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América Latina

Claver-Carone: la presencia de Irán en Venezuela no es nueva y se ha desenmascarado

El presidente de Irán, Hasán Rouhaní (d), durante su encuentro el viernes con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro (i),en Margarita (Venezuela). El mandatario persa entregará a Maduro la Presidencia Pro Tempore (PPT) del bloque de los No Alineados.

La presencia de Irán en Venezuela no es nueva y ahora se ha "desenmascarado", afirmó este jueves Mauricio Claver-Carone, principal asesor para las Américas del presidente estadounidense, Donald Trump.

"La presencia de Irán en Venezuela ha sido ya por muchos años, no es nueva. La diferencia hoy en día es que se sabe, que se ha desenmascarado por desesperación, ya porque le hemos cerrado las puertas al mundo", añadió el funcionario en una conferencia de prensa telefónica.

La diferencia hoy en día es que se sabe ...


Claver-Carone señaló que "el mundo ya sabe abiertamente" lo que "por muchos años se negaba y se cuestionaba". "Pero ya hoy en día el régimen de Nicolás Maduro ha sido desenmascarado, sus nexos con el narcotráfico, su liderazgo del Cartel de Los Soles, sus nexos con Irán y el papel desafortunado y desestabilizador que juega Cuba en ese país", agregó.

Según acusaciones judiciales del Gobierno estadounidense, el Cartel de los Soles es una organización de narcotraficantes presuntamente compuesta por oficiales venezolanos de alto rango y encabezada por el presidente Nicolás Maduro.

El funcionario se pronunció en los días previos a la visita que Robert O'Brien, asesor de Seguridad Nacional de Trump, hará la próxima semana a Panamá y Colombia y que tendrá entre sus prioridades temas de seguridad y de desarrollo económico.

El pasado 31 de julio, Irán inauguró un enorme supermercado en Venezuela como parte de su cada vez más estrecha relación con el país caribeño y en un claro gesto de desafío de ambas naciones a Estados Unidos.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, no reconoce al Gobierno de Maduro, contra el que ha endurecido en los últimos meses las sanciones económicas, al igual que contra el país persa.

Claver-Carone se refirió a Venezuela este jueves como un "narco-Estado" y señaló la importancia de trabajar con Panamá, Colombia y el líder opositor Juan Guaidó, al que Washington reconoce como presidente interino de Venezuela, para mantener una cooperación que permita aplicar la ley y acabar con los grupos "narcoterroristas".

"Venezuela es el único país del mundo cuyo líder está actualmente encausado por narcotráfico y narcoterrorismo en EEUU, cuyo líder no reconocido, pero quien está usurpando el poder y manejando el poder es una persona encausada por narcotráfico y narcoterrorismo", sentenció.

El portavoz estadounidense apuntó que el denominado Cartel de los Soles es "respaldado por los grupos narcoterroristas colombianos", entre los que mencionó el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y "algunos de los fugitivos" de la extinta guerrilla de las FARC.

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Añez renuncia y alerta que está en juego la democracia (VIDEO)

La presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, durante su discurso en el Palacio de Gobierno, en La Paz, el miércoles 22 de enero.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha anunciado que retira su candidatura para las elecciones de octubre.

"Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia", dijo Áñez que aspiraba como candidata por la alianza Juntos.

El propósito es mantener unido el voto contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, "ayudar a la victoria de los que no queremos las dictadura", porque "si no nos unimos, vuelve Morales", expresó en un video difundido a los medios.

Si no nos unimos, la democracia pierde, (...) la dictadura gana", añadió, por lo que instó a dejar de lado diferencias.

"Hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa. De verdad, está en juego la democracia en Bolivia", escribió en sus redes sociales.

Trump denuncia a Maduro como el mayor cómplice del narco en las Américas

El gobernante venezolano habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 14 de febrero del 2020.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump emitió un memorándum al Departamento de Estado en el que designa al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, como el cabecilla más cómplice del narcotráfico en el hemisferio occidental.

El documento señala a los países dónde hay mayor producción y tránsito de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

"El cabecilla más cómplice de este hemisferio es el dictador venezolano Nicolás Maduro. En marzo pasado, un tribunal de Estados Unidos acusó a Maduro de narcoterrorismo y conspiración para contrabandear cocaína a Estados Unidos. En respuesta, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció una recompensa de $ 15 millones por información que conduzca a su arresto o condena. Se unió a una multitud de otros compinches del régimen que están bajo acusación formal de Estados Unidos o fueron sancionados por delitos de drogas por el Departamento del Tesoro. Estados Unidos seguirá apoyando al pueblo venezolano, al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente, y trabajará junto con el legítimo Gobierno interino de Venezuela para detener el narcotráfico y erradicar los elementos criminales que han explotado a ese país. El ilegítimo narco-régimen de Maduro debe enfrentar la justicia por sus crímenes", indica Trump.

Cartel de la DEA anunciando recompensa por información que conduzca a la captura y enjuiciamiento del gobernante venezolano Nicolás Maduro.
Cartel de la DEA anunciando recompensa por información que conduzca a la captura y enjuiciamiento del gobernante venezolano Nicolás Maduro.

En Colombia el cultivo de coca y la producción de cocaína se mantienen en niveles inaceptablemente altos, reconoce el documento pero destaca que el presidente Iván Duque y su gobierno siguen siendo socios fuertes de los Estados Unidos, y que "las fuerzas policiales y militares colombianas han demostrado una gran valentía y compromiso al atacar a narcotraficantes de alto nivel, interceptar los cargamentos de drogas y erradicar manualmente la coca".

El texto lamenta que el cultivo de coca y la producción de cocaína se mantengan cerca de máximos históricos en Perú, otro aliado de Estados Unidos desde hace mucho tiempo.

"Desde la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, la cooperación entre Estados Unidos y Bolivia contra las redes de tráfico de drogas ha aumentado durante el gobierno de transición de Bolivia. El gobierno de transición logró importantes avances en la interdicción de drogas y reanudó el procesamiento de solicitudes de extradición de narcotraficantes por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el cultivo de coca sigue excediendo los límites legales establecidos por las propias leyes internas de Bolivia para usos medicinales y tradicionales, y el Estado boliviano no ha tomado medidas suficientes para salvaguardar los mercados lícitos de coca del país de la explotación criminal", señala el memorando.

El presidente Trump destaca que "México aprobó con éxito reformas de decomiso de activos, aumentó las extradiciones de peligrosos narcotraficantes a los Estados Unidos, logró un progreso sustancial en completar su primer estudio sobre el rendimiento de la amapola en 17 años y elaboró una estrategia antidrogas. Si bien estos son signos de progreso, se debe hacer más. México sigue siendo la fuente de casi toda la heroína y metanfetamina incautada en los Estados Unidos y una ruta de tránsito para la mayor parte de la cocaína disponible en nuestro país. Además, los cárteles mexicanos se aprovechan de los controles desiguales de precursores químicos en México para fabricar drogas mortales, como el fentanilo, dentro de México y pasarlas de contrabando a Estados Unidos. Las interdicciones de drogas en México siguen siendo demasiado bajas frente a estas amenazas críticas de drogas. Estos cárteles representan una clara amenaza para México y la capacidad del gobierno mexicano de ejercer un control efectivo sobre partes de su país".

El país azteca, dice el presidente de EEUU, debe demostrar claramente su compromiso de desmantelar los cárteles y sus empresas criminales y hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por estos grupos.

OEA enviará misión de observadores a elecciones en Bolivia

El ex canciller de Costa Rica, Manuel González, habla ante la OEA

Por invitación del Gobierno de Bolivia, la Organización de los Estados Americanos, OEA, desplegará una Misión de Observación Electoral, MOE, para las elecciones que se celebrarán el próximo 18 de octubre en ese país, en las que se elegirá presidente, vicepresidente, senadores y diputados.

La Misión será encabezada por el ex Canciller de Costa Rica, Manuel González.

González tiene una larga trayectoria como político, diplomático y académico. Fue ministro de Relaciones Exteriores y Culto de 2014 a 2018 y ministro de Comercio Exterior de 2004 a 2006, además de embajador ante Naciones Unidas de 2002 a 2004.

La Misión estará integrada por más de 30 expertos en organización y tecnología electoral, financiamiento político-electoral, participación política de las mujeres, justicia electoral, estadística, medios y redes sociales, voto en el extranjero, y participación política de pueblos indígenas, además de observadores en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba y, para dar seguimiento al voto en el exterior, en Argentina, España y Estados Unidos

En virtud de la situación sanitaria impuesta por la pandemia de Covid-19, la Misión implementará un esquema que le permitirá recopilar la información en el terreno y combinará componentes presenciales y virtuales para facilitar la interacción entre los principales actores de la elección y analizar integralmente los aspectos técnicos del proceso.

El grupo base, que incluye al Jefe de Misión, llegará a Bolivia en los días previos a la elección y, durante su estancia, se reunirá con autoridades electorales, representantes del gobierno, partidos políticos, candidatos y representantes de la sociedad civil, siempre con estricta observancia de los protocolos sanitarios, incluyendo la distancia física y el uso de mascarillas.

Amnistía Int. y HRWatch validan informe sobre Venezuela; Cuba "alecciona" a Bachelet

Lester Delgado, de la delegación de Cuba dijo que la labor de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y su oficina, debería centrarse en la imparcialidad y la universalidad.

Las reconocidas organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) avalaron el reporte sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela divulgado este miércoles por la Organización de Naciones Unidas.

El informe que indica que a Nicolás Maduro, el ministro del Interior Néstor Reverol y el ministro de Defensa Vladimir Padrino ordenaron o contribuyeron a crímenes y que las fuerzas de seguridad venezolanas y sus grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas y violaciones sexuales ha sido criticado por Cuba, con cuestionamientos al proceder de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

"En un hito para las víctimas de violaciones a derechos humanos, el esperado y contundente informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela avala esta grave denuncia y respalda a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega en su país. Compartimos el llamado de la ONU a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, a que se garanticen los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición”, indica un comunicado de AI.

“El informe de la Misión de Determinación de los Hechos hace eco y profundiza en las denuncias que organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales hemos realizado en los últimos años. Las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro siguen cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Sin duda, se debe renovar y fortalecer el mandato de este mecanismo de escrutinio internacional. No hacerlo sería darle la espalda a las víctimas, a la verdad y a la justicia", agregó la organización y recordó que desde mayo de 2019 han denunciado la probable comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Para José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW, el informe es importante y declaró que su hallazgo más notable es señalar a Maduro y sus ministros de Interior y Defensa por ordenar y contribuir a estos aberrantes crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Cuba rechazó los informes divulgados esta semana sobre Nicaragua y Venezuela y señaló que emplean una narrativa "manipulada e hipócrita sobre los derechos humanos".

El representante cubano ante el Consejo de Derechos Humanos, Lester Delgado, al intervenir en la sesión 45 de ese órgano, dijo que Bachelet y su oficina deberían centrarse en la imparcialidad y la universalidad.

“Exhortamos a la alta comisionada a continuar los esfuerzos para contribuir al respeto, al enfoque equilibrado, la objetividad, el diálogo y la cooperación, de los que tanto carecen este Consejo y la maquinaria de derechos humanos en general', afirmó el Encargado de Negocios de Cuba en Naciones Unidas.

Maduro y dos ministros señalados directamente en informe ONU sobre crímenes en Venezuela

Maduro, el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el ministro del Interior Néstor Reverol. Miraflores Palace/Handout via REUTERS

El presidente en disputa de Venezuela Nicolás Maduro, el ministro del Interior Néstor Reverol y el ministro de Defensa Vladimir Padrino ordenaron o contribuyeron a crímenes, señala un extenso informe presentado este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Los investigadores del organismo internacional determinaron que las fuerzas de seguridad venezolanas y sus grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas.

"El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes", asegura el reporte.​

El informe denuncia el empleo de técnicas de tortura como posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante", agrega la investigación.

Además apunta a Venezuela como país con una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión Internacional Independiente de Investigación no pudo visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes y se enfrentó a otras restricciones de viaje debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta.

A continuación publicamos un adelanto del informe completo:

GINEBRA (16 de septiembre de 2020) – El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado hoy.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno.”

Ejecuciones extrajudiciales

Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar “semillas”. Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”. Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a “matar criminales sin compasión”.

También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” dijo Marta Valiñas.

Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.

Detención y tortura por motivos políticos

La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un “comportamiento cultural” de tortura.

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante,” dijo Francisco Cox.

El ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN.

“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro” dijo Francisco Cox.

“Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados.”

Violaciones relacionadas con las protestas

La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.

Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.

“La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta,” dijo Paul Seils.

“Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara.”

Un poder judicial comprometido

Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.

El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.

“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Marta Valiñas.

“Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó.”

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