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América Latina

Juez desestima denuncia de Nisman contra la Presidenta argentina

El rabino Alberto Zellicovich (i) sostiene una pancarta donde se lee "Yo soy Nisman" (18 de febrero, 2015).

El juez federal dijo que "no están dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación penal" a partir de la denuncia presentada por Nisman el pasado 14 de enero.

El juez federal Daniel Rafecas desestimó el jueves la denuncia que había presentado el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de ser los responsables del peor atentado terrorista ocurrido en Argentina, lo que le da un respiro a la mandataria en el momento más difícil de su gestión.

El Juez dijo que "no están dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación penal" a partir de la denuncia presentada por Nisman el pasado 14 de enero, informó el Centro de Información Judicial.

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero, cuatro días después de acusar a la Presidenta, al canciller Héctor Timerman, a un diputado oficialista, a dos supuestos espías, a un referente de la comunidad iraní en Buenos Aires y a dirigentes sociales afines al Gobierno de haber participado en un plan para "garantizar la impunidad" de los ocho iraníes acusados de idear el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina, que causó 85 víctimas fatales.

Su muerte, que la justicia investiga para determinar si fue un suicidio o un asesinato, generó una crisis política e institucional en el país.

La denuncia de Nisman había sido avalada días atrás por su colega el fiscal Gerardo Pollicita, que la reavivó al entender que había sospechas fundadas para investigar a la mandataria y había pedido al juez que autorizara la práctica de una serie de pruebas para avanzar en la investigación.

Pero, según Rafecas, ninguna de las hipótesis defendidas por Pollicita, al avalar la denuncia del fallecido Fiscal, "se sostienen mínimamente" y el "presunto delito nunca se cometió".

De su análisis de los elementos del caso presentados, el juez concluyó que "inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descripto como una supuesta maniobra de 'encubrimiento' y/o 'entorpecimiento de la investigación' del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní, sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto 'plan criminal' denunciado".

Fernández y funcionarios del Gobierno descalificaron la denuncia del fallecido Fiscal y la atribuyeron a un complot ideado por un ex agente de Inteligencia que fue destituido en diciembre y que era cercano al investigador.

La comunidad judía reaccionó a la decisión de Rafecas diciendo que "merece el mayor de los respetos", según declaró el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Julio Schlosser. "Uno se siente sorprendido, pero no frustrado", dijo Schlosser. "Si dijeran que ya no puede saberse más sobre el asesinato de 85 personas".

Nisman basó buena parte de su denuncia en escuchas telefónicas que fueron autorizadas por la justicia en el marco de la investigación del atentado contra el centro judío ocurrido en 1994.

Las escuchas involucraron a dirigentes sociales cercanos al Gobierno que, en público, mostraron una actitud antisemita y a un dirigente de la comunidad iraní que, según infirió Nisman de las intervenciones telefónicas, mantuvo al tanto a uno de los acusados del atentado del supuesto plan para lograr la impunidad de los imputados.

Fernández y el canciller Timerman no aparecen hablando en las escuchas pero son mencionados por algunos de los imputados en ese supuesto plan de encubrimiento, subrayó Nisman en su denuncia, la más grave recibida por la mandataria en sus más de siete años de gobierno y que se suma a otras acusaciones entre las que se cuenta una por presunto lavado de dinero.

La decisión del juez puede ser apelada por Pollicita ante el fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes.

Roberto Bacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública, dijo a The Associated Press que la medida tomada por Rafecas "le da aire al Gobierno".

El analista señaló que desde el 18 de enero, cuando el Fiscal fue hallado muerto en su departamento cuatro días después de denunciar a la Presidenta, el Ejecutivo "venía recibiendo sólo malas noticias". "Si había algo que impactaba en la opinión pública era la muerte de Nisman. Sin dudas el más perjudicado fue el Gobierno", dijo Bacman, para quien Fernández "sigue teniendo una buena imagen del 41%".

El analista Ignacio Fidanza, director del portal La Política Online, dijo que Rafecas está "condicionado" por ser un juez que ha afrontado varias solicitudes de destitución impulsadas por el oficialismo. Una de esas solicitudes derivó del manejo que hizo de la investigación contra el vicepresidente Amado Boudou, por la supuesta compra irregular de una imprenta que produce el papel moneda argentino.

Rafecas fue apartado de esa causa porque un tribunal consideró que había incurrido en la presunta violación de la reserva del sumario al haber intercambiado mensajes de texto con el abogado de uno de los imputados en la investigación.

Fidanza destacó, no obstante, que varios abogados constitucionalistas ya habían sostenido que la denuncia de Nisman no era sólida. Abogados penalistas dijeron, en tanto, que había indicios para seguir investigando.

Rafecas dijo que tras haber estudiado "con máximo detenimiento" los elementos reunidos por Nisman llegó a la conclusión de que "no hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual Jefa de Estado".

Así, el magistrado echó por tierra la acusación de que el Gobierno acordó con el Estado iraní proteger a los acusados del atentado y que el colofón de ello fue un memorando de entendimiento firmado en enero de 2013 entre los dos Gobiernos con la alegada argumentación de avanzar en la investigación del ataque, por el que todavía no hay detenidos.

"Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir... una ayuda material concreta prestada –en este caso– a prófugos de la justicia argentina?", se preguntó Rafecas.

El juez se refiere a que nunca se puso en funcionamiento una Comisión de la Verdad, prevista en el memorando, que a su vez fue declarado inconstitucional por un tribunal argentino. Esa comisión debía estar integrada por juristas internacionales que podían hacer recomendaciones sobre la investigación del atentado terrorista.

Nisman consideró esa comisión iba a ser en realidad una fachada ya que, según sostenía, ambos países tenían previsto que la misma garantizara la impunidad de cinco de los ochos iraníes acusados, sobre quienes pesaban alertas rojas de Interpol o prioridades de búsqueda.

En ese sentido, el juez consideró "infundada la versión" de Nisman según la cual el Canciller argentino "habría hecho gestiones en Interpol para dar de baja las notificaciones rojas" en el marco de la firma de dicho memorándum de cooperación judicial.

El magistrado tuvo en cuenta los dichos de Ronald Noble, Secretario General de Interpol cuando se firmó el memorando. "Puedo afirmar con un ciento por ciento de certeza, ni un atisbo de duda, que el Ministro de Relaciones Exteriores (Héctor) Timerman y el Gobierno argentino ha sido constante, persistente e inquebrantable para lograr que Interpol emita, mantenga vigentes y no suspenda o remueva sus notificaciones rojas", señaló Noble entonces.

Nisman argumentó que el acercamiento de Argentina a Irán tenía como propósito restablecer las relaciones comerciales entre Estados e intercambiar granos por petróleo en un contexto de desabastecimiento energético.

Shannon O'Neal, especializada en Latinoamérica para el centro de estudios Council on Foreign Relations, señaló a su vez que las acusaciones contra la Presidenta han "debilitado al Gobierno" y los "argentinos todavía están abiertos a las teorías conspirativas".

"Incluso con la desestimación de los cargos en contra de ella, todavía hay interrogantes sobre quién mató a Nisman", señaló.

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Venezuela: Una crónica desde el dolor y el desamparo

En la imagen el periodista Tomás Regalado Jr. (al centro) junto al camarógrafo Ruddy Hernández, entrevistan a venezolanos en Cúcuta, Colombia.

Nuestro colega Tomás N. Regalado, junto al camarógrafo Rodolfo Hernández visitaron la ciudad colombiana de Cúcuta, limítrofe con Venezuela. Hacia allí miles de venezolanos han escapado huyendo del hambre, la pobreza extrema y la represión desatadas por el régimen de Nicolás Maduro.

Mientras en la frontera colombo-venezolana continúa el debate sobre si va a entrar o no la ayuda humanitaria acopiada cerca del puente Las Tienditas en Cúcuta, se ven situaciones terribles a causa de la migración.

Hasta Cúcuta allí fue un equipo de trabajo de Radio y Televisión Martí.

Entre los flajelos pudimos detectar a chicas jóvenes ejerciendo la prostitución en busca de dinero para comprar alimentos y medicinas, para regresar a Venezuela y familias completes durmiendo sobre cartulinas en plena aceras.

Para miles de venezolanas, la caída del atardecer les marca una nueva jornada del otro lado de la frontera. Es la hora de buscar el sustento y para ello no encuentran otra salida que vender su cuerpo "por 6 dólares americanos". Solo así, aseguran, pueden alimentar a sus hijos y familias que en muchos casos se quedan en Venezuela.

Venezolanas se prostituyen en Colombia para salir de crisis económica
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Daniel Carusi dijo a Televisión Martí que conoce a varias de las chicas que se prostituyen y les dicen que lo hacen -aunque no les gusta- por buscar dinero para poder ayudar a los suyos.

La crisis económica, social y política de Venezuela, ha provocado que la situación empeore cada día. Muchas venezolanas han tenido que ocupar otros espacios en el centro de la ciudad para ofrecer sus servicios.

Jóvenes en las calles cerca de la terminal de Cúcuta, le piden a Nicolás Maduro “que se retire ya, que no sabe lo que hace y se están muriendo los venezolanos”.

Una de las otras tristes realidades es ver a aquellos venezolanos que huyeron de su país en busca de algo mejor y en Cúcuta ahora están desamparados, hambrientos y muchos de ellos sin eperanzas.

En muchos países de América Latina hay ciudades abrumadas por una de las mayores olas migratorias en la historia de la región.

Según Naciones Unidas más de 3 millones de venezolanos están viviendo en el extranjero, y la mitad se ha ido del país desde el 2015, en su mayoría viajan por tierra hasta Colombia y de ahí a países como Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y Estados Unidos.

A diferencia de la población tradicional de desamparados, los venezolanos tienden a mantenerse juntos por razones de seguridad.

Ahora la gran mayoría de los que terminan en ciudades como Bogotá se ha reunido cerca de las estaciones de autobuses, donde pueden conseguir información y decidir si se quedan en Colombia o enrumban hacia otros países.

[Siga a Tomas N. Regalado en el siguiente ENLACE]

EEUU sanciona jerarcas del SEBIN y a jefe de PDVSA

La sede del SEBIN en Caracas.

El gobierno de Estados Unidos hizo efectiva este viernes la implementación de más sanciones contra Venezuela según indicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Estas medidas aumentan la presión contra Nicolás Maduro quién asumió el segundo mandato el 10 de enero del presente año; reelección cuestionada por Washington y numerosos países de la comunidad internacional.

Según OFAC estas nuevas sanciones incluirían a cinco personas, las cuales están vinculadas con la "presidencia ilegítima de Nicolás Maduro", quienes "continúan reprimiendo la democracia y los actos democráticos en Venezuela", indicó el comunicado.

Esta acción es una orden ejecutiva que tiene como objetivo el jefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Venezuela (SEBIN), Manuel Ricardo Cristopher Figuera, el primer comisionado de SEBIN, Hildemaro José Rodríguez Mucura; el Comandante de la Dirección General de Contra-Inteligencia Militar de Venezuela, Iván Rafael Hernández Dala; y el Director de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional de Venezuela, Rafael Enrique Bastardo Mendoza.

Además, la OFAC incluyó a Manuel Salvador Quevedo Fernández, el actual presidente de la estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) y ministro para el Petróleo.

Pdvsa ya había sido sancionada, limitando a los refinadores a pagar el petróleo venezolano por medio de cuentas a las que Maduro tuviese acceso.

Según el secretario del Tesoro Steven Mnuchin "OFAC continúa apuntando a los funcionarios que han ayudado al régimen ilegítimo de Maduro a reprimir al pueblo venezolano. Estamos sancionando a los funcionarios a cargo del aparato de seguridad e nteligencia de Maduro, que ha violado sistemáticamente los derechos humanos y ha suprimido la democracia, incluso mediante la tortura y otros usos brutales de la fuerza".

Dominicana desmiente a Cuba sobre "aventura militar" de EEUU en Venezuela

El canciller de República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado.

El canciller de República Dominicana, Miguel Vargas, negó este jueves la denuncia del Gobierno cubano de que desde la Base Aérea de San Isidro, al este de Santo Domingo, se han estado produciendo aterrizajes de aviones militares estadounidenses como parte de una supuesta acción contra Venezuela.

El pronunciamiento de Vargas se da después de que Cuba acusó este jueves a EE.UU. de realizar movimientos de tropas en el Caribe en preparación de una futura "aventura militar disfrazada de intervención humanitaria" en Venezuela.

Y llamó a la movilización internacional para impedir una escalada en las presiones contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Cuba aseguró en un comunicado que entre el 6 y 10 de febrero pasados se detectaron vuelos de aviones de transporte militar desde Estados Unidos hacia bases en Puerto Rico, República Dominicana y otras islas caribeñas, "seguramente sin conocimiento de los Gobiernos de esas naciones".

Sin embargo, Vargas, quien se encuentra en Italia acompañando al presidente del país, Danilo Medina, reiteró en un comunicado que República Dominicana "es una nación apegada al principio de no intervención en los asuntos internos de otros países".

Sobre la crisis venezolana, Vargas insistió por una salida pacífica y democrática "tal como lo hemos dicho en otras ocasiones, la solución debe ser mediante la celebración de elecciones libres, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con el acompañamiento de la comunidad internacional".

"De forma tal que rechazamos esta versión, completamente alejada de la realidad" dijo Vargas, al tiempo que insistió "en la necesidad de un diálogo franco y revestido de todas las garantías para que Venezuela pueda abocarse a la celebración de nuevas elecciones y superar la preocupante situación por la que atraviesa".

La crisis venezolana se agravó el mes pasado luego de que el titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino del país, logrando un contundente respaldo de la mayoría de los Gobiernos de América, entre ellos, EE.UU.

La oposición dominicana ha pedido al Gobierno aclarar su decisión "ambivalente" ya que el pasado 10 de enero, en la Organización de Estados Americanos (OEA), se sumó a 18 países que declararon ilegítimo el segundo Gobierno de Maduro, pero ese mismo día envió una representante a su toma de posesión.

República Dominicana se sumó también el pasado 24 de enero a otros quince países, entre ellos EE.UU., que dentro de la OEA emitieron una declaración de apoyo a Guaidó.

No obstante, en su intervención República Dominicana hizo la salvedad de que solo a través del diálogo con la participación de todos los actores políticos venezolanos "se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos y se resuelva de manera pacífica la actual crisis en ese país".

Daniel Ortega concede indulto a presos nicaragüenses

Daniel Ortega.

Un total de 1.172 presos nicaragüenses fueron liberados este jueves bajo un régimen temporal, una medida inédita del gobernante Daniel Ortega al coincidir con la celebración en el país del Día del Amor y la Amistad.

El "perdón presidencial" fue una orden del jefe de Estado, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como una manera de llevar "amor a muchos hogares nicaragüenses que esperan a sus seres queridos", indicó en una nota de prensa difundida por medios oficiales.

La nota no informó si entre los beneficiados hay personas que las organizaciones defensoras de los derechos humanos identifican como "presos políticos".

La decisión benefició a reos de todos los centros penitenciarios de Nicaragua, quienes gozarán de un régimen de convivencia familiar, es decir, no de la libertad total, y deberán reportarse ante las instancias judiciales de forma periódica durante el tiempo que dure el permiso, un dato que no precisa la información oficial.

Generalmente, este tipo de "perdón presidencial" se concede en el mes de diciembre, fecha en que además la mayoría de los presos extranjeros son enviados a sus países respectivos.

La crisis sociopolítica que el país vive ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos organismos humanitarios, mientras que Ortega reconoce 199 fallecidos y 340 arrestados a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

En diciembre de 2018, Nicaragua liberó a 1.034 convictos, en 2017 fueron 887, en 2016 la cantidad alcanzó los 557, en 2015 lograron su libertad 3.489 y en 2014 la cantidad ascendió a 3.815.

(Con información de EFE y AFP)



Manifestaciones en Haití

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