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América Latina

Jóvenes periodistas en Nicaragua buscan burlar la censura sandinista

Diario La Prensa denuncia el silencio en Nicaragua.

Paola Celeste Torres, del medio informativo Sin Censura de León, Nicaragua, explica resuelta sus razones para seguir adelante con su labor de periodista después de haber sobrevivido al incendio de Radio Darío.

“Las llamas no destruyeron nuestra voz, la libertad de expresarnos y continuar con firmeza divulgando los acontecimientos”, dijo a la Voz de América, VOA.

Contó que “lamentablemente”, debido al incidente, perdieron muchas cosas materiales, el equipo, computadoras, micrófonos. “Pero luego de ese ataque terrorista la libertad de expresión continuó firme, creo que aún más firme, ese deseo por informar, por decir aquí estamos los periodistas, hemos sobrevivido a este ataque en contra de la libertad de prensa. No han acabado la libertad de prensa porque nosotros seguimos de pie”, resalta Torres.

El equipo de Sin Censura trasladó a una red social en Internet el trabajo que habían desarrollado en un medio convencional.

“Teníamos un radio periódico, al ver que nuestro espacio no podía continuar a través de la radio, decidimos mudarnos a esta plataforma de Facebook, una de las más seguidas por las personas en León y el medio de preferencia para informarse en esta ciudad”, relata.

“No pudimos continuar nuestro trabajo del radio periódico a partir de la crisis de abril de 2018, cuando iniciaron las protestas en León. La Dirección de la radio nos notificó que debería cerrar el espacio informativo por tocar el tema político y que penosamente iban a cerrar noticiero Sin Censura sin opción a darle continuidad”, agrega.

El hecho de que muchos en León buscan informarse a través de Facebook les hizo pensar en esa plataforma. Pero sobre todo porque era difícil que una radio en León les abriera un espacio o se los vendiera, para desarrollar un radio periódico que abordaría esencialmente el tema político.

“Sin Censura ha crecido como una plataforma con noticias de preferencia local, nuestro enfoque es León y los acontecimientos de León, tenemos alrededor de 120.000 seguidores. Las noticias que nosotros transmitimos a través de esta página tienen reacciones inmediatas. Una vez que nosotros publicamos las noticias en nuestro medio vemos que la ciudadanía, los seguidores, actúan a lo inmediato”, explica Torres.

Pese a testimonios similares al ofrecido por Paola Celeste, el gobierno que lidera el presidente Daniel Ortega ha reiterado que sí respeta la libertad de prensa. Funcionarios consultados sostienen incluso que en su labor algunos medios “hasta se cae en el libertinaje”.

El diputado oficialista Wilfredo Navarro, señaló a la Voz de América que en el país “los medios inventan noticias y dicen cualquier grosería (...) Los periodistas dicen lo que quieren. Inventan lo que quieren", dijo Navarro en un ataque frontal a los medios locales.

Realizadores de Sin Censura consideran que cuentan con un público variado, porque aunque la mayoría de los perfiles corresponden a jóvenes también los siguen personas adultas. Su audiencia según las estadísticas incluye a los nicas, sobre todo de León, que actualmente residen en Miami, otras ciudades de Estados Unidos, así como en España.

“Las personas tienen el acceso a la información a través de las plataformas digitales, es algo que es global, que es mundial y accesible. Anteriormente nos buscaban a nosotros a través de la frecuencia radial, al no poder hacerlo todos esos seguidores y personas con deseos de hacerlo, de informarse, nos buscaron, buscan la noticia y precisamente fue donde encontraron a este grupo de jóvenes periodistas que decidimos no cerrar nuestro espacio y continuar pese a todas las adversidades informando a la población”, explica Torres.

Para Torres la solución es continuar innovando: “Aquellos que amamos y sentimos la pasión por este trabajo sabemos que debemos continuar y que hay canales, hay vías por las cuales lo podemos hacer. Esas vías hay que buscarlas, hay que agotarlas (...) tenemos que buscar esos espacios".

“Nos cierran uno, tenemos que buscar el otro, porque la ciudadanía de una u otra manera necesita informarse, nosotros como periodistas necesitamos tener acceso a la información pública. Algo que es muy difícil en el panorama, en el contexto actual, sin embargo tenemos que luchar”, concluye.

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Miguel Mora, el quinto candidato a la presidencia arrestado por el régimen de Daniel Ortega

Presencia policial en Nicaragua, frente al hogar de Cristiana Chamorro, una de las candidatas arrestadas antes de las elecciones. (Inti Ocon / AFP)

El periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Miguel Mora, fue arrestado el domingo por la noche en su residencia en Managua.

Mora es el quinto precandidato presidencial que es detenido por el gobierno de Daniel Ortega, informó la Voz de América, VOA.

El político es acusado, al igual que la mayoría de los opositores arrestados en las últimas semanas, de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, según lo que establece el artículo 1 de la Ley No. 1055, conocida como “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia”.

“Nuevamente estoy reportando la segunda detención de Miguel Mora”, señaló la directora de 100% Noticias Lucía Pineda Ubau en una transmisión en vivo desde Costa Rica, lugar donde se encuentra exiliada tras haber salido de prisión en junio de 2019.

La primera vez que Mora fue detenido fue el 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron su canal de televisión y lo arrestaron junto a la jefa de prensa, Ubau. Ambos pasaron casi seis meses en prisión, acusados de “incitar al odio”, y posteriormente fueron liberados bajo una Ley de Amnistía.

Ubau exigió el respeto a la integridad física de Mora, así como de su esposa, la también periodista Verónica Chávez, y sus dos hijos, uno de ellos con discapacidad.

Los arrestos comenzaron hace tres semanas en Nicaragua. Primero fue Cristiana Chamorro, a quien una juez de Managua ordenó prisión domiciliar y que fuera inhabilitada para optar a algún cargo público, tras iniciarse una investigación en contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que dirigía.

La comunidad internacional ha demandado el cese a las aprehensiones contra los críticos a Ortega, quien controla todos los poderes del Estado desde que llegó al poder en 2007.

La expresidenta costarricense Laura Chinchilla, una de las voces más críticas contra Ortega, denunció que “el régimen amparado en las sombras y el silencio de las calles asalta la privacidad y detiene a un periodista y dirigente político más”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) también hizo la denuncia en su cuenta de Twitter.

Mientras, el sacerdote nicaragüense Edwin Román expresó su solidaridad hacia Mora “y los más de un centenar de presos políticos” en el país.

“Ellos no son monedas de cambio, si están pretendiendo algunos arreglos. ¡Respeto a su dignidad!”, escribió el religioso en su cuenta de Twitter.

Con el arresto a Mora el número de personas detenidas por razones políticas ascienden a 18 hasta este lunes 21 de junio.

El autor Sergio Ramírez denuncia "injusticia dictatorial" en Nicaragua

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, afirmó que en su país existe una “injusticia dictatorial” e hizo un llamado “a la solidaridad internacional” con los opositores encarcelados en las últimas semanas por el gobierno de Daniel Ortega.

“La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares”, escribió en su cuenta de Twitter Ramírez, ex vicepresidente durante el primer gobierno de Ortega (1985-1990) y disidente del gobernante Frente Sandinista.

“Identificado plenamente con ellos, hago un llamado a la solidaridad internacional”, agregó el laureado autor de “Castigo Divino” y “Margarita está linda la mar”, entre una vasta obra literaria.

El propio Ramírez, de 78 años, fue citado recientemente por la Fiscalía para declarar en una investigación por supuesto lavado de dinero contra la periodista y aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio.

Recientemente los gobiernos de Argentina y México anunciaron que realizan gestiones junto a Estados Unidos como “facilitadores” de un diálogo con Ortega a fin de resolver la grave crisis política que sacude al país a sólo cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre.

Ambos gobiernos latinoamericanos apelaron a la “no intervención” en los asuntos internos de Nicaragua, posición que fue rechazada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

“Penoso comunicado de México y Argentina sobre la situación en Nicaragua. Una cosa es buscar una salida negociada a esta crisis y otra muy distinta es decir estos disparates”, opinó José Miguel Vivanco, director de HRW.

“El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Es inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La noche del jueves la policía giró una orden de captura contra el empresario Gerardo Baltodano y el exministro de Educación, Humberto Belli, hermano de la reconocida poeta Gioconda Belli, también opositora al gobierno. Las casas de ambos fueron allanadas pero ellos no se encontraban ahí, dijeron familiares.

“Se metieron 30 hombres (policías) y estuvieron tres horas buscando, se llevaron computadoras y documentos”, dijo a The Associated Press Gioconda Belli al confirmar el allanamiento. Aseguró que a su cuñada, que estaba en la casa, “no la maltrataron”.

También se denunció el arresto de Pedro Vásquez Cortedano, de 59 años, chofer de Cristiana Chamorro. Su esposa Norma Vega dijo que la detención ocurrió el pasado martes, un día después de rendir declaración ante la Fiscalía.

Vásquez es la cuarta persona detenida en el caso de Chamorro. Los exempleados de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, fueron arrestados el 28 de mayo y se les dictó prisión preventiva por 90 días.

“Estas privaciones de la libertad se suman a las más de 120 personas presas políticas que por meses y años sufren de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, declaró en un comunicado el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.

La ayuda internacional a los refugiados de Venezuela

Refugiados venezolanos esperan ser admitidos en Perú (Cris Bouroncle / AFP).

La Conferencia Internacional de Donantes, organizada por Canadá, consiguió recaudar la semana pasada 954 millones de dólares para ayudar a los 5,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos que están desplazados en Latinoamérica.

En una entrevista con la agencia de prensa Efe, la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Gould, se mostró satisfecha del resultado de la conferencia.

En declaraciones a la Voz de América, dijo que "la crisis de migración de venezolanos en la región de América Latina es una de las crisis más grandes en el mundo. La segunda más importante de hecho. Entonces nosotros tenemos como objetivos primero, ante todo, alzar la visibilidad de la crisis, recoger fondos para que los migrantes venezolanos puedan estar bien integrados en los países de recepción y tercero, demostrar la solidaridad con los migrantes venezolanos para hacerles saber que mundo está con ellos".

Gould también expresó preocupación por las mujeres y niñas que son parte del éxodo. "Tienen necesidades diferentes, y también hemos visto un aumento en violencia basado en el género o violencia sexual; y el acceso a los servicios de salud reproductiva y sexual son muy importantes. Y nosotros queremos asegurar que los migrantes y en particular las migrantes tienen acceso a todos los servicios que necesitan".

Por su parte, la delegación de la Unión Europea se comprometió a aportar 147 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria inmediata, ayuda al desarrollo a medio y largo plazo e intervenciones de prevención de conflictos para los refugiados y migrantes venezolanos y las comunidades de acogida.

Colombia: más de 813.000 migrantes venezolanos han completado su documentación

Migrantes venezolanos en una carretera.

El Gobierno de Colombia informó el jueves de los avances que ha tenido el proceso de inscripción de migrantes venezolanos para acogerse al Estatuto Temporal de Protección, que comenzó a inicios de mayo.

Según datos de Migración Colombia, “más de 813.000 ciudadanos venezolanos han completado la primera etapa del estatuto temporal de protección”.

A inicios de enero de 2021 más de 1 millón 742.000 venezolanos estaban en situación irregular en ese país, tras la crisis humanitaria causada por la grave crisis económica y la inestabilidad social bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, indicó en un mensaje en video que en medio del proceso se han hecho “más de 800.000 caracterizaciones socioeconómicas de migrantes venezolanos en salud, educación y condición de vulnerabilidad”.

A la fecha el 44% de los registros completados para la primera fase han sido por personas radicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla.

El funcionario explicó que debido a que no todos los migrantes cuentan con los dispositivos tecnológicos necesarios, el Gobierno colombiano trabaja en colaboración con entidades como la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a fin de implementar puntos de atención presenciales.

Según datos de ACNUR, 5,4 millones de venezolanos han salido de su país en busca de refugio debido a "la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales".

CPJ reacciona a orden de tribunal salvadoreño a revista de retirar reportaje

Natalie Southwick, coordinadora regional del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.

“Las autoridades salvadoreñas deben rescindir de inmediato una orden judicial que requiere que el sitio web de noticias independiente Revista Factum retire un artículo”, exigió el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) el jueves, sobre una orden emitida por un Tribunal salvadoreño.

El CPJ considera que el tema es de “interés público", de ahí que las autoridades de El Salvador “deben permitir que los medios de comunicación informen libremente”.

Según la orden judicial, y una publicación hecha en Twitter por el Ministerio Público de ese país, su único objetivo con la orden es “evitar la instrumentalización de la violencia que sufrieron las víctimas de este asesino”.

El reportaje denominado “Asesino de Chalchuapa confiesa cómo mataron a 13 víctimas en el último caso”, revela las declaraciones del expolicía Hugo Ernesto Osorio Chávez, principal sospechoso de asesinar a las víctimas que fueron encontradas sepultadas en su lugar de residencia. Además, cita el testimonio de un testigo protegido, pero no nombra víctimas ni testigos.

En el mandato, según el CPJ, los fiscales acusaron al medio de comunicación de haber cometido múltiples violaciones de la Constitución y el código penal salvadoreño, incluida la violación del debido proceso en “una investigación penal en curso” relacionada con la tumba y el derecho a la privacidad de las "víctimas indirectas" del crimen.

CPJ y el medio afectado afirman que la orden judicial no cita las leyes específicas bajo las cuales la revista o su personal pueden ser procesados.

Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, reaccionó al tema diciendo que “si las autoridades salvadoreñas están realmente preocupadas por la integridad de un caso penal en curso, deberían aclarar exactamente qué secciones del informe de la Revista Factum ponen ese caso en peligro, en lugar de emitir una prohibición general”.

Así mismo Southwick apuntó que no pueden utilizar “afirmaciones vagas para justificar la censura de un artículo completo y deben revertir esta decisión de inmediato para evitar sentar un precedente peligroso".

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