El silencio en el parlamento venezolano al comienzo de una sesión se rompió con un ruido constante de fondo que duraría toda la plenaria: el sonido de una cuadrilla de construcción que remodelaba el parque donde se había reunido la legislatura.

El parque es uno de los pocos lugares en los que los diputados de la oposición pueden reunirse sin ser hostigados por el gobierno de Nicolás Maduro, que no sólo les prohibió el acceso a la sede del Congreso, sino que también empujó a decenas al exilio.

Los mandatos de los diputados vencen el 5 de enero, fecha en la que se convocará un nuevo congreso después que los aliados de Maduro barrieran en la votación legislativa del 6 de diciembre, en la cual la oposición no participó y llamó a la abstención por considerarla fraudulenta.

Maduro rechaza la idea de que la elección fue injusta y ha celebrado la votación como un punto de inflexión que pondrá a la Asamblea bajo el control del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a pesar de las sanciones de Estados Unidos sobre la industria petrolera de la nación de la OPEP que han buscado sacarlo de poder.

Los legisladores opositores están discutiendo ahora cómo mantener una versión simplificada del parlamento incluso después de que terminen sus mandatos, una estrategia que podría ponerlos en riesgo de detención, mientras no brindan formas claras de acelerar la expulsión de Maduro.

Sin embargo, muchos insisten en que el plan ayudará a mantener el reconocimiento internacional al jefe del Congreso, Juan Guaidó, a quien 50 naciones ven como el líder legítimo de Venezuela, al tiempo que garantizaría que la oposición no desaparezca por completo.

Washington ha dicho que mantendrá su apoyo a Guaidó luego de la votación parlamentaria del 6 de diciembre, que rechazó, mientras que otras naciones occidentales podrían seguir su ejemplo.

"Es nuestro deber continuar y mantenernos en la Asamblea Nacional hasta que haya unas nuevas elecciones y hasta que se restituya el hilo constitucional en nuestro país", dio la diputada Nora Bracho, del noroccidental estado de Zulia.

Bracho fue una, de poco más de una docena de legisladores, que se sentó en sillas blancas de plástico bajo un toldo para la sesión del 15 de diciembre en el Parque Morichal, ubicado en la barriada de clase media Prados del Este, en Caracas.

Otras seis diputados hablaron presencialmente en la sesión, pero otros lo hicieron a través de una videoconferencia que se mostró en un televisor ubicado en el lugar.

A unos 12 metros de distancia, los trabajadores estaban construyendo barras de refuerzo y muros de retención de madera mientras una retroexcavadora abría lo que parecía ser un nuevo camino. El martilleo siguió incluso cuando el congreso guardó un minuto de silencio en honor a un grupo de migrantes venezolanos muertos intentando llegar en bote a Trinidad a comienzos de mes.

Bracho y otros legisladores que hablaron con Reuters dijeron que esperan que el parlamento quede en manos de un grupo de 33 parlamentarios, y los 90 restantes que fueron elegidos en 2015 por la alianza de la oposición tendrían un perfil más bajo.

AJUSTES

El grupo de opositores se está preparando para reducir el número de embajadores que representan a Guaidó en el extranjero y del personal asociado al gobierno interino de la oposición, dijeron legisladores a Reuters este mes.

No obstante, no parecen haber llegado a un consenso sobre cómo crear oficialmente reglas para el mantenimiento del parlamento, lo que requiere reformar un llamado "estatuto de transición" aprobado en 2019 en medio de la euforia de que Maduro podría estar al borde de abandonar el poder.

En la última semana, los legisladores suspendieron dos veces las sesiones convocadas para finalizar la modificación del estatuto de transición y aún no han convocado una nueva.

En 2015, la oposición ganó el parlamento en un rechazo aplastante al PSUV, pero el Tribunal Supremo de Justicia, visto por críticos como pro Maduro, la declaró en "desacato" y rechazó casi todas las medidas que aprobó. A la par, el gobierno aprobó decretos para limitar funciones de los diputados.

Maduro, que mantiene el apoyo de los militares, acusa a los legisladores de la oposición de apoyar las sanciones de Estados Unidos, y se ha burlado de la idea de que extenderían su mandato más allá del 5 de enero.

"Llegó la hora del cambio, llegó la hora de que se recupere la Asamblea Nacional (...) Que Guaidó continuará diciendo que es presidente, ya será una comiquita terrible que producirá más lástima que risa", dijo Maduro en una entrevista con la televisión estatal.

Los legisladores fueron acusados durante sus mandatos de delitos que van desde la traición a la patria a la instigación a la violencia. Algunos fueron detenidos o pasaron meses, sino años, viviendo en embajadas, docenas están ahora en el exilio y casi todos tienen sombrías historias de las fuerzas de seguridad que los persiguen a ellos y sus familiares.

Bracho recuerda que "me arrastraron por el cabello, me bañaron de orina y excremento, me lanzaron botellazos", además de recibir llamadas telefónicas de familiares molestos que le decían que su trabajo como legisladora amenazaba la seguridad de toda la familia.

Alfonso Marquina, quien representa al estado occidental de Lara, dijo que reconoció que los legisladores enfrentarán problemas de seguridad en el futuro, pero que la mayoría ya se había enfrentado a tales preocupaciones durante todo el periodo.

"El pueblo de Venezuela fue consultado y (...) desconoció mayoritariamente el fraude del 6 de diciembre", dijo Marquina poco antes del comienzo de la sesión en el parque, en referencia a la elección de este mes. "Hoy me veo más legitimado"

Esta semana la Asamblea Nacional de Nicaragua cerró su periodo legislativo sin cumplir su promesa de discutir y aprobar reformas a la Ley Electoral para los comicios del año próximo, informó la Voz de América, VOA.

El 9 de enero de 2020, Gustavo Porras, presidente de la Legislatura, hizo alusión al tema al presentar la agenda anual del Parlamento. En ese entonces dijo que fortalecería el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral.

Nada de eso sucedió en la cámara, por el contrario, Porras dejó en claro a los diputados que la prioridad en 2021 será aprobar la reforma constitucional que establece la cadena perpetua para crímenes de odio.

“Nuestra primera tarea es trabajar el artículo 37 (de la Constitución) y luego pasar a la reforma del Código Penal”, dijo el parlamentario sandinista.

Analistas políticos como el exdiputado Agustín Jarquín Anaya, sostienen que ya no se podrán implementar las reformas constitucionales que demanda la oposición entre sus exigencias para el próximo año, entre ellas, la eliminación de la reelección o el umbral de votación, pero todavía se pueden hacer los cambios necesarios en la Ley Electoral.

“Si son reformas que tienen características constitucionales, si es una reforma a la constitución no hay tiempo, pero si hay tiempo para la reforma electoral y el nombramiento de magistrado y establecer una estructura electoral que actúe conforme a la ley”, dijo Anaya.

Para José Pallais, integrante de la Coalición Nacional opositora, se ha cerrado la oportunidad de reformar la Constitución en aquellos puntos de relevancia electoral, porque esto requiere de dos legislaturas, pero aún se puede reformar La Ley Electoral, y esto podría hacerse, con voluntad del gobierno, en los dos primeros meses de 2021.

“Lo que pasa es que la voluntad no se aprecia, no se ha convocado a elecciones del 2021, no existe un anteproyecto de ley de parte del Ejecutivo, no se ha negociado, no se ha normado, mientras la oposición sí ha presentado sus propuestas, de cuáles serían las líneas generales y esta lista con una propuesta en la que se detalla artículo por artículo cómo esas líneas generales deben trasladarse para la reforma concreta en la Asamblea Nacional”, señaló.

Presiones internacionales

Ante la resistencia del gobierno, la presión internacional se mantiene y esta misma semana el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, dijo que una señal que indicaría la legitimidad del próximo proceso electoral sería el cumplimiento de las demandas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El analista político José Dávila aseguró que el gobierno tiene aún tiempo y oportunidad de aprobar las reformas electorales y propiciar un proceso justo.

“No solo Estados Unidos sino la comunidad internacional va a presionar más a (el presidente Daniel) Ortega. Realmente Ortega no abandona su retórica, no abandona su ataque a los Estados Unidos y en vez de dar las reformas electorales y restaurar las libertades públicas, sigue con las amenazas”, dijo Dávila.

En octubre la OEA demandó al gobierno garantizar “elecciones libres y justas” y estableció mayo de 2021 como un plazo máximo.

A grandes rasgos, la OEA demanda al gobierno de Nicaragua un despliegue amplio y efectivo de misiones de observación electoral, una modernización del Consejo Supremo Electoral, controlado por el oficialismo, apertura para que nuevos partidos políticos puedan inscribirse, actualización de los registros electorales y auditoría independiente de las listas de votantes, entre otros aspectos.

En tanto, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional convocó a los diputados acreditados a una sesión extraordinaria este 21 de diciembre, aunque todavía no se conoce cuáles son los temas que se abordarán en esta sesión.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua se restringe aún más la capacidad de los nicaragüenses para ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, denunció este miércoles el subsecretario de Estado, Michael G. Kozak.

Kozak señaló que la medida impuesta por el régimen de Daniel Ortega requiere que las personas y organizaciones que reciben fondos extranjeros se registren con el gobierno, cumplan con onerosos requisitos de información y se abstengan de lo que consideran actividad política.

“Los críticos de la ley coinciden en que su verdadera intención es bloquear la participación de candidatos y simpatizantes de la oposición en las elecciones del 2021. Además, esta ley tendrá un efecto paralizador en las actividades de la sociedad civil en el período previo a las elecciones. Los analistas legales señalan que la ley es ambigua. El lenguaje deja al gobierno un amplio margen para utilizarlo como herramienta de represión”, declaró el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en una conferencia de prensa telefónica.

Según el alto diplomático, la Ley de Ciberdelitos, aprobada del 27 de octubre pasado, pudiera castigar de forma similar opiniones críticas al régimen de Ortega, incluyendo mensajes en las redes sociales. La medida incluye tiempo en prisión y multas.

Asimismo, mencionó la reforma constitucional que está siendo considerada en la Asamblea Nacional, que aumentaría las penas de cárcel de 30 años a cadena perpetua para crímenes de odio, término que, según dijo, tiene una amplia definición.

Kozak opinó que,"juntas, esas leyes levantan aún más barreras a la participación democrática, justo en un momento en que la nación se está preparando para las elecciones presidenciales del 2021".

El subsecretario de Estado añadió que Estados Unidos apoya al pueblo de Nicaragua en su búsqueda de un gobierno representativo, en una tarea en la que "no está solo". Recordó que, en octubre, la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución en la que se pedía la restauración de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos y el orden constitucional en Nicaragua, además de unas elecciones libres y justas.

También la Unión Europea aprobó una resolución similar, condenando específicamente la Ley de Agentes Extranjeros y pidiendo reformas más amplias en el país.

El silletazo a Evo, así se divulga el episodio en que le lanzan una silla plástica por la cabeza al expresidente boliviano Evo Morales.

Todo sucedió en una reunión de su partido Movimiento Al Socialismo (MAS) realizada el lunes en el Chapare, cuando el expresidente anunció al exministro de Gobierno, Carlos Romero, como candidato a la Gobernación.

Tras el incidente el Tribunal de Disciplina y Ética de Cochabamba del partido azul ordenó la expulsión de los militantes que incurran en “actos de indisciplina” y en lo adelante, no podrán ser nominados a cargos dentro del partido y organizaciones afines.

Para el agredido se trata de una maniobra de la oposición:

"Denunciamos que la derecha golpista trata de destruir la unidad del MAS-IPSP enviando infiltrados para generar violencia en nuestros ampliados que tienen como objetivo la elección democrática y pública de nuestros candidatos para los comicios subnacionales", publicó Morales en Twitter.

La Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, determinó este lunes después de una investigación preliminar que "existen suficientes pruebas" para señalar y responsabilizar al régimen de Nicolas Maduro de la “encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos".

El informe incluye como cómplices y perpetradores de estas violaciones de derechos humanos de manera continua a las fuerzas policiales y de seguridad controladas por el régimen de Maduro como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La investigación señala también a las milicias paramilitares creadas por Hugo Chávez Frías, conocidas por el nombre de “colectivos”, y asegura que estos actúan en conjunto con las fuerzas de seguridad.

La Fiscalía informó que el análisis final se presentará el primer semestre del año 2021 “a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación”.

Múltiples reacciones

La comunidad internacional ha reaccionado a las conclusiones preliminares del informe. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, escribió que los hallazgos “son un paso clave para la justicia”.

Erika Guevara-Rosas, de Amnistía Internacional, aseguró que los resultados del informe son un gran avance. “Este es un paso importante hacia la justicia para las victimas”.

El líder opositor venezolano y expreso político, Leopoldo López, también reaccionó al informe y comparó a Nicolás Maduro con el mandatario serbio, Slobodan Milosevic. “Maduro al igual que Milosevic, terminará enfrentando la justicia en La Haya!”, escribió en Twitter.

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que "a esto nos enfrentamos como sociedad: a una dictadura responsable de crímenes contra la humanidad".