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Derechos Humanos

Impulsarán en el Parlamento Europeo la propuesta al Premio Sájarov 2022 para José Daniel Ferrer

Una sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo. (Foto de JULIEN WARNAND / POOL / AFP

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba anunció en una declaración divulgada este jueves que impulsará en el Parlamento Europeo la propuesta al Premio Sájarov 2022 para José Daniel Ferrer.

La agrupación, que presidía el también líder de la Unión Patriótica de Cuba antes de ser detenido cuando intentaba unirse al levantamiento nacional contra el régimen comunista ocurrido el 11 de julio, considera que otorgar el premio a Ferrer sería un reconocimiento a los miles de ciudadanos y ciudadanas que tomaron pacíficamente las calles en demanda de democracia.

Familiares del líder opositor divulgaron esta semana un documento de la Fiscalía en el que se indica que el exprisionero de la Causa de los 75 deberá cumplir en prisión cuatro años y 14 días por supuestamente haber incumplido los requisitos de limitación de libertad establecidos en una sanción impuesta previamente en 2020.

El Consejo considera que la detención de líderes opositores y activistas muestra "el temor a los liderazgos auténticos en condiciones y capacidad de representar las demandas genuinas de los ciudadanos cubanos, en el nuevo escenario de cambios de una sociedad que se auto democratiza".

El premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo ha reconocido a varios cubanos: Oswaldo Payá en 2002, el colectivo de las Damas de Blanco en 2005 y al opositor Guillermo Fariñas en 2010.

A continuación reproducimos íntegramente la declaración:

La Tiranía en pleno esplendor tardío

El régimen cubano ha hecho una lectura incorrecta de las jornadas de julio. La reacción derivada, llena de pavor hacia la sociedad, le lleva a emplear la ley como castigo, no como reparación ante el delito cierto, demostrado en los tribunales y siguiendo las pautas del debido proceso. Es la tiranía en pleno esplendor tardío.

La revocación de la libertad a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica y Presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), las detenciones de Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y Vicepresidente del CTDC, de Francisco Rangel, Armando Abascal y Lázaro Díaz, miembros de este partido, junto a la detención de Ramón Salazar, Presidente del Partido Autónomo Pinero, de Luis Manuel Otero, del Movimiento San Isidro, y la condena judicial a José Silva, Coordinador del Movimiento Opositores por una Nueva República, todos integrantes del CTDC, muestran el temor a los liderazgos auténticos en condiciones y capacidad de representar las demandas genuinas de los ciudadanos cubanos, en el nuevo escenario de cambios de una sociedad que se auto democratiza.

La detención de miles de ciudadanos pacíficos, ya anticipada con la detención de los manifestantes de Obispo y de Maikel Castillo, y el encarcelamiento parejo de algunos de sus líderes, nacionales o locales, es índice de la ruptura entre el gobierno y los ciudadanos, y del intento fallido y forzado de impedir la identificación entre una ciudadanía que empezó a recuperar su soberanía el 11 de julio y parte del liderazgo democrático de la nación.

Una ruptura y un intento a través del quebrantamiento del orden judicial y constitucional del país. Los manifestantes están siendo juzgados por el ejercicio del derecho a la manifestación recogido en el Artículo 56 de la Constitución, y estos líderes han sido detenidos, juzgados y encarcelados por supuestos delitos que no tuvieron la oportunidad de cometer.

El precipitado recorrido del régimen hacia el abismo constitucional acaba de completarse con la entrada en vigor del Decreto-Ley 35, una actualización del marco jurídico en materia de telecomunicaciones, que limita la libertad de expresión en Internet y, entre otras, califica las convocatorias a protestas como ciberterrorismo. Esta mordaza digital viola el Artículo 54 de la misma Constitución, ley superior del Estado, y rompe el orden precario de convivencia entre sus instituciones y la ciudadanía. Una de las señas de los Estados fallidos.

No obstante, la vuelta de tuerca inconstitucional sobre el activismo y sobre los derechos digitales de la ciudadanía no serán suficientes para detener el clamor de un pueblo que reclama su libertad.

Pero seguimos requiriendo del apoyo de la comunidad democrática internacional ante políticas totalitarias enquistadas, que bloquean cualquier tipo de disposición o voluntad política necesaria para reconducir una situación insostenible para la nación y sus propios gobernantes.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba quiere reiterar que es la Hora de la Solidaridad con Cuba, nombre de nuestra campaña por la liberación de todos los detenidos en las jornadas de julio y por la amnistía de los presos políticos y de conciencia.

Dentro de ella damos un paso más: impulsar en el Parlamento Europeo la propuesta al Premio Sájarov 2022 para José Daniel Ferrer. Sería, en esta ocasión, un reconocimiento en la persona de este destacado luchador por los derechos humanos, incluyendo los sociales, a los miles de ciudadanos y ciudadanas que tomaron pacíficamente las calles en demanda de democracia.

Al mismo tiempo, el CTDC presentará ante organismos internacionales de derechos humanos el Reporte 11jCuba, un trabajo de documentación y análisis sobre las manifestaciones populares más importantes en los últimos 62 años y sobre la conducta de las autoridades cubanas hacia todo el pueblo cubano.

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Ascienden a 1.540 los manifestantes detenidos por el estallido antigubernamental de 2021 en Cuba

La gente grita consignas contra el gobierno durante una protesta en La Habana, Cuba, el 11 de julio de 2021. REUTERS / Alexandre Meneghini

La cifra de detenciones que han podido ser verificadas por la organización Justicia 11J ascendió a 1540, según publica el grupo de monitoreo creado a partir de las históricas protestas antigubernamentales que ocurrieron en Cuba entre el 11 y 12 de julio de 2021.

"En los últimos días, hemos incorporado 13 nuevos nombres de personas detenidas en el contexto del 11J, para un total de 1540", explicó la agrupación en sus redes sociales.

"De ellas, 675 permanecen en detención, y 730 han sido juzgadas", precisó Justicia 11J.

La ONG añadió que 1812 personas han sido detenidas desde julio de 2021 en distintos escenarios de protestas.

Justicia 11J y el centro de asesoría legal Cubalex señalaron en un informe publicado en el primer aniversario del levantamiento popular, que las cifras que han podido verificar "solo representan un sub registro de las cifras reales de detenidos, que únicamente podrán ser obtenidas con la mediación de instancias internacionales que reclamen información transparente, exigiendo al Estado cubano el cumplimiento de normativas internacionales, tratados, pactos
y acuerdos de diálogo político".

Amnistía Internacional ha expresado que el 11 de julio de 2021, miles de personas salieron espontáneamente a las calles, en decenas de ciudades exigiendo un cambio en las condiciones de vida en Cuba. En efecto, las protestas respondieron no solamente a la escasez de alimentos, objetos de higiene personal y medicinas, los constantes apagones y falta de electricidad, sino también respondieron a las restrictivas medidas que había tomado el gobierno para "controlar" los contagios de Covid-19, y a la histórica política de represión del Estado, que ha violentado por décadas la libertad de expresión y reunión pacífica.

La agrupación internacional denunció que, a pesar de tratarse de manifestaciones pacíficas, las autoridades respondieron con represión y criminalización en distintos grados a casi todas las personas que encontraron protestando y que durante las protestas, y en las semanas posteriores a ellas, las autoridades detuvieron a cientos de personas de forma arbitraria sin informar a sus familiares de su paradero, mantuvieron bajo extrema vigilancia a activistas y periodistas independientes, y realizaron cortes de internet a la población.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en diciembre de 2022 que Cuba es el país con más prisioneros políticos en el continente, con 1.034 personas detenidas.

La CIDH, que también se refirió a los 247 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y a los 195 detenidos por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, acusó a los gobiernos de ser "autoritarios" y de instrumentalizar el poder judicial para la perseguir y encarcelar a personas por motivaciones políticas.

El encarcelamiento de cientos de manifestantes pacíficos que participaron en manifestaciones en toda la isla en julio de 2021 es el “obstáculo más serio” para mejorar las relaciones bilaterales, dijo el jefe de la Embajada de Estados Unidos en La Habana al diario Miami Herald en una entrevista el martes.

“Ciertamente le hemos comunicado al gobierno cubano que este es el obstáculo más serio para cualquier mejora en las relaciones”, afirmó el encargado de negocios Benjamin Ziff durante una visita a Miami.

Régimen amenaza a activistas por supuestamente violar artículos del nuevo Código Penal

Los activistas (de izquierda a derecha) Katia Hernández Torres, Esteban Ajete Abascal, Irina León Valladares y Lisandra Orraca Guerra.

La policía política en la ciudad de Pinar del Río amenazó este jueves a cuatro activistas, quienes recibieron una carta de advertencia diciendo que podrían ser enjuiciados por violar artículos que establece el nuevo Código Penal, denunciaron los opositores a Radio Televisión Martí.

Se trata de tres mujeres, todas miembros de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), Katia Hernández Torres, Lisandra Orraca Guerra e Irina León Valladares, sumado al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.

Ellos fueron citados a las 9 de la mañana para la Unidad Provincial de Instrucción de la Policía en la ciudad de Pinar del Río donde quedaron detenidos e interrogados individualmente durante varias horas por oficiales del Ministerio del Interior (MININT), informó Ajete Abascal.

“Fue tétrica esta situación, allí nos amenazaron, ellos dicen que el nuevo Código Penal incluye artículos por los que nos podían imputar porque estábamos delinquiendo cuando hacíamos cualquier tipo de publicación por cualquier plataforma informativa y entonces nos sacaron todos los incisos que según ellos estamos violando”, dijo el activista.

“Nos hicieron una carta de advertencia, también tenían todos los videos que hemos publicado, incluso los links de programas en los que hemos participado y otros videos de actividades realizadas con otras organizaciones, quiere decir que nos están monitoreando constantemente todo lo que estamos haciendo".

"Nos dijeron que era la primera advertencia luego de que entrada en vigor el nuevo Código Penal en diciembre, y que de volver a hacer publicaciones ningún abogado nos podría librar de la cárcel, y que por ese tipo delito pudiéramos recibir condenas entre 3 y 5 años”, añadió Ajete Abascal.

Activistas de Pinar del Río amenazados con ir a prisión por violar el nuevo Código Penal
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Por su parte, León Valladares destacó que durante el interrogatorio fue amenazada con ser llevada a prisión.

“Me están amenazando con cinco años de prisión, me leyeron varios artículos del Código Penal por los que me pueden procesar, pero estas amenazas no me van a limitar, todo lo contrario, mi lucha va a ser más fuerte porque hay muchos hermanos míos que están presos y soy la voz de ellos, por tanto continuaré con mi labor en la Flamur, alzando mi voz por todo el mundo”, aseguró la activista.

Mientras tanto, Lisandra Orraca Guera declaró a Radio Martí que le advirtieron que podría ser procesada por violar el artículo 124 del Código Penal.

“Me advirtieron que en cualquier momento me pueden detener y llevarme a prisión por lo que estamos haciendo, nos amenazan continuamente con eso, pero no tienen credibilidad ninguna porque ellos no tienen respeto por nada, los primeros violadores aquí de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son ellos”, enfatizó Lisandra.

Por su parte, Katia Hernández Torres reiteró que ninguno de los cuatro opositores firmaron la carta de advertencia.

“Fue una penosa situación en un lugar horrendo, pasillos oscuros, rejas, en mi caso me dijeron que por violar la resolución 124 me podían pedir varios años de prisión, es muy humillante como nos tratan esos oficiales del Ministerio del Interior y es muy injusto y doloroso”, dijo la activista.

Denuncian crítica situación de dos condenados por el 11J

Multitudinaria protesta en San Antonio de los Baños, Cuba, el 11 de julio de 2021, en la que participó Alexander Díaz Rodríguez.

El preso político del 11 de julio de 2021, Alexander Díaz Rodríguez, de 42 años de edad, que estuvo ingresado en el Hospital Provincial Abel Santamaría, en la ciudad de Pinar del Río, reportado en estado crítico por un cáncer de garganta en fase avanzada, fue retornado al penal 5 y Medio de esta provincia.

Su tía Moraima Rodríguez Batista, a través del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, denunció la situación de Díaz Rodríguez en esa prisión, donde las condiciones son pésimas y no cuentan con recursos médicos para tratar su delicado estado de salud, informó a Radio Televisión Martí, Juan Carlos González Leyva.

Alexander Díaz Rodríguez
Alexander Díaz Rodríguez

“Fue sacado del hospital y trasladado para una galera de la prisión, a pesar de su delicado estado de salud. Alexander padece un cáncer en estado muy avanzado, el cual no está siendo atendido por el personal de salud de ese penal, donde no solo es privado de sus medicamentos, sino también de su dieta alimentaria sufriendo una fuerte carencia de alimentos y medicinas", explicó González Leyva y añadió que por que por esas razones "está raquítico, falta de vitaminas y de sol”.

Díaz Rodríguez, fue acusado de los presuntos delitos de "desacato" y "desordenes públicos", tras su participación en las protestas populares el 11 de julio en San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, siendo sentenciado a cinco años de prisión.

El preso político es miembro del Proyecto Emilia, organización opositora fundada y dirigida por el médico y ex prisionero político, Oscar Elías Biscet.

González Leyva también denunció las pésimas condiciones que enfrenta el preso del 11 J Andy Boza Padrón, de 26 años de edad, quien se encuentra en la cárcel 1580 en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón.

Devuelven a la cárcel a preso político que pedece cáncer de garganta
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Su madre Maidelín Padrón reportó que el prisionero está extremadamente delgado debido a la hambruna en esa prisión y está sufriendo hostigamiento por parte de los carceleros.

"Mi hijo está cada día peor, ha perdido más de 25 libras en las últimas tres semanas, literalmente, lo están matando de hambre, antes podía tomar el sol y aire puro y podía dormir por las noches, pero ahora lo mantienen encerrado todo el tiempo y le han prohibido las llamadas telefónicas", advirtió la madre del prisionero al Consejo de Relatores.

González Leyva aseguró, por otra parte, que el joven está siendo víctima "de torturas sicológicas por parte de los guardias que lo amenazan con que se va a podrir allí porque es reincidente, algo que no es cierto, y por esa razón no tendría derecho a los beneficios carcelarios, entre ellos, la mínima severidad y la libertad condicional”.

Boza Padrón fue detenido el 11 de julio de 2021 y fue procesado por los delitos "desórdenes públicos" y "atentado", y condenado a nueve años de cárcel.

Representantes de la Unión Europea (UE) pidieron recientemente a las autoridades cubanas el indulto de cientos de manifestantes detenidos tras las protestas antigubernamentales.

El viernes último fuentes diplomáticas confirmaron a la agencia de noticias EFE que el ministro cubano de Justicia, Óscar Silvera "matizó que no existe la posibilidad legal de una amnistía en Cuba".

Cubanas exigen en espacios públicos la libertad de sus familiares presos del 11J (VIDEOS)

Vestidas de negro para pedir libertad para sus hijos, Marta Perdomo (der.) Layda Yirkis Jacinto (izq.) y Liset Fonseca (centro)

Madres y esposas de presos por las protestas del 11 de julio de 2021, exigieron, el pasado domingo en diferentes localidades de la Isla, la liberación de sus familiares.

“Salimos a caminar porque es una forma de decir que nuestro corazón está de luto. Cuando hicimos la caminata, pidiendo la libertad de nuestros hijos, íbamos pensando: ‘por esas calles ellos también caminaron’”, dijo a Radio Televisión Martí, Liset Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca que cumple una sanción de diez años de privación de libertad.

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“Es la decisión que tomamos de todos los domingos vestirnos de negro y salir a caminar pidiendo la libertad de nuestros hijos y de todos los presos políticos”, agregó.

También Layda Yirkis Jacinto, madre de Aníbal Yasiel Palau Jacinto con una sentencia de 5 años de cárcel y Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, condenados a ocho y seis años de privación de libertad.

“Prometí vestirme de negro, con la imagen de mis hijos en el pecho, para que el mundo sepa que soy la madre de dos inocentes que están presos injustamente”, recalcó Perdomo.

Las tres madres hicieron una caminata hasta la iglesia San José de las Lajas, ubicada en la localidad homónima en la provincia Mayabeque.

En relación con la marcha del domingo, fue citada, el lunes a la estación policial de San José de las Lajas, Marta Perdomo.

Agentes de la Seguridad del Estado le advirtieron que no permitirían marchas de ningún tipo y "mucho menos, la concentración de mujeres de distintos lugares".

Del mismo modo, Delanis Álvarez Matos, esposa de Duniesky Ruiz, sentenciado a cinco años de cárcel y Saily Núñez, esposa de Maikel Puig Bergolla, condenado a 14, aseguró que cada domingo reza en el templo católico San Julián, de Güines, Mayabeque, por la libertad de todos: “Yo voy con un pullover con la foto de mi esposo y su nombre. Todos los domingos voy a misa y pido por la liberación de mi esposo y todos los presos políticos”.

En Perico, Matanzas, fue multada con 60 pesos por concurrir a misa, la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo, madre de Saily Navarro y esposa de Félix Navarro, quienes cumplen sentencias de ocho y nueve años de privación de libertad, respectivamente, en relación con las manifestaciones de julio de 2021.

En las redes sociales, las mujeres escribieron mensajes contra la represión y por la liberación de sus familiares que cumplen duras penas de cárcel.

Propinan brutal golpiza a preso del 11J en Camagüey, denuncian familiares

Oslanis Zulueta Echevarría, (Foto: Cortesía de Jiordan Marrero Huerta)

El prisionero político Oslanis Zulueta Echevarría fue “brutalmente golpeado” por un carcelero en la prisión de Kilo-9, en Camagüey, donde cumple condena por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en esa provincia.

Jiordan Marrero Huerta, activista y presidente del Partido Demócrata Cristiano en la región, dijo a Radio Televisión Martí que familiares de Zulueta Echevarría denunciaron el hecho a través de una llamada telefónica.

“El prisionero político cubano y manifestante del 11 de julio de 2021, Oslanis Zulueta Echevarría, en la prisión de Kilo-9, Destacamento 11, fue brutalmente golpeado el día 16 de enero del año en curso por el carcelero Ramón, alias ‘El flaco’”, detalló Marrero Huerta.

Golpean brutalmente a preso del 11J en Camagüey
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De acuerdo con el reporte, el carcelero “sacó del destacamento a Zulueta Echevarría y comenzó a golpearlo mientras lo insultaba”.

“La justificación por la cual fue agredido tiene su origen tras el incremento de torturas físicas y psicológicas a las que están siendo sometidos los prisioneros políticos que permanecen cumpliendo injusta sanción en las prisiones de la provincia de Camagüey”, aseguró Marrero Huerta.

Oslanis Zulueta Echevarría, de 28 años, fue acusado de los supuestos delitos de “desórdenes públicos”, “atentado” y “daños a la propiedad” y sentenciado en la causa Nº 229 de 2021, en el Tribunal Municipal de la ciudad de Camagüey, a cumplir nueve años de condena.

Cerificado de sentencia de Zulueta Echevarría II (Cortesía: Jiordan Marrero Huerta)
Cerificado de sentencia de Zulueta Echevarría II (Cortesía: Jiordan Marrero Huerta)

(Con reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)

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