América Latina
La crisis de Venezuela se evidencia también en la Faja del Orinoco
El deterioro de la industria es evidente en toda la faja petrolífera, desde las obras suspendidas de seis plantas de prerrefinación hasta los lotes vacíos. Un reportaje de AP explora el lugar.
No hay manera de que pase desapercibida la montaña de hollín tóxico que se yergue a un lado de la carretera sobre los soleados matorrales del oriente de Venezuela.
La acumulación de un derivado del petróleo conocido como "coque" no es sólo un peligro ambiental que contamina el aire de las comunidades vecinas, sino un símbolo de desaprovechamiento y de la promesa incumplida de la industria petrolera, que hoy día resulta más vital que nunca para la salud económica de Venezuela.
Durante años, la petrolera estatal PDVSA exportó coque con grandes ganancias. Pero un incendio en 2009 inhabilitó una banda transportadora que lo llevaba a los barcos. Desde entonces, las exportaciones casi se han paralizado y el residuo se ha ido acumulando, lo que representa millones de dólares al día en ingresos perdidos en una era de profunda crisis económica marcada por carestías generalizadas y una inflación desbordada que alcanza el 68%.
Se suponía que así no iban a ser las cosas.
Las negras dunas se asientan a la entrada de lo que durante mucho tiempo fue conocido como Faja Petrolífera del Orinoco y que el año pasado fue renombrada como Faja Petrolífera Hugo Chávez, en honor al difunto presidente.
En esa zona, del tamaño de Costa Rica, se ubican las reservas petroleras más grandes del mundo, y cerca de la mitad de la producción actual de crudo de Venezuela. Chávez viajó a esta región, desarrollada por compañías estadounidenses en la década de 1930, cuando decidió terminar con la propiedad extranjera de la riqueza petrolera nacional.
"No puede haber proyecto socialista si el país no tiene el control de su riqueza, de sus recursos", declaró Chávez el Día del Trabajo del 2007 al anunciar que cancelaría contratos de miles de millones de dólares con las compañías petroleras extranjeras.
Pero el mal manejo económico, agravado por el reciente desplome de los precios del crudo, ha creado graves problemas para la industria petrolera, dicen analistas.
Luego de una huelga en 2002-2003, Chávez expulsó a miles de trabajadores de PDVSA y llenó la nómina con partidarios del Gobierno que carecían de capacitación y experiencia. Mientras usaba los ingresos generados por los altos precios del petróleo en proyectos sociales, la compañía acumulaba deudas y postergaba inversiones. El resultado, de acuerdo con analistas, ha sido un continuo declive en la producción, de 3.3 millones de barriles diarios en 1998 –el año previo al ascenso de Chávez al poder– a los actuales 2.4 millones de barriles.
El deterioro de la industria es evidente en toda la faja petrolífera, desde las obras suspendidas de seis plantas de prerrefinación necesarias para el transporte del crudo pesado de la región, hasta los lotes vacíos en su mayor parte donde Chávez firmó acuerdos de perforación con aliados antiestadounidenses como Bielorrusia, Cuba e Irán.
Unos trabajadores que tomaban un descanso junto a un camino sin pavimentar dijeron que, hace seis meses, la empresa para la que trabajan –Tucker Energy Services, contratista de PDVSA– les pedía preparar seis nuevos pozos cada semana. Ahora esa cifra ha caído a la mitad, y temen que baje todavía más.
"Somos la chequera del país... si se va la chequera, se hunde el país", dijo el técnico Argenis Santos.
El presidente Nicolás Maduro, cuya tasa de aprobación ha caído a cerca de 25%, no tiene más remedio que depender de PDVSA para ayudar a Venezuela a recuperarse, y ha estado tratando discretamente de atraer de nuevo a algunas de las empresas perforadoras extranjeras rechazadas.
Aun en su deteriorado estado, el petróleo sigue siendo vital para la economía, ya que representa 96% de las exportaciones. Y, a diferencia de la fractura hidráulica en Estados Unidos o de los pozos en aguas profundas de Brasil, cuya explotación se ve amenazada por el desplome de casi 50% en los precios del crudo, el volumen de petróleo venezolano de fácil extracción haría rentable su producción casi a cualquier precio, aunque no tanto a los niveles actuales.
Si bien la producción en la faja se ha expandido gradualmente, ha declinado en viejos pozos de otras regiones, y los economistas dicen que los proyectos en la región avanzan demasiado lento para ayudar a mitigar la crisis o para acercarse a la meta de Chávez de producir seis millones de barriles al día en el 2019.
Algunas de las compañías estatales que Chávez trajo para remplazar a las perforadoras privadas, como PetroVietnam y Petronas, de Malasia, han detenido su producción o han abandonado el país debido a la turbulencia económica local y a diferencias con el Gobierno de Maduro.
Mientras tanto, las exportaciones petroleras de Estados Unidos a Venezuela, en gran medida aditivos para diluir el crudo pesado venezolano, se han multiplicado por 12 en la última década debido a la falta de mantenimiento en las refinerías locales.
The Associated Press solicitó reiteradamente una entrevista a PDVSA, pero la compañía no brindó ninguna.
Al viajar por la desatendida región, es fácil ver por qué la decisión de Chávez de expulsar a las petroleras extranjeras sigue siendo popular. En el poblado de San Tomé, los campamentos de trabajadores llenos de árboles construidos por la empresa Gulf Oil, de Andrew Mellon, dan testimonio de las condiciones de vida discriminatorias que imperaron durante décadas. Los estadounidenses gozaban de un club campestre en lo que todavía se conoce como Campo Norte, mientras que sus colaboradores venezolanos vivían en el menos espacioso Campo Sur al otro lado del camino.
Francisco Rivas Lara, quien siendo un adolescente empezó a trabajar en la industria petrolera venezolana en la década de 1940 como asistente de oficina en Texaco, cree que la nacionalización fue el camino correcto luego de décadas de dominio de las multinacionales. Pero dijo que la corrupción y el favoritismo para escoger a políticos en lugar de a profesionales capacitados son responsables de la condición actual de la industria.
"El dinero no tiene patria y las compañías transnacionales no tienen corazón", dijo Rivas, quien dirige actualmente el programa de ingeniería petrolera en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Bolivariana. "La gente ha confundido el socialismo con vagabundería, con sinvergüencería, con corrupción y con robo".
Ante las crecientes presiones económicas, Maduro ha aflojado algunos de los rígidos controles del país a la inversión extranjera. A cambio de préstamos, las compañías reciben mayor control de los proyectos y tienen acceso a un tipo de cambio más favorable. Hasta ahora, Repsol de España y Chevron han aceptado la oferta.
Los inversionistas también acogieron con beneplácito la llegada de Eulogio del Pino como presidente de PDVSA, en remplazo del añejo zar petrolero Rafael Ramírez. Del Pino, un tecnócrata educado en la Universidad de Stanford, es visto como un personaje menos político.
Pero los analistas dijeron que la mayoría de las compañías invierten lo mínimo a la espera de que mejore el ambiente para negocios. En tanto, la falta de divisas es tan grave que Maduro ha planteado la posibilidad de vender Citgo, la subsidiaria estadounidense de PDVSA. También prometió elevar los precios de la gasolina, que son los más bajos del mundo y que muchos venezolanos consideran un derecho de nacimiento.
No obstante, parece improbable que tales medidas alivien la crisis económica. "Sería un milagro mantener los actuales niveles de producción", dijo Richard Obuchi, economista y especialista en energía de Caracas. "La industria necesita un salto de inversión que es prácticamente imposible dada la incertidumbre económica".
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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
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