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América Latina

Remiten el Informe Bachelet a la Corte Penal Internacional

Michelle Bachelet y Juan Guaidó, en Caracas el 21 de junio de 2019 (Reuters).

La Asamblea Nacional de Venezuela acordó el martes enviar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que se incorpore a las investigaciones que adelanta ese cuerpo sobre presuntos crímenes perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro.

La decisión forma parte de un acuerdo que aprobó el Congreso, de mayoría opositora, tras un debate de más de tres horas en el que se discutió el informe que presentó la semana pasada Bachelet en Ginebra.

El informe reconoce la existencia de graves violaciones a los derechos humanos durante la gestión de Maduro, que incluye la muerte de 5,287 personas durante operativos de seguridad el año pasado.

“Lo que hemos denunciado durante años en Venezuela, la persecución, la tortura, la violación a la libertad de expresión... hoy ha rendido frutos”, afirmó el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

"A partir de ahora la comunidad internacional debe decir que Venezuela padece una dictadura”, declaró Guaidó.

En la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reposa desde el año pasado una solicitud de proceso contra el gobierno de Maduro presentada por Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, naciones que pidieron una investigación sobre crímenes de lesa humanidad que habrían perpetrado en Venezuela. Tras esa acción fueron designados tres jueces para seguir el caso.

El acuerdo de la Asamblea Nacional se da un día después que Maduro condenara el informe de Bachelet alegando que estaba “cargado de mentiras, manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos”.

"El Parlamento rechazó los ataques verbales de la cúpula gobernante en contra de Bachelet, al recordar que el documento recoge las denuncias realizadas durante más de cuatro años por la instancia legislativa, organizaciones civiles, activistas de los derechos humanos, víctimas del régimen y familiares de estas", informó el diario El Nacional.

El periódico destacó que el Legislativo otorgó el derecho de palabra al profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, quien afirmó que la crisis reflejada en el informe Bachelet documenta "la inexistencia de un Estado que solo vive por si mismo y no cubre las necesidades básicas de la población".

Agregó: "30% de los pacientes que necesitan hemodiálisis han fallecido, 5,000 pacientes con hemofilia presentan daños irreparables, esa realidad la presentó Feliciano Reyna en su informe ante la ONU".

El debate de la Asamblea Nacional coincidió con una visita al Palacio Legislativo del enviado especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, quien se reunió por segunda jornada consecutiva con Guaidó y algunos integrantes del Congreso. Iglesias sostuvo la víspera un encuentro con la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Mientras persiste la pugna política, esta semana se retomaron en la isla caribeña de Barbados las negociones entre el gobierno y la oposición para un eventual diálogo bajo la mediación de Noruega.

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EEUU sanciona a 4 funcionarios de inteligencia de Maduro

Maduro en un encuentro con militares en Caracas. (Archivo)

El gobierno de Donald Trump impuso el viernes sanciones a cuatro militares venezolanos que ejercen funciones de mando en la Dirección de Contrainteligencia Militar.

Los oficiales sancionados son el general de división Rafael Ramón Blanco Marrero, subdirector; el coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, director de investigaciones, y su predecesor, el coronel Rafael Antonio Franco Quintero, y el mayor Alexander Enrique Granko Arteaga, comandante de la unidad de asuntos especiales.

Washington ya había sancionado a la Dirección de Contrainteligencia Militar este mes tras la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que estaba detenido y bajo custodia de ese organismo.

Cualquier activo que los cuatro oficiales posean en territorio estadounidense quedará congelado y los estadounidenses tienen prohibido realizar con ellos transacciones comerciales o financieras.

Estados Unidos ha impuesto sanciones a numerosos funcionarios y empresas con la meta de remover del poder al presidente Nicolás Maduro.

Cerca de 50 países reconocen al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo de la nación sudamericana, alegando que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta.

El Salitre, la puerta de la esperanza de los venezolanos en Bogotá

Los venezolanos arriesgan sus vidas para buscar ayuda en Colombia. (Noticias ONU)

Daniel Bermejo acaba de llegar a la terminal de autobuses bogotana de El Salitre, es la una de la madrugada y viaja con su hijo Eduardo, de tan solo un año, con quien hace seis días salió de Maracaibo (Venezuela) donde dejó a su madre y a una hermana para probar suerte en Colombia.

Su esposa también va de camino a Bogotá pero viaja por separado y esperan reunirse en la capital colombiana para comenzar de nuevo porque la situación en su país no les permite siquiera soñar.

Este albañil de 27 años es uno de los más de cuatro millones de venezolanos que han abandonado su país, de los cuales al menos 1,3 millones están en Colombia.

Con Eduardo enrollado en una manta por el frío helado que hace en la estación de autobuses de Bogotá, Daniel dice que lo único que espera de Colombia es poder sacar a su hijo adelante.

Migrantes venezolanos en Colombia. (Noticias ONU)
Migrantes venezolanos en Colombia. (Noticias ONU)

Los ojos del pequeño Eduardo se hacen más grandes cuando las manos de los trabajadores del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, sigla en inglés) se acercan para darles arepas con agua de panela, una bebida caliente hecha con un derivado de la caña de azúcar.

Son la unidad de respuesta rápida de esta ONG que como su nombre indica actúan en situaciones de emergencia para ayudar, como en este caso, a las personas provenientes de Venezuela y que llegan a diario a El Salitre, la principal terminal de autobuses de Bogotá.

La misión principal del grupo es hacer una primera evaluación de las necesidades de quienes llegan a altas horas de la noche o de madrugada; al parecer el flujo de venezolanos es bastante alto y por el horario no hay organizaciones que puedan atender las carencias de los recién llegados.

Daniel salió de su país con tan solo una mochila pequeña, de color rosa, de estudiante de colegio infantil, donde a duras penas cabe algo de ropa para el bebé; 40,000 pesos colombianos (unos 12,5 dólares / 11,2 euros) y algo de comida.

Los dos han tenido algo de suerte, una señora les dejó dormir en su casa a mitad del trayecto y más tarde el conductor de un autobús los llevó hasta la capital colombiana; Daniel sabe que el golpe de suerte fue por su hijo, ya que sino los seis días de trayecto se habrían convertido en diez.

Para Daniel y el resto de venezolanos que se amontonan en la terminal es primordial la información ya que muchos llegan con total desconocimiento de a dónde ir y a qué se enfrentarán.

“Damos orientación en términos de derechos (…) darles algo de información de los riesgos que se pueden encontrar en la ruta migratoria y los requisitos para entrar a países como Ecuador y como Perú” dijo a Efe Esteban Rojas, oficial de servicios legales de la unidad de respuesta rápida del NRC.

Básicamente “todas las personas migrantes que vienen de Venezuela tienen derecho a acceder a servicios de salud de carácter urgente y a servicios de vacunación. En educación, todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar si son de Venezuela o si son de otros países, tienen derecho a acceder al sistema educativo”, añade.

Una pareja de migrantes venezolanos pinta billetes en las calles de Bogotá para protestar contra la situación económica de su país. (Archivo)
Una pareja de migrantes venezolanos pinta billetes en las calles de Bogotá para protestar contra la situación económica de su país. (Archivo)

Mientras la furgoneta del Consejo Noruego para Refugiados reparte las 200 arepas con la bebida caliente entre los venezolanos, Daniel, con lágrimas y la voz entrecortada, asegura que el trayecto ha sido muy pesado porque trae a su hijo en brazos, pero da gracias a Dios que ya está aquí.

Un recorrido de 18 horas y 45 minutos en coche a lo largo de 1,162 kilómetros separan a Maracaibo de Bogotá.

“Muchos venezolanos llegan con los pies bastante ampollados, ensangrentados en unos casos, en otros con la piel maltratada por el peso de las maletas, insolados, desnutridos y deshidratados”, asegura Rojas.

Son las tres de la madrugada y a la terminal llega un autobús desde la ciudad fronteriza de Cúcuta; bajan bastantes venezolanos y Nayibe Pérez, gerente de proyectos de este grupo de la NRC, explica a Efe que “el protocolo a seguir es verificar que los niños menores de cinco años tengan el esquema de vacunación completo”.

Muchos de los menores venezolanos que entran a Colombia por tierra llegan sin vacunas, solo con las de recién nacidos, como BCG o hepatitis B, y por eso en el puesto de salud instalado en El Salitre se les aplican las del sarampión, difteria y varicela para que puedan continuar su viaje.

Los miembros de la unidad de respuesta rápida o “grupo de la esperanza”, como les bautizó uno de los venezolanos de la terminal, han dado desde octubre de 2018 asistencia humanitaria a 1,400 personas.

En su primera noche en Bogotá Daniel y Eduardo dormirán acompañados, lo harán en el suelo de la terminal con una veintena de hijos y padres que como ellos buscan una segunda oportunidad.

Su próximo destino será Tunja, en el vecino departamento de Boyacá, donde el bebé esperará en una guardería mientras su padre busca trabajo “de lo que sea”, como dice, “aunque sea vendiendo dulces” en la calle.

Periodistas encarcelados por Ortega ganan Premio Internacional de Libertad de Prensa

De izq. a der. Lucía Pineda, Miguel Mora y su esposa Verónica Chávez celebran su excarcelación el 11 de junio en Managua. AP/Alfredo Zúñiga

Los dos periodistas de 100% Noticias –canal noticioso por cable y digital, uno de los más importantes medios independientes de Nicaragua- Lucía Pineda y Miguel Mora, fueron liberados el pasado 11 de junio tras permanecer 172 días “enterrados en vida”, según las propias palabras de los periodistas en entrevista concedida al Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés.

Tras recibir gran cantidad de amenazas a partir de las primeras coberturas de las manifestaciones populares del mes de abril del pasado año, ambos fueron detenidos, junto a su colega Verónica Chávez, el 21 de diciembre de 2018 en la misma sede del diario.

“Entraron con brutalidad -recuerda Mora- sabían que estábamos trabajando y llegaron como si estuviéramos en una fortaleza con armas, nos sacaron de allí como si fuéramos delincuentes, como si fuéramos una especie de jefes del narcotráfico”.

Chávez fue liberada horas después de su detención, mientras Pineda y Mora eran trasladados a la tristemente célebre cárcel El Chipote.

“Estábamos encerrados en celdas de total aislamiento, como pequeñas tumbas. Las ventanas eran muy estrechas. No hablaba con nadie. Básicamente estábamos enterrados en vida”, añade Mora.

“Fue una tortura sicológica estar allí –cuenta Lucía Pineda- pasé dos semanas defecando en mi mano. Se llevaron mis anteojos, tenía un dolor terrible en los ojos, y ellos no me ayudaron. Me interrogaron más de treinta veces, cuestionaron nuestro trabajo, y querían obligarme a que le ofreciera disculpas al presidente Ortega”.

Tras su reciente liberación y conocer que ambos han sido galardonados con el Premio Internacional de la Libertad de Prensa, que les será entregado el próximo mes de noviembre, Miguel Mora declara:

“Nos hemos convertido, sin quererlo, en los abanderados del periodismo en Nicaragua y un ejemplo de lo que es el periodismo en tiempos cruciales. Estamos contentos de recibir el Premio Internacional de la Libertad de Prensa de 2019 en nombre de todos los periodistas que, por mucho tiempo, han arriesgado su vida por el simple acto de salir a reportear en las calle de Nicaragua.”

Otros premiados

Otros periodistas que serán premiados por el CPJ en 2019 son:

Patrícia Campos Mello, periodista y columnista del diario brasileño Folha de S.Paulo. Durante la campaña para las elecciones presidenciales de Brasil en 2018, Campos Mello fue objeto de ataques en las redes sociales y su privacidad fue violada en respuesta a artículos suyos en los que denunciaba que partidarios del entonces candidato presidencial Jair Bolsonaro presuntamente habían patrocinado envíos masivos de mensajes en WhatsApp.

Neha Dixit, periodista investigativa freelance india que se dedica a cubrir el tema de los derechos humanos. Ella ha sido blanco de amenazas físicas y judiciales, así como del acoso en las redes sociales, luego de informar sobre presuntos actos ilícitos de grupos nacionalistas de derecha y la policía.

Maxence Melo Mubyazi, campeón de la libertad de expresión digital en Tanzania, y cofundador y director gerente de Jamii Forums, un sitio web de debate digital y fuente de noticias en desarrollo. Melo ha sido procesado judicialmente en virtud de la restrictiva Ley contra el Ciberdelito de Tanzania y, en 2017, compareció en los tribunales en 81 ocasiones.

El Premio Gwen Ifill de la Libertad de Prensa de 2019, que el CPJ otorga para homenajear una trayectoria extraordinaria y sostenida a favor de la libertad de prensa, se entregará a Zaffar Abbas, director del diario pakistaní Dawn. Abbas, quien tiene décadas de experiencia en el ejercicio del periodismo en Pakistán, ha dirigido Dawn desde 2010. Bajo su liderazgo, Dawn y sus periodistas con frecuencia han sido objeto de la presión gubernamental.

Expresidente peruano Alejandro Toledo arrestado en California

Alejandro Toledo en su campaña presidencial el 7 de abril de 2011. Foto Archivo AP/Martin Mejia.

El expresidente de Perú Alejandro Toledo fue arrestado el martes en su residencia de California y aguarda una decisión de la Justicia estadounidense para su posible extradición.

Toledo está acusado de haber recibido coimas de hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecerlo en sus negocios en Perú cuando estaba en a presidencia.

El actual presidente de Perú, Martín Vizcarra, había prometido que lo llevaría ante la Justicia antes de dejar su cargo de Presidente de la República.

"Alejandro Toledo estará aquí afrontando a la justicia. Es un compromiso que asumo", aseguró el mandatario en una entrevista a Radio Santa Rosa a finales de 2018.

El martes tras conocer la detención del expresidente Toledo, Vizcarra declaró: “Tenemos que ser conscientes que la justicia puede tardar, pero llega. Hoy también, hemos tomado conocimiento de la detención del expresidente Alejandro Toledo en Estados Unidos, iniciando un proceso de extradición que esperemos que se cumpla en el menor plazo posible”.

“Todas las personas y principalmente las autoridades deben dar cara a la justicia. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y tienen que tener la valentía de enfrentar a la justicia aquí en el país, donde debe ser”, dijo el actual presidente.

La situación de Toledo, que gobernó Perú entre 2001 y 2006, quedó en manos de jueces de California, que debatirán ahora si debe ser enviado a su país para afrontar las

Toledo ha denunciado que está siendo víctima de una persecución política.

La constructora brasileña Odebrecht ha causado el mayor escándalo por sobornos de la historia de Brasil y en el caso de Perú ha reconocido haber ofrecido pagos multimillonarios para emprender grandes proyectos de obras públicas durante los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

[Con información de agencias, redes sociales, periódico Gestión y Canal N]

Human Rights Watch pide a EEUU más presión sobre Daniel Ortega

Testimonio gráfico del sentimiento popular en Nicaragüa

Human Rights Watch presentó este martes un amplio informe sobre la represión del régimen Daniel Ortega-Rosario Murillo contra la población nicaragüense desde abril del pasado año.

En este documento, la organización defensora de los derechos humanos subraya la necesidad de que el Gobierno de Donald Trump tome medidas, aplicando sanciones tanto a Ortega como a la cúpula del poder que lo secunda.

“Ortega y otros altos funcionarios nicaragüenses" –advierte José Manuel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch- "creen que pueden cometer impunemente abusos aberrantes sin enfrentar ninguna consecuencia".

"La imposición de nuevas sanciones por el gobierno de Estados Unidos es clave para redoblar la presión sobre las autoridades nicaragüenses para que pongan fin a los abusos y restablezcan las garantías básicas de derechos humanos en Nicaragüa”, recalcó Vivanco.

En ese contexto, Human Rights Watch dio su respaldo a los esfuerzos de los senadores Bob Menéndez y Ted Cruz, quienes enviaron una carta a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, en la que manifiestan su preocupación por las constantes violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

En dicha carta, ambos senadores resaltan el ensañamiento en las torturas y vejaciones a los manifestantes detenidos por parte de la Policía Nacional y los grupos paramilitares, y piden sanciones para Daniel Ortega y otros ocho funcionarios.

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