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Derechos Humanos

Líder opositor cubano pudiera ser condenado a cerca de tres años de cárcel

José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MOPNR) y Delegado Nacional del Movimiento Democracia.

Fiscalía pide dos años y ocho meses de privación de libertad para el opositor José Díaz Silva, por el cargo de amenaza, según declaró a Radio Televisión Martí el líder del Movimiento Opositores por una Nueva República.

La sentencia quedó reflejada en un documento entregado este lunes al acusado, en el Tribunal Municipal Popular de Boyeros, en La Habana.

"Me dieron un documento que dice tengo la petición fiscal de una denuncia que me está haciendo una señora (Danay Castro) que el año pasado la cogí yo dentro del patio de mi casa robándome los plátanos (...) En el documento que me dieron solamente dice de lo que está hablando la señora y no se habla de los hechos como fueron, lo que está hablando de los inventos y patrañas que entre la policía, esta señora y la Seguridad del Estado han escrito y han puesto hoy en el documento", declaró el opositor a Radio Televisión Martí.

Declaraciones del opositor José Díaz Silva
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El también representante del Movimiento Democracia en la isla explicó que, aunque no tiene fecha de juicio, el documento indica que debe buscar un abogado en un plazo de cinco días.

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Policía detuvo por horas a Berta Soler y Angel Moya en unidades policiales del Cotorro y Cojímar (VIDEO)

Una patrulla de policía vigila las calles de La Habana en medio de nuevas medidas restrictivas por el repute de casos de coronavirus.

Aproximadamente 7 horas estuvieron detenidos este miércoles Berta Soler, líder de las Damas de Blanco y su esposo el opositor Ángel Moya.

Ambos se habían manifestado pacíficamente en La Habana y en sus redes sociales mostrando fotos de Orlando Zapata Tamayo y de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate, víctimas todos del régimen cubano.

Berta Soler ofreció a Radio Martí el testimonio de la detención en que Moya fue conducido a la estación de policía de Cojímar y Soler a la unidad policial del Cotorro.

Declaraciones de Berta Soler
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Aniversario de la muerte de Zapata Tamayo

Reina Loyna Tamayo, madre de Orlando Zapata, sostiene una foto de su hijo fallecido a causa de una huelga de hambre. Foto tomada el 20 de junio de 2010. REUTERS/Desmond Boylan

Orlando Zapata Tamayo falleció el 23 de febrero de 2010, hace hoy 11 años, en un hospital de La Habana a los 42 años, tras una prolongada huelga de hambre de 86 días en protesta por sus condiciones de encarcelamiento y el respeto a los derechos carcelarios de los reclusos.

Su muerte subrayó "la necesidad urgente" de que expertos internacionales en derechos humanos visitaran el país y velaran por el cumpliemiento de las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, alertó entonces Amnistía Internacional, que lo había declarado prisionero de conciencia.

Zapata Tamayo fue encarcelado como parte de la ola represiva conocida como la Primavera Negra. Fue arrestado en marzo de 2003 y en mayo de 2004 fue sentenciado a tres años de prisión por "falta de respeto", "desorden público" y "resistencia". Posteriormente fue juzgado varias veces por otros cargos de "desobediencia" y "desorden en un establecimiento penal", la última vez en mayo de 2009. Cumplía una condena total de 36 años.

Durante la huelga de hambre y como un castigo ejemplar lo mantuvieron incomunicado y le retiraron de la celda todas sus pertenencias y el agua, aún cuando el opositor no había renunciado a beberla, denunciaron varios opositores.

Al tiempo que su salud empeoraba y los reclamos de familia y activistas en las afueras de la cárcel se intensificaban, fue trasladado a la cárcel camagüeyana de Kilo 7.

El disidente inició esta acción extrema después de que el Gobierno se negara a aceptar sus demandas, entre ellas, el cese de las golpizas que propinan los oficiales de orden interior en cárceles cubanas, vestir ropa blanca (que distinguía su condición de preso político) y no el uniforme de recluso común y exigir que se mejoraran las condiciones carcelarias en todo el país.

Su muerte desató una campaña internacional que exigió la liberación de todos los presos políticos cubanos. Activistas, intelectuales, escritores, artistas, políticos cubanos y extranjeros apoyaron el reclamo “#OZT: Yo acuso al gobierno cubano”.

"La trágica muerte de Orlando Zapata Tamayo es una terrible muestra de la desesperación que enfrentan los presos de conciencia que no ven ninguna esperanza de ser liberados de su encarcelamiento injusto y prolongado ", dijo Gerardo Ducos, investigador caribeño de Amnistía Internacional en un comunicado publicado a raíz de la muerte del opositor cubano.

Los restos de Zapata fueron exhumados y trasladados a Miami en junio del 2011. Permanecieron depositados en el Mausoleo de los Veteranos de Bahía de Cochinos hasta que la familia decidió mudarse a Kentucky.

Cada año la muerte del activista es recordada dentro y fuera de Cuba por sus compañeros de ideas.

Miembros de la Academia Julio Machado, en Placetas, posaron con carteles de "Zapata Vive".
Miembros de la Academia Julio Machado, en Placetas, posaron con carteles de "Zapata Vive".

Este martes miembros de la Academia Julio Machado, en Placetas, posaron con carteles de "Zapata Vive" desde la vivienda del joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo.

"La resistencia interna en Placetas nunca olvidará su legado y sacrificio porque Orlando Zapata Tamayo VIVE !!!", indica un mensaje que acompaña las fotografías donde se afirma que "su ejemplo sigue vigente y su valor representa la más dura bofetada moral para sus verdugos".

El Movimiento Cristiano Liberación (MCL) también recordó este 23 de febrero a Zapata Tamayo. Su coordinador nacional, el médico opositor Eduardo Cardet, dijo a Radio Martí, que Zapata continúa presente, como también su legado.

Eduardo Cardet sobre Zapata Tamayo
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Desata indignación la exhibición en televisión estatal del interrogatorio a dos menores

Uno de los jóvenes, en el Noticiero Estelar de la Televisión Nacional.

En su desmedida carrera por desacreditar a la oposición pacífica y, supuestamente, demostrar “acciones terroristas” instigadas desde el extranjero, el régimen cubano se denigra a sí mismo.

Esa es la opinión generalizada tras un reporte del Noticiero de la Televisión Nacional en el que se muestra el interrogatorio a dos menores de edad sin la presencia de sus padres o un abogado que los asista.

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Dioni Omar Revé Quiala, de 17 años, y Brailon Lionatan Frómeta Limonta, un año menor, declararon haber recibido 1000 pesos por tirar piedras a centros estatales y al transporte urbano de la provincia de Guantánamo.

Según afirman, fueron contactados en las redes sociales para "tirar piedras a las tiendas, a las guaguas, al Campanario, al supermercado y al círculo" infantil de la localidad guantanamera donde residen.

“La invasión de la vida privada de dos menores en la Televisión Nacional es una violación de los derechos del niño. El Estado cubano firmó y ratificó en 1991 la Convención de los Derechos del Niño y tiene obligaciones con respecto a este tipo de actos”, indicó a Radio Televisión Martí, Laritza Diversent, directora del Centro de Asesoría Legal Cubalex, con sede en Maryland, Estados Unidos.

“El Comité de los Derechos del Niño deja bien claro que el Estado adopte medidas para que la vida privada de los menores de 18 años no sea expuesta en los medios de comunicación o comunicados de prensa, aunque esos menores tengan la edad mínima requerida para la responsabilidad penal, que en Cuba es a los 16 años. Mucho menos respondiendo a un interrogatorio donde, claramente, no se cumplieron las garantías del debido proceso: El niño está solo, no está acompañado de un abogado, nunca se ve el interrogador”, apuntó Diversent.

Los videos, filmados por el Ministerio del Interior, de dos adolescentes inculpándose se exhibieron en la emisión estelar del noticiero y se compartió en las redes sociales de los medios de comunicación estatales como la Mesa Redonda, el programa de Canal Caribe, entre otros.

“A los niños los sacaron vestidos de presos. Un trato humillante. Ya no es, solo, revelar el rostro, ni siquiera los pixelaron. El estigma que ahora tienen esos muchachos, para el resto de sus vidas”, lamentó la abogada.

Asimismo, se refirió a la Fiscalía, principal órgano garante de la niñez y su obligación de proteger por encima de cualquier otro interés, el del niño.

“Deja en duda cuál es la protección que está ejerciendo el Estado y las instituciones responsables de velar por los derechos de los niños en Cuba, especialmente la Fiscalía, que, además de ser una de las instituciones parte del proceso penal, debe proteger los derechos de los menores. Y en este caso no ocurrió”, resaltó la jurista.

El escritor y periodista Jorge Enrique Rodríguez dijo a nuestra redacción que, además de la transgresión a los derechos de esos menores, de filmar, de hacer públicas sus identidades, los están usando como culpables para exculpar y justificar la represión y las campañas de difamación.

“Estamos hablando de un régimen que toda la vida ha dicho que su principal preocupación siempre ha sido la protección de los niños y las niñas en Cuba. Con esto ha echado por la borda todo ese discurso retórico que han armado durante tantos años”, dijo.

Por otro lado, subrayó Rodríguez, para utilizar la imagen de esos menores de edad deberían contar con la autorización de sus padres. “¿Cuál fue la coacción que ejercieron sobre ellos para que permitieran tal ignominia?”.

Luego de la protesta de miembros del Movimiento San Isidro y la congregación de cientos de artistas y activistas frente al Ministerio de Cultura, a finales de noviembre del pasado año, el régimen ha insistido en divulgar presuntas acciones terroristas financiadas desde el exterior, las cuales tratan de vincular con actores de la Sociedad Civil independiente cubana.

Tribunal Supremo no entrega acta de sentencia a Denis Solís por considerarlo "improcedente"

Denis Solís.

El Tribunal Supremo de Cuba respondió al rapero Denis Solís, sentenciado a ocho meses de cárcel por el delito de desacato, que no puede entregarle por escrito una copia de la sentencia judicial de su caso porque "es improcedente".

La familia de Solís había solicitado en diciembre del pasado año una copia del acta de sentencia del rapero, dijo entonces a Radio Martí su tío, Vladimir Lázaro González Scull. Las autoridades le informaron que en los juicios sumarios "todo es oral, nada es escrito", y que ese procedimiento estaba tipificado en la ley, pero no le entregaron un documento con la explicación.

No fue hasta inicios de febrero que la familia recibió por escrito la respuesta de que "es improcedente", según consta en el acta 129/2021, fechada el pasado 28 de enero, reportó este sábado el portal de noticias Cibercuba.

En la carta, le informaron además que, aunque no le den copia del documento solicitado, eso no significa que le estén negando una certificación de sentencia.

El régimen viola sus propias leyes

La forma de proceder del tribunal es "algo que ocurre con frecuencia en la isla", dijo el abogado Edilio Hernández, director del Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana a Radio Televisión Martí.

Declaraciones de Edilio Hernández
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Los tribunales casi nunca se atienen a la ley cuando la familia presenta reclamaciones a favor del enjuiciado, "buscan cualquier pretexto o justificación para no darles respuestas, y con eso lo que hacen es violar sus propias leyes”, precisó.

Denis Solís fue sancionado en noviembre del pasado año en el Tribunal Municipal de La Habana Vieja a ocho meses de prisión, en un juicio celebrado al día siguiente de su arresto por el presunto delito de desacato a un policía. El joven fue trasladado a la cárcel de inmediato.

El rapero y su familia sostuvieron que el que infringió la ley fue el uniformado, al invadir la morada sin autorización.

Sobre el caso, Hernández dijo que "el policía cometió otras infracciones".

Detalló que, "además de la invasión de la morada hubo violación de la privacidad, hizo abuso de autoridad y ejerció coacción, de ahí que en un marco legal justo no procede la acusación, quedaría nula de inmediato”, detalló.

Señaló que en Cuba casi nunca los tribunales quieren reconocer que se equivocan, y que aplican una sentencia injusta o desmedida, y esto coincide con lo ocurrido contra el rapero.

“Él no cometió ninguna infracción, no hay razón ninguna para imponerle esa sanción”, recalcó.

Hernández, que ha estado al tanto desde el Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana de decenas de casos, dijo que los delitos de desacato resistencia, atentado y lesiones figuran entre las más usadas por las autoridades contra los ciudadanos.

El jurista recordó que recientemente ocurrió una situación similar contra el joven Luis Robles Elizástegui, detenido en La Habana por portar un cartel en el que pedía la libertad Solís.

"También en ese caso los cargos que pesan contra él no tienen nada que ver con lo que hizo", recordó el jurista.

El Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana es una organización independiente que ayuda a quienes buscan orientación profesional para poder presentar recursos legales ante los tribunales cubanos.

Según el abogado, ha estado al tanto de decenas de casos de ciudadanos y ha podido constatar que en la mayoría de ellos "quienes cometen las violaciones son las propias autoridades”, concluyó.

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