El documento es un informe anual que el Departamento de Estado facilita al Congreso de Estados Unidos. Es preparado conforme a la Ley de Ayuda Exterior y describe los esfuerzos que llevaron a cabo países clave para atacar todos los aspectos del narcotráfico internacional durante el año 2003. Incluye las medidas que se han tomado no solamente contra las actividades de narcotráfico, sino también contra la producción de sustancias químicas utilizadas en la producción de narcóicos y también se refiere al lavado de dinero y a delitos financieros derivados del narcotráfico.
Agrega el informe que las autoridades de seguridad estatal del régimen cubano tomaron una actitud mucho más activa respecto a las actividades que considera "ilegales" y que aunque esto incluyó desde el primer trimestre de 2003 el tráfico de narcóticos, el propósito principal de esa intensificada actividad fue el arresto de cientos de disidentes de la sociedad civil, 75 de los cuales recibieron rápidamente condenas de prisión que promedian 20 años.
Según el informe, "El régimen parece haber aprovechado su amplia campaña represiva contra el narcotráfico, para reprimir actividades económicas que considera ilegales aunque son permitidas en la mayoría de las sociedades . . .
"Más tarde . . . extendió la represión a actividades políticas permitidas en las sociedades democráticas . . . Las aguas y el espacio aéreo territoriales de Cuba continúan dando paso a los narcotraficantes que transitan desde Suramérica y el Mar Caribe hacia Estados Unidos, México, Haití y Bahamas," subraya el informe.
Agrega que "las autoridades cubanas han decidido no otorgar una política de empleo efectivo de la fuerza y recursos adecuados a sus autoridades antinarcóticos y darles una capacidad mayor para interceptar embarcaciones rápidas o aviones. Como consecuencia, existe un corredor favorable en las aguas y el espacio aéreo de Cuba para los contrabandistas . . . el actual inventario de desvencijadas lanchas y aviones de patrullaje del gobierno de Cuba no constituye una fuerza efectiva de intercepción . . .Otras fuerzas de seguridad reciben mayores recursos; el gobierno asigna . . . presupuestos sustanciales a otras autoridades policiales, especialmente a la Dirección General de Seguridad del Estado . . . Cuba no ha firmado el acuerdo caribe sobre Cooperación Marítima Antinarcóticos aunque participó en las negociaciones. . . Cuba forma parte de la Convención Antinarcóticos de Naciones Unidas aprobada en 1988..."
Según el informe, "Fidel Castro firmó el 23 de enero de 2003 el Decreto 232 Sobre Confiscación por Hechos Relacionados con Drogas, Actos de Corrupción y otros Comportamientos Ilícitos. Este decreto autoriza el arresto de productores de narcóticos, narcotraficantes, usuarios y de los culpables de corrupción, proxenetismo, pornografía, corrupción de menores, trata de blancas y otros crímenes similares . . ."
El informe subraya que bajo el Decreto 232 el gobierno de Cuba realizó más de 2,000 arrestos, mayormente relacionados con narcotráfico de poca monta, y también arrestó a miembros de la oposición política y acosó a centenares más … Por tanto, la oportunidad en que se llevó a cabo la batida antinarcóticos indica que tuvo el propósito, al menos en parte, de ser el preludio para una campaña represiva mucho más amplia. . ." contra la oposición política.
Según el mismo informe, "Recientemente Cuba indicó que no tiene interés en firmar el Acuerdo Regional del Caribe para la Cooperación Marítima Contra el Narcoráfico, lo cual indica que no participará en la coordinación necesaria para combatir el narcotráfico en el contexto regional . . . Esto aumentará el uso narcotraficante de las aguas territoriales y el espacio aéreo de Cuba. . ."