Las reformas a las leyes sobre medios de radio y televisión fueron aprobadas el 20 de diciembre por la Asamblea Nacional, donde los aliados del presidente Hugo Chávez tienen la mayoría absoluta.
"Los cambios incorporan restricciones indiscriminadas a la información que se difunde en Internet, refuerzan las restricciones que ya se aplican a los contenidos de radio y televisión y permiten al gobierno rescindir licencias de transmisión de manera arbitraria", precisó la entidad civilista.
Una ley aprobada el 22 de diciembre prohíbe que las organizaciones de derechos humanos reciban financiamiento del extranjero o que fomenten el diálogo público en Venezuela con organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de derechos.
"Chávez y sus partidarios hacen sentir cada vez más el poder que tiene el gobierno para castigar a sus críticos", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Y su intolerancia frente al disenso tiene ahora un nuevo objetivo en la mira: Internet".
Estos comentarios los hizo horas antes de que la Legislatura en Caracas aprobara una ley que le da a Chávez un mayor control sobre las universidades, lo que provocó una ola de protestas de estudiantes este jueves.
La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, aprobada el día 20, extiende a Internet restricciones a la libertad de expresión, y usa un lenguaje ambiguo que puede llevar a la autocensura, dijo Human Rights Watch.
Según la nueva ley:
No está permitida la difusión a través de medios electrónicos de mensajes que "fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público", "inciten o promuevan la desobediencia del ordenamiento jurídico vigente", "desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas" o "inciten o promuevan el odio y la intolerancia".
CONATEL, órgano gubernamental que regula a los medios de comunicación (radio y televisión), podrá ordenar a los proveedores de servicios de Internet que restrinjan el acceso a sitios web que contengan expresiones que se considere que transgreden las restricciones anteriores.
Se aplicarán multas a los sitios web y prestadores de servicios que incumplan estas órdenes. Los proveedores de Internet podrán ser sancionados con multas de hasta el 4 por ciento de sus ingresos brutos correspondientes al ejercicio fiscal anterior.
La Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional (del día 22), impide que los defensores de derechos humanos de Venezuela reciban ayuda internacional y limita gravemente su capacidad de fomentar el diálogo público con expertos extranjeros que sean críticos de las políticas de Chávez.
Según dispone la ley:
Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a "la defensa de los derechos políticos" o a "ejercer control sobre los poderes públicos" no podrán recibir financiamiento extranjero.
Los extranjeros invitados a Venezuela por estas organizaciones serán expulsados del país en forma sumaria cuando emitan opiniones que "ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía".
Las organizaciones que los auspicien podrán ser sancionadas con severas multas, y sus directivos podrán perder el derecho a postularse a cargos públicos por un período de hasta ocho años.
Vivanco fue claro: "La ley otorga al gobierno de Chávez aval jurídico para que extienda su práctica ya habitual de intimidar a los defensores de derechos humanos e intentar mantener a los defensores extranjeros alejados del público venezolano".
Añadió que Chávez y sus partidarios han intentado sistemáticamente desacreditar a defensores de derechos humanos locales mediante acusaciones infundadas de que son financiados por el gobierno estadounidense.
En julio, por ejemplo, en un dibujo animado que se difundió a través de la televisión estatal, se representó a un conocido defensor de la libertad de expresión con un maletín repleto de dólares.
Mientras tanto, el gobierno de Chávez se ha negado a permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo misiones de investigación en Venezuela. Y en septiembre de 2008, detuvo por la fuerza y expulsó en forma sumaria a dos miembros de Human Rights Watch después de que presentaran un informe en Caracas.
Pulse en el audio para escuchar el informe de Luis Alberto Muñoz.
