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Cuba

LAN Perú abre ruta Lima - La Habana

LAN-Perú se une así a Air France, American Airlines, Continental Airlines, Copa Airlines Iberia, Air Europa, LTU International Airways, Lufthansa Airlines, Taca Airlines, Aeroméxico y Mexicana de Aviación entre otras que viajan a Cuba.

La línea aérea LAN-Perú inaugura este jueves una ruta que une Lima y La Habana, y se convierte en la compañía extranjera número 17 que viaja a Cuba con vuelos regulares, informó la AFP en un cable fechado en La Habana.

LAN-Perú se une así a Air France, American Airlines, Continental Airlines, Copa Airlines Iberia, Air Europa, LTU International Airways, Lufthansa Airlines, Taca Airlines, Aeroméxico y Mexicana de Aviación entre otras que viajan a Cuba.

La nueva ruta tendrá tres frecuencias semanales que se cubrirán con un avión A-319 con capacidad para 135 pasajeros, dijeron en La Habana funcionarios del ministerio de Turismo.

Además de la línea local Cubana de Aviación, serán 17 compañías desde el jueves las que transporten la mayoría de los turistas que visitan Cuba cada año.

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Luis Robles "angustiado" por su caso, mientras régimen ratifica medida de prisión provisional

Luis Robles Elizastigui. (Imagen publicada en redes sociales)

El Tribunal Popular de La Habana denegó una cuarta solicitud para un cambio de medida cautelar a favor del preso político Luis Robles Elizástegui, por lo que el joven permanecerá en prisión provisional hasta el día del juicio.

Landy Fernández, hermano de Robles, dijo a Radio Martí, que el detenido se siente "desesperado y angustiado" porque su situación no ha cambiado desde que fue encarcelado. "Un día la Seguridad del Estado le dice que la Fiscalía es quien lo tiene detenido, y otro día un fiscal le dice que la Seguridad del Estado es quien lo tiene ahí", señaló.

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La solicitud del cambio de medida, negada el 14 de octubre, fue presentada por el abogado de Robles Elizástegui ​basada en las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo, quien después del levantamiento popular del 11 de julio afirmó que "todos los cubanos tienen derecho a manifestarse". Sin embargo, el Tribunal Popular de La Habana ​negó la solicitud por considerar que "no había suficientes razones" para otorgar una medida cautelar.

Robles Elizástegui, quien no está afiliado a ningún grupo opositor, fue multado primeramente con 1,000 pesos y detenido en Villa Marista. Luego fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana.

El auto de denegación entregado al abogado del joven indica que tendrá que seguir detenido hasta el día de juicio, pautado para el mes de diciembre, luego de que fuese suspendido uno previo por la manifestación del 11 de julio.

Fernández aseguró que su madre presentó una queja por la decisión del Tribunal, y la respuesta que recibió fue el mismo documento entregado al abogado.

Robles fue detenido cuando protestaba pacíficamente con un cartel en el boulevard de San Rafael, en La Habana, pidiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís, encarcelado en ese momento.

La Fiscalía pide al manifestante seis años de privación de libertad, por los delitos de "propaganda enemiga y desobediencia".

Según denuncias desde prisión, el joven ha sido llevado en varias oportunidades a celda de castigo y ha sido víctima de aislamiento.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Cuba suspende cuarentena obligatoria para viajeros que arriben a la isla

Turistas disfrutan de un mojito mientras viajan en un automóvil americano clásico durante un recorrido por la ciudad de Varadero (AP / Ramón Espinosa)

En medio del entusiasmo de las autoridades por el bajón en las cifras oficiales de contagiados y fallecidos por COVID-19 en Cuba, el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda anunció este martes que, a partir del 7 de noviembre, la cuarentena no será un requisito obligatorio para los viajeros que arriben al país.

La medida, que antecede a la reapertura de las fronteras nacionales prevista para el 15 de noviembre, relaja un protocolo implementado para controlar la importación de casos de coronavirus que tuvo una explosión tras la entrada de turistas y viajeros internacionales en diciembre pasado.

Según el funcionario, esta vez el país tendrá “una reapertura controlada y escalonada”, y aunque no habrá cuarentena ni PCR negativo, todos los viajeros "deberán presentar un pasaporte de salud o certificado internacional" que avale la vacunación certificada por "las agencias reguladoras correspondientes”.

Turistas rusos en la ciudad de Varadero, Cuba, el miércoles 29 de septiembre de 2021. (AP / Ramón Espinosa)
Turistas rusos en la ciudad de Varadero, Cuba, el miércoles 29 de septiembre de 2021. (AP / Ramón Espinosa)

De no poseer este documento, los viajeros deberán presentar un PCR negativo al virus, procesado por un laboratorio certificado en el rango de las 72 horas antes del arribo a las fronteras cubanas.

Mientras, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), reportó este martes 1,768 nuevos contagios, para un acumulado de 938,577, y otros 22 fallecidos por la enfermedad, que ya se ha cobrado 8,101 vidas en Cuba.

En comentarios al reporte oficial del MINSAP en Facebook, cubanos se quejan del servicio deficiente, o ausente, en hospitales y otros centros de salud de la isla.

"Si, es muy bueno todo lo que nos está sucediendo, pero, díganme, el oxígeno de hogar para los enfermos de patologías pulmonares cuando lo van a servir, por dios, pónganse una vez más la mano en el corazón", preguntó desde La Habana Luci Córdova García.

Un "padre preocupado por la salud de su hija y por la del bebé" compartió su inquietud sobre la atención de salud a las embarazadas durante la pandemia.

"“Quisiera que alguien me explique cómo es posible que una embarazada tenga orientado un análisis de sangre y que haya perdido el viaje porque no se le puede realizar, porque tenían que salir para realizar donaciones de sangre. Mi preocupación es si las embarazadas aún no tienen atención especial en nuestro sistema de salud; lo preocupante es que tiene que viajar y después que pierda el viaje", escribió Enrique Rodríguez.

Comentario en el reporte oficial del MINSAP en Facebook.
Comentario en el reporte oficial del MINSAP en Facebook.

Yurama Bolaño, por su parte, indagó "cuando comienzan los trasplantes en el pediátrico de Centro Habana. “Mi hija se está deteriorando y nadie sabe nada, y nadie me da un aliento, ni una esperanza”, dijo.

Tres integrantes del Movimiento San Isidro esperan juicio en prisión: su "delito", protestar pacíficamente

Luis Manuel Otero Alcántara )izq.), Esteban Rodríguez (centro) y Maykel El Osorbo (der.). (Foto: Facebook)

Jóvenes artistas cubanos permanecen, sin ser llevados a juicio, en prisiones de la isla, donde enferman y protestan con prolongados ayunos por su encarcelamiento.

El periodista independiente Esteban Rodríguez, encarcelado en la prisión Combinado del Este, está convencido de que no ha cometido delito alguno. Así lo dijo en una breve llamada telefónica este lunes al también comunicador Héctor Luis Valdés Cocho.

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"Me comunica que se encuentra firme en sus convicciones. Él sabe que no cometió delito alguno, que lo único que hizo fue manifestarse pacíficamente. A Esteban la Fiscalía le ha denegado dos cambios de medida. Esteban pasó el COVID en dos ocasiones, algo que nos alarmó muchísimo, porque Esteban padece de hipertensión y asma bronquial. Pero, bueno, ya en estos momentos se encuentra bien de salud", dijo Valdés Cocho a Radio Martí.

"Rodríguez fue arrestado el pasado 30 de abril en la calle Obispo, en La Habana Vieja, junto a más de una decena de activistas que pacíficamente pedían llegar hasta la vivienda de Luis Manuel Otero Alcántara, en el barrio San Isidro, donde en ese entonces permanecía el artista del performance en huelga de hambre y sed.

El periodista y activista detenido le dijo a Valdés Cocho que “sigue firme, luchando por la libertad total de nuestra tierra, que está muy contento y muy animado con esta nueva convocatoria de manifestarse el próximo 15 de noviembre, que no doblemos el brazo, que sigamos fuertes, como estamos hasta ahora".

Otro integrante del Movimiento San Isidro, el rapero y activista Maykel Castillo Pérez, El Osorbo, preso en la cárcel 5 y Medio, en Pinar del Río, también se comunicó este lunes con su amigo, el músico del género urbano El Funky, quien nos explicó que la nueva abogada de Maykel lo visitó en prisión. “La abogada fue a verlo, ayer puso otro cambio de medida, vamos a ver qué pasa”, señaló.

Recientemente, Maykel ha sido trasladado, según el Funky, a un nuevo destacamento, donde no tenía colchón. “Esto se lo hacen a cada rato (…), parece una estrategia para que no haga amigos o para que no se sienta bien”, aventuró El Funky.

El rapero también abordó la situación del coordinador general del Movimiento San Isidro, el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, quien se recupera de una huelga de hambre que llevó a cabo recientemente en la prisión de Guanajay, en Artemisa, donde se encuentra encarcelado tras su arresto el pasado 11 de julio, en La Habana. “Ha bajado bastante de peso, pero está bien hasta ahora, está comiendo ya, que por lo menos se restablezca un poco más y entonces tenga ánimo…”, concluyó.

DOCUMENTO: Informe de Human Rights Watch sobre detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos en Cuba

Agentes de la policía política detienen a un manifestante, el 11 de julio, en La Habana. ((AP/Ramón Espinosa)

La organización Human Rights Watch presentó este martes, en Miami, el informe “Cuba: detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos” que a continuación reproducimos.

El gobierno cubano ha llevado a cabo, de forma sistemática, detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas de julio de 2021, señaló hoy Human Rights Watch. Los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta.

El 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles en todo el país para participar en manifestaciones históricas en protesta por las violaciones de derechos humanos que sufren hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19.

Las autoridades cubanas arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes, incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a pie. Muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso. Al menos un manifestante falleció. Cientos siguen encarcelados o bajo reclusión domiciliaria, incluidos algunos menores de 18 años.

“Cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio, el gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch.

“Manifestantes pacíficos y otros críticos han sido sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados en procesos que son una verdadera farsa. Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales”, agregó.

Human Rights Watch ha documentado en detalle violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos, contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas, así como en la Isla de la Juventud, que se considera un “municipio especial”.

Entre julio y octubre, Human Rights Watch entrevistó a más de 150 personas, entre ellas, activistas, víctimas, familiares, periodistas, y abogados con conocimiento directo de los casos; consultó documentos judiciales, multas impuestas a manifestantes, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones de derechos humanos cubanas; y corroboró numerosos videos y fotos.

Los funcionaros implicados en abusos incluyen a miembros de los servicios de inteligencia, que en Cuba se conocen como “Seguridad del Estado”, las fuerzas militares, la policía nacional y la brigada especial del Ministerio del Interior conocida como “boinas negras”. Las “brigadas de respuesta rápida”, nombre por el que se conoce a grupos de civiles organizados por el gobierno, estuvieron implicados en varias golpizas. Jueces y fiscales, que en Cuba no tienen ninguna independencia respecto del gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos.

El 11 de julio, cuando empezaron las manifestaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel instó a sus partidarios y fuerzas de seguridad a responder a las protestas con violencia. “Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución”, manifestó. “La orden de combate está dada”. Varias organizaciones indicaron que ese día hubo interrupciones del servicio de internet en todo el país, seguidas por conectividad intermitente, incluidas restricciones a las redes sociales. El gobierno cubano ha recurrido en reiteradas ocasiones a las restricciones de internet para limitar la posibilidad de los críticos de movilizarse.

Human Rights Watch determinó que los agentes detuvieron reiteradamente a manifestantes pacíficos y transeúntes e impidieron que muchas personas protestaran, arrestando a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones. Más de 1.000 personas fueron detenidas, según la organización cubana de derechos humanos Cubalex; de las cuales, más de 500 siguen encarceladas y muchas otras se encuentran bajo reclusión domiciliaria.

Diubis Laurencio Tejeda, un cantante de 36 años, murió el 12 de julio durante una manifestación en La Güinera, un barrio de bajos recursos en las afueras de La Habana. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización no gubernamental, señaló que un policía le disparó por la espalda. Nadie ha sido juzgado por su muerte.

La investigación de Human Rights Watch indica que las manifestaciones de julio fueron abrumadoramente pacíficas. Muchos manifestantes gritaron “¡Libertad!” o “Patria y Vida”, en referencia a una canción que desafía el eslogan del régimen, “Patria o Muerte”, y critica la represión en el país.

En los 130 casos documentados en detalle por Human Rights Watch, las autoridades cubanas acusaron solo a un puñado de detenidos de participar en actos violentos, la mayoría de las veces por arrojar piedras durante las protestas. En la mayoría de estos casos, los detenidos o sus familiares negaron que estos hayan incurrido en actos de violencia, y en todos ellos los procesos penales se vieron marcados por graves violaciones al debido proceso y las condenas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen infundadas y excesivas.

En la mayoría de los casos que documentó Human Rights Watch, los detenidos estuvieron incomunicados varios días o incluso semanas, fueron arrestados con violencia y en algunos casos recibieron maltratos durante la detención. Algunas víctimas fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas, privadas del sueño, golpeadas brutalmente o encerradas en celdas sin luz natural donde señalaron que perdieron noción del tiempo. A otras se las amenazó con represalias contra ellas o sus familiares por protestar.

La mayoría de los detenidos fueron sometidos a interrogatorios abusivos y reiterados, a veces en medio de la noche, en los cuales a menudo se les preguntó por la “organización” y el “financiamiento” de las manifestaciones y se los amenazó con largas penas de prisión.

Gabriela Zequeira Hernández, una estudiante de 17 años, contó que fue detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasó caminando por un lugar donde había una manifestación el 11 de julio. Dijo que, una vez detenida, dos agentes mujeres la obligaron a hacer cinco sentadillas desnuda mientras tosía y se presionaba a sí misma el estómago. Una agente le ordenó que se inspeccionara su propia vagina con un dedo. Unos días después, un agente varón la amenazó con llevarla junto con dos hombres a la zona que se conoce como “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Varias veces, los agentes la despertaron durante la noche para interrogarla, contó Zequeira, y le preguntaron por qué había protestado y quien la “financiaba”.

El 22 de julio, Zequeira Hernández fue condenada a ocho meses de cárcel por “desorden público”. Solamente se le permitió ver a su abogado particular pocos minutos antes de la audiencia. Un tribunal superior le permitió cumplir la pena bajo reclusión domiciliaria. Zequeira y su familia indicaron que no pudieron obtener copias de las sentencias.

Muchos detenidos fueron sometidos a celdas oscuras, hacinadas e insalubres con escaso acceso a agua limpia o mascarillas para evitar la propagación del coronavirus. Los casos positivos confirmados de Covid-19 alcanzaron algunos de los niveles más elevados en Cuba en julio y agosto. Varios manifestantes parecen haber contraído el virus en detención.

Muchos manifestantes pacíficos han sido condenados en procesos penales “sumarios” en los que no se respetaron garantías básicas del debido proceso. Los manifestantes fueron juzgados de forma grupal, con frecuencia de a más de 10 personas, en audiencias celebradas mayormente a puerta cerrada, en las cuales los fiscales a menudo los acusaron de delitos vagos e imprecisos, como “desorden público”, basándose únicamente en testimonios de agentes de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho de los detenidos a un juicio justo. Los agentes habitualmente tardaron varios días en comunicar a los detenidos cuáles eran los motivos del arresto. Los familiares y abogados de los detenidos rara vez tuvieron acceso a los expedientes penales o a copias de las sentencias, lo cual hace prácticamente imposible que ejerzan una defensa legal. En los pocos casos en los cuales los detenidos contaron con representación legal, los abogados solo pudieron hablar con ellos unos pocos minutos antes del juicio.

El 19 de agosto, las autoridades cubanas informaron que 67 personas habían sido condenadas en relación con las protestas. En la mayoría de los casos, los manifestantes pacíficos fueron condenados a entre 10 meses y un año de cárcel, aunque algunos fueron enviados a reclusión domiciliaria tras apelación o fueron liberados después de pagar una multa, según comprobó Human Rights Watch.Descripciones de los casos de manifestantes detenidos por el gobierno cubano, julio de 2021

Descripciones de los casos de manifestantes detenidos por el gobierno cubano, julio de 2021

Todos los casos se basan en relatos directos de la víctima, sus familiares o su abogado. Cuando fue posible, Human Rights Watch consultó documentos judiciales y multas impuestas a los manifestantes, y verificó fotos y videos que corroboran los testimonios. Los casos documentados por Human Rights Watch representan apenas una fracción de la cantidad total de violaciones de derechos humanos que cometió el gobierno cubano durante las manifestaciones de julio.

Las investigaciones de Human Rights Watch indican que las manifestaciones de julio se desarrollaron de forma abrumadoramente pacífica. De los 130 casos que documentó Human Rights Watch, las autoridades cubanas acusaron solamente a unas pocas de las personas detenidas de participar en actos de violencia (en general, de arrojar piedras durante las protestas). En la mayoría de estos casos, las personas detenidas o sus familias negaron haber participado en actos de violencia, y en todos los casos los procesos penales se vieron afectados por graves violaciones a las garantías del debido proceso y las penas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen ser excesivas.

Las descripciones de los casos se actualizaron por última vez el 30 de septiembre de 2021.
Lista completa de los casos que documentó Human Rights Watch en: https://www.hrw.org/es/video-photos/interactive/2021/10/18/descripciones-de-los-casos-de-manifestantes-detenidos-por-el

Pastor de Santiago de Cuba asegura que fue citado por la policía porque su Iglesia es frontal contra el régimen

Evangelistas cubanos. Foto Archivo (Facebook)

El pastor René Machado Lazo de la iglesia "Cristo es mi Roca", fue citado a presentarse este miércoles en la unidad policial conocida como Micro 9, en Santiago de Cuba.

Machado Lazo comunicó a Radio Martí que muchos integrantes de la iglesia han sido notificados en los últimos días por su posición frontal al régimen.

“Una citación que no tiene cuño; es un papel escrito a mano, solamente dice ‘que me presente mañana miércoles (20 de octubre) en la estación de Micro 9”, manifestó el pastor santiaguero, quien señaló que al preguntar las razones de dicha citación, la respuesta que recibió fue que se la darían cuando llegara “allá”.

La iglesia “Cristo en mi Roca”, ubicada en el número 35 de la calle San Fermín entre Martí y Alayón, es además la vivienda donde habita el pastor con su familia.

El religioso denunció que los miembros de su iglesia son citados constantemente, por sus creencias, "por la forma de pensar de nosotros y por la forma de hablar”.

Pastor René Machado Lazo citado por la SE de Santiago de Cuba
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Según el pastor Machado Lazo, el problema está en las expresiones durante las sesiones de culto: “Son totalmente frontales al sistema de gobierno; criticamos su forma de proceder con las personas, criticamos sus leyes injustas, criticamos todo lo que ellos hacen en contra de los cubanos de a pie”.

Al respecto, el conocido líder religioso, pastor Alain Toledano, denunció en su cuenta de Twitter el asedio a que están sometidos los miembros de la iglesia Cristo es mi Roca.

“Otro pastor más de nuestro ministerio citado a interrogatorio. René Machado, citado a la unidad de Micro: 9 este miércoles 20 a las 11:00am. Sigue el acoso por el miedo al despertar de la iglesia y el pueblo cubano. La libertad está cerca. #sendasdejusticia #libertadrelijiosa", escribió Toledano, quien también reside y oficia en Santiago de Cuba, ha sufrido varias detenciones, además del constante asedio, la vigilancia permanente y las amenazas, tanto a él como a los miembros de su congregación, por mantener “una posición frontal” respecto al comportamiento del régimen para con los ciudadanos.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

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