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Venezuela

Instan a la ONU a declarar emergencia humanitaria compleja en Venezuela

Venezolanos en una trocha en Cúcuta.

(Washington D.C.) – La combinación de la severa escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela con la propagación de enfermedades a través de sus fronteras representa una emergencia humanitaria compleja que exige una respuesta rotunda de la Secretaría General de las Naciones Unidas, señalaron expertos y médicos de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins y Human Rights Watch en un informe conjunto difundido hoy.

Durante el gobierno de Nicolás Maduro, las autoridades venezolanas no solo demostraron que no tienen la capacidad para ponerle fin a la crisis, sino que la han exacerbado al negarla y censurar información sobre la magnitud y la urgencia de los graves problemas que enfrenta el país.

El informe de 73 páginas, titulado “La emergencia humanitaria en Venezuela: se requiere una respuesta a gran escala de la ONU para abordar la crisis de salud y alimentaria”, documenta un aumento de los niveles de mortalidad materna e infantil; brotes de enfermedades que podrían prevenirse con vacunación, como el sarampión y la difteria; e incrementos drásticos en la transmisión de enfermedades infecciosas, como malaria y tuberculosis.

Los datos disponibles muestran altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil, así como una alta proporción de niños y niñas ingresados en hospitales con desnutrición.

“Por más que lo intenten, las autoridades venezolanas no pueden ocultar la realidad del país”, expresó Shannon Doocy, PhD y profesora asociada de Salud Internacional de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, quien realizó investigaciones en la frontera de Venezuela.

“El colapso absoluto del sistema de salud de Venezuela, combinado con la escasez generalizada de alimentos, está agudizando el calvario que viven los venezolanos y poniendo a más personas en riesgo. Necesitamos del liderazgo de la ONU para contribuir a terminar con esta grave crisis y salvar vidas”.

A fin de marzo de 2019, la Federación Internacional de la Cruz Roja anunció que aumentaría su presencia en Venezuela para cubrir las necesidades de unas 650,000 personas. Un informe interno de la ONU filtrado a la prensa en las mismas fechas sostiene que la población en Venezuela que necesita ayuda es de aproximadamente 7 millones.

Los autores del informe señalaron que el secretario general de la ONU, António Guterres, debería liderar los esfuerzos para definir una respuesta a gran escala que permita abordar la situación dentro y fuera del país. Específicamente, el secretario general debería:

Declarar oficialmente que en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja, principio técnico de la ONU que permitiría destrabar la movilización de recursos humanos y materiales suficientes para abordar las necesidades urgentes del pueblo venezolano;

Encargarle al Coordinador de Socorro de Emergencias de la ONU, quien también dirige la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), que aborde la crisis venezolana como un asunto prioritario que requiere movilización de esfuerzos y recursos de asistencia humanitaria a gran escala; y

Urgirles a las autoridades venezolanas que publiquen datos oficiales sobre enfermedades, epidemiología, seguridad alimentaria y nutrición para que la ONU pueda llevar adelante una evaluación completa de las necesidades humanitarias y de la magnitud real de la crisis en todo el país.

Expertos de Human Rights Watch y del Centro por la Salud Humanitaria (Center for Humanitarian Health) y el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos (Center for Public Health and Human Rights) de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins entrevistaron a más de 150 personas para elaborar este informe. Entrevistaron a profesionales de la salud, ciudadanos venezolanos que habían llegado recientemente a Colombia y Brasil para solicitar atención médica o en busca de alimentos, representantes de organizaciones humanitarias internacionales y no gubernamentales, funcionarios de las Naciones Unidas y funcionarios de los gobiernos brasileño y colombiano. El equipo también analizó datos sobre la situación dentro de Venezuela aportados por fuentes oficiales, hospitales, organizaciones nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales. La elaboración del informe tomó un año.

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han informado que:

  • Entre 2008 y 2015, solamente se registró un caso de sarampión (en 2012). Desde junio de 2017, se han reportado más de 9.300 casos de sarampión, de los cuales se confirmaron más de 6.200.
  • No hubo en Venezuela ningún caso de difteria entre 2006 y 2015, pero desde julio de 2016 se han reportado más de 2.500 presuntos casos, y más de 1.500 de estos se han confirmado.
  • La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la cantidad de casos confirmados de malaria ha aumentado en forma constante en los últimos años, de menos de 36.000 en 2009 a más de 414.000 en 2017.
  • El número de casos de tuberculosis registrados en Venezuela aumentó de 6.000 en 2014 a 7.800 en 2016, y en informes preliminares se indica que hubo más de 13.000 casos en 2017. La tasa de incidencia de la tuberculosis ha aumentado en forma constante desde 2014, y en 2017 llegó a ser de 42 cada 100.000 personas. Se trata de la tasa más alta en Venezuela en 40 años.
  • En 2018, se estimó que casi nueve de cada diez venezolanos que viven con VIH y se encontraban registrados ante las autoridades no estaban recibiendo tratamiento antirretroviral, aunque se desconoce la cantidad total de personas que necesitan ese tratamiento.
Conferencia de prensa de Human Rights Watch sobre la crisis de la salud en Venezuela. Foto Michelle Sagué.
Conferencia de prensa de Human Rights Watch sobre la crisis de la salud en Venezuela. Foto Michelle Sagué.

Las estadísticas oficiales más recientes del Ministerio de Salud de Venezuela indican que, en 2016, la mortalidad materna aumentó un 65 % y la mortalidad infantil creció un 30 % respecto de 2015. Aunque la mortalidad infantil se ha elevado en toda la región, Venezuela es el único país de América del Sur donde la mortalidad infantil ha vuelto a valores que se habían registrado por última vez en la década de 1990.

El hambre, la desnutrición y la severa escasez de alimentos son fenómenos extendidos en todo el territorio nacional. En 2018, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) indicó que, entre 2015 y 2017, casi el 12 % de los venezolanos —3,7 millones— estaban subalimentados, comparado con menos del 5 % entre 2008 y 2013. En encuestas extraoficiales se detectó que la mayoría de los hogares venezolanos están en situación de inseguridad alimentaria y que el nivel de niños y niñas de menos de cinco años con desnutrición aguda moderada y severa es alarmantemente alto.

El éxodo masivo de venezolanos —más de 3,4 millones en los últimos años— está desbordando los sistemas de salud de los países receptores. Los datos reunidos en Colombia y Brasil muestran un aumento abrupto en la cantidad de ciudadanos venezolanos que intentan obtener tratamiento médico en el extranjero, y diversos doctores indicaron que, en general, los venezolanos llegaban tras haber recibido un tratamiento limitado en su país, o directamente sin haber recibido ningún tratamiento.

Aunque en 2018 empezó a ingresar más ayuda internacional en Venezuela, varios funcionarios de organizaciones humanitarias internacionales y no gubernamentales que tienen presencia en el país afirmaron que dicha asistencia no cubre las necesidades urgentes de la población. En muchos casos, las autoridades han interpuesto obstáculos a las actividades de esas organizaciones.

Si bien las autoridades venezolanas pueden rechazar ofrecimientos específicos de asistencia, tomar esa decisión impone la obligación de definir alternativas que permitan abordar de manera efectiva las necesidades urgentes de la población.

Las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro no han cumplido con su obligación, manifestaron Human Rights Watch y expertos de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

“Las autoridades venezolanas públicamente minimizan la crisis, censuran información, hostigan y toman represalias contra quienes recopilan datos o informan sobre lo que ocurre, y, además, hacen poco y nada para paliar el sufrimiento del pueblo”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Estas autoridades son responsables por la pérdida innecesaria de vidas que ha causado su negación de la crisis y sus políticas de obstrucción”.

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Médicos Sin Fronteras se retira de hospital, víctima de restricciones del régimen de Venezuela

Trabajadores de las salud en Caracas. REUTERS/Manaure Quintero.

La ONG humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) se retiró de un hospital en un barrio de escasos recursos en Venezuela debido a que, según declaró la organización internacional, "las restricciones impuestas por el gobierno imposibilitaban su trabajo".

Unos 40 profesionales extranjeros, entre médicos, enfermeros y técnicos, no han podido obtener permisos para trabajar en Venezuela este año, lo que MSF dice le ha forzado a comenzar a cerrar su atención a pacientes de Coronavirus en el hospital público Pérez de León II, informa la Voz de América (VOA).

“Luego de meses luchando por el ingreso de personal internacional, nos vemos obligados a una decisión que no queríamos tomar y que no será positiva para nadie”, dijo a Associated Press Isaac Alcalde, coordinador de MSF en Venezuela. “Nos cuesta mucho entender que MSF no pueda conseguir esos permisos”.

La pandemia llegó a Venezuela en marzo. Las autoridades reportan casi 900 muertes producto de unos 100.000 casos registrados, aunque los críticos del gobierno del presidente Nicolás Maduro dicen que la cifra es mucho mayor.

Entre sus proyectos en Venezuela, Médicos Sin fronteras rehabilitó, al inicio de la pandemia, el pabellón en el hospital público en Caracas para que operara a niveles de primera. El hospital está en Petare, uno de los barrios más pobres y temidos de la capital.

A pesar de las restricciones, MSF dijo que se las ingenió para cubrir muchas de las posiciones con personal venezolano calificado. Pero también se necesita un equilibrio con especialistas internacionales en Venezuela familiarizados con los procesos de la agrupación para garantizar los estándares de calidad.

El equipo de 150 médicos, enfermeros, psicólogos y técnicos — que ahora están en riesgo de perder sus empleos — han examinado a unos 3.500 pacientes con COVID-19, especialmente en Petare.

Médicos Sin Fronteras, sin embargo, dijo que mantendrá algunos de sus programas en el hospital y en los otros 39 proyectos que apoya en el país. Aunque dejará algunos suministros, su retiro es un duro golpe que interrumpe la atención adecuada por COVID-19 en un área vulnerable.

La organización humanitaria, que trabaja en zonas de conflicto y crisis en todo el mundo, dijo que las restricciones en Venezuela pudieran terminar impactando otros proyectos, que incluyen el combate a la malaria.

El ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió a una solicitud de comentario de Associated Press.

El congresista opositor Miguel Pizarro, representante de Venezuela ante la ONU, dijo que lamentaba la decisión de MSF, y dijo que esto es un síntoma del maltrato por parte del gobierno hacia organizaciones que tratan de asistir al país en crisis.

Represión a los sindicalistas en Venezuela

Un trabajador en Venezuela en medio de una protesta (Juan Barreto / AFP).

En Venezuela, la figura de los líderes sindicales ha tomado relevancia en los últimos años debido a la crisis política, económica y social.

Estas personas son las voces oficiales de los trabajadores de sectores afectados por los bajos salarios y las precarias condiciones para laborar, informó la Voz de América (VOA).

Sin embargo, el esfuerzo que ha impulsado cada uno de ellos en pro de lograr mejoras salariales y hacer notar las necesidades del sector obrero les ha costado también a algunos su propia libertad.

La VOA informa que este año al menos nueve representantes del sector sindical han sido detenidos por fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro.

Algunos ejemplos son las detenciones de tres sindicalistas independientes de la Gobernación del estado Sucre, y de Darío Salcedo, delegado sindical del Instituto Socialista de la Pesca y Agricultura.

También se destaca el caso de Rubén González, detenido en 2017 y excarcelado este año al beneficiarse del indulto presidencial otorgado a mediados de agosto.

Recientemente, otros dos sindicalistas terminaron tras las rejas. Se trata de la dirigente sindical petrolera Guillermina Zárraga, y Eudis Girot, director de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.

Ambos habían denunciado las deplorables condiciones de las refinerías del país, así como las precaria situación de los trabajadores.

Desaparecidos 16 menores de edad venezolanos después de ser deportados de Trinidad y Tobago

16 menores de edad venezolanos se encuentran desaparecidos después de ser deportados por Trinidad y Tobago.

El domingo pasado 16 menores de edad, junto a 13 adultos, fueron deportados por las autoridades de Trinidad y Tobago en dos embarcaciones pequeñas conocida como “peñeros” con destino a Venezuela.

Se esperaba que llegaran el lunes al mediodía, pero hasta el momento se desconoce el paradero de los migrantes, informó el comisionado de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados de la nación, David Smolansky.

Smolansky calificó el hecho como atroz y recordó que “un juez de la Corte Suprema ordenó a la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago que devuelva a la isla a los niños”, pues Trinidad y Tobago “ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre Refugiados de 1951”, y ambos instrumentos protegen a migrantes y refugiados de la “devolución”, por lo que el país "está violando un recurso de Habeas Corpus".

Un representante de los padres de los niños deportados, Eliezer Torres, aseguró en un video que hasta el momento no tienen información de dónde están los niños ni las embarcaciones. “Tenemos información de que los niños están presentando vómito, enfermedades y deshidratación”, dijo Torres en el video quién además aseguró que las autoridades trinitarias sabían que al momento de la deportación estaba "pasando un tornado por la zona".

La Comisión Interamericana de Derechos expresó su preocupación por el paradero de los menores de edad. "Personas migrantes venezolanas incluyendo 16 #NiñasNiñosAdolescentes, algunos no acompañados. Según información pública, estas personas se encontrarían en alta mar y se desconoce su paradero”, se lee en la cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó, expresó su intranquilidad por la desaparición en altamar de los migrantes deportados. “Ordenaremos a la Asamblea Nacional abrir una investigación al respecto, ya que la vida de estos venezolanos corre peligro”, escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento el gobierno de Trinidad y Tobago no se ha pronunciado al respecto.

Empresas cubanas "han hecho fortuna" en Venezuela, denuncia la oposición

Julio Borges, representante de Juan Guaidó para las Relaciones Exteriores en Venezuela. (Raul ARBOLEDA / AFP)

La oposición de Venezuela denunció este miércoles que varias empresas cubanas del sector de telecomunicaciones "han hecho fortuna" en el país mediante contratos suscritos con el Estado e instituciones públicas venezolanas, favoreciendo así a ambos Gobiernos.

"Cubatel, Copextel, Albet y Etecsa son empresas cubanas que han hecho fortuna gracias a contratos con empresas del Estado e instituciones públicas de Venezuela. Esto le ha permitido a la dictadura de Maduro copiar el sistema cubano de control político y financiar a La Habana", explicó Julio Borges, representante del líder opositor Juan Guaidó para las Relaciones Exteriores.

Según Borges, se trata de "un mecanismo para profundizar la penetración cubana en el país y financiar a la dictadura castrista" a través de dichas compañías, que suman "más de 5.000 millones de dólares en contratos", pese a que "no tenían experiencia ni conocimiento en el área".

"Cuando se revisan a fondo los contratos, uno se percata que estas empresas no tenían experiencia en el área. Además, fueron contratos secretos, que se dieron de espaldas al país y que en muchos casos constituyen una violación flagrante a la soberanía. Por ejemplo, Cuba tuvo acceso al sistema de identidad de Venezuela", precisó.

Asimismo, indicó que La Habana "es el sostén más importante de (el presidente venezolano) Nicolás Maduro", a quien -considera- apenas le quedan apoyos.

"Maduro se ha quedado sin apoyos. Solo le quedan Cuba, Irán y el crimen organizado. La inteligencia cubana es la que le permite perseguir a la Fuerza Armada y a la sociedad civil. Es un aparataje dictatorial montado para desmontar la lucha interna del pueblo venezolano", aseguró Borges.

En su opinión, ante esta situación, "el mundo debe presionar a Cuba y a Maduro para lograr una transición", sostuvo. Además, señaló que desde la oposición, "se seguirá insistiendo para que la comunidad internacional avance en la justicia universal frente a los graves crímenes cometidos por el régimen de Maduro".

Según los antichavistas, el mandatario y miembros de su Ejecutivo son responsables de numerosos crímenes y violaciones a los derechos humanos, una teoría avalada por varias organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

EEUU acusa a Nicolás Maduro de saquear a Venezuela mientras se hace rico

Nicolas Maduro

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo este jueves que el dictador Nicolás Maduro de Venezuela saquea el país a su beneficio y el beneficio de sus cómplices.

El alto diplomático de EEUU dijo textualmente en su página de Twitter que “Maduro saquea la riqueza de #Venezuela para enriquecerse y a sus cómplices. Mientras:

96% de venezolanos viven en pobreza.

97% no sabe dónde o cuándo conseguirá su próxima comida.

La escasez de agua, electricidad y gas hace que la vida sea miserable".

Kozak considera que este proceder del dictador socialista ha convertido a Venezuela en uno de los países más pobres de este Hemisferio.

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