El abogado defensor Otto Ramírez alega que sus clientes son inocentes y que no estuvieron en el lugar de la masacre.
Según un informe de la Comisión de la Verdad, respaldado por Naciones Unidas en 1999, soldados del ejército y fuerzas paramilitares violaron a mujeres y aplastaron las cabezas de niños contra piedras durante la masacre de 143 indígenas mayas en el pueblo de Río Negro.
Los sobrevivientes dicen que los acusados, también indígenas mayas, fueron enviados a matar a los residentes de Río Negro porque éstos se negaban a abandonar sus tierras para la construcción de una represa financiada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.