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Cuba

La verdad tras los motines de migrantes cubanos en México

Aproximadamente 50 migrantes del país caribeño se amotinaron esta mañana al interior de la estación migratoria en Tapachula, Chiapas, con el objetivo de denunciar hacinamiento y malos tratos.

TAPACHULA - El mecánico cubano de 36 años tiene la mirada perdida mientras recuerda cómo funcionarios de la estación migratoria Siglo XXI rompieron el documento que le acreditaba como solicitante de refugio en México.

Era el principio de una pesadilla que empeoraría con la llegada de más migrantes detenidos: cubículos de 4x3 metros para 50 personas, heces que rebosaban las letrinas, falta de comida y agua.

Las mujeres dormían en los pasillos o en el comedor entre ratas, cucarachas, excrementos de palomas, niños llorando, madres reciclando pañales y el desprecio de los guardias. “Nos tiraban ahí como animalitos”, dice una joven hondureña.

Miles de migrantes que entran a México de manera irregular acaban en este lugar, considerado el centro de detención migratoria más grande de América Latina. Ubicada en Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, la vida transcurre en la estación Siglo XXI lejos del ojo público y se han denunciado reiterados abusos que incrementaron con el hacinamiento registrado esta primavera.

El Instituto Nacional de Migración (INM), encargado de las instalaciones, negó a The Associated Press permiso para visitarlas y no respondió a una solicitud de comentarios. Pero una veintena de migrantes, funcionarios y miembros de ONG describieron el centro como un lugar insalubre, sobrepoblado y donde reina la arbitrariedad de los agentes al mando. La mayoría hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Washington ha exigido a México que reduzca el flujo de migrantes, la mayoría centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia, pero también cubanos, haitianos y africanos. Además, el presidente Donald Trump mantiene viva la amenaza de poner aranceles a las importaciones mexicanas si no se cumple ese objetivo. Y aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha lanzado un plan para enfrentar la llegada creciente de extranjeros, diversos observadores advierten que México no tiene los medios para albergar a más detenidos.

Si se detiene a más migrantes, “no se cuenta con la infraestructura correspondiente”, dijo el jueves Edgar Corzo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante un recorrido justo antes del anunciado despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional para ayudar a las labores de control migratorio.

Esta entidad oficial denunció a finales de abril que había más de 2.000 personas en la Siglo XXI, un lugar construido para 960. Cientos fueron trasladados a otras instalaciones, pero la semana pasada había 1.230 migrantes, según Corzo. Otras instalaciones en Tuxtla Gutiérrez, también en Chiapas, albergaban a 400, aunque están habilitadas sólo para 80.

“No imagino la estación siglo XXI teniendo tantas personas, todavía pongan 100 o cientos más... las estaciones migratorias no están para dar una respuesta de mayor capacidad porque han sido superadas”, añadió Corzo.

La Siglo XXI es una estructura carcelaria con muros de cinco a diez metros de alto, torres de control, cámaras de seguridad y espacios con techos enrejados por donde patrullan los guardias. Incluso hay una celda de castigo, el “Pozo”, que el gobierno se comprometió a no usar más, aunque el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, una de las pocas ONG que tienen acceso, no ha podido confirmar que eso sea cierto.

Al cruzar las rejas y dejar atrás a quienes abarrotan la entrada en espera de información, hay un patio y una especie de muelle de carga y descarga de seres humanos que van y vienen en autobuses.

A los que llegan, detenidos en redadas o engañados diciéndoles que iban a verificar sus papeles, les confiscan cordones de zapatos, cinturones y celulares, aunque siempre hay quien luego les ofrece una llamada, un cigarro o comida extra si pagan por ello, coinciden varios que estuvieron detenidos ahí.

Voces dentro y fuera de México, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, han denunciado desde antes de la crisis actual que los migrantes son detenidos sin los estándares mínimos, a veces son extorsionados o no tienen un debido proceso. También han pedido que la detención sea algo excepcional y que se elimine por completo en el caso de niños y adolescentes. Esto no ha ocurrido y una niña guatemalteca murió en mayo en la estación migratoria de Ciudad de México en circunstancias todavía bajo investigación.

Graciela, una hondureña de 29 años, cuenta que cuando estuvo en la Siglo XXI no podía ni dormir por el miedo a que le quitaran a sus dos pequeños, dos flaquitos de 7 y 9 años. Los rumores se mezclaban con la angustia, la falta de información y la insistencia de los agentes para que aceptara el retorno al país del que salió huyendo.

“(Los niños) me decían ‘vámonos´, ‘¿por qué estamos aquí?’”, recuerda. “A veces llorábamos todos”. Graciela salió de ahí porque logró que aceptaran su petición para solicitar asilo en México.

Julio, un cubano de 15 años, fue detenido junto a sus padres, pero separado de ellos nada más llegar a la Siglo XXI. Aunque estaban en la misma instalación, pasaron periodos incomunicados.

Su madre recuerda cómo ella entró en pánico después de uno de los motines que se dio en el lugar, porque no sabía cómo estaba su hijo y los rumores proliferaban. “Lloré, imploré para que me dijeran si estaba bien, pero nada. Tardé cinco días en verle”.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha reconocido recientemente que el gobierno no se ha preocupado en atender las instalaciones migratorias en la frontera sur, que están “muy por debajo de los estándares”, y Tonatiuh Guillén, hasta el viernes el jefe del INM, reconoció en una entrevista reciente con AP que “tienen un modelo muy severo de control”.

Sin embargo, López Obrador insiste en que el respeto a los derechos humanos es la máxima de su política migratoria y su gobierno dice estar estudiando opciones para construir nuevas instalaciones migratorias

Pese a la desinformación, pronto queda claro que solo hay dos maneras de salir: deportados en un autobús o con una solicitud de asilo como la que le rompieron al mecánico cubano. Que este documento --que teóricamente garantiza la libertad de un migrante-- pueda ser destruido tan fácilmente, es una muestra más de la arbitrariedad que hay en el lugar.

El gobierno federal ha reconocido que el INM es una de las instituciones más corruptas del país. Se han depurado a más de 600 funcionarios y a la Siglo XXI han llegado nuevos agentes, aunque se desconoce cómo va el proceso de depuración ahí.

Según Salva Lacruz, del Fray Matías, el centro sigue en manos “negligentes, irresponsables y racistas” que operan al margen de las directrices de Ciudad de México. Un funcionario migratorio recién llegado calificó a algunos de sus compañeros de “inhumanos”.

Por eso, en medio de la desesperación, se encontró otra formar de salir: amotinarse y escapar.

Más de 600 personas se fugaron en abril, algo nunca visto en México. En videos publicados en redes sociales se ve a gente corriendo por la entrada principal y las rejas abiertas. Los migrantes aseguran que la fuga fue alentada por las autoridades. Éstas lo niegan.

“Algunas celdas no tenían candado ese día”, asegura el mecánico que no huyó por temor a ser deportado.

Los motines elevaron la tensión, los choques entre internos, el miedo de los trabajadores y las represalias contra los cubanos, acusados de ser instigadores de los levantamientos.

Eliezer Pino, Jonathan Eduardo Merrero, Yunier Rives, Yasiel Rodríguez, Danilo Claro y Eduardo Martínez dicen haber sido seleccionados al azar durante uno de los motines, llevados detrás de unos autobuses y golpeados.

Pino dice que lo patearon entre seis y casi le reventaron el ojo de un puñetazo. Su único delito, dicen todos, fue gritar “¡queremos salir!” y avanzar hacia la puerta junto a otros. Los policías federales, que apoyan en tareas de seguridad, evitaron una paliza mayor.

Una treintena, incluidos ellos, fueron trasladados esa noche a una caseta de migración en la carretera donde pasaron 45 días en condiciones similares a las de la Siglo XXI. “Pensé que no iba a salir cuando nos dijeron: ‘son comida para perros´’”, afirma Pino. No salían al sol, apenas se bañaban, casi no dormían. Estaban hacinados e incomunicados.

“Era una tortura, un infierno”, asegura Martínez.

“A mí hasta me velaron”, dice Rodríguez. Su familia en Cuba le creyó muerto.

Algunos no aguantaron y pidieron la deportación. Otros, gracias a las gestiones del Fray Matías, consiguieron solicitar asilo y ser liberados, aunque no pueden salir de Tapachula.

Desde enero, México ha detenido a más de 74.000 migrantes y deportado a más de 53.000, y desde hace semanas pueden verse soldados, marinos y policías federales apoyando las labores de los agentes migratorios o participando en redadas. Algunos de esos efectivos, ahora comienzan a llevar brazaletes que les identifican como Guardia Nacional.

Organizaciones gubernamentales y ONG celebran ciertos avances, como el cierre de cinco pequeñas estaciones, o el reconocimiento de deficiencias, aunque creen que no es suficiente.

Vidal Olascoaga, del Fray Matías, alerta de que pueden imponerse las “devoluciones en caliente, como hace Estados Unidos”, que deporta al migrante al cruzar y sin averiguar si tiene o no necesidades de refugio.

“Los flujos migratorios no se disminuyen por arte de magia y en el corto plazo sólo se logra con detenciones y deportaciones masivas”, asegura.

No obstante, el horror de la detención no detendrá el flujo migratorio.

Yanel, una hondureña de 21 años que estuvo dos semanas encerrada con su hija de dos años, tuvo miedo y asegura que recibió un trato denigrante, pero que lo que había dejado a atrás era peor: un esposo de la Mara 18, una de las pandillas más violentas de Centroamérica, que la golpeaba y casi hizo que perdiera a su bebé cuando estaba embarazada.

Pasar por la Siglo XXI, asegura, “vale la pena si le dan los papeles a uno”.

Todavía no sabe si después seguirá la ruta hacia el norte.

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COVID y censura: aumentan los casos en Cuba y el régimen borra referencias a Venezuela

La policía vigila una cola en una tienda de La Habana que oferta productos en dólares. (AP/Ramón Espinosa)

El Ministerio de Salud de Cuba confirmó este domingo 65 nuevos casos de Coronavirus, la segunda cifra mas elevada desde que comenzó la pandemia, y borró la información que solía proporcionar bajo la categoría "Viajero procedente de Venezuela".

"No solo @MINSAPCuba omite hoy los países de los casos importados, sino que editaron el informe de ayer para borrar que los 41 casos eran de Venezuela. Donde decía 'Viajero procedente de Venezuela' ahora dice 'Fuente de infección en el extranjero'", subrayó Proyecto Inventario, un grupo independiente que analiza las estadísticas en Cuba.

"Es una vergüenza el trabajo de (falta de) #transparencia de instituciones gubernamentales que en lugar de mejorar la información pública la editan para hacerla más turbia y desinformar al pueblo", subrayó Inventario tras publicar documentos que reflejan las nuevas categorías de información que esconden la palabra "Venezuela", país que se encuentra en medio de una crisis de salud y del brote de enfermedades que antes eran controladas, como la difteria.

Entretanto, con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la Isla asciende a 2 mil 953.

El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 88 decesos por COVID-19 al no reportar nuevas muertes.

Otros datos reportados son los siguientes:

* 412 casos positivos activos
* 838 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia medica epidemiológica
* 7 pacientes en estado grave

Los casos en atención primaria de salud se situan en 11.064 y son vigilados en sus hogares.

Testimonio de médico cubano recibe respaldo de alto funcionario de EEUU

Doctores cubanos relataron su experiencia durante las misiones médicas
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Cuando en julio de 2019 el médico exiliado Manoreys Rojas Hernández conoció que en Cuba su hija había intentado quitarse la vida, compró un billete de avión y abordó el primer vuelo que salió de Miami hacia La Habana.

Víctima de una ley arbitraria que regula la entrada a Cuba hasta ocho años después de haber abandonado la función oficial, al galeno le fue impedido el ingreso a su país.

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“Somos víctimas de un gobierno que nos utiliza”, dijo el médico especialista en traumatología en un audiovisual realizado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC).

Como integrante de un contingente médico llegó a Ecuador en 2014, y en 2016 y solicitó y recibió refugio en EEUU gracias al Programa de Visa Parole para Profesionales Cubanos de la Salud (CMPP).

“Todas las misiones médicas [cubanas] tienen un trasfondo político”, recuerda el galeno que entonces estaba obligado a mostrar lealtad a un gobierno aliado del régimen, encabezado por el presidente Rafael Correa.

“Una de las veces que regresé de vacaciones, un oficial de la Seguridad del Estado me citó para preguntarme cómo veía al gobierno de Correa, y qué percepciones de este tenían mis pacientes”, cuenta en el video.

Los comentarios del doctor, oriundo del centro de la isla, llegaron hasta la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, (USAID), en Washington. Su administrador, John Barsa, escribió en Twitter:

"Este video muestra el sacrificio de médicos cubanos, como el Dr. Rojas, al formar parte de las misiones médicas del régimen cubano. Estos médicos merecen ser tratados con dignidad y respeto, en lugar de ser un producto del que se beneficia el régimen".

“El régimen cubano promociona sus misiones médicas internacionales, pero oculta la oscura realidad de este programa. El testimonio del Dr. Rojas ilustra las violaciones a los derechos y la dignidad de médicos como él a través de estas misiones".

Rojas Hernández vive en la ciudad de Miami Beach con su esposa ecuatoriana. En numerosas ocasiones ha sido convocado a brindar testimonio en diferentes foros nacionales e internacionales sobre el programa de misiones médicas del régimen cubano. Sus declaraciones han servido para enriquecer informes que, sobre el tema, han sido presentados ante organismos como la Organización de Estados Americanos.

Ante peligro de derrumbe una familia protesta en Morón (VIDEO)

Familia protesta en Morón. (Tomado de Facebook Cubanos Libres)

Un grupo de residentes en Morón, al norte de Ciego de Ávila, apoyaron a una familia sin hogar que se plantó este miércoles frente a la sede del Partido Comunista Municipal para reclamar el derecho a una vivienda digna, según muestran los perfiles de Facebook de Cubanos Libres y UNPACU-Morón.

Osiel Morales Díaz, Coordinador del Movimiento Político Morón Despierta y de la Unión Patriótica de Cuba en ese municipio, dijo a través de Facebook que la manifestación comenzó ayer en la Avenida de Tarafa, a las 5 de la tarde.

"No se gritaron consignas contra los dirigentes, simplemente los afectados, que no son opositores, exigieron de manera pacífica sus derechos”, recalcó Morales.

El activista explicó que "se trata de una familia que fue afectada por un huracán que pasó hace más de dos años y afectó la provincia de Ciego de Ávila".

Dijo que "junto a otras familias, las autoridades locales los llevaron a vivir al hotel Perla, pero este también ahora está en peligro de derrumbe".

El activista relató que la familia que realizó la protesta tiene un bebé con serios problemas de salud, y los padres se cansaron de pedir ayuda, pero el gobierno no los escuchó, y por eso decidieron "plantarse" frente a la sede del partido.

Según Morales, "el lugar donde estaban no reúne condiciones de vida ni para un animal”.

De acuerdo con Morales Díaz, la población los apoyó y enseguida las autoridades se presentaron en el lugar para decirles que este viernes estarían dándole respuesta al caso.

El pasado mes de junio, una cuartería ubicada en la calle Máximo Gómez No 180 e/ Martí y Castillo, en la ciudad de Morón, se derrumbó. En el lugar vivían cerca de 40 personas, incluidos siete niños.

Aante la falta de gestión del gobierno, residentes de esa localidad dijeron que buscarían una solución con sus propios medios, que son muy escasos.

José Díaz Silva denuncia arresto violento: "Nos cayeron a golpes"

José Díaz Silva, junto a su esposa, la Dama de Blanco Lourdes Esquivel Vieyto.

El opositor José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, junto a otro integrante de esa organización, fueron detenidos y golpeados este viernes en Boyeros, La Habana.

Tras ser liberado, Díaz Silva denunció lo ocurrido a Radio Martí.

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La esposa de Díaz Silva, la Dama de Blanco Lourdes Esquivel Vieyto, captó en video desde lejos a la patrulla policial en la que trasladaron a los opositores.

La detención ocurrió aproximadamente las 9:00 de la mañana, cuando salía de su casa junto al activista John Guevara Fernández. Según explicó, cuatro agentes de la Seguridad del Estado recurrieron a la violencia durante el arresto.

"Nos cayeron a golpes, nos tiraron al suelo y nos quitaron las pertenencias que teníamos en el bolsillo, el teléfono y todo. Nos esposaron y nos llevaron para Santiago de las Vegas, y nos pusieron bajo el sol casi una hora y media", afirmó.

Díaz Silva dijo que una vez dentro de la unidad policial, una funcionaria lo acusó de impago de multas, a lo que respondió: "Las multas que nos imponen a nosotros [los opositores] son arbitrarias".

La funcionaria redactó entonces un documento en el que declara que Díaz Silva se niega a pagar las multas, y los policías lo devolvieron a su casa. El opositor dijo que desconocía lo sucedido con Guevara Fernández.

El impago de multas es una de las acusaciones recurrentes del régimen cubano para reprimir a los opositores. Miembros de distintas organizaciones disidentes han sido víctimas de esta figura delictiva, algunos con penas de cárcel.

(A partir de un reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Anuncio sobre oficios privados quedó "en el aire"

Dos cubanos viajan el martes en tractor por una calle de La Habana (Yamil Lage/AFP).

El gobierno eliminará el listado que restringía a 123 las actividades permitidas en el sector privado en la isla, una medida que analistas entrevistados por Radio Televisión Martí califican de insuficiente.

La ministra cubana de Trabajo y Seguridad Social Marta Elena Feitó Cabrera anunció este jueves en el programa televisivo Mesa Redonda, que el gobierno eliminará el listado aunque no puso fecha.

La funcionara explicó que las nuevas regulaciones se aplicarán de forma gradual y acompañadas por el desarrollo de las cooperativas y la micro, pequeña y mediana empresa.

Desde La Habana, el Máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien asesora al sector privado, considera que es tan solo una estrategia y que es precipitado una conclusión del impacto de este anuncio, que calificó de incompleto.

"Hasta ahora no hay claridad en este asunto, no hay norma jurídica y las normas jurídicas aún tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional para su implementación", declaró el experto quien recordó que el régimen cubano lleva 10 años haciendo esperar a los privados por reformas y aperturas.

Por otro lado, apuntó, nada dijeron de otras medidas necesarias en el sector de trabajo por cuenta propia, entre ellas una reforma tributaria y una Ley de Empresas.

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En la isla los trabajadores privados carecen de una cultura del emprendimiento porque han sido un sector muy vulnerable y en línea general no conocen cómo presentar un modelo de negocios, paso necesario para obtener una licencia, dijo Rodríguez Pita.

Mientras que el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, España Elías Amor Bravo, destaca que hay que tomarse todo esto con mucha precaución.

La ministra dijo que muchos de esos enunciados estaban en estudio, y el académico considera que esto es otra de las estrategias que lanza el oficialismo con la idea de cambiar un poco el paso en tiempos de crisis, para ganar tiempo, pero que realmente no llevan el ingrediente necesario de un cambio.

"Todo está como en el aire, muy provisional", criticó Amor.

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