Derechos Humanos
Impulsarán en el Parlamento Europeo la propuesta al Premio Sájarov 2022 para José Daniel Ferrer
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba anunció en una declaración divulgada este jueves que impulsará en el Parlamento Europeo la propuesta al Premio Sájarov 2022 para José Daniel Ferrer.
La agrupación, que presidía el también líder de la Unión Patriótica de Cuba antes de ser detenido cuando intentaba unirse al levantamiento nacional contra el régimen comunista ocurrido el 11 de julio, considera que otorgar el premio a Ferrer sería un reconocimiento a los miles de ciudadanos y ciudadanas que tomaron pacíficamente las calles en demanda de democracia.
Familiares del líder opositor divulgaron esta semana un documento de la Fiscalía en el que se indica que el exprisionero de la Causa de los 75 deberá cumplir en prisión cuatro años y 14 días por supuestamente haber incumplido los requisitos de limitación de libertad establecidos en una sanción impuesta previamente en 2020.
El Consejo considera que la detención de líderes opositores y activistas muestra "el temor a los liderazgos auténticos en condiciones y capacidad de representar las demandas genuinas de los ciudadanos cubanos, en el nuevo escenario de cambios de una sociedad que se auto democratiza".
El premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo ha reconocido a varios cubanos: Oswaldo Payá en 2002, el colectivo de las Damas de Blanco en 2005 y al opositor Guillermo Fariñas en 2010.
A continuación reproducimos íntegramente la declaración:
La Tiranía en pleno esplendor tardío
El régimen cubano ha hecho una lectura incorrecta de las jornadas de julio. La reacción derivada, llena de pavor hacia la sociedad, le lleva a emplear la ley como castigo, no como reparación ante el delito cierto, demostrado en los tribunales y siguiendo las pautas del debido proceso. Es la tiranía en pleno esplendor tardío.
La revocación de la libertad a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica y Presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), las detenciones de Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y Vicepresidente del CTDC, de Francisco Rangel, Armando Abascal y Lázaro Díaz, miembros de este partido, junto a la detención de Ramón Salazar, Presidente del Partido Autónomo Pinero, de Luis Manuel Otero, del Movimiento San Isidro, y la condena judicial a José Silva, Coordinador del Movimiento Opositores por una Nueva República, todos integrantes del CTDC, muestran el temor a los liderazgos auténticos en condiciones y capacidad de representar las demandas genuinas de los ciudadanos cubanos, en el nuevo escenario de cambios de una sociedad que se auto democratiza.
La detención de miles de ciudadanos pacíficos, ya anticipada con la detención de los manifestantes de Obispo y de Maikel Castillo, y el encarcelamiento parejo de algunos de sus líderes, nacionales o locales, es índice de la ruptura entre el gobierno y los ciudadanos, y del intento fallido y forzado de impedir la identificación entre una ciudadanía que empezó a recuperar su soberanía el 11 de julio y parte del liderazgo democrático de la nación.
Una ruptura y un intento a través del quebrantamiento del orden judicial y constitucional del país. Los manifestantes están siendo juzgados por el ejercicio del derecho a la manifestación recogido en el Artículo 56 de la Constitución, y estos líderes han sido detenidos, juzgados y encarcelados por supuestos delitos que no tuvieron la oportunidad de cometer.
El precipitado recorrido del régimen hacia el abismo constitucional acaba de completarse con la entrada en vigor del Decreto-Ley 35, una actualización del marco jurídico en materia de telecomunicaciones, que limita la libertad de expresión en Internet y, entre otras, califica las convocatorias a protestas como ciberterrorismo. Esta mordaza digital viola el Artículo 54 de la misma Constitución, ley superior del Estado, y rompe el orden precario de convivencia entre sus instituciones y la ciudadanía. Una de las señas de los Estados fallidos.
No obstante, la vuelta de tuerca inconstitucional sobre el activismo y sobre los derechos digitales de la ciudadanía no serán suficientes para detener el clamor de un pueblo que reclama su libertad.
Pero seguimos requiriendo del apoyo de la comunidad democrática internacional ante políticas totalitarias enquistadas, que bloquean cualquier tipo de disposición o voluntad política necesaria para reconducir una situación insostenible para la nación y sus propios gobernantes.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba quiere reiterar que es la Hora de la Solidaridad con Cuba, nombre de nuestra campaña por la liberación de todos los detenidos en las jornadas de julio y por la amnistía de los presos políticos y de conciencia.
Dentro de ella damos un paso más: impulsar en el Parlamento Europeo la propuesta al Premio Sájarov 2022 para José Daniel Ferrer. Sería, en esta ocasión, un reconocimiento en la persona de este destacado luchador por los derechos humanos, incluyendo los sociales, a los miles de ciudadanos y ciudadanas que tomaron pacíficamente las calles en demanda de democracia.
Al mismo tiempo, el CTDC presentará ante organismos internacionales de derechos humanos el Reporte 11jCuba, un trabajo de documentación y análisis sobre las manifestaciones populares más importantes en los últimos 62 años y sobre la conducta de las autoridades cubanas hacia todo el pueblo cubano.
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Denuncian "práctica represiva amplia y diversificada" en Cuba en marzo
Cuba registró en marzo pasado 388 incidentes de hostigamiento por parte de las autoridades, reportó la asesoría jurídica Cubalex, la cifra más alta desde agosto de 2022, cuando la organización comenzó a documentar cada mes las violaciones de derechos humanos en la isla.
"Durante el mes de marzo, Cuba fue testigo de las primeras protestas masivas del año 2024. A pesar de que el régimen cubano negó la represión, los hechos demuestran una práctica represiva amplia y diversificada", señaló la ONG en un informe publicado el martes.
El grupo con sede en Estados Unidos afirmó que algunos de los 388 incidentes de hostigamiento que registró su equipo de monitoreo estuvieron directamente relacionados con la represión de las protestas populares.
Según Cubalex, los incidentes se distribuyeron por todas las provincias y 59 municipios, incluyendo la Isla de la Juventud. En La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas se registró el mayor número de actos represivos.
En el informe, Cubalex identificó los patrones de represión en relación con las protestas de marzo y cómo estas prácticas represivas "constituyen violaciones flagrantes de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución nacional, como la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación para fines lícitos y pacíficos", señala una nota de la organización.
La ONG precisó que para la elaboración del reporte se analizaron 719 registros que incluyen 331 noticias sobre el contexto y 388 eventos de represión ocurridos del 1 al 31 de marzo de 2024, y que los datos se obtuvieron principalmente de publicaciones en Facebook (333), sitios web de noticias (178), la red social X (135) y aportes directos a Cubalex (44).
La organización explicó que la represión en marzo se produjo en un contexto de crisis generalizada, en el que la población cubana volvió a sufrir apagones de más de 15 horas, el deterioro de los servicios públicos como el abasto de agua, el sistema de salud, la recogida de basura y la distribución normada de alimentos "que aparecen cuando las personas se lanzan a la calle a protestar". Mientras, señaló, el régimen invirtió "cuantiosos recursos para organizar eventos de propaganda internacionales, como el Coloquio Patria".
A principios de abril, Cubalex dijo en un comunicado que varios cubanos han sido detenidos, interrogados y amenazados por sus publicaciones en redes sociales tras las protestas de marzo en varias provincias del país.
"Registramos acciones represivas contra ciudadanos y activistas por sus publicaciones en redes sociales. Tales acciones contra la libertad de expresión representan una violación flagrante de los derechos humanos, evidenciando una alarmante tendencia de intimidación por parte del régimen, con el objetivo de silenciar las voces disidentes", señaló la ONG.
Observatorio de Libertad Académica investiga discriminación de género en el sistema educativo cubano
El Observatorio de Libertad Académica (OLA) inició, con su más reciente informe, un perfil de investigación sobre la segregación por orientación sexual en el Sistema de Educación de Cuba.
“Con este informe, el número 38 y el primero del año 2024, el Observatorio de Libertad Académica abre una línea de investigación respecto a la discriminación por cuestiones de orientación de género en el sistema educativo cubano”, dijo a Martí Noticias, Omara Ruiz Urquiola, investigadora principal de OLA.
La entidad, con sede en Miami, repasa los momentos más representativos del afianzamiento de la discriminación por razón de preferencia sexual en el país que generaron comportamientos dañinos para una parte de la población cubana.
Para esto analiza el discurso de Fidel Castro, en marzo de 1963, en el que habló de la necesidad de erradicar hábitos burgueses que mantenían algunos jóvenes rockeros, “vagos” u homosexuales.
“Para hacer frente a estos “rezagos del pasado”, Castro creó un programa de formación de maestros para las escuelas revolucionarias, los que estuvieron atravesados por un plan curricular militarizado y enfocado en anular mediante la enseñanza todo conato de disenso. Este proyecto de ingeniera social destinado a crear el hombre nuevo guevariano, se basó también en el uso de teorías científicas obsoletas destinadas a la represión de la comunidad LGTBQ+ y otras expresiones de disidencias culturales o religiosas”, señala el dossier.
Igualmente examina la Resolución 289 del 2019 del Ministerio de Educación que instituye la responsabilidad con los postulados ideológicos del Partido Comunista, lo que patentiza la discriminación en cuanto a las libertades educativas.
Como en los anteriores, este informe visibiliza las historias de víctimas de discriminación en la enseñanza y evidencian los actos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades cubanas.
“Decidimos abrir con un caso paradigmático, que es el caso de Kiriam Gutiérrez Pérez”, indicó Ruiz Urquiola.
“Kiriam es una lideresa de la comunidad LGTBQ en Cuba en la lucha por las reivindicaciones de derechos de esta comunidad, históricamente una comunidad postergada, una comunidad maltratada, soslayada”.
“Una estudiante de primera línea, ganadora de concurso nacional, competidora en varias asignaturas en el nivel provincial que no pudo ingresar a la vocacional, la Escuela Lenin. Ella quería ser neurocirujana”, relató la estudiosa.
El informe describe como los sueños de Kiriam fueron tronchados debido a las políticas y prejuicios de los responsables de Educación.
Asimismo, el informe se refiere a Alberto Góngora Mulet, que, durante su etapa de estudiante de Estomatología de la Facultad de Ciencias Médicas de Holguín, fue agraviado por parte de las autoridades.
Este joven “empezó recibiendo reprimendas por el pelo largo y acabó teniendo que soportar injurias que, obviamente, no soportó callado del propio decano de la facultad”, añadió Ruiz Urquiola.
La investigadora subrayó que el problema de la discriminación por cuestiones de género no ha sido aún superado: “Es algo que hay que encarar de una manera científica, de una manera honesta, poniendo la realidad sobre la mesa, analizándonos como sociedad, y como sociedad civil independiente”.
Agregó que "la extirpación de la discriminación por quién te atrae y hacia quién sientes atracción emocional y sexual debe hacerse de una manera consciente, no de una manera superficial por leyes que incluso han sido mal consensuadas y eso trae polarización”.
“Nosotros como sociedad tenemos que revisarnos. Nosotros tenemos que plantear los hechos todos, que tienen que ver con lo que hemos vivido en estas décadas de totalitarismo, de autocracia, lo que estamos viviendo y discutir sobre lo que nos ha pasado, sobre lo que nosotros mismos hemos permitido. para dar el salto para realmente llegar al siglo XXI”, precisó.
"Mi familia está devastada", dice el hermano de uno de los cubanos presos tras las protestas del 17M
Asdrúbal Kindelán Garbey, uno de los cubanos que salió a las calles a protestar el pasado 17 de marzo en Santiago de Cuba, lleva más de una semana detenido tras acudir a una citación a la Unidad de la Policía El Palacete, en Santiago de Cuba.
"Mi familia está devastada", dijo su hermano Randy Kindelán a Martí Noticias. Para él, lo que le están haciendo a Asdrúbal es una muestra más de las injusticias que comete el régimen con quienes piensan diferente.
"Mi mamá no sale de la depresión. Desde que todo esto empezó no ha tenido fuerzas para ir a trabajar y mira que yo le doy ánimos y le digo que tiene que levantarse, que tenemos que seguir para transmitirle la fuerza a mi hermano. Pero ella está devastada, igual que su esposa y su hija. La niña tiene un teléfono de juguete y todos los días pregunta papá, papá, dónde tú estás, papá, ven", explica.
Kindelán fue arrestado por primera vez varios días después de las protestas, cuando los oficiales se llevaron preso a su hijo de 18 años, Cristian Osmauri Kindelán, y él hizo una directa denunciando lo sucedido.
“Ellos van a hacer lo que quieran conmigo. Me pueden detener, me pueden quitar hasta la vida, pero por la libertad de mi hijo yo voy a luchar hasta el final”, aseguró a nuestra redacción poco después de que lo liberaran con una multa de 50 mil pesos.
El pasado 3 de abril lo volvieron arrestar y su hermano dice que ahora lo acusan de "atentado".
"No puede ser otra cosa que no sea represalia, porque el no cometió ningún delito de atentado. Para eso lo primero que hay que hacer es agredir a alguien. Lo que le duele a la Seguridad del Estado, en particular el mayor Oscar, y a su jefe, el teniente coronel Abel, es la directa que hizo", explica.
Según cuenta, a Asdrúbal le dijeron que había tomado "un mal camino al denunciar" y querían que se retractara. En el video el cubano explicaba que había estado junto a su hijo, y su niña de tres años en brazos, durante la manifestación y que la Policía intentaba culpar al joven de delitos que no cometió.
"Mi familia nunca ha estado en una situación de este tipo porque nosotros siempre hemos sido personas correctas. Con nuestro pensamiento, con nuestros ideales, pero es que tener pensamiento e ideales no es un delito en ninguna parte del mundo, solamente en Cuba".
Randy Kindelán cree que la justicia les está fallando. "Cuando tú entras una prisión ya no sabes lo que pueda pasar con tu vida". No obstante, aclara, "queremos denunciar lo que está ocurriendo para que el mundo tenga otra prueba más de todas las injusticias que se cometen en Cuba".
"Algún día, cuando lleven a los dirigentes a a una Corte Internacional, tendrán una prueba más. Quiero que el mundo entero vea que nosotros, los ciudadanos de a pie que no tenemos cargo, que no tenemos familiares militares, que no tenemos nadie que nos respalde, estamos desnudos con las leyes que inventa la dictadura".
CIDH otorga medidas cautelares a favor de activista cubano Julio César Góngora
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el jueves medidas cautelares en favor del activista pinareño Julio César Góngora Millo, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicita al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del opositor; que adopte las medidas de protección que resulten necesarias para que pueda continuar realizando sus labores de defensa de derechos humanos, sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos, y actos de violencia, entre ellas, que el Estado le brinde las atenciones médicas correspondientes para que pueda realizar sus labores, entre otras disposiciones.
Desde el occidente cubano, Góngora agradeció la gestión de la CIDH: "Significa muchísimo, no solo para mí, somos muchos con situaciones precarias de salud en Cuba sin asistencia médica".
"Estoy reclamando porque no me cierran la herida, me han negado todos los tratamientos quirúrgicos, estoy postrado en una cama, inválido con una cistostomía hecha, yo fui al hospital nada más que por un absceso y ellos me picaron todo eso y se llevaron la uretra, la vejiga y me tuvieron que poner una manguera por la barriga. Esa herida tenían que cerrarla ellos desde los seis meses y se me niega todo tipo de operación, con esa herida abierta con riesgo para la vida, con una pelvis expuesta, me tienen sancionado a muerte aquí en mi casa, lentamente, porque simplemente no hacen nada absolutamente nada, esa herida como único se corrige es con un tratamiento quirúrgico y sin embargo el sistema cubano dice que no me opera, me han negado la operación", detalló.
"Incluso me han trancado en una consulta para interrogarme al lado de la dirección del hospital Abel Santamaría de Pinar del Río -el oficial Otoniel, Alejandro de nombre operativo y Yoel-, enfermo con una herida abierta con toda mi situación, se me han negado y decomisado los medicamentos. Yo estoy en estos momentos curándome con los apósitos que necesito porque la herida es muy grande, gracias al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)", aseguró el activista cubano.
También en la capital pinareña, el opositor José Rolando Cásares, confirmó el acoso en contra de Julio César que ha incluido hasta la confiscación de las ayudas.
“Hace dos meses y medio fui a llevarle unos medicamentos, fue después que vine de la visita a los Estados Unidos, llegando aquí a Pinar del Río fui con mi esposa y fuimos detenidos y nos quitaron los medicamentos”, explicó el también comunicador independiente.
Por su parte el abogado Yaxis Cires, asesor de estrategia del OCDH, agradeció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la gestión a favor del activista.
“Nosotros agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creemos que la resolución que ha dictado la CIDH en favor de Julio César es muy clara, en la exigencia del cese de la represión por parte de la policía política, en la exigencia de una atención médica adecuada, para que la salud de Julio César, no se vea todavía más deteriorada de la situación en la que se encuentra en estos momentos”, concluyó el asesor del OCDH.
Alcohol, drogas y extorsión al interior de las prisiones de Cuba, revela informe
Entre 2023 y lo que va de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) ha registrado decenas de denuncias de corrupción en centros penitenciarios de casi todo el país y advierte que este número puede ser mayor.
El abogado Juan Carlos González Leyva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, dijo a esa organización que una forma de corrupción muy presente en los penales “es la introducción por parte de los guardias de alcohol, drogas ilícitas y medicamentos que están calificados como drogas, para ofrecerlas a los presos a cambio de dinero y favores”.
Otras denuncias de esta investigación publicada inicialmente en Diario de Cuba indican que guardias y directivos de prisiones roban alimentos, medicinas y otros bienes personales o que estaban destinados a toda la población penal.
Además, existen alianzas entre guardias y presos comunes con cargos disciplinarios para vender minutos de llamadas telefónicas, conceder horas de visita y pabellón matrimonial o tiempo para tomar el sol.
“La corrupción en el régimen carcelario es parte de una corrupción general en todo el país. Los bienes de la prisión, sobre todo los alimentos de los presos, son sustraídos en primer lugar por el jefe del penal, que usualmente es un teniente coronel del MININT, y también por otros funcionarios de menor rango. Esto conlleva a que los presos no se puedan alimentar bien”, afirmó González Leyva.
“Muchos jefes de prisiones tienen cochiqueras de cerdos que mantienen con la comida de los reclusos. Además, trafican con los medicamentos de la prisión y hacen casas con el trabajo esclavo de los presos”, dijo el activista.
El Centro de Documentación menciona testimonios de reclusos del Combinado del Este, en La Habana; Las Mangas, provincia de Granma y Kilo 8, en Camagüey, acerca de que las autoridades de prisión exigen a los reclusos que compren armas de fuego en el mercado negro y las entreguen como condición para recibir los beneficios que les corresponden.
De acuerdo con un informe reciente de la organización independiente de asesoría legal Cubalex, esta práctica “no solo somete a prisioneros y familiares a los peligros y los elevados costos que implica conseguir un arma en un país donde su tenencia está sumamente restringida, sino que también pudiera ser parte de un mercado ilegal de armas con autoridades penitenciarias en su centro, debido a la ausencia total de transparencia que acompaña este tipo de acciones”.
González Leyva mencionó además que las autoridades corruptas utilizan su poder para decidir “el pase a un régimen de menor severidad, el otorgamiento de la progresión del régimen carcelario y otros beneficios que son otorgados a los reclusos muy obedientes, a quienes están trabajando de manera esclava para estos jefes y no dicen nada”.
En noviembre de 2023, representantes del régimen de La Habana afirmaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en los últimos cinco años, se había sancionado a "144 funcionarios de prisiones por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones".
Además dijeron que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".
En el más reciente informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Cuba consta que la delegación cubana aseguró que sus propias autoridades habían realizado 6.400 inspecciones de centros penitenciarios.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas advierte que las modalidades de corrupción están normalizadas en el sistema penitenciario cubano.
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