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Cuba

EEUU incluye la tortura en informe anual sobre abusos de derechos humanos en Cuba

Agentes del orden en las calles de La Habana.

El informe anual 2017 del Departamento de Estado norteamericano sobre prácticas de derechos humanos en el mundo incluyó "torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes a personas percibidas como opositores políticos" en su apartado sobre los problemas más importantes detectados en ese campo en Cuba durante el período.

Entre estos se documentaron además: condiciones penitenciarias tan severas que ponen en riesgo la vida humana; detenciones y arrestos, en ocasiones violentos, por motivos políticos; una total falta de independencia de los tribunales; procesos judiciales que en la práctica dejan a los acusados sin más alternativa que defenderse a sí mismos y tratar de probar su inocencia; y la existencia de presos políticos en las cárceles.

Abusos físicos

"Hubo informes, sin embargo, de que miembros de las fuerzas de seguridad intimidaron y agredieron físicamente a defensores de los derechos humanos y prodemocracia, disidentes políticos y otros detenidos y presos durante la detención y el encarcelamiento, y que lo hicieron con impunidad. Algunos detenidos y prisioneros también sufrieron abusos físicos por parte de otros reclusos con la aquiescencia de los guardias", dice el reporte del Departamento de Estado publicado el viernes.

"Hubo informes de que la policía agredió a detenidos o fue cómplice de hostigamiento público y agresiones físicas contra manifestantes pacíficos", denuncia el reporte anual.

En el inciso dedicado a la tortura y otros tratos y castigos crueles el informe se extiende sobre el caso del artista del graffiti y disidente político Danilo Maldonado, de nombre artístico “El Sexto”.

Señala que las fuerzas de seguridad del Estado mantuvieron encarcelado a Maldonado del 26 de noviembre de 2016 al 21 de enero por pintar con un aerosol "Se fue" en un edificio la noche de la muerte de Fidel Castro.

Según el artista, las autoridades de la prisión lo mantuvieron desnudo y el Día Internacional de los Derechos Humanos lo confinaron en régimen de aislamiento; pusieron sedantes en sus alimentos; lo golpearon y amordazaron al menos en una ocasión; y difundieron el rumor de que sería asesinado a tiros durante un simulado intento de fuga.

El denunciante relató que las autoridades lo trasladaron a seis cárceles diferentes durante el período de ocho semanas para dificultar que su familia y su novia lo visitaran; las visitas le eran rutinariamente canceladas, denegadas o reprogramadas; y no se le proporcionó el tratamiento médico adecuado.

Violación de libertades y derechos

El Resumen Ejecutivo del acápite dedicado a Cuba toma nota asimismo de que continuaron las interferencias arbitrarias en la privacidad, incluidas operaciones de registro y requisas domiciliarias y la vigilancia y censura de las comunicaciones privadas.

La libertad de expresión continuó circunscrita a las manifestaciones que "se ajusten a los objetivos de la sociedad socialista", con una estricta censura que castiga incluso a quienes distribuyan ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Se mantuvieron las prohibiciones a la importación de materiales informativos; el control estricto de todas las formas de prensa; las restricciones a la Internet, incluyendo una severa limitación en su disponibilidad y bloqueos de sitios web.

También se restringió la libertad académica, castigando cualquier desviación de la línea oficial del gobierno; penalizando las críticas a dirigentes del gobierno; y limitando severamente la libertad académica y cultural, incluido el acceso a materiales de las bibliotecas.

En cuanto a los derechos de reunión se coartaron en aquellos casos en que el gobierno consideró que se ejercían "contra la existencia y los objetivos del estado socialista"; criminalizando reuniones de tres o más personas que no hubieran sido autorizadas por las autoridades, y empleando actos de repudio planificados por el gobierno en forma de turbas organizadas para asaltar y dispersar a quienes se reunieran pacíficamente.

Solo se permitió participar en el proceso político a aquellos que contaran con la aprobación del gobierno. En ese sentido el gobierno pospuso las elecciones municipales de octubre debido a los esfuerzos de recuperación relacionados con el huracán Irma, pero las llevó a cabo en noviembre, aunque no fueron ni libres ni justas. Una comisión de candidaturas controlada por el Partido Comunista decantó a todos los candidatos, y el gobierno trabajó activamente para bloquear a los que no contaran con el aval del Partido.

La libertad de asociación fue denegada al rechazarse el reconocimiento de asociaciones independientes; se continuó limitando la libertad de movimiento interno y externo; los sindicatos independientes siguieron prohibidos y se reportaron casos de corrupción oficial, trabajos forzados y trata de personas.

La mayoría de los abusos contra los derechos humanos en la isla fueron perpetrados por funcionarios del gobierno, obedeciendo órdenes de sus superiores, y la impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada, denuncia el Departamento de Estado en el apartado Cuba de su informe anual 2017 sobre prácticas de derechos humanos.

A continuación algunos apuntes de este informe:

Prisioneros políticos

El reporte destaca la resistencia del gobierno cubano a aceptar la existencia de prisioneros políticos y la negativa a brindar acceso a prisiones y centros de detención a organizaciones humanitarias internacionales y, especialmente, a las Naciones Unidas.

Eduardo Cardet
Eduardo Cardet

“El número exacto de presos políticos fue difícil de determinar, aunque las organizaciones independientes de derechos humanos estimaron que había entre 65 y 100 presos políticos”, indica el informe.

En el capítulo dedicado a Cuba también se señala la falta de transparencia gubernamental y las sistemáticas violaciones a los debidos procesos, artificios que permiten al gobierno procesar a activistas pacíficos bajo cargos criminales y “peligrosidad precriminal”.

“El gobierno usó la designación de "contrarrevolucionario" para los reclusos considerados como oposición política, pero no publicó esos números. El gobierno monitoreó de cerca a las organizaciones que rastrean a las poblaciones de prisioneros políticos, que a menudo enfrentan hostigamientos por parte de la policía estatal”, detalla.

El informe menciona especialmente el caso de Eduardo Cardet, director de la la organización de derechos humanos Movimiento Cristiano Liberación, condenado a tres años de prisión por agresión a un oficial de la policía.

Amnistía Internacional declaró a Cardet un prisionero de conciencia y explicó que fue arrestado porque criticó a Fidel Castro y su gobierno, en los días posteriores al fallecimiento del mandatario comunista. En varias ocasiones su familia ha denunciado irregularidades en su proceso legal y en el tratamiento que recibe en prisión, explica el documento.

Libertad de Expresión

Sobre la libertad de expresión el informe indicó que el gobierno de Cuba ha mostrado “poca tolerancia al ejercicio de la crítica pública de los funcionarios y programas gubernamentales y limitó el debate público sobre temas considerados políticamente sensibles”.

Karla María Pérez González
Karla María Pérez González

El texto detalló que la Seguridad del Estado acosó regularmente a los organizadores de foros independientes que intentaron debatir temas culturales y sociales, para limitar así el análisis de aspectos de la vida nacional considerados como “controvertidos”.

Las presiones, -dijo el informe-, fueron desde vigilancia con cámaras hasta agresiones y detenciones contra activistas. Algunos, entre ellos profesores y estudiantes universitarios fueron incluso censurados, degradados o expulsados de sus centros de trabajo por organizar eventos independientes.

Entre los casos que sobresalen está la estudiante de Periodismo Karla María Pérez, expulsada de la Universidad Martha Abreu en abril del 2017 por sus ideas políticas y por pertenecer al movimiento opositor Somos Más.

El Departamento de Estado dijo que grupos religiosos informaron sobre una mayor libertad para expresar sus opiniones en misas y reuniones, aunque la mayoría en la cúpula religiosa siguió ejerciendo la autocensura.

Sobre la libertad de prensa y de medios, el texto apuntó a que el gobierno comunista es “el propietario de todos los medios impresos y la radiodifusión”.

El gobierno “también limitó la importación de materiales impresos” y “los corresponsales extranjeros tuvieron acceso limitado y, a menudo, se les negaba entrevistas con funcionarios”, expresó el informe.

Además explicó que el gobierno prohibió a periodistas estatales colaborar con medios alternativos, mientras que reporteros independientes no fueron reconocidos y a con frecuencia detenidos.

El informe incluyó la censura contenida en la propia ley que prohíbe la distribución de materiales impresos catalogados como “contrarrevolucionarios” o críticos del gobierno.

Internet

Un hombre se conecta a internet en su casa en La Habana
Un hombre se conecta a internet en su casa en La Habana

El Departamento de Estado criticó la manera en que el régimen cubano controla el uso de internet en la isla y selecciona de manera intencional a quienes otorga el acceso de este servicio en los hogares.

“El gobierno restringió el acceso a Internet y hubo informes fidedignos de que monitoreó sin la debida autorización legal el uso de correos electrónicos, redes sociales, salas de chat en Internet y navegación por parte de ciudadanos y extranjeros”, plantea el reporte.

Excepto “unas pocas misiones diplomáticas y un número pequeño, pero creciente de redes subterráneas”, todo el control pasaba por manos del estado cubano, asevera el informe.

En el mismo año 2016 en que las autoridades cubanas aumentaron los puntos de acceso Wi-Fi y redujeron el precio de la conexión a internet, indica el documento, también “revisaron el historial de navegación de los usuarios, y censuraron y revisaron el correo electrónico, y bloquearon el acceso a al menos 41 sitios web considerados objetables”.

Aunque las leyes no son específicas aún en este campo, en Cuba es ilegal tener una antena parabólica que proporcione acceso a Internet sin censura. “El gobierno restringió la importación de enrutadores inalámbricos, atacó activamente puntos de acceso inalámbricos privados y confiscó estos equipos”, señala la declaración.

Otra cuestión importante, referente a la seguridad de las personas que son críticas al régimen está expresado en el mismo texto:

“El uso de software cifrado y la transferencia de archivos cifrados también son ilegales. A pesar del acceso deficiente, el acoso y los desafíos de infraestructura, un número creciente de ciudadanos mantuvo blogs en los que publicaron opiniones críticas con el gobierno, con la ayuda de amigos desde el extranjeros que a menudo construían y mantenían los sitios de blogs fuera de Cuba”, señaló el informe.

"Al igual que otros críticos del régimen, los bloggers enfrentaron el hostigamiento del gobierno, incluida la detención y los abusos físicos”, apuntó el Departamento de Estado.

Libertad de movimiento

Continuaron las restricciones a la libertad de circulación en el país, los viajes al extranjero y la migración con derecho a devolución. El gobierno también controló la migración interna. Las personas que buscan migrar legalmente enfrentaron interrogatorios policiales, multas, acoso e intimidación, incluido el despido involuntario del empleo.

Policías pidiendo identificación en el Parque Central. Si son “ilegales”, son deportados de inmediato. (Foto Cubanet)
Policías pidiendo identificación en el Parque Central. Si son “ilegales”, son deportados de inmediato. (Foto Cubanet)

La ley establece penas de prisión de hasta tres años o una multa de 500 pesos (CUP) ($ 20) para los "balseros" que se lanzan al mar por primera vez. La mayoría de las personas atrapadas intentando salir a través del mar fueron detenidas brevemente. En el caso de desertores militares, de la policía, o aquellos que viajan con niños, el castigo podría ser más severo.

Según los términos de los Acuerdos de Migración entre Cuba y Estados Unidos de 1994-95, el gobierno acordó no enjuiciar ni tomar represalias contra los migrantes que regresaran de aguas internacionales o de EE. UU. o de la Estación Naval de Guantánamo, después de intentar emigrar ilegalmente si no han cometido ningún penal anterior.

Movimiento en el país: La Constitución cubana dice que todos los ciudadanos pueden viajar a cualquier parte del país, los cambios de residencia a La Habana se restringieron. La comisión local de vivienda y las autoridades del gobierno provincial deben autorizar cualquier cambio de residencia. El gobierno multa a las personas que viven en un lugar sin la autorización de estos organismos y enviarlos de vuelta a su lugar de residencia legalmente autorizado

La ley permite a las autoridades excluir a un individuo de un área determinada dentro del país, o restringir a un individuo a un área determinada, por un máximo de 10 años. Según esta disposición, las autoridades pueden exiliar internamente a cualquier persona cuya presencia en un lugar determinado se considere "socialmente peligrosa". Los disidentes informaron que las autoridades les impidieron salir de sus provincias de origen o las detuvieron y las devolvieron a sus hogares a pesar de no presentar restricciones escritas o formales contra ellos.

Viajes al extranjero: el gobierno siguió requiriendo que varias clases de ciudadanos obtuvieran permiso para viajar como emigrantes, incluido personal médico altamente especializado; personal militar o de seguridad; muchos funcionarios gubernamentales, incluidos los académicos; y muchos ex prisioneros políticos y activistas de derechos humanos.

(Redactado por Rolando Cartaya con información del Departamento de Estado)

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Farmacias desabastecidas y pacientes sin medicamentos: la crisis continúa

Farmacia en La Habana. (Archivo)

Funcionarios de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas de Cuba admitieron recientemente que aún no se había logrado estabilizar el suministro de medicamentos en la red de farmacias estatales, una situación que corroboran cubanos entrevistados por Radio Martí.

Desde Holguín el traumatólogo Ramón Zamora dijo que continúa el faltante de medicamentos vitales, a pesar de ser de producción nacional. "Aquellos que acuden a las farmacias con ciertas prescripciones de antibióticos en su mayoría no los encuentran", dijo.

Persiste la escasez de medicamentos en las farmacias cubanas
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Junto a los antibióticos están en falta los fármacos para la hipertensión arterial, el omeprazol "a pesar del control tan estricto que se tiene sobre estos medicamentos", añadió Zamora.

En Songo la Maya, Santiago de Cuba el faltante de antibióticos alcanza los centros hospitalarios, reportó el doctor Roberto Serrano. El galeno explicó que tiene casos de pacientes ingresados cuyos familiares tienen que salir a buscar el medicamento en el mercado negro.

Serrano dijo, además, que las "vitaminas y los antiparasitarios en su mayoría están en falta".

La enfermera Niurka Carmona, residente en Palma Soriano, Santiago de Cuba, comentó sobre el alto precio de las medicinas que se venden en el mercado negro, a las que no pueden acceder los pacientes de bajos ingresos.

Este lunes, en el policlínico César Fornet Frutos, en Banes, provincia de Holguín, pacientes y familiares protestaron ante la falta de yeso y gaza para los tratamientos ortopédicos, informó William Tamayo, quien reside en esa comunidad.

Según Tamayo, una madre llevó a su niño para cambiarle el yeso y "el ortopédico le dijo: 'lo sentimos mucho, pero no tenemos yeso ni gaza'", lo que provocó la protesta de los pacientes.

Médicos cubanos regresan a la isla desde Ecuador

Médicos cubanos procedentes de Ecuador llegan al aeropuerto Mariana Grajales de Santiago de Cuba.

Médicos cubanos regresaron este martes desde Ecuador días después de que el gobierno de Lenin Moreno anunciara el fin de los convenios con Cuba ante sospechas de la participación de su régimen en las protestas de octubre en el país suramericano.

Un grupo de 173 galenos arribó al aeropuerto internacional José Martí de La Habana, tras una escala en Santiago de Cuba, donde desembarcaron los profesionales del oriente del país. Otro avión debía llegar en horas de la tarde con otros 183 médicos a bordo, informó la agencia EFE.

En Ecuador trabajaban 382 médicos cubanos que ahora serán reemplazados por especialistas locales. Galenos de la isla opinaron a su regreso que el fin del convenio tendrá "una repercusión negativa en los servicios de salud del pueblo ecuatoriano".

"Los pronunciamientos ofensivos contra nosotros realizados por el presidente Moreno distan mucho del sentir del pueblo de esa nación que nos despidieron tristes pero agradecidos", dijo el médico santiaguero Raúl Carballosa.

La ministra ecuatoriana de Interior, María Paula Romo, anunció el 12 de noviembre pasado que su gobierno daba por terminados y no renovaría los seis convenios bilaterales con Cuba en el área de la Salud.

Romo dijo que en los meses previos a las protestas, 250 cubanos viajaron a Ecuador con "pasaportes oficiales", un documento emitido por Cuba para viajes de misiones específicas, como los programas de cooperación médica.

Quito decidió poner fin a los acuerdos de colaboración con la isla tras comprobar que durante los disturbios de principios de octubre se registró un flujo inusual de extranjeros en el país con pasaporte oficial de Cuba, según informaciones de medios ecuatorianos.

"En todo momento, los profesionales cubanos se han atenido estrictamente a desempeñar las funciones que les fueron encomendadas por el sistema de salud de Ecuador en cumplimiento riguroso de la letra de los acuerdos firmados", subrayó en respuesta el Ministerio cubano de Salud Pública.

(Con información de EFE y archivo Radio Televisión Martí)

Chile expulsa a 30 cubanos de su territorio

Chile expulsa a 50 extranjeros de su territorio, entre ellos a 30 cubanos.

Unos 30 cubanos serán expulsados de territorio chileno ya sea porque ingresaron de forma clandestina y no regularizaron su situación, o lo hicieron como turistas y han permanecido más de lo establecido, o cometieron delitos en el contexto de las protestas que sacuden al país sudamericano.

Los cubanos forman parte de un grupo de 50 extranjeros que deberán abandonar Chile y volver a su país de origen, reportaron medios locales.

El intendente Juan Manuel Masferrer, de la región de O'Higgins, firmó la expulsión de los extranjeros, debido a que ya pasaron a control de detención, fueron formalizados por los delitos imputados y quedaron con medidas cautelares, lo que faculta este proceder, informó El Rancagüino.

El jefe regional detalló que 30 son de nacionalidad cubana, nueve venezolanos, siete dominicanos, tres haitianos, uno es colombiano y otro boliviano.

Del total de extranjeros, cinco fueron puestos a disposición de la justicia por protagonizar saqueos o estar involucrados en desórdenes, atentar contra la autoridad y levantar barricadas, reportó el diario Crónica Chile.

A un mes del estallido social en Chile, el presidente Sebastián Piñera justificó el domingo las protestas y aseguró que no habrá impunidad ante los hechos violentos y la fuerte represión a los manifestantes.

Al menos 26 personas han muerto y miles resultaron heridos en las violentas manifestaciones que se iniciaron por un alza de la tarifa del Metro. El uso indiscriminado de escopetas antidisturbios ha dejado miles de heridos, entre ellos a unas 230 personas que perdieron la visión de un ojo tras ser impactados por balines o perdigones, reportó este lunes Associated Press.

Denuncian "maniobra legal" del régimen para mantener en prisión a José Daniel Ferrer

Luis Enrique Ferrer, hermano del líder de UNPACU José Daniel Ferrer
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Después de un mes y medio "encarcelamiento, golpes y torturas", el régimen de La Habana echa mano a una maniobra legal para mantener en prisión al líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, denunció este lunes su hermano, Luis Enrique Ferrer García, representante de esa organización en el exterior.

En una conferencia de prensa en la sede de la Fundación Nacional Cubanoamericana (FNCA) en Miami, Ferrer García dijo que la Fiscalía de Santiago de Cuba entregó el viernes un documento a la familia del líder opositor, fechado el 7 de octubre, en el que se le acusa de un delito común.

Conferencia de prensa de UNPACU en Miami.
Conferencia de prensa de UNPACU en Miami.

Se trata de un Auto de Imposición de Medida Cautelar en el que se resuelve imponer a Ferrer, y los otros tres activistas de UNPACU detenidos, Fernando González, José Pupo y Roilán Zárraga, la prisión provisional.

"Estamos hablando de una dictadura que está violando sus leyes, está violando todos los procedimientos legales que emplean normalmente según las normas establecidas por ellos mismos, tratando de encarcelar a José Daniel y sacarlo de las calles", denunció Ferrer García.

"No tienen la valentía de revocarle la licencia extrapenal por la causa de los 75 y dejarlo preso con un delito político. Están tratando de desacreditarlo acusándolo de un supuesto delito común para poder salirse con la suya y que el mundo no haga tanta presión como está haciendo hasta ahora", añadió.

Hermano del líder de UNPACU en conferencia de prensa
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Ferrer García dijo que desde el momento del operativo policial en la sede de la UNPACU, el 1 de octubre, este ha sido "un proceso violatorio", y ahora recurren a "este show legal, supuestamente".

Explicó que dos de los detenidos junto a Ferrer, Fernando González y José Pupo, no han podido ver a sus familiares en mes y medio de detención. "No se sabe qué puede haber pasado en todo este tiempo, ni qué está ocurriendo con ellos".

Familia de José Daniel Ferrer sostiene el auto de imposición de medida cautelar impuesto por la Fiscalía contra el opositor. (Foto: Katherine Mojena/Cubanet)
Familia de José Daniel Ferrer sostiene el auto de imposición de medida cautelar impuesto por la Fiscalía contra el opositor. (Foto: Katherine Mojena/Cubanet)

Ferrer García dijo que aunque gestionarán la defensa de los detenidos dentro de Cuba, no confían en el sistema legal del régimen, y apuestan más por la "solidaridad internacional".

Continuarán las gestiones frente a organismos internacionales de derechos humanos y políticos e instituciones "que puedan alzar su voz en solidaridad" con los detenidos de UNPACU, "para que los liberen y respeten no solamente su libertad, sino también su integridad física, porque sabemos todas las torturas y malos tratos a los que han estado sometidos".

A José Daniel Ferrer, "lo han torturado brutalmente, lo que no han hecho en el caso de ningún opositor pacífico en los últimos tiempos", concluyó su hermano.

Impiden expulsión de niño judío víctima de acoso en escuela de Camagüey

Olaine Tejada junto a su familia.

Profesores de una secundaria básica en Nuevitas, Camagüey, impidieron la expulsión de un estudiante judío ortodoxo, víctima de acoso escolar e intimidaciones por parte de simpatizantes del gobierno.

El viernes fueron citados los padres de Leosdán Martínez, de 12 años de edad, que cursa el séptimo grado en la secundaria básica América Latina, en la ciudad de Nuevitas. El estudiante era acusado de supuestas indisciplinas y violencia en el centro educacional, dijo a Radio Martí su padre, Olaine Tejada. Se trata de una familia de judíos Bnei Anusim sefardíes.

La reunión fue presidida por María Teresa Hernández, que es la profesora guía del menor, y además es la secretaria del Partido Comunista en el centro y ex funcionaria del gobierno municipal, quien pedía la expulsión del alumno. También fueron convocados cinco profesores, el estudiante y sus padres.

Un niño judío víctima de acoso en secundaria de Nuevitas
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Entre los argumentos que expuso Hernández se incluían agresividad en contra de otros estudiantes, problemas académicos y el boicot de un acto celebrado en la biblioteca de la secundaria para recordar la obra del fallecido Fidel Castro.

Leosdán Martínez, de 12 años de edad.
Leosdán Martínez, de 12 años de edad.

Las acusaciones no fueron apoyadas por los cinco maestros del joven, quienes enfáticamente defendieron al estudiante, destacaron su excelente nivel educacional y que desmintieron que tuviera un comportamiento violento. Ante esta defensa, la guía no tuvo otra alternativa que mantener al niño en la escuela, cuenta su padre.

No es la primera vez que Hernández amenaza a esta familia con la posible salida del menor del centro de enseñanza. Según Tejada allí asisten los hijos de la élite gubernamental municipal, además de los muchachos que viven en las cercanías, como es el caso de Leosdán.

Desde el inicio del curso su hijo sufre el acoso escolar por la religión que practica, así como agresiones físicas provocadas por otros compañeros de aula, que lo han golpeado y le han quitado la Kipá. Por defenderse de estas agresiones ha sido castigado en la clase.

"Están utilizando a los hijos de los dirigentes para reprimir a personas que somos simplemente diferentes", dijo Tejada. Añadió que conoce a otros Bnei Anusim en Nuevitas que dicen sentir temor debido al rechazo y represión que reciben por parte de simpatizantes del gobierno.

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