La multinacional de materiales de construcción con sede en Suiza, LafargeHolcim, el pasado 20 de mayo llegó a un acuerdo en una demanda presentada en Estados Unidos que buscaba una compensación por el uso de una propiedad confiscada por el régimen cubano.

En octubre de 2020, un tribunal de Florida aceptó la demanda de indemnización por daños y perjuicios por valor de 270 millones de dólares, presentada a la multinacional LafargeHolcim, el tercer productor mundial de cemento, en beneficio de más de 20 partes, cuyas tierras fueron nacionalizadas en Cuba.

En el terreno de la hacienda azucarera Soledad, confiscada en 1960 a la familia Claflin de Boston, fue construida la fábrica de Cemento Carlos Marx, en la localidad de El Guabairo en Cienfuegos.

La demanda alega que Holderbank (luego nombrada Holcim y LafargeHolcim) ha tenido una participación en la planta de cemento Carlos Marx desde 2001 a través de una "red compleja de empresas y transacciones".

El diario The Miami Herald, en un artículo publicado en 2014, cita una carta del 1 de julio de 2000 firmada por Marcos Portal, entonces ministro de la Industria Básica de Cuba, en la que afirmaba que La Habana había aceptado “la oferta presentada por Ibersuizas-Holderbank de establecer una empresa conjunta en la planta Carlos Marx”.

Un fax fechado el 12 de junio de 2000 del bufete Arnold & Porter de Washington, que entonces asesoraba a Holderbank, les alertó que el proyecto de Cienfuegos representaba un “riesgo significativo e inmediato” bajo la Ley Helms-Burton porque la planta estaba en terrenos confiscados a ciudadanos estadounidenses y les sugirió que la única manera factible era "llegar a un acuerdo negociado” con los ciudadanos estadounidenses que habían sido propietarios de los terrenos.

El acuerdo negociado más de 20 años después de esa recomendación legal marca la primera victoria a favor de unos demandantes bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, activado por la Administración Trump desde mayo de 2019.

"Con el primer acuerdo que involucra a reclamantes certificados (de los cuales hay 5.913), es poco probable que la Administración Biden-Harris suspenda las demandas del Título III de la Ley Libertad", explica la publicación especializada en el comercio entre Cuba y EEUU Cubatrade.org.

"Con base en los criterios de adjudicación del Título III de la Ley Libertad, la liquidación podría ser un interés anual ya que el activo fue expropiado, más daños triplicados, sumado a honorarios de abogados por un total que podría llegar a US $ 140 millones", estima CubaTrade, aunque aclara que se desconoce si el demandante o el demandado revelará el monto del acuerdo.

El nuevo informe de la ONG internacional Oxfam dice que la política estadounidense impide que los cubanos desarrollen sus capacidades y ejerzan sus derechos, afectando particularmente a grupos vulnerables.

La organización pide que se levante el embargo a la isla, alegando que “durante más de un año, las sanciones han representado un verdadero obstáculo para la adquisición de materiales” necesarios para abordar el COVID-19, y que han limitado gravemente la actividad del sector privado.

El análisis realizado por Oxfam, basado en una investigación del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y testimonios de mujeres, opina que el embargo refuerza el sistema patriarcal y hace la vista gorda a las diferentes necesidades, potenciales y oportunidades de las mujeres.

El informe incluye un prólogo de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, cuyo presidente Geoff Thale, se hizo eco del llamado de Oxfam para poner fin a las sanciones económicas a Cuba. Ambas organizaciones instaron a la administración del presidente Joe Biden a “tomar medidas para normalizar las relaciones bilaterales entre las dos naciones”.

La administración del presidente Biden ha declarado que está comprometido a revisar cuidadosamente las decisiones tomadas en la administración anterior, y que esa revisión está en curso.

El Departamento del Tesoro ha dicho en el pasado que el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, cuyos programas de sanciones generalmente permiten el comercio, asistencia o actividad legítima relacionada con la asistencia humanitaria conforme a las leyes y reglamentaciones existentes.

En un anuncio este martes en el Registro Federal, se informó que el Secretario de Estado, Antony Blinken, mantuvo a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos.

Blinken “determinó y certificó al Congreso de Estados Unidos” que Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria también están en dicha lista.

Según el Departamento de Estado, esta certificación prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa y notifica a la comunidad pública e internacional que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos.

En un correo electrónico enviado a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado explicó que al tomar la determinación anual de los países que "no cooperan plenamente" con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, llevan a cabo una revisión del nivel general de cooperación de una nación, teniendo en cuenta los objetivos antiterroristas con ese país y una evaluación realista de su capacidades.

El funcionario señaló además que la certificación como "país que no coopera plenamente" con los esfuerzos antiterroristas se realiza de conformidad con una autoridad legal y criterios separados de aquellos bajo los cuales se hacen las designaciones de "Patrocinador Estatal del Terrorismo".

La Administración Biden se ha comprometido a revisar cuidadosamente las decisiones tomadas en la administración anterior, incluida la reciente decisión de designar a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo, dijo el vocero, subrayando que "esa revisión está en curso".

Cuba regresó a la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en el 2020 bajo la administración del entonces presidente Donald Trump.

La justificación que citó el Departamento de Estado en aquel momento fue la presencia en la isla de miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional que viajaron allí para negociaciones de paz y “seguían en Cuba en el 2019”.

En una nota en Twitter, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, reaccionó este martes a la publicación del Departamento de Estado diciendo que “Sorprende e irrita la calumnia”.

Cuba también está en la lista de países que auspician el terrorismo junto con Corea del Norte, Irán y Siria.

A los países que considera patrocinadores del terrorismo, Washington les prohíbe exportar o vender armas, ciertas exportaciones que también mejorarían sus capacidades militares son controladas y les restringe la asistencia económica.

Los países en la lista no pueden acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales.

Los senadores demócratas Amy Klobuchar y Patrick Leahy, y el republicano Jerry Moran, reintrodujeron una legislación bipartidista que busca levantar el embargo comercial a Cuba, aunque sin revocar las partes de la ley que abordan derechos humanos o reclamos de propiedad.

En un comunicado, los senadores dijeron que la Ley de Libertad para Exportar a Cuba eliminaría las barreras legales para los estadounidenses que hacen negocios en Cuba y allanaría el camino para nuevas oportunidades económicas al impulsar las exportaciones de EEUU y permitir a los cubanos un mayor acceso a los productos estadounidenses.

Los senadores señalaron que la legislación derogaría las disposiciones en leyes anteriores que impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba, pero que su aprobación no revocaría las partes de la ley referidas a las violaciones de derechos humanos en la isla, o a los reclamos de propiedad contra el régimen de La Habana.

La senadora Klobuchar dijo que levantar el embargo comercial abrirá la puerta a un gran mercado de exportación y creará empleos en Estados Unidos. Añadió que “es hora de pasar página a la política fallida de aislamiento al aprobar nuestra legislación bipartidista para terminar el embargo de una vez por todas".

Por su parte, el republicano Moran opinó que el embargo comercial sobre Cuba “impide a los agricultores, ganaderos y fabricantes estadounidenses vender en un mercado a solo 90 millas de su costa mientras que competidores extranjeros como China se benefician”.

Asimismo, señaló que la legislación “ampliará las oportunidades de mercado para los productores estadounidenses al permitirles competir en igualdad de condiciones con otros países”, y añadió que es hora de enmendar las leyes “para dar a los productores estadounidenses un acceso justo al mercado para los consumidores en Cuba”.

Con él coincidió el senador democrata Leahy, quien dijo que el proyecto de ley “acabaría con una política equivocada y fallida de sanciones unilaterales que perjudica al pueblo cubano y defrauda a las empresas y trabajadores estadounidenses”.

“Hoy nunca sería aprobada por el Congreso, pero una pequeña minoría vocal se opone obstinadamente a la desaparición del proyecto de ley”, predijo Leahy.

El senador opinó que la consecuencia del embargo comercial, además de bloquear las exportaciones y los ingresos de los agricultores y fabricantes estadounidenses, es que los competidores están cosechando los beneficios de lo que denominó “nuestra miopía”, y alentó a que la legislación se debata en el Senado.

La senadora Klobuchar ha introducido La Ley de Libertad para Exportar a Cuba en varias ocasiones, pero el proyecto no ha avanzado en el Senado.

Los ex senadores estadounidenses Joe Lieberman y Robert Torricelli felicitaron al presidente Joe Biden por el compromiso de su administración de priorizar los derechos humanos en su política hacia Cuba y le recomendaron hacer cuatro exigencias fundamentales al régimen de La Habana.

​En su columna recuerdan que durante muchos años trabajaron estrechamente junto a Biden en el Senado de los Estados Unidos y aseguran que confían profundamente en el compromiso del actual presidente con la libertad y los derechos humanos: "Tenemos la esperanza de que use su poder e influencia como presidente para empoderar al pueblo cubano e impulsar un cambio positivo y duradero en la isla".

Ambos recuerdan que hace casi 30 años patrocinaron la Ley de Democracia Cubana y reconocen que les decepcionó que no produjera un cambio más eficaz y duradero en la isla.

Siendo legislador por New Jersey, Robert Torricelli fue el gestor de la Ley de la Democracia en Cuba (Cuban Democracy Act) de 1992, conocida como Ley Torricelli y Lieberman, como representante de Connecticut, fue uno de los 34 senadores que apoyaron la medida legislativa, de ahí que en pocos meses pasara de iniciativa a Ley, firmada por el entonces presidente George H. W. Bush.

En el caso de Lieberman electo desde 1989, siempre apoyó el tema de la defensa de los derechos humanos en Cuba, fue de los demócratas, junto a los senadores Bob Graham y Bill Nelson, que apoyaron en 1996 la Ley de Solidaridad y Democracia con Cuba, conocida también como Ley Helms-Burton.

Hoy día ambos consideran que "cualquier nueva política con Cuba debe basarse en una estricta reciprocidad de reformas tangibles e irreversibles que beneficien a los cubanos", alertan

El texto publicado en The Miami Herald destaca las circunstancias actuales en la isla donde "el Movimiento de San Isidro por la libertad de expresión de artistas, periodistas y académicos cubanos sigue cobrando impulso" y "el gobierno cubano se encuentra en una situación financiera desesperada y ahora está implementando y contemplando reformas económicas".

"Simplemente, restablecer las disposiciones de administraciones anteriores con la esperanza de que el gobierno finalmente negocie como un intermediario honesto, sería desperdiciar nuestra influencia y reforzaría la opresión de Cuba a sus ciudadanos", alertan.

Entre las sugerencias al presidente de EEUU están:

- asegurar que las remesas de Estados Unidos se estructuran de manera que los cubanos las reciban directamente en la misma moneda fuerte en la que fueron enviadas.

- pedir la liberación incondicional de todos los presos políticos en Cuba como condición previa para cualquier nueva relación con Estados Unidos. "En la década de 1980, nuestro país congeló las relaciones con Sudáfrica hasta que liberó a Nelson Mandela y a otros presos políticos encarcelados por protestar contra el apartheid. Finalmente, el gobierno sudafricano liberó a Mandela y puso fin al apartheid", recuerdan los exsenadores.

- insistir en que el personal médico cubano que trabaja en el extranjero reciba la compensación de los gobiernos a los que sirve. "Ahora el programa de misiones médicas del país obliga a sus médicos a brindar atención en países que pagan al gobierno cubano por sus servicios. Una vez que llegan, los agentes de inteligencia cubanos confiscan sus pasaportes y les obligan a firmar contratos que otorgan al Ministerio de Salud de Cuba poder sobre sus acciones. Además, se ven obligados a hacer proselitismo de los pacientes con propaganda política. Al parecer, se someten a una vigilancia regular. Luego, el gobierno cubano toma hasta el 95 por ciento del salario de los médicos y la pequeña cantidad restante se congela en cuentas a las que no pueden acceder hasta que regresan a casa. La administración de Biden puede usar este programa como un excelente ejemplo para pedir el fin del tráfico de trabajo forzoso".

- exigir que el gobierno cubano se retire total y unilateralmente de Venezuela.

En su artículo denuncian que el gobierno cubano ha sido un grave violador de los derechos humanos durante más de 60 años; que tan sólo en 2020 detuvo a 1.798 ciudadanos por actos de disidencia; que el gobierno cubano ayuda e incita a la dictadura de Maduro en Venezuela; que está desestabilizando la región y proporciona un refugio para las organizaciones narcoterroristas, incluidas las FARC y el ELN de Colombia; que alberga a unos 70 fugitivos estadounidenses y promueve el sentimiento antiestadounidense en todo el mundo.

Días atrás, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba señaló que la política de EEUU hacia Cuba implementada por la administración del expresidente Donald Trump, continúa "intacta y sin ninguna señal de cambio".

"Tal enfoque hacia Cuba, contrasta con las ideas planteadas por la administración demócrata en materia de Derechos Humanos, liderazgo en enfrentamiento a la COVID-19 y rectificación de las políticas atroces del gobierno anterior," declaró el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.

En abril el director sénior del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental, Juan González, dijo a CNN que la Administración Biden no seguirá la misma política de acercamiento con La Habana que emprendieron en 2014 Barack Obama y el general Raúl Castro.

“Joe Biden no es Barack Obama en la política hacia Cuba, yo creo que los dos… el momento político ha cambiado de forma importante, se ha cerrado mucho el espacio político, porque el gobierno cubano no ha respondido de ninguna forma, y de hecho la opresión en contra de los cubanos es peor aún hoy que tal vez fue durante la administración Bush", expresó el asistente del presidente Joe Biden.

El director principal para las Américas en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, agregó que levantar los límites a los viajes y remesas son los compromisos que se han hecho y que "se harán en algunos momentos".

"Quienes piensan que EEUU va a entrar en estos momentos con un diálogo de múltiples años con Cuba, yo creo que no entiende el momento político y la situación en donde estamos viviendo y el desorden que heredamos de la Administración previa", reiteró entonces González.