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Contra la censura

Informe de Cuba ante la 77ª Asamblea General de la SIP

Cubanos captaron en sus teléfonos los sucesos del 11 de julio. (AP/Eliana Aponte, file)

La dictadura pierde la batalla en internet y lucha para no perder también la calle. Este ha sido el semestre más difícil para los cubanos y la dictadura en los últimos 25 años. El 11 de julio, las dos fuerzas, el poder y el pueblo, terminaron mirándose las caras en unas protestas masivas –mayormente pacíficas, hasta que el gobierno ordenó reprimirlas- con una dimensión que no se había visto antes en el país.

El 11 de julio, los gritos de las multitudes corroboraron varias certezas anunciadas por años en la prensa independiente: los cubanos la están pasando mal por la falta de medicinas, comida, dinero, esperanzas y libertad.

La mayoría del pueblo quiere un cambio de gobierno, pero la dictadura reprime con violencia indiscriminada y manipulando el sistema de justicia. Las redes sociales y el acceso a internet son determinantes en la movilización de la ciudadanía a nivel nacional. Pese a la represión, un grupo de activistas está convocando a una nueva jornada de protesta para el 15 de noviembre.

Tres hechos sobresalen en este período: el encarcelamiento de los periodistas independientes Lázaro Yuri Valle Roca y Esteban Rodríguez, la represión de las protestas del 11 de julio y la entrada en vigor del Decreto-Ley 35, que restringe aún más las libertades en internet.

El 30 de abril se produjo una protesta de seis personas en la calle Obispo, en La Habana Vieja, a la que se sumaron transeúntes. Fueron arrestados y llevados a distintas prisiones. Entre los detenidos estaban Mary Karla Ares, reportera del boletín Amanecer Habanero, que trasmitió en vivo la protesta, y Esteban Rodríguez, activista y reportero de ADN Cuba, quien en noviembre había participado en la huelga de hambre en la casa del artista Luis Manuel Otero, en el barrio San Isidro, de La Habana.

Mary Karla Ares fue excarcelada el 29 de mayo, pero a cambio se le impuso reclusión domiciliaria, que aún afronta. Esteban Rodríguez continúa en prisión, donde contrajo dos veces Covid-19. Ambos están siendo acusados por "desorden público" y "resistencia", delitos que, sumados, acarrean varios años de cárcel.

Lázaro Yuri Valle Roca, periodista y activista, director del blog digital Delibera y de su canal de YouTube homónimo, fue detenido el 15 de junio tras acudir a una citación policial en La Habana. La Seguridad del Estado lo investigaba por haber organizado, filmado y publicado el video del lanzamiento de unos panfletos anticastristas en una esquina en Centro Habana.

Además de permanecer incomunicado y sin asistencia legal, el periodista hizo una huelga de hambre que empeoró su estado de salud. El régimen lo acusa de "propaganda enemiga" y "desacato". Podría enfrentar una pena de diez años por estos delitos.

Otro encarcelamiento notorio fue el del artista Hamlet Lavastida, novio de la escritora y periodista Katherine Bisquet, quien había sido una de las acuarteladas en casa de Luis Manuel Otero en noviembre, y quien grabó el violento desalojo de los manifestantes. Lavastida fue encarcelado al terminar la cuarentena obligatoria tras su regreso del extranjero.

Su novia fue sometida a reclusión domiciliaria y presionada por la Seguridad del Estado a abandonar el país, como única alternativa para obtener la libertad de Lavastida, quien en septiembre también se fue del país.

Continúa preso el youtuber Yoandi Montiel, conocido como El Gato de Cuba, tras hacer una sátira contra el presidente Miguel Díaz-Canel.

El 11 de julio, un joven vendedor de tarjetas telefónicas, Yoan de la Cruz, trasmitió en vivo e hizo viral un video sobre la protesta pacífica y espontánea de cientos de personas caminando hacia el gobierno municipal de San Antonio de los Baños, para reclamar contra el gobierno, los apagones, los problemas económicos y la falta de vacunación adecuada.

En menos de dos horas, nuevos videos y trasmisiones en vivo llegaron a las redes sociales, con protestas de cientos de personas en ciudades como Palma Soriano, Güines y Morón. Mientras tanto, por Whatsapp, Telegram y Facebook se convocó a manifestaciones en otras ciudades y se viralizaron videos y mensajes en todas las redes sociales.

La primera detención de un periodista se registró cerca de las 3 de la tarde. Fue Iris Mariño, de La Hora de Cuba, arrastrada violentamente y sin previo aviso fuera de la protesta pacífica en el casco histórico de Camagüey por agentes de civil de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria.

Diez minutos después fueron arrestados Henry Constantín y Neife Rigau, en el mismo lugar. Orelvis Cabrera y Alberto Corzo fueron detenidos en Matanzas; Maykel González Vivero, en La Habana; Rolando Rodríguez Lobaina y Niober García Fournier, en Guantánamo. A las 4 de la tarde el presidente Díaz-Canel declaró por televisión que "la orden de combate está dada; a la calle los revolucionarios". Abrió así una represión profunda contra las protestas pacíficas.

Ese día no pudieron salir a la calle, por vigilancia policial afuera de sus casas, los reporteros Luz Escobar, Héctor Luis Valdés, Frank Abel García, Mary Karla Ares, Danilo Carrasco, Juan Manuel Moreno, Iliana Hernández, Mabel Páez, Reisel Acosta, Yhosan Torres, Onelsys Díaz, Jorge Luis Romero, Yusleidy Romero, Yanaisy Quesada, Flora Quiñones, Roilán López, Héctor Sierra, Ariorny Ramos, Yaima Cabrera, Wilfredo Fajardo, Ever Fonseca, Martha Liset Sánchez, Raúl Pérez, Aliena Palmero, Maikel Jiménez, Deisy Martínez, Vivian Feo, Manuel Martínez, Yanela Reyes, Orlidia Barceló, Carlos Cárdenas, Pedro Luis Hernández y María Matienzo. Esa restricción duró días y hasta semanas para algunos periodistas.

El fotógrafo Ramón Espinosa, de la AP, fue golpeado. El fotógrafo Iván Alcaraz, de la televisión estatal, fue arrestado. En los días siguientes fueron detenidos los reporteros Camila Acosta, Yosvani Sepúlveda y Pedro Luis Hernández.

El 11 de julio las autoridades cortaron el uso de todos los servicios de internet y telefonía móvil y bloquearon las principales redes sociales y servicios de mensajería. El apagón de internet duró tres días.

Desde entonces, muchos ciudadanos son perseguidos por publicar en sus redes sociales contenido molesto al régimen. Algunos recibieron "advertencias" de defensores del gobierno y citaciones policiales, solo por tener contenido de las protestas en las redes. La amenaza policial ordenaba borrar materiales o que dieran información sobre líderes de las protestas.

El 17 de agosto entró en vigor la más explícita mordaza legal a la libertad de expresión en Internet: Decreto-Ley 35 "De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrica". También entraron en vigencia dos decretos del Consejo de Ministros y tres resoluciones del Ministerio de las Comunicaciones.

La resolución más nociva, la 108, recoge una lista de "incidentes de ciberseguridad" según diferentes niveles de peligrosidad. Califica de "muy alto" la "subversión social", descrita como "pretender alterar el orden público, alterar la indisciplina social"; justamente esta fue la medida esgrimida por policías, fiscales y jueces del régimen para detener, multar o encarcelar a cientos de los manifestantes del 11 de julio.

El ciberterrorismo se define como cualquier acción "mediante el uso de las TIC cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Además, considera de peligro "alto", la divulgación "de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país" y la difusión "a través de las infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones/TIC de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público; difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas".

El artículo 3 del Decreto-Ley 35 declara como primer objetivo: "Coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un ins­trumento para la defensa de la Revolución", lo cual indica el ánimo represivo y monopólico de las telecomunicaciones.

Se teme que la actualización del Código Penal incluya estas sanciones.

A raíz de la convocatoria de un grupo activista a la protesta del 15 de noviembre, empezó la represión contra los firmantes del documento. Sus casas fueron sitiadas y los cortes de las comunicaciones han vuelto a hacerse frecuentes para activistas y periodistas independientes.

El país sigue en manos de un régimen que gobierna con un manojo de leyes, cuya raíz está en la constitución impuesta en 2018 y que limita todos los derechos humanos y consagra la primacía de la voluntad de la cúpula gobernante.

Los periodistas y trabajadores de medios de prensa independientes que han sufrido cárcel o detenciones en el periodo son –además de los ya mencionados como detenidos a raíz del 11 de julio y de los que recibieron medidas de prisión o reclusión domiciliaria: Héctor Luis Valdés, Osmel Almaguer, Yoe Suárez, Leonel Rodríguez, Waldo Fernández, Mauricio Mendoza, la youtuber Ruhama Fernández, Jorge Enrique Rodríguez, Yoel Acosta y Enrique Díaz.

La totalidad de los encarcelamientos y detenciones incluye también interrogatorios, amenazas, incomunicación con familiares y abogados, suministro de agua y alimentación deficientes, entre otras violaciones de los derechos humanos del reportero.

Prohibiciones de salir a la calle, hechas a través de agentes apostados en las puertas de sus viviendas, medidas cautelares de reclusión domiciliaria o de llamadas telefónicas, han sufrido Camila Acosta, Luz Escobar, Roberto Rodríguez, José Antonio Fornaris, Amarilis Cortina, María Matienzo, Mary Karla Ares, Neife Rigau, Iris Mariño, Héctor Luis Valdés, Henry Constantín y Orelvys Cabrera.

Citados a "entrevistas", para ser interrogados o amenazados en dependencias policiales, fueron Vladimir Turró, Yadisley Rodríguez, Yusleidy Romero, Ariel Maceo, Yoe Suárez, Yadiris Luis, Mario Ramírez y Héctor Luis Valdés.

La youtuber Ruhama Fernández fue víctima de un allanamiento en su casa, en el que la despojaron de su equipo de trabajo.

El 13 de julio, la sede del medio independiente La Hora de Cuba, vivienda de Neife Rigau y Henry Constantín, sufrió un registro con más de 21 efectivos del Ministerio del Interior, mientras los periodistas estaban presos por tratar de cubrir las protestas del 11 de julio. Los agentes sustrajeron decenas de artículos de trabajo y ocio y les fotografiaron documentos y enseres privados. Les devolvieron los bienes tras ser liberados, pero algunos en mal estado.

En Santiago de Cuba sufrió registro y decomiso de bienes de trabajo el reportero José Antonio López.

Fueron multados o recibieron actas de advertencia por su trabajo los reporteros Yoe Suárez, Niober García, Iris Mariño, Rolando Rodríguez, Orelvys Cabrera, Neife Rigau, Henry Constantín y Yoel Acosta.

Cortes prolongados de sus servicios de internet y telefonía experimetaron Luz Escobar, Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Neife Rigau, María Matienzo, Abu Dujanah Tamayo.

Amenazas a sus familiares o amistades sufrieron Augusto César San Martín y Neife Rigau.

Recibieron diferentes tipos de amenazas, además de todos los que fueron citados o detenidos y que se mencionan arriba: Jorge Enrique Rodríguez, Yoe Suárez, Yaima Pardo y Nachely Rivero.

Siguen con prohibición de viajar fuera de Cuba los reporteros y trabajadores de medios: Camila Acosta, Iliana Hernández, Luz Escobar, Reinaldo Escobar, Yoe Suárez, Anais Remón, Henry Constantin, Iris Mariño, Inalkis Rodríguez, Mario Ramírez, Sol García, Yunier Gutiérrez, Julio Aliaga, Víctor Manuel Domínguez, Niober García, Boris González, Odalina Guerrero, Leydis Tabares, Roberto de Jesús Quiñones y Rosalia Viñas.

Fueron arrestadas, citadas o interrogadas fuentes periodísticas y personas entrevistadas por Camila Acosta, Nachely Rivero y Henry Constantín.

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Periodista cubana vuelve a recibir amenazas de la Seguridad del Estado en medio de investigación penal

Camila Acosta. (Foto: Facebook)

La Seguridad del Estado interrogó este martes a la periodista independiente Camila Acosta durante una citación oficial para hablar sobre el proceso de investigación penal al que está sujeta por su cobertura de los sucesos del 11 de julio.

“Fue para notificarme que van a proceder a registrar los equipos que me confiscaron en julio, el mismo día de mi detención, que me realizaron un registro en el apartamento que yo estaba rentando. En ese momento me quitaron laptop, teléfono, grabadora, memoria flash, disco duro. Entonces ahora, a más de cuatro meses, dicen que van a acceder a mis equipos. Así, como si uno no supiera que ya lo hicieron”, dijo la comunicadora en conversación con Radio Televisión Martí.

Acosta fue arrestada el 12 de julio, como parte de la ola represiva desatada por el régimen tras el estallido social. Fue sometida a intensos interrogatorios, en la unidad policial de la calle Acosta, en el municipio habanero de Diez de Octubre, y liberada el 16 de julio bajo la medida cautelar de reclusión domiciliaria.

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“Yo supongo que esto lo hicieron, un poco, para medir mi estado psicológico después de cuatro meses presa dentro de mi casa, además de para intimidarme con que puedan encontrar algo en esos equipos. Por supuesto, no van a encontrar nada, porque lo único que yo tengo ahí son cosas de trabajo y fotos de familia”.

La reportera había sido acusada de “desórdenes públicos” e “instigación a delinquir”, una situación que, aparentemente, ha cambiado.

“Ahora resulta que no estoy acusada por desorden público, sino sólo por Instigación a delinquir. Ya sabemos que ellos hacen y deshacen a su antojo”, se burló Acosta, y añadió:

“Tuvimos unas palabras, porque a veces ellos intentan hacerse los amiguitos de uno, y con esa prepotencia, ese cinismo de que ellos son la autoridad y nosotros tenemos que bajar la cabeza ante ellos. Por eso, les contestaba tajante. El interrogatorio duró menos de media hora y me negué a firmar ese documento que ellos me presentaron, en el que me decían lo que podía o no hacer en prisión domiciliaria, como leyéndome la cartilla. También me dijo: ‘ten cuidado con lo que publicas en redes sociales’”, relató.

“Por el tema de la corresponsalía que yo tengo de ABC me dijo que es mentira, porque yo no estoy acreditada. Yo le contesté que ya estoy en ese proceso, pero que, en última instancia, eso no es un delito. Me aseguró que sí lo es: ‘usurpación de funciones públicas’. Le manifesté ‘entonces acúsame de ‘usurpación de funciones públicas’, mientras tanto, vamos a hablar de ‘instigación a delinquir’, que es de lo que estoy inculpada ahora mismo”.

Camila Acosta, corresponsal en Cuba del diario español ABC, lleva casi 140 días cautiva en su casa, bajo vigilancia permanente de agentes de la policía política.

Siete agentes para vigilar a la periodista cubana Camila Acosta

Camila Acosta. (Foto perfil de Twitter)

La periodista independiente Camila Acosta denunció a través de su perfil de Twitter que el régimen comunista cubano envió un refuerzo policial para garantizar la reclusión domiciliar impuesta sobre ella desde hace cuatro meses.

Acosta denunció que desde la noche del 26 de noviembre se encuentran siete hombres, unos vestidos de civil y otros uniformados, vigilando su domicilio y sospecha que el refuerzo se debe al aniversario de la protesta pacífica frente al Ministerio de Cultura que derivó en la creación del 27N.

La periodista independiente afirmó que se encuentra sola y desarmada en su vivienda y que probablemente varios periodistas y artistas estén sitiados también como medida represiva del gobierno cubano para evitar una protesta o manifestación pacífica.

Junto los hashtags #Informarnoesundelito y #libertadparalospresospoliticosenCuba la comunicadora destacó que cuando “un gobierno teme a su pueblo” y usa como instrumento las intimidaciones y violaciones de derechos humanos, “está, irremediablemente, condenado al fracaso y al repudio actual y futuro”.

La periodista se encuentra bajo prisión domiciliaria a la espera de un juicio después que fuera detenida por cinco días por reportar las protestas del 11 de julio.

Ese día, según explicó en entrevista con Radio Martí, Acosta se centró en su papel de periodista y "en documentar lo que estaba sucediendo”.

Acosta aseguró que la prisión domiciliaria podría ser un intento del gobierno de presionarla para que opte por el exilio forzado, opción que ella se niega a tomar.

Advierten a periodista que no debe publicar nada de lo que se habló en interrogatorio con la Seguridad del Estado

El periodista independiente Rudy Cabrera. (Foto: CubaNet)

El periodista independiente Rudy Cabrera, colaborador del portal de noticias CubaNet, fue arrestado el viernes por agentes de la Seguridad del Estado en su domicilio, en El Cerro, La Habana.

Cabrera dijo a Radio Martí que durante la detención le levantaron un acta de advertencia que no firmó.

El comunicador relató que una motocicleta ocupada por “dos individuos” se detuvo a su lado, pidiéndole su documento de identificación, a lo que respondió preguntándoles quiénes eran y solicitándoles “que se identificaran”.

Cuando los oficiales de civil se identificaron, el periodista independiente puso “la alerta, dejé mi teléfono móvil y me fui con ellos para la estación. Ellos estaban interesados en por qué yo no iba a la marcha".

“El trabajo mío no es ese”, fue la respuesta de Cabrera, y los oficiales pasaron al “otro tema de las recargas (a los celulares)”, a lo cual, el periodista detenido respondió “que muchos cubanos están conscientes afuera de la situación nuestra y cualquiera me pone una recarga”.

Prohíben a periodista independiente hablar sobre interrogatorio al que fue somentido
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Con quiénes se “relacionaba" Cabrera dentro de las organizaciones opositoras en la isla fue otro de los aspectos del interrogatorio, a lo cual respondió: “con todo el mundo”.

Según Cabrera, les notificó que nunca dejaría de cumplir con su labor de periodista y, acto seguido, “trataron de introducirme el tema de Yunior (García, gestor de la plataforma Archipiélago que convocara a una manifestación pacífica por la libertad de Cuba para el pasado 15 de noviembre).

“Les dije que si ellos consideraban eso (la repentina salida de Yunior García del país) los veía muy mal. Les expliqué que el mal de todos nosotros, según ellos, eran los norteamericanos […] y les pedí que lo demostraran”.

Rudy Cabrera fue puesto en libertad después de este intercambio, no sin antes ser advertido de “que no publicara nada respecto a la conversación”. Después, le presentaron un acta de advertencia, con la que pretendían aplicarle “uno de esos decretos nuevos que han hecho ellos, y les expliqué que cualquier testimonio que diera, iba a ser apegado a lo que se habló”.

“Al final, el acta esa yo no la firmé”, concluyó Cabrera.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

HRW reitera denuncia de represión contra los que se atreven a "levantar su voz por la libertad" en Cuba

Policías caminan por la calle El Paseo del Prado en La Habana, el 15 de noviembre de 2021, día de la Marcha Cívica por el Cambio.

Human Rights Watch recordó este domingo la ola represiva que el régimen cubano ha desatado este año contra jóvenes activistas, artistas, periodistas y otros miembros de la sociedad civil que se han manifestado en su contra.

“En los últimos meses, el gobierno cubano ha encarcelado e investigado a decenas de artistas, periodistas y jóvenes que se atreven a hacer lo inimaginable en esa prisión enorme que es Cuba: levantar su voz por la libertad”, señaló en Twitter el director para las Américas de esa organización, José Miguel Vivanco.

Vivanco cita un artículo de opinión del diario ecuatoriano El Comercio titulado "Cuba Libre", en el que el columnista Óscar Vela Descalzo hace referencia a las recientes protestas que han sacudido a la isla de gobierno comunista, y la respuesta violenta que las autoridades han dado a las mismas.

"Varios grupos de jóvenes artistas y periodistas cubanos han desatado la protesta contra las violaciones a los derechos humanos que se cometen a diario en Cuba. La letra y música de aquella canción, que se ha convertido en el himno de esta revuelta, ‘Patria y Vida’, pone a temblar los cimientos de una dictadura que lleva más de seis décadas en el poder", subraya.

Vela Descalzo, abogado y novelista ecuatoriano, cuenta en su artículo como la Seguridad del Estado cubana ha desplegado una persecución brutal en contra todo aquel dispuesto a asistir a las manifestaciones pacíficas, protestar o exigir al gobierno el respeto de sus derechos.

HRW ha denunciado esta situación de forma reiterada. el 15 de noviembre, durante la jornada cívica convocada por la plataforma Archipiélago, la organización manifestó su preocupción por los reportes de detenciones arbitrarias y acoso policial a los activistas que llegaban de la isla.

El columnista recuerda también una declaración reciente de Vivanco: "Cantar una canción que no le agrada al gobierno o reportar las noticias de forma independiente son motivos suficientes para terminar preso en Cuba”, e invita a los cubanos a hacer precisamente eso.

"Pues, ha llegado entonces la hora de cantar, la hora de rebelarse, la hora de levantar la voz y alcanzar en esa anhelada libertad", concluye.

APLP denuncia "sórdida" represión contra periodistas en Cuba durante jornada del #15N

Oficiales de policía patrullan las calles de La Habana, el 15 de noviembre. (YAMIL LAGE / AFP)

La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) registró veintiséis agresiones a periodistas independientes en incidentes relacionados con la convocatoria a laMarcha Cívica por el Cambio #15NCuba.

“La prensa independiente fue una de las primeras víctimas de la represión un tanto generalizada que hubo el 15 de noviembre acá en Cuba” indicó desde La Habana, José Antonio Fornaris, director de la entidad, única de su tipo dentro de Cuba.

“Hubo agresiones a comunicadores en La Habana, Camagüey, Sancti Spiritus, Guantánamo y en Santiago de Cuba. Una agencia extranjera, la española EFE, también sufrió represalias: El día 12 en la noche, a cinco de sus periodistas le quitaron la credencial de prensa, devolvieron 2 el domingo y creo que este miércoles devolvieron 2 más de esas acreditaciones. Lógico, después de la protesta del Gobierno español”.

José Antonio Fornaris, director de la APLP
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Desde citaciones policiales y amenazas de la Seguridad del Estado, vigilancias y cercos policiales, reclusiones domiciliares y arrestos hasta ataques físicos como los ocurridos contra Jaime Leigonier en el municipio 10 de octubre y Vladimir Turro en Arroyo Naranjo, ambos en la capital del país.

“Hubo casos muy sórdidos este 15, los vergonzosos actos de repudio que además violan la ley, como todos sabemos, pero que el Estado, el Gobierno no hace nada al respecto. La Fiscalía General de la República, que dice que es garante de la legalidad, hace silencio total ante esas brutalidades. El Tribunal Supremo tampoco hace nada. Si esas personas, que dirigen esas instituciones, tuvieran vergüenza, los que dirigen esas carteras, deberían de renunciar”.

“Para nadie en definitiva fue una sorpresa todo lo que sucedió este 15 de noviembre el régimen responde como siempre, está enseñando su esencia: Es terrorismo de Estado”, recalcó Fornaris.

Periodistas reprimidos en relación a la Marcha Cívica convocada por la plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre.

La Habana

Vladimir Turró Páez. Día 5, agredido físicamente en la vía pública por tres individuos, le amenazaron con más golpes si salía de su casa el 15, ese día auto policial aparcado a pocos metros de su domicilio, y varias personas de civil junto al vehículo.

Luis Cino. Día 6, “visitado” en su domicilio por el oficial de la Policía Política que se hace nombrar Jonatan para decirle no podía salir de su domicilio el día 15.

Yoe Súarez. Día 11, amenazado en la estación policial de la barriada Siboney, municipio Playa, por el oficial de la Policía Política nombrado Osvaldo. “No salgas el 15, las condenas serán altas”, le dijo el oficial. Día 14, patrullas policiales en los alrededores de su vivienda.

María Matienzo. Día 11, cuatro autos policiales aparcados frente a su domicilio.

Luz Escobar. Día 12, Prohibición de salir de su casa hasta nuevo aviso. Vigilancia permanente en los bajos de su vivienda.

Yadiris Luis Fuentes. Día 12, citada a interrogatorio.

Agencia Efe. Día 12. Retirada la acreditación a 5 periodistas de esa agencia. La acreditación les fue retornada a dos de los cinco el día 14.

Abraham Jiménez Enoa. Día 14, informado en los bajos de su domicilio por oficiales de la Policía Política que estaba en arresto domiciliar hasta que ellos determinaran.

Jaime Leygonier. Dia 15, agredido físicamente por agentes del Ministerio del Interior cuando se disponía a salir de su vivienda. Arrestado, conducido a la estación policial de calle Lareguela, Víbora, municipio 10 de octubre, mantenido en calabozo cerca de seis horas. Día 16, citado para el mismo sitio a las 10 de la mañana. Leygonier es débil visual.

Periódico 14ymedio. Día 15, fuerzas represivas apostadas en los alrededores de la sede de ese medio digital.

Jorge Enrique Rodríguez. Día 15, arrestado por la Policía Política; cerca de 24 horas en paradero desconocido.

Julio Antonio Aleaga. Día 15, agredido verbalmente por desconocidos cuando, junto a su familia, cuando desde el balcón de su casa, a las tres de la tarde, aplaudió en apoyo a la Marcha Cívica.

Camagüey

Neife Rigau. Día 12, arrestada, conducida a la sede de la Policía Política en Camagüey, conocida como Villa María Luisa. Advertida de no participar en nada concerniente a la Marcha Cívica.

Henry Constantín. Día 12, arrestado, trasladado a la sede provincial de la Policía Política en la ciudad de Camagüey, Villa María Luisa. Advertido de no participar en Marcha Cívica del día 15.

Sancti Spíritus

Orlidia Barceló Pérez. Día 11, arrestada por agentes de la Policía Política por publicar en el boletín “El Spirituano” informaciones referentes a la Marcha Cívica del día 15 conducida a la Unidad de Instrucción Penal Provincial.

Pedro Luis Hernández. Día 11, arrestado, trasladado a la Unidad de Instrucción Penal de esa provincia por publicar informaciones sobre la Marcha del día 15 en el boletín “El Espirituano”. Amenazado de que sería juzgado si salía a la calle el día 15.

Guantánamo

Yeri Curbelo Aguilera. Día 14, Interrogado en relación con la Marcha Cívica en la estación policial conocida como “El Parque”, municipio Caimanera.

Joel Acosta Gámez. Día 14, arrestado en su domicilio por agentes uniformados, internado en la estación policial conocida como “La Punta”.

Rolando Rodríguez Lobaina. Día 14, impedido de salir de su casa por la tripulación de un auto policial aparcado frente a su domicilio.

Niober García Fournier. Día 15. Impedido de salir de su domicilio por fuerzas policiales.

Granma

Yunior Berge. Día 15. Citado a interrogatorio por la Policía Política. Advertido de consecuencias en relación con la Marcha Cívica.

Roberto Rodríguez Cardona. Día 15, vigilancia de personas desconocidas a su casa.

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