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Cuba

EEUU incluye la tortura en informe anual sobre abusos de derechos humanos en Cuba

Agentes del orden en las calles de La Habana.

El informe anual 2017 del Departamento de Estado norteamericano sobre prácticas de derechos humanos en el mundo incluyó "torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes a personas percibidas como opositores políticos" en su apartado sobre los problemas más importantes detectados en ese campo en Cuba durante el período.

Entre estos se documentaron además: condiciones penitenciarias tan severas que ponen en riesgo la vida humana; detenciones y arrestos, en ocasiones violentos, por motivos políticos; una total falta de independencia de los tribunales; procesos judiciales que en la práctica dejan a los acusados sin más alternativa que defenderse a sí mismos y tratar de probar su inocencia; y la existencia de presos políticos en las cárceles.

Abusos físicos

"Hubo informes, sin embargo, de que miembros de las fuerzas de seguridad intimidaron y agredieron físicamente a defensores de los derechos humanos y prodemocracia, disidentes políticos y otros detenidos y presos durante la detención y el encarcelamiento, y que lo hicieron con impunidad. Algunos detenidos y prisioneros también sufrieron abusos físicos por parte de otros reclusos con la aquiescencia de los guardias", dice el reporte del Departamento de Estado publicado el viernes.

"Hubo informes de que la policía agredió a detenidos o fue cómplice de hostigamiento público y agresiones físicas contra manifestantes pacíficos", denuncia el reporte anual.

En el inciso dedicado a la tortura y otros tratos y castigos crueles el informe se extiende sobre el caso del artista del graffiti y disidente político Danilo Maldonado, de nombre artístico “El Sexto”.

Señala que las fuerzas de seguridad del Estado mantuvieron encarcelado a Maldonado del 26 de noviembre de 2016 al 21 de enero por pintar con un aerosol "Se fue" en un edificio la noche de la muerte de Fidel Castro.

Según el artista, las autoridades de la prisión lo mantuvieron desnudo y el Día Internacional de los Derechos Humanos lo confinaron en régimen de aislamiento; pusieron sedantes en sus alimentos; lo golpearon y amordazaron al menos en una ocasión; y difundieron el rumor de que sería asesinado a tiros durante un simulado intento de fuga.

El denunciante relató que las autoridades lo trasladaron a seis cárceles diferentes durante el período de ocho semanas para dificultar que su familia y su novia lo visitaran; las visitas le eran rutinariamente canceladas, denegadas o reprogramadas; y no se le proporcionó el tratamiento médico adecuado.

Violación de libertades y derechos

El Resumen Ejecutivo del acápite dedicado a Cuba toma nota asimismo de que continuaron las interferencias arbitrarias en la privacidad, incluidas operaciones de registro y requisas domiciliarias y la vigilancia y censura de las comunicaciones privadas.

La libertad de expresión continuó circunscrita a las manifestaciones que "se ajusten a los objetivos de la sociedad socialista", con una estricta censura que castiga incluso a quienes distribuyan ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Se mantuvieron las prohibiciones a la importación de materiales informativos; el control estricto de todas las formas de prensa; las restricciones a la Internet, incluyendo una severa limitación en su disponibilidad y bloqueos de sitios web.

También se restringió la libertad académica, castigando cualquier desviación de la línea oficial del gobierno; penalizando las críticas a dirigentes del gobierno; y limitando severamente la libertad académica y cultural, incluido el acceso a materiales de las bibliotecas.

En cuanto a los derechos de reunión se coartaron en aquellos casos en que el gobierno consideró que se ejercían "contra la existencia y los objetivos del estado socialista"; criminalizando reuniones de tres o más personas que no hubieran sido autorizadas por las autoridades, y empleando actos de repudio planificados por el gobierno en forma de turbas organizadas para asaltar y dispersar a quienes se reunieran pacíficamente.

Solo se permitió participar en el proceso político a aquellos que contaran con la aprobación del gobierno. En ese sentido el gobierno pospuso las elecciones municipales de octubre debido a los esfuerzos de recuperación relacionados con el huracán Irma, pero las llevó a cabo en noviembre, aunque no fueron ni libres ni justas. Una comisión de candidaturas controlada por el Partido Comunista decantó a todos los candidatos, y el gobierno trabajó activamente para bloquear a los que no contaran con el aval del Partido.

La libertad de asociación fue denegada al rechazarse el reconocimiento de asociaciones independientes; se continuó limitando la libertad de movimiento interno y externo; los sindicatos independientes siguieron prohibidos y se reportaron casos de corrupción oficial, trabajos forzados y trata de personas.

La mayoría de los abusos contra los derechos humanos en la isla fueron perpetrados por funcionarios del gobierno, obedeciendo órdenes de sus superiores, y la impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada, denuncia el Departamento de Estado en el apartado Cuba de su informe anual 2017 sobre prácticas de derechos humanos.

A continuación algunos apuntes de este informe:

Prisioneros políticos

El reporte destaca la resistencia del gobierno cubano a aceptar la existencia de prisioneros políticos y la negativa a brindar acceso a prisiones y centros de detención a organizaciones humanitarias internacionales y, especialmente, a las Naciones Unidas.

Eduardo Cardet
Eduardo Cardet

“El número exacto de presos políticos fue difícil de determinar, aunque las organizaciones independientes de derechos humanos estimaron que había entre 65 y 100 presos políticos”, indica el informe.

En el capítulo dedicado a Cuba también se señala la falta de transparencia gubernamental y las sistemáticas violaciones a los debidos procesos, artificios que permiten al gobierno procesar a activistas pacíficos bajo cargos criminales y “peligrosidad precriminal”.

“El gobierno usó la designación de "contrarrevolucionario" para los reclusos considerados como oposición política, pero no publicó esos números. El gobierno monitoreó de cerca a las organizaciones que rastrean a las poblaciones de prisioneros políticos, que a menudo enfrentan hostigamientos por parte de la policía estatal”, detalla.

El informe menciona especialmente el caso de Eduardo Cardet, director de la la organización de derechos humanos Movimiento Cristiano Liberación, condenado a tres años de prisión por agresión a un oficial de la policía.

Amnistía Internacional declaró a Cardet un prisionero de conciencia y explicó que fue arrestado porque criticó a Fidel Castro y su gobierno, en los días posteriores al fallecimiento del mandatario comunista. En varias ocasiones su familia ha denunciado irregularidades en su proceso legal y en el tratamiento que recibe en prisión, explica el documento.

Libertad de Expresión

Sobre la libertad de expresión el informe indicó que el gobierno de Cuba ha mostrado “poca tolerancia al ejercicio de la crítica pública de los funcionarios y programas gubernamentales y limitó el debate público sobre temas considerados políticamente sensibles”.

Karla María Pérez González
Karla María Pérez González

El texto detalló que la Seguridad del Estado acosó regularmente a los organizadores de foros independientes que intentaron debatir temas culturales y sociales, para limitar así el análisis de aspectos de la vida nacional considerados como “controvertidos”.

Las presiones, -dijo el informe-, fueron desde vigilancia con cámaras hasta agresiones y detenciones contra activistas. Algunos, entre ellos profesores y estudiantes universitarios fueron incluso censurados, degradados o expulsados de sus centros de trabajo por organizar eventos independientes.

Entre los casos que sobresalen está la estudiante de Periodismo Karla María Pérez, expulsada de la Universidad Martha Abreu en abril del 2017 por sus ideas políticas y por pertenecer al movimiento opositor Somos Más.

El Departamento de Estado dijo que grupos religiosos informaron sobre una mayor libertad para expresar sus opiniones en misas y reuniones, aunque la mayoría en la cúpula religiosa siguió ejerciendo la autocensura.

Sobre la libertad de prensa y de medios, el texto apuntó a que el gobierno comunista es “el propietario de todos los medios impresos y la radiodifusión”.

El gobierno “también limitó la importación de materiales impresos” y “los corresponsales extranjeros tuvieron acceso limitado y, a menudo, se les negaba entrevistas con funcionarios”, expresó el informe.

Además explicó que el gobierno prohibió a periodistas estatales colaborar con medios alternativos, mientras que reporteros independientes no fueron reconocidos y a con frecuencia detenidos.

El informe incluyó la censura contenida en la propia ley que prohíbe la distribución de materiales impresos catalogados como “contrarrevolucionarios” o críticos del gobierno.

Internet

Un hombre se conecta a internet en su casa en La Habana
Un hombre se conecta a internet en su casa en La Habana

El Departamento de Estado criticó la manera en que el régimen cubano controla el uso de internet en la isla y selecciona de manera intencional a quienes otorga el acceso de este servicio en los hogares.

“El gobierno restringió el acceso a Internet y hubo informes fidedignos de que monitoreó sin la debida autorización legal el uso de correos electrónicos, redes sociales, salas de chat en Internet y navegación por parte de ciudadanos y extranjeros”, plantea el reporte.

Excepto “unas pocas misiones diplomáticas y un número pequeño, pero creciente de redes subterráneas”, todo el control pasaba por manos del estado cubano, asevera el informe.

En el mismo año 2016 en que las autoridades cubanas aumentaron los puntos de acceso Wi-Fi y redujeron el precio de la conexión a internet, indica el documento, también “revisaron el historial de navegación de los usuarios, y censuraron y revisaron el correo electrónico, y bloquearon el acceso a al menos 41 sitios web considerados objetables”.

Aunque las leyes no son específicas aún en este campo, en Cuba es ilegal tener una antena parabólica que proporcione acceso a Internet sin censura. “El gobierno restringió la importación de enrutadores inalámbricos, atacó activamente puntos de acceso inalámbricos privados y confiscó estos equipos”, señala la declaración.

Otra cuestión importante, referente a la seguridad de las personas que son críticas al régimen está expresado en el mismo texto:

“El uso de software cifrado y la transferencia de archivos cifrados también son ilegales. A pesar del acceso deficiente, el acoso y los desafíos de infraestructura, un número creciente de ciudadanos mantuvo blogs en los que publicaron opiniones críticas con el gobierno, con la ayuda de amigos desde el extranjeros que a menudo construían y mantenían los sitios de blogs fuera de Cuba”, señaló el informe.

"Al igual que otros críticos del régimen, los bloggers enfrentaron el hostigamiento del gobierno, incluida la detención y los abusos físicos”, apuntó el Departamento de Estado.

Libertad de movimiento

Continuaron las restricciones a la libertad de circulación en el país, los viajes al extranjero y la migración con derecho a devolución. El gobierno también controló la migración interna. Las personas que buscan migrar legalmente enfrentaron interrogatorios policiales, multas, acoso e intimidación, incluido el despido involuntario del empleo.

Policías pidiendo identificación en el Parque Central. Si son “ilegales”, son deportados de inmediato. (Foto Cubanet)
Policías pidiendo identificación en el Parque Central. Si son “ilegales”, son deportados de inmediato. (Foto Cubanet)

La ley establece penas de prisión de hasta tres años o una multa de 500 pesos (CUP) ($ 20) para los "balseros" que se lanzan al mar por primera vez. La mayoría de las personas atrapadas intentando salir a través del mar fueron detenidas brevemente. En el caso de desertores militares, de la policía, o aquellos que viajan con niños, el castigo podría ser más severo.

Según los términos de los Acuerdos de Migración entre Cuba y Estados Unidos de 1994-95, el gobierno acordó no enjuiciar ni tomar represalias contra los migrantes que regresaran de aguas internacionales o de EE. UU. o de la Estación Naval de Guantánamo, después de intentar emigrar ilegalmente si no han cometido ningún penal anterior.

Movimiento en el país: La Constitución cubana dice que todos los ciudadanos pueden viajar a cualquier parte del país, los cambios de residencia a La Habana se restringieron. La comisión local de vivienda y las autoridades del gobierno provincial deben autorizar cualquier cambio de residencia. El gobierno multa a las personas que viven en un lugar sin la autorización de estos organismos y enviarlos de vuelta a su lugar de residencia legalmente autorizado

La ley permite a las autoridades excluir a un individuo de un área determinada dentro del país, o restringir a un individuo a un área determinada, por un máximo de 10 años. Según esta disposición, las autoridades pueden exiliar internamente a cualquier persona cuya presencia en un lugar determinado se considere "socialmente peligrosa". Los disidentes informaron que las autoridades les impidieron salir de sus provincias de origen o las detuvieron y las devolvieron a sus hogares a pesar de no presentar restricciones escritas o formales contra ellos.

Viajes al extranjero: el gobierno siguió requiriendo que varias clases de ciudadanos obtuvieran permiso para viajar como emigrantes, incluido personal médico altamente especializado; personal militar o de seguridad; muchos funcionarios gubernamentales, incluidos los académicos; y muchos ex prisioneros políticos y activistas de derechos humanos.

(Redactado por Rolando Cartaya con información del Departamento de Estado)

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Estados Unidos advierte que "continúa desalentando la inmigración ilegal"

Operación de intercepción de migrantes ilegales en el mar por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG).

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado este viernes que continúa desalentando la inmigración ilegal al país.

En lo que va de año fiscal 2019 (desde octubre pasado), indicó el cuerpo militar estadounidense, la Guardia Costera ha interceptado la entrada 311 migrantes cubanos, de un total de 4.567 que lo han intentado desde varios países.

La cifra contiene un aumento de 265 personas con respecto a los 4.302 que en 2018 intentaron pasar a territorio de EE.UU. por la vía marítima.

VIDEO: Según el reporte de USCG de esos 4.567 migrantes (además de los cubanos) 2.785 son haitianos, 1.361 dominicanos y “172 de diversas nacionalidades que intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos desde las Bahamas”.

La cifras, anotó el reporte oficial, representan el número total de intercepciones en el mar, “desembarques e interrupciones en los estrechos de la Florida, el Caribe y el Atlántico”.

Los migrantes, una vez a bordo de un barco de la Guardia Costera, “reciben alimentos, agua, refugio y atención médica básica”, señala el comunicado.

Fuerza de contención

El pasado miércoles, concluye la comunicación, una operación conjunta de USCG, una tripulación en helicóptero del mismo cuerpo armado y un buque de la Fuerza de Defensa de las Bahamas Reales procedieron a la detección una embarcación de migrantes aproximadamente a 49 millas al sureste de Gran Inagua, Bahamas.​

El informe reveló que se trataba de 177 migrantes haitianos, siete de ellos menores de edad, a bordo de un carguero de madera de 45 pies que venía sobrecargado.

El jueves, un avión de Customs Air y Marine Branch detectó una embarcación de recreo de 20 pies, aproximadamente a 46 millas al este de Boca Raton, Florida, y notificó a los vigilantes del Sector de la Guardia Costera de Miami.

Los vigilantes desviaron a la tripulación de USCG “William Flores” (WPC-1103), quien interceptó el barco con 14 migrantes haitianos y dos presuntos contrabandistas, concluyó el reporte de la Guardia Costera.

[Con información de prensa de la Guardia Costera de Estados Unidos]

Mariela Castro y embajador Cabañas critican programa de becas de EEUU para líderes cubanos

Mariela Castro Espín, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular e hija del dictador Raúl Castro. (Archivo, AFP)..

Mariela Castro Espín, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular e hija del dictador Raúl Castro, arremetió este viernes contra un proyecto del Departamento de Estado de Estados Unidos que busca formar líderes dentro de Cuba.

La parlamentaria Castro Espín la emprendió a improperios contra la iniciativa “Líderes cubanos emergentes”, una programa de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado enfocado en formar actores cívicos, para promover la democracia y los derechos humanos en la isla.

“Becas para un penoso oficio. Ya sabemos de algunos improvisados e ignorantes que se esmeran por llegar a la meta y presentar un proyecto de cualquier tema”, escribió la psicóloga y Directora del Centro Nacional de Educación Sexual (SENESEX).

La mujer publicó las opiniones en su cuenta personal de Facebook, junto a un post del periodista estadounidense Tracey Eaton, un analista que regularmente publica sobre la política exterior de Estados Unidos.

Castro Espín agregó que esos “improvisados e ignorantes” buscan además enrolarse en proyectos “relacionados con el trabajo del CENESEX junto a otras instituciones del estado y organizaciones de la sociedad civil".

Castro se ha erigido en defensora de la política LGBTI en Cuba y respecto al curso que pretende impertir Estados Unidos, aseceró: "el pueblo cubano sabe transformar la información en conocimiento, y éste, en sabiduría. Son 60 años de entrenamiento. Veremos nuevos capítulos de la misma aventura”.

Las becas salieron bajo una convocatoria que vence el próximo 26 de julio, los seleccionados podrán formarse durante un periodo en Estados Unidos u otro país y los participantes deben demostrar su deseo declarado de regresar a la isla y trabajar en la gestión de organizaciones y/o actividades independientes en Cuba.

Una reseña al artículo de Eaton en español fue publicado en el blog La Pupila Insomne, del expresidente del Instituto Cubano del Libro (ICL), Iroel Sánchez, un crítico acérrimo de la disidencia interna en la isla.

Sánchez a su vez, puso en lace al blog Cuba Money Project, de Eaton.

En otro tanto el embajador cubano en Washington, José Ramón Cabañas, criticó el programa del Departamento de Estado, lo ligó al endurecimiento del embargo a Cuba y lo calificó como una búsqueda de “Guaidós cubanos”, en referencia al presidente interino de Venezuela Juan Guaidó.

“Departamento de Estado anuncia programa para producir Guaidós cubanos. No leen Historia?”, ironizó.

Este sábado el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (único permitido), siguió la línea de ataques de Castro y Cabañas contra el proyecto de becas.

Un artículo bajo la autoría del periodista Oscar Sánchez Serra titula: Última aberración imperial: Estados Unidos prepara «Guaidós» para Cuba.

En el escrito el oficialista arremete: “Hay que estar sencillamente desesperado para insistir, tras el fracaso en Venezuela, en la creación de líderes para subvertir gobiernos. Pero el doctorado de la aberración en la Casa Blanca llega con la pretensión de fabricar Guaidós, nada menos que en Cuba”.

Antes de pasar a explicar en qué consiste el programa de becas, Sánchez Serra preguntó a los cuatro vientos: “¿quién sanciona a Estados Unidos y a su Presidente, porque un plan como el de WHA no solo clasifica como injerencia, sino como una burda agresión a un país soberano e independiente?

Los solicitantes del proyecto “Líderes cubanos emergentes”​ pueden aplicar a través del sitio Grants.gov, antes del 26 de julio de 2019.

México deporta a 76 cubanos a La Habana

El Instituto de Migración de México informó la deportación de 76 cubanos a La Habana el viernes 14 de junio. (TWITTER).

El Instituto Nacional de Migración de México (INM) informó este viernes del retorno de 76 cubanos a La Habana por vía aérea, según explicó la institución en su cuenta de Twitter.

El traslado, explicó el INM, se hizo desde las ciudades de Acayucan, Veracruz y Tapachula, Estado de Chiapas hasta la capital cubana.

Los migrantes estaban en “una condición de estancia irregular” en el país azteca y el gobierno dijo que la deportación “se llevó a cabo en coordinación con el consulado de Cuba, cumpliendo con las normas y procedimientos migratorios vigentes”.

El pasado 1ro de junio el INM informó de la devolución de 64 personas de origen cubano a la isla.

Migración de México reportó que hasta inicios del mes de mayo habían entrado al país por vía aérea “mediante algún tipo de visado unas 65.500 personas de nacionalidad cubana”.

Esta semana 146 ciudadanos cubanos fueron liberados de la Estación Migratoria Siglo 21, en la localidad de Tapachula, luego de casi dos meses encerrados en ese centro social.

Las autoridades informaron que la totalidad de los liberados habían recibido sus documentos de regularización por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, según reportó el diario local Ultimátum.

[Con información del Instituto Nacional de Migración de México, Radio Televisión Martí y redes sociales].

Silencio oficial en Cuba a dos meses del secuestro de los médicos en Kenia

Los médicos cubanos secuestrados en Kenya, Assel Herrera (izq) y Landy Rodríguez (der.), al centro una persona sin identificar. (Facebook).

Ya se cumplieron dos meses del secuestro el 12 de abril pasado de dos médicos cubanos que laboraban en Kenia y la prensa oficial en Cuba ha dejado de emitir información al respecto.

Solo el grupo de Facebook Hasta que regresen, administrado por colaboradores médicos de la isla en varias partes del mundo, insiste diariamente en no dejarlos caer en el olvido.

Los galenos Assel Herera Correa, de Puerto Padre, Las Tunas, y Landy Rodríguez Hernández, de Villa Clara, fueron secuestrados por terroristas del grupo Al Shabaab ese día en el condado de Mandera cuando se dirigían a prestar servicio al hospital.

Una nota informativa del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) el mismo día 12 de abril, luego una declaración del Ministro de Relaciones Exteriores, señor Bruno Rodríguez Parrilla, explicando que había conversado sobre el hecho con su par keniana Mónica Juma el 23 de mayo fueron las reacciones iniciales.

El 18 de abril el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, informó en su cuenta de Twitter que había sostenido un contacto con los presidentes de Kenia y Somalia “como parte de nuestros esfuerzos dirigidos a lograr el retorno de nuestros dos médicos secuestrados”.

Hasta el día de hoy no se ha publicado más información en la prensa cubana, que no sean mensajes solidarios por la liberación de Herrera y Rodríguez.

El 15 de mayo el periódico local keniano Citizen Tv publicó un reportaje bajo la autoría del periodista Hassa Mugambi en el que aseguró que los secuestradores exigen 1.5 millones de dólares por el rescate de los dos profesionales cubanos.

El gobierno de Kenia había lanzado una fuerte respuesta tres días después del hecho. Charles Owino, portavoz de la Policía Nacional, aseguró: “No alentaríamos el pago del rescate a los delincuentes como una cuestión de procedimiento porque eso alentaría los secuestros. Usaremos los métodos previstos por la ley mientras cumplimos con nuestros deberes”.

Una tibia respuesta

Aunque la página de Facebook Hasta que regresen (HQR) hace hincapié en que la solidaridad “de todos” es importante para visibilizar el caso, regularmente insisten en no politizarlo o responde a la defensiva cuando los internautas emiten sus criterios.

El este jueves cuando se cumplieron los dos meses, la publicación colgó un mensaje proveniente de su canal de YouTube, en el que ilustra en una foto de Twitter las declaraciones de Rodrigo Malmierca, Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en solidaridad con los galenos.

“Para los que dicen que en nuestro país no se habla de Landy y Assel”, enunciaron los administradores de Hasta que regresen.

La periodista independiente Luz Escobar, reportera del sitio digital 14YMedio, les respondió: “se habla de vez en cuando pero no nos dan información de nada”.

HQR le ripostó: “Luz Escobar y qué más información que un ministro se refiera en el horario estelar de la TV cubana a lo que se está haciendo?”. La referencia del funcionario, precisó Escobar, no es completa: “en primera en ese tuit no se da información y además es un noticiero del 17 de abril”.

Más allá de breves notas de solidaridad, los usuarios en las redes sociales piden información sobre las gestiones del estado cubano, y hasta comparan el momento con campañas anteriores como las lanzadas por el regreso del entonces niño Elián González desde Miami y la liberación de los cinco espías condenados por tribunales de Estados Unidos.

Una usuaria que se identifica como Lily Lorenzo, en cambio, medió en la discusión: “Hola, creo que esto no es un espacio para disgustos, ni entrar en contradicción, (…) soy revolucionaria, trabajo mucho por la justicia social, tengo acceso a la Internet y no puedo tapar el Sol con un dedo, el pueblo no está lo suficientemente informado, los medios no han trabajado esto con la fuerza que este grupo lo ha llevado, por eso entiendo a Luz Escobar”.

El Gobierno de Kenia ratificó a Cuba el 23 de mayo que continuaba en sus acciones por el retorno de los dos médicos secuestrados, según dijo el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal.

“Sostuve encuentro con la ministra de #Salud de #Kenya. Evaluamos la marcha de la cooperación bilateral", fue la información emitida por el titular cubano de Salud.

Expedia pagará $325,406 por "aparentes violaciones" de sanciones a Cuba

Expedia: viajes a Cuba. (Captura de sitio de Expedia en internet)

La compañía de viajes Expedia acordó pagar la suma de $325,406 dólares tras aceptar la responsabilidad civil por “violaciones aparentes” de las sanciones de EEUU a Cuba al ayudar a más de 2 mil personas con servicios de viaje relacionados con la isla, dijo este jueves la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

La entidad federal señaló en un comunicado que alrededor del 22 de abril de 2011 y el 16 de octubre de 2014, “Expedia negoció con bienes o intereses en bienes de Cuba o ciudadanos cubanos” asistiendo a 2,221 clientes, entre ellos ciudadanos cubanos, con viajes o servicios relacionados para viajar dentro de Cuba, o entre Cuba y lugares fuera de Estados Unidos.

OFAC explicó que las supuestas violaciones ocurrieron porque ciertas subsidiarias extranjeras de Expedia “carecían de una comprensión y familiaridad con las leyes de sanciones económicas de EEUU”, y los empleados pasaron por alto aspectos que “presentaban riesgos de incumplimiento de las sanciones a Cuba”.

El documento señala que, específicamente, los viajes reservados en internet se debieron a “fallas o brechas en las implementaciones técnicas de Expedia” para evitar esas violaciones.

OFAC subrayó que Expedia "no informó a al menos una de sus subsidiarias" hasta aproximadamente 15 meses después de que la adquirió de que estaba sujeta a la jurisdicción y leyes de EEUU, y demoró en ponerla al tanto del cumplimiento de las sanciones impuestas a Cuba, de forma que “la subsidiaria continuó operando de manera independiente durante el período de integración”.

Por separado, OFAC anunció un acuerdo de más de $ 222 mil dólares con Hotelbeds USA, una subsidiaria del Grupo Hotelbeds, con sede en Mallorca, España.

Al igual que Expedia, Hotelbeds USA también acordó pagar el monto para liquidar su posible responsabilidad civil por ayudar con servicios de viajes no autorizados relacionados con Cuba.

Finalmente, la OFAC anunció un acuerdo de $40,320 con "un individuo" y la entidad Cubasphere Inc, igualmente por posibles violaciones de reglamentos existentes relacionados a Cuba.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros advirtió a las compañías estadounidenses que "pueden mitigar el riesgo" poniendo al tanto de las sanciones de OFAC a sus subsidiarias durante fusiones y adquisiciones, "tomando los pasos apropiados para auditar, monitorear, capacitar y verificar a las subsidiarias adquiridas".

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