diciembre del año próximo.

En ese sentido, el documento condena expresamente "la pretensión del régimen ilegítimo de convocar a unas elecciones parlamentarias anticipadas cuyo único fin es disolver la Asamblea Nacional legítima y democráticamente electa".

En otro de los puntos, la declaración reiteró el desacuerdo del Grupo de Lima con la reciente elección de Venezuela para un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

"Esta elección, hecho lamentable que no debe repetirse, significa un atropello más a los derechos humanos de todos los venezolanos y un socavamiento al sistema internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas", dice el documento.

La declaración también reflejó un acuerdo alcanzado para la celebración de una conferencia en apoyo al "Plan País", diseñado por el equipo del líder del parlamento venezolano, Juan Guaidó, para "reconstruir" a Venezuela.

La cita, que contará con la participación de agentes del mercado financiero global y de inversores internacionales, será realizada en marzo de 2020 en la ciudad colombiana de Barranquilla, al margen de la Asamblea General del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A la reunión realizada en Brasilia, que presidió el canciller brasileño, Ernesto Araújo, asistieron los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Faurie; Colombia, Carlos Holmes Trujillo; Chile, Teodoro Ribera; Guatemala, Sandra Jovel; Honduras, Lisandro Rosales y Perú, Gustavo Meza-Cuadra.

En representación de Guaidó, participó el comisionado para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, en tanto que, en otros niveles, estuvieron representados los Gobiernos de Canadá, Costa Rica, Guyana, Panamá y Paraguay, que son también miembros del Grupo de Lima.

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