Cuba
EEUU incluye la tortura en informe anual sobre abusos de derechos humanos en Cuba
El informe anual 2017 del Departamento de Estado norteamericano sobre prácticas de derechos humanos en el mundo incluyó "torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes a personas percibidas como opositores políticos" en su apartado sobre los problemas más importantes detectados en ese campo en Cuba durante el período.
Entre estos se documentaron además: condiciones penitenciarias tan severas que ponen en riesgo la vida humana; detenciones y arrestos, en ocasiones violentos, por motivos políticos; una total falta de independencia de los tribunales; procesos judiciales que en la práctica dejan a los acusados sin más alternativa que defenderse a sí mismos y tratar de probar su inocencia; y la existencia de presos políticos en las cárceles.
Abusos físicos
"Hubo informes, sin embargo, de que miembros de las fuerzas de seguridad intimidaron y agredieron físicamente a defensores de los derechos humanos y prodemocracia, disidentes políticos y otros detenidos y presos durante la detención y el encarcelamiento, y que lo hicieron con impunidad. Algunos detenidos y prisioneros también sufrieron abusos físicos por parte de otros reclusos con la aquiescencia de los guardias", dice el reporte del Departamento de Estado publicado el viernes.
"Hubo informes de que la policía agredió a detenidos o fue cómplice de hostigamiento público y agresiones físicas contra manifestantes pacíficos", denuncia el reporte anual.
En el inciso dedicado a la tortura y otros tratos y castigos crueles el informe se extiende sobre el caso del artista del graffiti y disidente político Danilo Maldonado, de nombre artístico “El Sexto”.
Señala que las fuerzas de seguridad del Estado mantuvieron encarcelado a Maldonado del 26 de noviembre de 2016 al 21 de enero por pintar con un aerosol "Se fue" en un edificio la noche de la muerte de Fidel Castro.
Según el artista, las autoridades de la prisión lo mantuvieron desnudo y el Día Internacional de los Derechos Humanos lo confinaron en régimen de aislamiento; pusieron sedantes en sus alimentos; lo golpearon y amordazaron al menos en una ocasión; y difundieron el rumor de que sería asesinado a tiros durante un simulado intento de fuga.
El denunciante relató que las autoridades lo trasladaron a seis cárceles diferentes durante el período de ocho semanas para dificultar que su familia y su novia lo visitaran; las visitas le eran rutinariamente canceladas, denegadas o reprogramadas; y no se le proporcionó el tratamiento médico adecuado.
Violación de libertades y derechos
El Resumen Ejecutivo del acápite dedicado a Cuba toma nota asimismo de que continuaron las interferencias arbitrarias en la privacidad, incluidas operaciones de registro y requisas domiciliarias y la vigilancia y censura de las comunicaciones privadas.
La libertad de expresión continuó circunscrita a las manifestaciones que "se ajusten a los objetivos de la sociedad socialista", con una estricta censura que castiga incluso a quienes distribuyan ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Se mantuvieron las prohibiciones a la importación de materiales informativos; el control estricto de todas las formas de prensa; las restricciones a la Internet, incluyendo una severa limitación en su disponibilidad y bloqueos de sitios web.
También se restringió la libertad académica, castigando cualquier desviación de la línea oficial del gobierno; penalizando las críticas a dirigentes del gobierno; y limitando severamente la libertad académica y cultural, incluido el acceso a materiales de las bibliotecas.
En cuanto a los derechos de reunión se coartaron en aquellos casos en que el gobierno consideró que se ejercían "contra la existencia y los objetivos del estado socialista"; criminalizando reuniones de tres o más personas que no hubieran sido autorizadas por las autoridades, y empleando actos de repudio planificados por el gobierno en forma de turbas organizadas para asaltar y dispersar a quienes se reunieran pacíficamente.
Solo se permitió participar en el proceso político a aquellos que contaran con la aprobación del gobierno. En ese sentido el gobierno pospuso las elecciones municipales de octubre debido a los esfuerzos de recuperación relacionados con el huracán Irma, pero las llevó a cabo en noviembre, aunque no fueron ni libres ni justas. Una comisión de candidaturas controlada por el Partido Comunista decantó a todos los candidatos, y el gobierno trabajó activamente para bloquear a los que no contaran con el aval del Partido.
La libertad de asociación fue denegada al rechazarse el reconocimiento de asociaciones independientes; se continuó limitando la libertad de movimiento interno y externo; los sindicatos independientes siguieron prohibidos y se reportaron casos de corrupción oficial, trabajos forzados y trata de personas.
La mayoría de los abusos contra los derechos humanos en la isla fueron perpetrados por funcionarios del gobierno, obedeciendo órdenes de sus superiores, y la impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada, denuncia el Departamento de Estado en el apartado Cuba de su informe anual 2017 sobre prácticas de derechos humanos.
A continuación algunos apuntes de este informe:
Prisioneros políticos
El reporte destaca la resistencia del gobierno cubano a aceptar la existencia de prisioneros políticos y la negativa a brindar acceso a prisiones y centros de detención a organizaciones humanitarias internacionales y, especialmente, a las Naciones Unidas.
“El número exacto de presos políticos fue difícil de determinar, aunque las organizaciones independientes de derechos humanos estimaron que había entre 65 y 100 presos políticos”, indica el informe.
En el capítulo dedicado a Cuba también se señala la falta de transparencia gubernamental y las sistemáticas violaciones a los debidos procesos, artificios que permiten al gobierno procesar a activistas pacíficos bajo cargos criminales y “peligrosidad precriminal”.
“El gobierno usó la designación de "contrarrevolucionario" para los reclusos considerados como oposición política, pero no publicó esos números. El gobierno monitoreó de cerca a las organizaciones que rastrean a las poblaciones de prisioneros políticos, que a menudo enfrentan hostigamientos por parte de la policía estatal”, detalla.
El informe menciona especialmente el caso de Eduardo Cardet, director de la la organización de derechos humanos Movimiento Cristiano Liberación, condenado a tres años de prisión por agresión a un oficial de la policía.
Amnistía Internacional declaró a Cardet un prisionero de conciencia y explicó que fue arrestado porque criticó a Fidel Castro y su gobierno, en los días posteriores al fallecimiento del mandatario comunista. En varias ocasiones su familia ha denunciado irregularidades en su proceso legal y en el tratamiento que recibe en prisión, explica el documento.
Libertad de Expresión
Sobre la libertad de expresión el informe indicó que el gobierno de Cuba ha mostrado “poca tolerancia al ejercicio de la crítica pública de los funcionarios y programas gubernamentales y limitó el debate público sobre temas considerados políticamente sensibles”.
El texto detalló que la Seguridad del Estado acosó regularmente a los organizadores de foros independientes que intentaron debatir temas culturales y sociales, para limitar así el análisis de aspectos de la vida nacional considerados como “controvertidos”.
Las presiones, -dijo el informe-, fueron desde vigilancia con cámaras hasta agresiones y detenciones contra activistas. Algunos, entre ellos profesores y estudiantes universitarios fueron incluso censurados, degradados o expulsados de sus centros de trabajo por organizar eventos independientes.
Entre los casos que sobresalen está la estudiante de Periodismo Karla María Pérez, expulsada de la Universidad Martha Abreu en abril del 2017 por sus ideas políticas y por pertenecer al movimiento opositor Somos Más.
El Departamento de Estado dijo que grupos religiosos informaron sobre una mayor libertad para expresar sus opiniones en misas y reuniones, aunque la mayoría en la cúpula religiosa siguió ejerciendo la autocensura.
Sobre la libertad de prensa y de medios, el texto apuntó a que el gobierno comunista es “el propietario de todos los medios impresos y la radiodifusión”.
El gobierno “también limitó la importación de materiales impresos” y “los corresponsales extranjeros tuvieron acceso limitado y, a menudo, se les negaba entrevistas con funcionarios”, expresó el informe.
Además explicó que el gobierno prohibió a periodistas estatales colaborar con medios alternativos, mientras que reporteros independientes no fueron reconocidos y a con frecuencia detenidos.
El informe incluyó la censura contenida en la propia ley que prohíbe la distribución de materiales impresos catalogados como “contrarrevolucionarios” o críticos del gobierno.
Internet
El Departamento de Estado criticó la manera en que el régimen cubano controla el uso de internet en la isla y selecciona de manera intencional a quienes otorga el acceso de este servicio en los hogares.
“El gobierno restringió el acceso a Internet y hubo informes fidedignos de que monitoreó sin la debida autorización legal el uso de correos electrónicos, redes sociales, salas de chat en Internet y navegación por parte de ciudadanos y extranjeros”, plantea el reporte.
Excepto “unas pocas misiones diplomáticas y un número pequeño, pero creciente de redes subterráneas”, todo el control pasaba por manos del estado cubano, asevera el informe.
En el mismo año 2016 en que las autoridades cubanas aumentaron los puntos de acceso Wi-Fi y redujeron el precio de la conexión a internet, indica el documento, también “revisaron el historial de navegación de los usuarios, y censuraron y revisaron el correo electrónico, y bloquearon el acceso a al menos 41 sitios web considerados objetables”.
Aunque las leyes no son específicas aún en este campo, en Cuba es ilegal tener una antena parabólica que proporcione acceso a Internet sin censura. “El gobierno restringió la importación de enrutadores inalámbricos, atacó activamente puntos de acceso inalámbricos privados y confiscó estos equipos”, señala la declaración.
Otra cuestión importante, referente a la seguridad de las personas que son críticas al régimen está expresado en el mismo texto:
“El uso de software cifrado y la transferencia de archivos cifrados también son ilegales. A pesar del acceso deficiente, el acoso y los desafíos de infraestructura, un número creciente de ciudadanos mantuvo blogs en los que publicaron opiniones críticas con el gobierno, con la ayuda de amigos desde el extranjeros que a menudo construían y mantenían los sitios de blogs fuera de Cuba”, señaló el informe.
"Al igual que otros críticos del régimen, los bloggers enfrentaron el hostigamiento del gobierno, incluida la detención y los abusos físicos”, apuntó el Departamento de Estado.
Libertad de movimiento
Continuaron las restricciones a la libertad de circulación en el país, los viajes al extranjero y la migración con derecho a devolución. El gobierno también controló la migración interna. Las personas que buscan migrar legalmente enfrentaron interrogatorios policiales, multas, acoso e intimidación, incluido el despido involuntario del empleo.
La ley establece penas de prisión de hasta tres años o una multa de 500 pesos (CUP) ($ 20) para los "balseros" que se lanzan al mar por primera vez. La mayoría de las personas atrapadas intentando salir a través del mar fueron detenidas brevemente. En el caso de desertores militares, de la policía, o aquellos que viajan con niños, el castigo podría ser más severo.
Según los términos de los Acuerdos de Migración entre Cuba y Estados Unidos de 1994-95, el gobierno acordó no enjuiciar ni tomar represalias contra los migrantes que regresaran de aguas internacionales o de EE. UU. o de la Estación Naval de Guantánamo, después de intentar emigrar ilegalmente si no han cometido ningún penal anterior.
Movimiento en el país: La Constitución cubana dice que todos los ciudadanos pueden viajar a cualquier parte del país, los cambios de residencia a La Habana se restringieron. La comisión local de vivienda y las autoridades del gobierno provincial deben autorizar cualquier cambio de residencia. El gobierno multa a las personas que viven en un lugar sin la autorización de estos organismos y enviarlos de vuelta a su lugar de residencia legalmente autorizado
La ley permite a las autoridades excluir a un individuo de un área determinada dentro del país, o restringir a un individuo a un área determinada, por un máximo de 10 años. Según esta disposición, las autoridades pueden exiliar internamente a cualquier persona cuya presencia en un lugar determinado se considere "socialmente peligrosa". Los disidentes informaron que las autoridades les impidieron salir de sus provincias de origen o las detuvieron y las devolvieron a sus hogares a pesar de no presentar restricciones escritas o formales contra ellos.
Viajes al extranjero: el gobierno siguió requiriendo que varias clases de ciudadanos obtuvieran permiso para viajar como emigrantes, incluido personal médico altamente especializado; personal militar o de seguridad; muchos funcionarios gubernamentales, incluidos los académicos; y muchos ex prisioneros políticos y activistas de derechos humanos.
(Redactado por Rolando Cartaya con información del Departamento de Estado)
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Los Santos de Hialeah: La iglesia Lukumí cubana que llegó a la Corte Suprema (VIDEO)
Los Santos de Hialeah es una serie audiovisual que narra la batalla legal que enfrentó durante la década del 90' a la Iglesia Lukumí Babalú Ayé contra el gobierno de la ciudad de Hialeah y otros grupos protectores del bienestar animal como PETA y Humane Society.
Los practicantes de la religión Lukumí buscaban defender su derecho a sacrificar animales como parte de sus rituales religiosos. Sin embargo, las leyes de Hialeah les prohibían esta práctica, considerándola como un acto de crueldad animal.
La iglesia desafió esta prohibición, argumentando que violaba su derecho a la libertad religiosa, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios.
El caso de los santeros cubanos llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1993, donde se dictaminó a favor de la iglesia lukumí (también se escribe lucumí), sentando un precedente importante para la protección de la libertad religiosa.
La serie cuenta con los valiosos testimonios de los protagonistas implicados en el caso: Oba Ernesto Pichardo, cofundador y presidente de la Iglesia Lukumí Babalú Ayé en Hialeah; Lázaro Cuesta, sacerdote de la religión Lukumí; Jorge Duarte, abogado del caso, Thomas Wenski, arzobispo de Miami; y Raúl Martínez, ex alcalde de Hialeah entre 1981 y 2005.
La investigación de Martí Noticias incorpora el valioso aporte de las periodistas Ileana Bravo y Aminda (Mindy) Marqués; quienes cubrieron esta disputa legal desde su desarrollo inicial hasta su triunfo en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La victoria del caso Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah es un ejemplo de cómo las comunidades minoritarias pueden luchar por sus derechos y lograr cambios en los Estados Unidos.
Niegan régimen de mínima severidad al joven preso del 11J Ángel Jesús Veliz Marcano
Las autoridades del penal de Kilo 9, en la provincia de Camagüey, negaron el cambio a un régimen de menor severidad al preso político cubano Ángel Jesús Veliz Marcano.
Su madre, Ailex Marcano, dijo a Martí Noticias que ni a ella ni a su hijo le han dado una explicación sobre las razones de la negativa. "Ellos siempre dicen que tiene un comportamiento adecuado, que está tranquilo", comentó.
Hace más de una semana, Veliz Marcano tuvo una visita en el penal y los oficiales quedaron en darles una respuesta pero hasta el momento no han dicho nada.
En octubre pasado al joven también le fue negado el cambio de medida por una supuesta indisciplina.
Ángel Jesús Veliz Marcano, de 29 años, fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Su madre ha denunciado en múltiples ocasiones malos tratos contra su hijo en la cárcel y negación de atención médica cuando la ha necesitado, además de amenazas por parte de los oficiales del penal.
Ailex Marcano también ha sido objeto de hostigamiento por exigir la libertad de su hijo. En varias ocasiones la policía la ha detenido y amenazado.
Esta semana también le fue negado el cambio a régimen de mínima seguridad al preso político José Alejandro Rodríguez Gelín, de 24 años.
El joven cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por cargos de instigación a delinquir y desorden público tras su participación en las protestas en Jovellanos, provincia de Matanzas.
Al cierre del mes de marzo, la organización Prioners Defenders registraba 1092 prisioneros ppolíticos y de conciencia en la isla.
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.
La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.
“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".
"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.
Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.
De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.
También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.
Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.
En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.
"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.
Un total de 19.571 cubanos entraron por frontera a EEUU en marzo
Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en marzo pasado, una ligera disminución respecto a febrero (20.815), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU (CBP por sus siglas en inglés).
La mayoría de los migrantes, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera sur; y el resto por vía marítima.
Solo México (67.026) y Venezuela (21.367) superaron a Cuba en la entrada de migrantes en ese periodo. El éxodo masivo de ciudadanos de la isla que comenzó en diciembre de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, se ha mantenido imparable desde entonces.
Según CBP, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre de 2023. En los últimos seis meses, el total ha ascendido a 791.
"CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a aquellos que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos", recoge el comunicado.
La llegada de migrantes cubanos en el primer semestre del actual año fiscal, que comenzó en octubre pasado, alcanzó los 126.517.
Además de las detenciones en frontera, los datos de CBP recoge el número de cubanos que llegó a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario, aprobado por Joe Biden en enero de 2023.
"Hasta finales de marzo, un total de 404.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos", destaca el documento. En el caso de los cubanos, fueron aprobados hasta esa fecha 86.000.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila": activistas denuncian agresión y robo a su hijo
El 2024 despunta como otro año marcado por la inseguridad ciudadana y las quejas de la población por la indolencia policial ante los delitos, afirmó este miércoles a Martí Noticias la activista Marthadela Tamayo, cuyo hijo fue agredido con el propósito de robarle la mochila que portaba.
El adolescente de 16 años, Miguel Alfredo Santana Tamayo, fue amenazado con un machete, alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles, muy cerca de su casa ubicada en el Reparto Casino del municipio habanero Cerro.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila. El ladrón se dio a la fuga”, relató Osvaldo Navarro, esposo de Marthadela Tamayo y padrastro del muchacho atacado.
“Nos dirigimos a la estación más cercana, la que queda en Calle Blanquita y Entrada en Casino Deportivo”, añadió.
El oficial alegó que esa unidad se había convertido en un centro de reunión de los jefes de sectores, que no registra denuncias, por lo que debían dirigirse a la 4ª. unidad del Cerro.
“La 4ª. del Cerro es bastante lejos de aquí, de la casa, aproximadamente unos 25 minutos en transporte público y en La Habana no hay transporte público”, precisó Tamayo.
La familia que acudió a las autoridades policiales a reportar el asalto, lejos de ver atendida su demanda, se sintió en peligro:
“Nosotros insistimos que al menos habría que tramitar algo referente a lo que había pasado, en una llamada o un documento, llamar a una patrulla, pero en vano. Se acaloró la discusión, fuimos maltratados. [El oficial] trató de intimidarnos con levantarnos un acta de advertencia a cada uno, incluyendo a Miguel Alfredo que, según dijo, ya tiene edad para responder ante la Ley”, aseveró Navarro.
“Todos presenciamos la dejadez con la que el [agente policial] trató el asunto y esa es la realidad de este país. Actualmente recurrir a cualquier instancia policial equivale a poca atención o casi ninguna. Los asaltos siguen en aumento y nosotros en este momento lo estamos viviendo en carne propia, aunque somos conscientes y venimos denunciando desde hace mucho tiempo toda la violencia que está presente en las calles, en los barrios, en las comunidades a lo largo y ancho de la isla”, recalcó Navarro.
No obstante, el régimen indica que “la difusión de información y noticias falsas” pretende crear una percepción de inseguridad en la población”, que no es real.
En ese sentido, la feminista subrayó: “Estoy no solo hablando como activista, estoy hablando como madre. Mi hijo fue víctima de un acto violento ocurrido en los bajos de nuestra casa, y nosotros fuimos maltratados por el policía al que acudimos buscando protección, pero que se puede esperar si dentro de una estación de policía ocurrió un feminicidio”.
En febrero de 2023, Leidy Bacallao, de 17 años, fue asesinada a machetazos en una estación de policía adonde había acudido a refugiarse en el poblado Camalote, del municipio camagüeyano Nuevitas.
Más tarde, la familia se presentó en la 4ª. unidad de la Policía, donde le tomaron declaraciones y le solicitaron a Miguel Alfredo hacer un retrato hablado porque pareciera que [el delincuente] es alguien del barrio.
“Y eso es lo que sí me preocupa, porque si es una gente de la zona se llevó la libreta de abastecimiento que identifica a uno, y eso sí me inquietaría muchísimo más”, lamentó Tamayo.
Una encuesta de la revista oficialista Bohemia reveló en noviembre de 2023 que no todos los perjudicados hacen denuncias en la policía, y que la mayoría de las reclamaciones no se han solucionado favorablemente.
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