Enlaces de accesibilidad

América Latina

"Iván Márquez" sobrevivió a ataque en Venezuela, según disidencias de FARC

Iván Márquez (I) anuncia que las FARC será partido político desde el 1 de septiembre.

El máximo jefe de las disidencias de las FARC, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, sobrevivió hace dos semanas a un atentado en Venezuela en el que se especulaba que había muerto, dijo este domingo la "Segunda Marquetalia", el grupo que lidera.

La "Segunda Marquetalia" anunció por medio de un video enviado a la revista colombiana Cambio, que el pasado 30 junio el cabecilla "fue víctima de un atentado criminal dirigido desde los cuarteles del Ejército y los comandos de Policía" (de Colombia), aunque "salió ileso" y "solo sufrió ese día afectaciones".

"Está gozando de buena salud", indicó el comunicado, leído por un guerrillero en una zona selvática en la que aparece rodeado por cerca de veinte hombres armados con fusiles.

Alias Iván Márquez fue jefe negociador de las FARC en los diálogos con el Gobierno en La Habana, que condujeron a la firma del acuerdo de paz con esa guerrilla, el 24 de noviembre de 2016.

Sin embargo, en agosto de 2019 Márquez abandonó el acuerdo de paz y, junto con otros mandos de la antigua guerrilla, retomó las armas alegando que el Gobierno colombiano no estaba cumpliendo lo pactado.

En el comunicado leído las disidencias aseguran no tener duda de que detrás del atentado "están los sabuesos de la CIA, de la DEA y del Gobierno (del presidente Iván) Duque" y señala que otros jefes de la "Segunda Marquetalia" murieron en operaciones similares.

Versiones sobre la supuesta

El pasado 2 de julio, ante versiones de prensa sobre la supuesta muerte de "Iván Márquez" en un enfrentamiento con bandas criminales en el lado venezolano de la frontera, el presidente colombiano, Iván Duque, indicó que era información que se estaban "verificando".

"Estamos trabajando con nuestra inteligencia para verificar esa información y obviamente tan pronto tengamos alguna corroboración lo informaremos oportunamente", agregó entonces el mandatario.

La semana pasada empezaron a circular otras versiones de prensa según las cuales "Iván Márquez" había sobrevivido al atentado y estaba hospitalizado en Venezuela.

Luciano Marín Arango (verdadero nombre del guerrillero), de 67 años de edad, de los cuales ha estado más de 40 en la guerrilla, nació el 16 de junio de 1955 en Florencia, capital del sureño departamento del Caquetá, y su historial indica que a comienzos de
la década de 1980 se vinculó al Frente 14 de las FARC.

El guerrillero hizo parte de los mandos de las FARC, e incluso llegó a ser uno de los sucesores del entonces jefe de esa guerrilla, alias Alfonso Cano, quien murió en un operativo militar en 2011.

Disidentes muertos en Venezuela

En medio de las disputas en Venezuela han sido asesinados en el último año otros disidentes de las FARC, como Miguel Botache Santanilla, conocido como Gentil Duarte, cuya muerte fue confirmada por las disidencias en mayo pasado, en un enfrentamiento con otro grupo de exguerrilleros en el estado de Zulia, fronterizo con
Colombia.

En Venezuela también fueron asesinados Henry Castellanos, alias Romaña, y Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, considerados los dos jefes más sanguinarios de la antigua guerrilla de las FARC y que eran parte de la llamada "Segunda Marquetalia", a los cuales hace mención el comunicado de hoy.

A mediados de mayo del año pasado se supo también de la muerte de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, otro de los jefes de la "Segunda Marquetalia", en un enfrentamiento en Venezuela entre disidencias.

Vea todas las noticias de hoy

La oposición venezolana gasta millones en litigios por los activos del estado, pero no alcanza

Un anuncio de la compañia Citgo.

La oposición al gobierno de Nicolás Maduro ha pagado 44,8 millones de dólares a firmas internacionales de abogados para tratar de ganar decenas de litigios donde están en juego 40.000 millones de dólares en activos de la República en el extranjero, de acuerdo con un informe del procurador especial asignado para esos oficios.

Enrique Sánchez Falcón, designado hace dos años por el Parlamento electo en 2015 para asegurar la protección, control y recuperación de activos del Estado venezolano, presentó hace tres semanas un reporte donde precisa los montos pagados y adeudados a bufetes legales extranjeros, pero además advierte de la ausencia de defensores en casos urgentes, porque el dinero no alcanza para contratar abogados.

Venezuela enfrenta 201 demandas en el extranjero que podrían afectar su patrimonio. Se trata de 139 juicios por un total demandado de 24.569 millones de dólares, y 62 arbitrajes por 15.571 millones de dólares. En total, la oposición encara litigios donde están en juego 40.141 millones de dólares, de acuerdo con las cuentas de Sánchez Falcón.

Los partidos antichavistas de Venezuela argumentan desde enero de 2019 que Nicolás Maduro usurpa la presidencia tras ganar unas elecciones fraudulentas un año antes, y afirman que la única institución legítima del país es la Asamblea Nacional electa en 2015.

El presidente de ese Parlamento, Juan Guaidó, se juramentó como mandatario encargado del país suramericano y encabeza desde entonces un gobierno interino que reconocen hasta 50 gobiernos del mundo, entre ellos Estados Unidos y los de la Unión Europea.

Con la venia de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de Estados Unidos, la oposición venezolana ha podido administrar así activos fuera de las fronteras de su nación, entre ellos Citgo, en Norteamérica, y Monómeros, en Colombia.

Esas responsabilidades políticas y gerenciales heredaron de golpe al antichavismo reclamaciones en cortes de Estados Unidos, Reino Unido y Jamaica, y procesos arbitrales sobre acreencias o presuntas indemnizaciones por acciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, que el procurador especial valora como “irresponsables e ilícitas”.

Entre los casos en cuestión, destacan el litigio sobre el oro en Inglaterra, el riesgo de pérdida de control sobre Citgo Petroleum por reclamos de la empresa Crystallex y el arbitraje por la expropiación de las acciones de ConocoPhillips en proyectos en Venezuela.

La administración opositora precisa que el gobierno interino de Guaidó y los entes descentralizados, como las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, pagaron 16,3 millones de dólares a firmas legales durante la gestión del anterior procurador especial, José Ignacio Hernández, y 28,6 millones en la de Sánchez Falcón.

Hasta julio de 2022, se adeudan 18,7 millones de dólares a bufetes de abogados, detalla el funcionario venezolano en su rendición de cuentas. En total, la oposición ha pagado y adeuda 63,6 millones de dólares en facturas de gestiones legales para defender activos.

Según Sánchez Falcón, se trata de “una cantidad bien pequeña” si se compara con los montos e intereses “que están en juego” en esos litigios sobre los activos de Venezuela.

Falta de dinero

El procurador especial de la oposición aclaró a la prensa que las decenas de litigios sobre activos en el exterior están “identificados”, si bien su despacho y los entes descentralizados, como las juntas antichavistas del BCV y PDVSA, no actúan en todos.

Sánchez Falcón denunció “la falta de disponibilidad presupuestaria” para contratar firmas de abogados, una asignación que depende de la comisión delegada del Parlamento de 2015, donde participan representantes de las bancadas partidistas de ese poder legislativo.

¿La razón? Falta de dinero. “Sería absolutamente imposible con los recursos con los cuales estamos actuando, pero, en todo caso, están identificados y es posible de actuar en caso de que existan peligros para los intereses y derechos del Estado venezolano”, manifestó.

Sánchez Falcón dice haber solicitado, “casi rogado”, que la comisión delegada del Parlamento opositor de 2015 apruebe un presupuesto integral dirigido a atender los litigios. Su propuesta ha sido “sistemáticamente ignorada”.

“Es una irresponsabilidad dejar al Estado venezolano en indefensión por dejar de pagar 20 o 30 millones, cuando se están arriesgando 40.000 millones de dólares”, advirtió en julio.

Entre las firmas contratadas, el funcionario del gobierno interino opositor menciona a Arnold & Porter, Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP, Sullivan & Cromwell, Paul Hastings LLP y Hogan Lovells, esencialmente para casos en cortes de Estados Unidos.

En su rendición de cuentas, detalla que hay varios casos pendientes de asignación de abogados, como el de Rusoro Mining contra la República y PDVSA, por 1.360 millones de dólares, en una corte de Delaware, Estados Unidos, y el de Bandes y empresas mixtas petroleras contra Novo Banco, en Lisboa, donde están en juego $1.352 millones.

La oficina de Sánchez Falcón dice haber buscado alternativas a la falta de dinero. Una es contratar firmas de abogados bajo la modalidad “contra resultados” en 30 juicios en Estados Unidos contra venezolanos por corrupción con fondos públicos de su país.

Esa estrategia consistirá en pedir indemnizaciones o acordar con las autoridades judiciales de Estados Unidos la recuperación de parte de los montos “sin costo alguno”, explicó.

Sánchez Falcón confirmó que ya se han recibido ofertas y “se están suscribiendo” contratos con bufetes legales en 25 de esos 30 casos en cortes estadounidenses.

Otra iniciativa de Sánchez Falcón es designar a una firma de abogados especializada en arbitrajes internacionales para que atienda casos de tribunales que pudieran desconocer la representación de la República de Venezuela por parte del gobierno interino de Guaidó.

Ese bufete podría crear una estrategia con base en “solicitudes estandarizadas” para exigir que se reconozca al interinato de Guaidó o, en su defecto, que se suspendan los litigios.

Pero ese tema presupuestario y de defensa de activos pasa por un acuerdo de los partidos que componen el Parlamento de 2015. La comisión delegada convocó este jueves a una sesión especial para recibir la rendición de cuentas del procurador, donde se prevé que se ventilen sus advertencias sobre la falta de fondos para atender los litigios en el extranjero.

Mientras, el oficialismo pone como una de sus condiciones para retomar las negociaciones en Ciudad de México que la oposición devuelva los recursos y activos en el extranjero que, a su entender, se ha “robado”.

(Artículo de la Voz de América)

Polémica en Honduras por contratación de médicos y pedagogos cubanos (VIDEOS)

Médicos cubanos. (Foto del Ministerio de Salud Pública de Cuba)

Ha generado polémica la inminente llegada a Honduras de una brigada compuesta por ochenta y seis médicos y un número indeterminado de educadores procedentes de Cuba, contratados por el gobierno del país centroamericano.

José Manuel Matheu, ministro de Salud de Honduras, “no precisó cuánto se le pagaría a los especialistas cubanos, pero señaló que será menos que lo que perciben los hondureños, a los que, además, se les paga quince salarios anuales, entre otros beneficios. A los cubanos se les pagará doce meses”, informa un cable de la Agencia EFE.

“El problema es que muchos de los especialistas hondureños no quieren ir a muchos de los sitios donde se les necesita, como a la Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios, en el Caribe, fronterizo con Nicaragua, por ser una región remota”, agregó el ministro.

El acuerdo de colaboración entre ambos países es a nivel de Estado y no de ministerio.

El doctor Ramsés Sierra, secretario del Colegio Médico de Honduras, explicó que el acuerdo con el gobierno de Cuba "es potestad de la presidenta" Xiomara Castro.

La doctora Johana Bermúdez, diputada del Congreso Nacional, dijo al noticioso hondureño Notifides que esta colaboración “no es gratis” ya que el Estado pagará “un subsidio, un estipendio" a Cuba.

La representante considera que es un “gasto innecesario. Con “ese dinero que el Estado de Honduras va a pagar, aumentemos la beca a los médicos residentes, si tenemos médicos residentes que no se les paga, pues, aumentemos la beca”, insistió Bermúdez.

El secretario del Colegio Médico de Honduras explicó, también a Notifides, que la contratación debería ser de profesionales de especialidades que no tienen en Honduras.

"Eso sería lo más lógico […] que vengan a ayudarnos a formar el personal para que nosotros podamos tener esos especialistas”, dijo.

El doctor Tito Alvarado dijo al informativo HCH Televisión Digital que “no es un contrato de médicos cubanos que va a hacer Honduras sino una colaboración del gobierno cubano para países como Honduras por una paga simbólica”.

El Dr. Alvarado afirmó haber trabajado con médicos cubanos y recalcó que son incansables y solidaridarios.

HCH señaló que “la educación y la salud están en el ojo del huracán”.

Marcial Solís, ministro de Educación de Honduras, recordó a ese medio que el contrato de educadores y médicos cubanos “no es un ejercicio nuevo en el país”.


“En el año 2006, en el marco del acuerdo que firmó el magisterio con el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, se declaró una jornada nacional de alfabetización; teníamos indicadores muy parecidos a los que tenemos ahora mismo y se logró reducir (el analfabetismo) a un 6% y algunos municipios se declararon libres de analfabetismo”, apuntó Solís.

De acuerdo con el ministro, el programa “Yo sí puedo”, creado por el régimen cubano “en estos doce años, después del golpe de Estado, que fueron expulsados los asesores, ha cambiado y ha mejorado muchísimo por ejemplo, en Nicaragua.”

El ministro de Educación hizo énfasis en que los educadores cubanos no vienen a enseñar directamente a la población, sino como asesores del sistema de educación nacional y agregó que el debate pendiente es por qué el analfabetismo creció tras la expulsión de los profesionales cubanos.

Según el noticioso hondureño Notifides, la base de esta polémica es que en Honduras “hay más de diez mil médicos desempleados y es injusto que, habiendo personal cualificado aquí, se contraten de otros países”.

No obstante, cabe señalar que la contratación de brigadas de profesionales por parte de Cuba está bajo el escrutinio de organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo y que varias veces se ha señalado al régimen de la isla como uno de los países promotores del tráfico de mano de obra esclava, utilizando a sus profesionales.

Sacerdote nicaragüense exiliado: en Nicaragua "no existe libertad religiosa"

El sacerdote Edwin Román a la entrada de la iglesia San Miguel Arcángel, en la ciudad de Masaya, Nicaragua. (Foto archivo VOA).

El sacerdote católico Edwin Román —uno de los más críticos en Nicaragua— cumplió este 3 de agosto el primer año de haber tomado la decisión de exiliarse en Estados Unidos.

La decisión la tomó después de unas declaraciones de la vicepresidenta Rosario Murillo, en donde dijo a un medio oficialista que él había profanado el templo que dirigía para “reunirse con un criminal”, en alusión al obispo monseñor Silvio Báez, también crítico de Murillo.

Tras este tiempo el panorama parece empeorar a juicio del padre Román, quien indica que en Nicaragua ya no existe libertad religiosa.

En Nicaragua ya se contabilizan dos sacerdotes encarcelados, mientras que otros se encuentran bajo investigación y detenidos en una localidad al norte del país por supuestamente generar zozobra.

“En Nicaragua no existe libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de circulación ni de movilizaciones cívicas. Se vive reprimido. Ni siquiera los allegados a la dictadura pueden llegar al aeropuerto y tomar un avión”, subraya Román a la Voz de América.

El gobierno ha dicho por medio de un comunicado emitido por la Policía Nacional que la última investigación que empezó a un religioso, en este caso contra monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, quien permanece encerrado desde el 4 de agosto en una casa cural, junto a cinco sacerdotes más y dos seminaristas, se da por supuestamente “intentar organizar grupos violentos incitándolos a ejecutar “actos de odio en contra de la población”.

Sin embargo, el padre Edwin Román tiene otra interpretación y menciona que en Nicaragua representa cárcel a todo lo que representa oposición y asegura que “para la dictadura somos opositores políticos”, aunque recalca que no tienen interés por ningún puesto en el gobierno.

“No buscamos ningún puesto terrenal. Nos basta servir, y dar la cara por el pueblo, salir a su defensa sin importar a quien. Nos debemos a los hijos de Dios que somos todos los seres humanos”.

Con la medida de Ortega contra Álvarez y contra la Iglesia en Nicaragua en general, el sacerdote Román considera que “en el lenguaje de la dictadura se está quemando su último cartucho”.

“Los profetas siempre van a incomodar, porque a los perseguidores les acusa su conciencia”, considera Román, quien dirigía una iglesia en la ciudad de Masaya, una de las ciudades bastión de las protestas contra Ortega en 2018.

La semana pasada la vicepresidenta Murillo se refirió, sin mencionar, a monseñor Álvarez y lo acusó de “manipular símbolos religiosos” al cargar con la imagen del Santísimo en la cercanía de la casa cural, que es donde permanece retenido.

“Los únicos perseguidores y manipuladores de signos religiosos han sido la esotérica “primera dama” y el dictador Daniel Ortega. Han perseguido a la Iglesia católica desde los años 80’. El régimen ha intentado confundir al pueblo de Dios, pero éste conoce la voz de sus pastores”, responde Román ante la acusación.

El sacerdote considera que “la dictadura ha pretendido alzarse con la autoridad de ser muy religiosos, promoviendo políticamente altares a la Inmaculada Concepción de María (La Purísima), o con sus 'nacimientos', en diciembre, sin nacer ellos a una vida nueva”.

“A propósito, no tienen ninguna autoridad religiosa para hablar de Dios. ¿Quién se las ha dado?”, cuestiona Román al respecto.

Directora de USAID: “Reconocemos a Juan Guaidó y apoyamos las negociaciones”

Samantha Power, directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (Greg Nash/Mancomunada via REUTERS).

El gobierno estadounidense reiteró su reconocimiento al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y dio su respaldo a las negociaciones que arrojen “resultados” en esa nación, según dijo la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power.

La funcionaria estadounidense se refirió en esos términos a la crisis venezolana luego de reunirse durante una hora en Bogotá con el presidente Gustavo Petro, quien este domingo asumió su cargo. “Necesitamos ser parte de la solución con responsabilidad”, manifestó Power en una conferencia de prensa celebrada en el Hotel Gran Hyatt.

La funcionaria, la de mayor rango en la delegación enviada por el gobierno de Estados Unidos para la asunción de Petro, estuvo acompañada en su interacción con periodistas por Juan González, director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU, Gregory Meeks.

“Estados Unidos y el gobierno de Biden reconocemos a Juan Guaidó y apoyamos las negociaciones, que necesitan producir resultados que pongan a la gente de Venezuela más allá (alejada) de la situación horrible que han vivido durante demasiado tiempo por la dictadura y la represión, por esos malos manejos severos a nivel económico”, expresó.

La Casa Blanca y otras 50 sedes gubernamentales del mundo reconocen a Guaidó como mandatario encargado de Venezuela desde enero de 2019, cuando se juramentó como tal apoyado por el Parlamento, denunciando que Nicolás Maduro usurpaba el poder.

Power valoró que no hay “un sistema que tenga una peor administración” y haya causado “una tristeza más evidente” sobre millones de personas que prefieren huir de su país buscando seguridad y oportunidades, manifestó en referencia al gobierno de Maduro.

Insistió en que el “interés común” de la región ante la crisis venezolana es enfrentar las causas que derivaron en semejante diáspora. “Eso solamente se va a dar a través del camino de la negociación para salir de esta crisis de inseguridad política y económica”, expresó.

Las declaraciones de Power se suman a otras recientes de diferentes voceros del poder ejecutivo estadounidense a favor de la reactivación de las negociaciones entre la oposición y el oficialismo en Venezuela para lograr una elección justa, libre y transparente en ese país.

Desde marzo pasado, el gobierno de Biden ha enviado dos delegaciones a conversar directamente con Maduro en el Palacio de Miraflores, en Caracas, sobre una posible reanudación de cooperación energética, las sanciones económicas contra el oficialismo y la demanda de la Casa Blanca de que liberen a estadounidenses detenidos en Venezuela.

Trabajo conjunto

Las afirmaciones de Power sobre Venezuela ocurren una semana después de que el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, visitara esa nación suramericana.

El alto funcionario de la ONU se reunió esos días con Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020 -de mayoría chavista-, funcionarios oficialistas, el delegado jefe de la oposición en los diálogos de Ciudad de México y voceros de ONG.

Griffiths se declaró esperanzado porque la economía, a su entender, “está mostrando signos de recuperación”, a pesar de que “siguen existiendo significativas necesidades humanitarias” en la nación suramericana.

Power, por su lado, reveló en Bogotá que expresaron el deseo del gobierno de Biden de seguir materializando un trabajo conjunto con Colombia, ahora presidida por Petro.

“Después de décadas de conflicto, sabemos que la gente de Colombia merece una paz duradera y continuamos apoyando la implementación de acuerdos de paz”, aseguró.

Tanto Power como el congresista Meeks remarcaron que Estados Unidos sigue siendo el socio más importante de Colombia y agradecieron a esa nación por su asistencia humanitaria a centenares de miles de venezolanos que han llegado a su territorio.

Meeks dijo esperar que las conversaciones de Petro con Maduro para la reanudación de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia incluyan el tópico del “camino de elecciones libres y justas”. “Ayudar a que suceda esto, ayuda a todo el hemisferio”, opinó.

Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda al comandante militar, General Luis Fernando Navarro, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el 7 de agosto de 2022. (César Carrión/Colombian Presidency/Handout via REUTERS).

Gustavo Petro se convirtió este domingo en el 42 presidente de Colombia, en una toma de posesión catalogada como histórica, no solo por ser el primer presidente de izquierda del país suramericano, sino porque recibió la banda presidencial con el apoyo de organizaciones feministas, de izquierda, indígenas, afrodescendientes, sindicales y étnicos, y de una mayoría en el Congreso.

Durante la ceremonia, Gustavo Petro, de 62 años, caminó rumbo a la Plaza de Bolívar en compañía de su esposa y sus hijos. Con el canto al unísono "¡Sí se pudo, sí se pudo!" y "Petro, amigo, el pueblo está contigo", la ciudadanía saludó al presidente.

Tras el himno nacional, Roy Barreras, presidente del Congreso de Colombia, tomó juramento al nuevo mandatario. La senadora izquierdista María José Pizarro, en medio de lágrimas, le impuso la banda presidencial.

"Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar", dijo el nuevo presidente de Colombia.

El presidente Petro, tras su discurso del inauguración el pasado domingo.
El presidente Petro, tras su discurso del inauguración el pasado domingo.

En su discurso inaugural, Petro invitó a los grupos armados “a dejar las armas en las nebulosas del pasado” y a “aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia”.

Además, Petro señaló que es necesario cambiar la política contra las drogas. "Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados durante estos 40 años, y que deja 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año, que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados" y "ha llevado a los Estados a cometer crímenes”, agregó.

El nuevo presidente enumeró una serie de propuestas de su gobierno, entre ellas varias reformas a la salud, tributarias, a las pensiones y la educación, y dijo que ha "priorizado en el presupuesto la infraestructura de la educación, de la salud, del agua potable, de los distritos de riego y de los caminos vecinales".

“Los impuestos no serán confiscatorios, simplemente serán justos”, agregó, al señalar que la desigualdad que vive el país es “aberrante”.

El mandatario también recalcó la importancia de la igualdad de género, del cambio climático y el cuidado de la selva amazónica.

Sobre una tarima en frente del Congreso, cuyas columnas fueron adornadas con flores y plantas exóticas, el líder de la izquierda pidió que hiciera presencia la espada de Bolívar -robada el 17 de enero de 1974 por la guerrilla del M-19 y entregada tras pactar la paz, en 1990- como símbolo de la búsqueda de la paz, y posteriormente tomó juramento de la primera vicepresidenta afrodescendiente de Colombia, Francia Márquez.

El evento de toma de posesión contó con la participación de 60 delegaciones nacionales e internacionales. Unas 100.000 personas y 1.000 artistas participaron.

Desde horas de la mañana, diferentes grupos de danza y música actuaron en tarimas dispuestas en inmediaciones de la plaza, donde los ciudadanos disfrutaron de ritmos folclóricos.

Luis Carlos Montenegro, representante del movimiento "Vamos por los derechos" dijo que vivió el evento “con alegría, con festividad, con colores” y que velarán porque se respete los derechos de activistas y defensores de derechos humano en su país.

La colombiana Sara Cruz le dijo a la VOA que ahora van a lograr “lo que hemos soñado durante muchos años”.

La joven Catalina Frayle señaló que “hay mucha felicidad. Los jóvenes estamos muy conscientes de todos los años que hemos intentado que esto cambie, y es emoción, es felicidad de sentir que vamos a llegar a un mejor lugar”.

Antes de la asunción oficial, Petro asistió a varias ceremonias simbólicas. En la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte del país, los indígenas aruhacos le dieron su “bendición”. Uno de los mamos -la máxima jerarquía de la comunidad- le pidió dar respuesta a las demandas de la sociedad y le entregó un bastón que representa la sabiduría.

Entre los invitados estuvieron el Rey Felipe VI de España; los presidentes de Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Argentina, República Dominicana, Honduras y Costa Rica; el canciller de Brasil, Carlos Alberto França; el vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa Jr. y la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez, entre otros. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no fue invitado dadas las profundas diferencias políticas con Duque.

Por Estados Unidos asistió Samantha Power, directora de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID).

El dispositivo de seguridad para la posesión incluyó 15.000 miembros de la Fuerza Pública, 10.000 policías y 5.000 miembros del ejército.

Las propuestas de Petro

La banda presidencial que portará Petro lleva consigo los desafíos de sortear la creciente violencia que ha cobrado la vida de más de 560 defensores de derechos humanos desde 2016, la inflación más alta de las últimas dos décadas y la búsqueda de consensos en un país dividido.

Petro prometió una nación con menos desigualdad, que garantizará los derechos de todos sus ciudadanos -especialmente de los más vulnerables- y que dará prioridad al medio ambiente.

Las iniciativas del nuevo gobierno se centran en la justicia racial, la defensa de los derechos de las mujeres, los derechos humanos y el cuidado de la vida y el territorio.

La economía, la inflación, la inseguridad, la desigualdad, la violación a los derechos humanos y las trabas de acceso a la salud y la educación serán los retos principales del presidente.

Una de sus banderas ha sido conseguir “la paz total”, en un país donde, según cifras de la Comisión de la Verdad, durante cinco décadas de conflicto han sido secuestradas 50.770 personas, 121.768 han desparecido y 450.664 han sido asesinadas.

A pesar de la firma del acuerdo de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aún el país está sumergido en la violencia. Petro ha propuesto iniciar el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y someter a la justicia las bandas criminales que se nutren del narcotráfico.

Sus promesas también incluyen una reforma al sistema de pensiones y la suspensión del otorgamiento de licencias mineras en favor de las energías renovables, lo que ha generado polémicas e el gremio empresarial.

Por otro lado, algunos opositores han señalado temores de que con Petro en el poder Colombia se pueda convertir en una "segunda Venezuela”, ya que el exalcalde de Bogotá anunció que restablecerá relaciones con el país vecino.

Analistas dijeron a VOA que con el restablecimiento de relaciones con Venezuela esperan una reactivación económica en la zona de la frontera.

Tras ser elegido, Petro buscó el diálogo con sus críticos y opositores y consiguió una mayoría en el Congreso, necesaria para sacar adelante diferentes reformas, entre ellas la tributaria, que busca aumentar los impuestos a las clases más altas y darle recursos a programas sociales.​

(Con información de la VOA y AP).

Cargar más

XS
SM
MD
LG