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América Latina

Juez desestima denuncia de Nisman contra la Presidenta argentina

El rabino Alberto Zellicovich (i) sostiene una pancarta donde se lee "Yo soy Nisman" (18 de febrero, 2015).

El juez federal dijo que "no están dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación penal" a partir de la denuncia presentada por Nisman el pasado 14 de enero.

El juez federal Daniel Rafecas desestimó el jueves la denuncia que había presentado el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de ser los responsables del peor atentado terrorista ocurrido en Argentina, lo que le da un respiro a la mandataria en el momento más difícil de su gestión.

El Juez dijo que "no están dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación penal" a partir de la denuncia presentada por Nisman el pasado 14 de enero, informó el Centro de Información Judicial.

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero, cuatro días después de acusar a la Presidenta, al canciller Héctor Timerman, a un diputado oficialista, a dos supuestos espías, a un referente de la comunidad iraní en Buenos Aires y a dirigentes sociales afines al Gobierno de haber participado en un plan para "garantizar la impunidad" de los ocho iraníes acusados de idear el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina, que causó 85 víctimas fatales.

Su muerte, que la justicia investiga para determinar si fue un suicidio o un asesinato, generó una crisis política e institucional en el país.

La denuncia de Nisman había sido avalada días atrás por su colega el fiscal Gerardo Pollicita, que la reavivó al entender que había sospechas fundadas para investigar a la mandataria y había pedido al juez que autorizara la práctica de una serie de pruebas para avanzar en la investigación.

Pero, según Rafecas, ninguna de las hipótesis defendidas por Pollicita, al avalar la denuncia del fallecido Fiscal, "se sostienen mínimamente" y el "presunto delito nunca se cometió".

De su análisis de los elementos del caso presentados, el juez concluyó que "inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descripto como una supuesta maniobra de 'encubrimiento' y/o 'entorpecimiento de la investigación' del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní, sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto 'plan criminal' denunciado".

Fernández y funcionarios del Gobierno descalificaron la denuncia del fallecido Fiscal y la atribuyeron a un complot ideado por un ex agente de Inteligencia que fue destituido en diciembre y que era cercano al investigador.

La comunidad judía reaccionó a la decisión de Rafecas diciendo que "merece el mayor de los respetos", según declaró el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Julio Schlosser. "Uno se siente sorprendido, pero no frustrado", dijo Schlosser. "Si dijeran que ya no puede saberse más sobre el asesinato de 85 personas".

Nisman basó buena parte de su denuncia en escuchas telefónicas que fueron autorizadas por la justicia en el marco de la investigación del atentado contra el centro judío ocurrido en 1994.

Las escuchas involucraron a dirigentes sociales cercanos al Gobierno que, en público, mostraron una actitud antisemita y a un dirigente de la comunidad iraní que, según infirió Nisman de las intervenciones telefónicas, mantuvo al tanto a uno de los acusados del atentado del supuesto plan para lograr la impunidad de los imputados.

Fernández y el canciller Timerman no aparecen hablando en las escuchas pero son mencionados por algunos de los imputados en ese supuesto plan de encubrimiento, subrayó Nisman en su denuncia, la más grave recibida por la mandataria en sus más de siete años de gobierno y que se suma a otras acusaciones entre las que se cuenta una por presunto lavado de dinero.

La decisión del juez puede ser apelada por Pollicita ante el fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes.

Roberto Bacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública, dijo a The Associated Press que la medida tomada por Rafecas "le da aire al Gobierno".

El analista señaló que desde el 18 de enero, cuando el Fiscal fue hallado muerto en su departamento cuatro días después de denunciar a la Presidenta, el Ejecutivo "venía recibiendo sólo malas noticias". "Si había algo que impactaba en la opinión pública era la muerte de Nisman. Sin dudas el más perjudicado fue el Gobierno", dijo Bacman, para quien Fernández "sigue teniendo una buena imagen del 41%".

El analista Ignacio Fidanza, director del portal La Política Online, dijo que Rafecas está "condicionado" por ser un juez que ha afrontado varias solicitudes de destitución impulsadas por el oficialismo. Una de esas solicitudes derivó del manejo que hizo de la investigación contra el vicepresidente Amado Boudou, por la supuesta compra irregular de una imprenta que produce el papel moneda argentino.

Rafecas fue apartado de esa causa porque un tribunal consideró que había incurrido en la presunta violación de la reserva del sumario al haber intercambiado mensajes de texto con el abogado de uno de los imputados en la investigación.

Fidanza destacó, no obstante, que varios abogados constitucionalistas ya habían sostenido que la denuncia de Nisman no era sólida. Abogados penalistas dijeron, en tanto, que había indicios para seguir investigando.

Rafecas dijo que tras haber estudiado "con máximo detenimiento" los elementos reunidos por Nisman llegó a la conclusión de que "no hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual Jefa de Estado".

Así, el magistrado echó por tierra la acusación de que el Gobierno acordó con el Estado iraní proteger a los acusados del atentado y que el colofón de ello fue un memorando de entendimiento firmado en enero de 2013 entre los dos Gobiernos con la alegada argumentación de avanzar en la investigación del ataque, por el que todavía no hay detenidos.

"Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir... una ayuda material concreta prestada –en este caso– a prófugos de la justicia argentina?", se preguntó Rafecas.

El juez se refiere a que nunca se puso en funcionamiento una Comisión de la Verdad, prevista en el memorando, que a su vez fue declarado inconstitucional por un tribunal argentino. Esa comisión debía estar integrada por juristas internacionales que podían hacer recomendaciones sobre la investigación del atentado terrorista.

Nisman consideró esa comisión iba a ser en realidad una fachada ya que, según sostenía, ambos países tenían previsto que la misma garantizara la impunidad de cinco de los ochos iraníes acusados, sobre quienes pesaban alertas rojas de Interpol o prioridades de búsqueda.

En ese sentido, el juez consideró "infundada la versión" de Nisman según la cual el Canciller argentino "habría hecho gestiones en Interpol para dar de baja las notificaciones rojas" en el marco de la firma de dicho memorándum de cooperación judicial.

El magistrado tuvo en cuenta los dichos de Ronald Noble, Secretario General de Interpol cuando se firmó el memorando. "Puedo afirmar con un ciento por ciento de certeza, ni un atisbo de duda, que el Ministro de Relaciones Exteriores (Héctor) Timerman y el Gobierno argentino ha sido constante, persistente e inquebrantable para lograr que Interpol emita, mantenga vigentes y no suspenda o remueva sus notificaciones rojas", señaló Noble entonces.

Nisman argumentó que el acercamiento de Argentina a Irán tenía como propósito restablecer las relaciones comerciales entre Estados e intercambiar granos por petróleo en un contexto de desabastecimiento energético.

Shannon O'Neal, especializada en Latinoamérica para el centro de estudios Council on Foreign Relations, señaló a su vez que las acusaciones contra la Presidenta han "debilitado al Gobierno" y los "argentinos todavía están abiertos a las teorías conspirativas".

"Incluso con la desestimación de los cargos en contra de ella, todavía hay interrogantes sobre quién mató a Nisman", señaló.

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Arrestan a cuatro personas en España en caso de lavado de dinero de PDVSA

El logo de PDVSA en una estación de gasolina en Caracas.

La policía española arrestó a cuatro personas como parte de una investigación de lavado de dinero relacionada con unos 4 millones de euros (4,47 millones de dólares) provenientes de la compañía estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, informaron el lunes las autoridades.

La policía confirmó a The Associated Press los reportes de la prensa española de que los cuatro detenidos también enfrentan cargos por corrupción en transacciones monetarias internacionales y la falsificación de documentos, además del blanqueo de dinero.

Los arrestos se llevaron a cabo el lunes cuando la policía española registró varias propiedades vinculadas al exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, dijo una fuente a Reuters.

El hijo de Morodo, Alejo Morodo, fue uno de los arrestados, dijo la fuente, que pidió no ser identificada debido a la sensibilidad del asuntos. Morodo, de 84 años, no fue arrestado por razones de salud, según reportes en medios de comunicación españoles.

Reuters no pudo comunicarse de inmediato con ningún representante de Morodo o su hijo, quienes tampoco fueron citados en los reportes de los medios de comunicación españoles.

La investigación, que está bajo secreto por una orden judicial, se centra en el período entre 2008 y 2013, poco después de que Morodo finalizó su período de tres años como embajador en Venezuela, informaron medios españoles.

El diario El País dijo que los detenidos eran sospechosos de facturar por un trabajo que nunca se completó y de lavado de dinero a través de cuentas en Panamá y otros países latinoamericanos.

(Con información de AP y Reuters)

Los negocios sucios de Tareck El Alssaimi y su familia con Hezbolá (parte 3)

El presidente Palestino Mahmud Abbas (L) camina junto a el ex Ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Tareck El Aissami (R), luego de depositar una ofrenda floral en la tumba del Libertador Simón Bolívar en Caracas el 27 de noviembre de 2009.

El ex vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, y su familia han sido objetos de amplias investigaciones por supuestamente vender pasaportes a miembros del grupo terrorista Hezbolá.

Según un archivo secreto recopilado por ex agentes venezolanos y entregado al diario New York Times, El Aissami y sus familiares son los responsables de la infiltración de militantes de Hezbolá en Venezuela, pero ¿con qué propósito son vendidos estos pasaportes? ¿hay algo más allá que una venta ilegal de un documento para viajar para el enriquecimiento propio?

Es conocido que los terroristas compran pasaportes de diferentes naciones para poder trasladarse de una manera ¨encubierta¨, pero según explicó Joseph Humire, experto en anti terrorismo y director de Secure Free Society , a RadioTelevisiónMartí lo que diferencia a Venezuela en el negocio de la venta de pasaportes venezolanos es que este país "construye identidades" para que los terroristas puedan operar en una red financiera.

"Para construir una identidad falsa es necesario varios documentos como cuentas propietarias, certificado de nacimiento, cédula de identidad, pasaportes, y más" aseguró Humire.

Según el experto en anti terrorismo estas personas nacidas en Siria, Líbano e Irán dicen ser venezolanos, y en algunos casos nunca han pisado Venezuela. En el campo de la inteligencia esto se llama Trade Craft, en español técnicas de espionaje, donde se le otorga una identidad a un agente para que trabaje encubierto con un objetivo en específico.

En esta investigación en la que trabajó Humire, se encontró que algunas de las personas que recibieron estos pasaportes eran más que simples miembros de Hezbolá. Algunas personas que recibieron documentación venezolana tenían apellidos de familias que pertenecían a Dinastías en el Medio Oriente que existieron por siglos.

Humire asegura que este esquema es más complejo que simplemente mover terroristas y existe una "red oscura clandestina" entre Venezuela y Siria de la cual todavía se desconoce su verdadero propósito. Sin embargo, Humire considera que el esquema de documentación tiene el propósito de construir una red internacional con un propósito bélico.

Debido a la evidente corrupción y escándalos relacionados al narcotráfico en los que se han visto involucrados allegados al gobierno de Chávez y Maduro, diferentes medios de comunicación se refieren a Venezuela como un "narco estado". Sin embargo, Humire considera que el término más adecuado el cual define al país petrolero es el de "estado paralelo" y ahí es donde resalta el apellido El Aissami.

El especialista en anti terrorismo asegura que un estado paralelo es una estructura cívico paramilitar criminal parecida a un estado que crece dentro del Estado y tiene más poder que el estado formal. En otras palabras, el especialista dice que Venezuela ya no está dividida entre funciones, si no dentro de territorios y así como existen alcaldes y concejales, existen narcotraficantes, lavadores de dinero y fuerzas irregulares como terroristas y milicias.

"Ahí tienen un comando y control mediante una mafia que existe entre algunos funcionarios que mayormente no siempre son los más conocidos, pero poseen descendencia árabe" , aseguró Humire y señala que Tarek El Aissami es una excepción porque une a los dos mundos.

Humire explica que la situación en Venezuela no se puede subestimar y va más allá de que Maduro salga del poder o no puesto que el país esta frente a la presencia de agentes extra regionales que buscan más allá de dinero, control y poder.

"Sin embargo, lo que hemos aprendido es que Venezuela es un estado paralelo con una ocupación y control de actores extra regionales que también controlan a Cuba" señaló Humire .

Por último Humire concluye asegurando que Maduro es negociable, pero hay figuras de la revolución bolivariana que no son negociables como Tareck El Aissami por razones mencionadas anteriormente.

"Frenar o cambiar el régimen no es tan importante como frenar la revolución bolivariana que tiene como fin cambiar el mapa geopolítico de Latinoamérica y por lo visto es que lo están logrando poco a poco" aseguró Humire .

EEUU y Estados del Caribe firman acuerdos de Seguridad

Participantes en el Diálogo de Cooperación en Seguridad efectuado en Washington DC el pasado 16 de mayo de 2019.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el pasado jueves una declaración conjunta entre el gobierno de EE.UU. y los Estados del Caribe, luego del Diálogo de Cooperación en Seguridad efectuado en Washington DC.

La reunión tuvo lugar en el marco del Aniversario de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI, por sus siglas en inglés).

Los temas tratados, enfatiza el documento, buscan “reducir el tráfico ilegal, mejorar la seguridad y prevenir la delincuencia y la violencia juveniles”.

Los mecanismos establecidos por las partes trabajan por combatir el terrorismo y la delincuencia organizada en la región.

Entre los objetivos de la iniciativa aparece el referido a “Adoptar en forma sistemática las recomendaciones sobre acciones prioritarias en el Caribe para abordar el tráfico ilegal de armas de fuego, formuladas por nuestras autoridades nacionales de armas de fuego en el marco del Grupo de Trabajo Técnico sobre Lucha contra el Tráfico de Armas Pequeñas y Armas Ligeras en el Caribe”.

En otro aparte el organismo anunció que intentan promover una estrategia regional donde se vinculen las prácticas en “áreas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”, para un mejor intercambio en la esfera de información e inteligencia.

Diálogo de Cooperación acordó convocar una reunión del Grupo de Trabajo Técnico que contemple acciones “acciones contra el lavado de dinero, los delitos financieros y el uso delictivo de la tecnología, y para el uso de la confiscación de activos como instrumento de aplicación de la ley”.

Con el objetivo de incrementar la seguridad la reunión acordó que entre los países deben de buscar mejores prácticas sobre seguridad en las telecomunicaciones, seguridad internacional en el ciberespacio y lucha sobre la ciberdelincuencia.

[Con información del Departamento de Estado de Estados Unidos]

Manifestantes detenidos por ocupar embajada Venezuela EEUU se presentan ante corte

Dos manifestantes de Code Pink ocupan la embajada de Venezuela en Washington DC. Luego fueron arrestadas por la policía. (AFP).

Cuatro manifestantes arrestados el jueves por ocupar la embajada de Venezuela en Washington se presentaron el viernes ante una corte federal, donde fueron acusados de invasión e interferencia con las funciones de protección del Departamento de Estado, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La aparición de los manifestantes ante la corte se dio un día después de que agentes de Estados Unidos allanaron la embajada de Venezuela para expulsar a un pequeño grupo que protestaba contra la política de Washington con el país sudamericano. El operativo ayudó a que la sede sea entregada al equipo diplomático del líder opositor Juan Guaidó.

Esta tarde la periodista Alina Duarte, del Canal tele Sur, publicó en su cuenta de Twitter un video con la liberación de los activistas.

Desde mediados de abril, miembros de tres grupos activistas ocuparon la embajada, un edificio de ladrillos rojos en la zona de Georgetown en Washington, quienes decían que estaban "invitados" por el gobierno venezolano.

Los activistas se oponen a la intervención estadounidense en Venezuela para la salida del presidente Nicolás Maduro, en respaldo del jefe del Congreso, Guaidó, que en enero invocó artículos de la Constitución para proclamarse presidente encargado.

[Con información de la agencia Reuters y redes sociales]

Exlíder de FARC acusado de narcotráfico es recapturado en Colombia

Jesús Santrich, excomandante de las FARC, a su salida de la prisión La Picota, en Bogotá.

Jesús Santrich, alias por el que se conoce a un excomandante de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue recapturado el viernes por agentes de la policia de Colombia, segundos despues de haber salido de una cárcel en el sur de Bogotá.

Santrich salió de la cárcel de La Picota en una silla de ruedas, rodeado por guardias armados, mientras que un grupo de simpatizantes lo aplaudía detrás de una cerca metálica. Sin embargo, momentos después fue recapturado por agentes del cuerpo técnico de investigaciones de la policía colombiana, y fue regresado al interior de la misma prisión donde ha pasado los últimos 13 meses.

Santrich salió de la cárcel de La Picota en una silla de ruedas.
Santrich salió de la cárcel de La Picota en una silla de ruedas.

Según su abogado, Eduardo Matyas, se le imputa el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Santrich además es requerido por narcotráfico en Estados Unidos y un tribunal del estado de Nueva York pidió su detención y extradición en abril de 2018. No obstante, este miércoles un tribunal especial colombiano conocido como la Justicia Especial para la Paz (JEP) --organismo encargado de juzgar crimenes cometidos por los actores del conflicto armado de Colombia-- había ordenado su libertad al considerar que no existían suficientes pruebas para extraditarlo.

La decisión de la JEP desencadenó un terremoto político en la nación sudamericana, donde muchos argumentan que el reciente proceso de paz con la guerrilla de las FARC ha otorgado demasiados beneficios a excombatientes.

El miércoles, Nestor Humberto Martinez, fiscal general de la nación, presentó su renuncia tras conocer la negativa de la JEP de extraditar al exlíder guerrillero.

El gobierno del presidente Iván Duque había asegurado que apelaría la decisión del tribunal especial.

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