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América Latina

Human Rights Watch denuncia aumento de la represión en Nicaragua

Policia irrumpe en la redacción del diario Confidencial de Nicaragua

“El gobierno de Ortega y Murillo ha lanzado una ofensiva para silenciar a quienes todavía se atreven a exponer sus abusos y exigir que rindan cuentas”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El gobierno del Presidente Daniel Ortega ha iniciado una represión desenfrenada de la prensa libre y de activistas en Nicaragua, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno ha clausurado nueve respetadas organizaciones no gubernamentales y allanado varias de sus oficinas.

Entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional quitó la personería jurídica a nueve organizaciones. El diputado Filiberto Rodríguez del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) solicitó su clausura, a instancias del Ministerio de Gobernación. En la noche del 13 de diciembre, la Policía Nacional allanó cinco de estas organizaciones y la sede de un medio independiente, y confiscó numerosos documentos y computadoras.

“El gobierno de Ortega y Murillo ha lanzado una ofensiva para silenciar a quienes todavía se atreven a exponer sus abusos y exigir que rindan cuentas”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Otros países deberían condenar de manera inequívoca estos ataques a la libertad de expresión y de reunión, y solidarizarse con periodistas y defensores de derechos humanos enviando a sus embajadores a hacerse presentes en las oficinas que han sido allanadas”.

Desde abril, policías y grupos armados partidarios del gobierno han acosado, intimidado, agredido brutalmente y detenido de manera arbitraria a varios periodistas. Dos periodistas extranjeros fueron deportados en forma sumaria. El ente regulador ha cerrado durante días canales de noticias críticos del gobierno. Varios medios de noticias independientes, entre ellos Confidencial, han sufrido reiteradamente ciberataques.

El 29 de noviembre, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), una organización con 35 años de trayectoria dedicada a la educación en salud y la prevención del VIH/Sida. El diputado Rodríguez indicó a los medios de comunicación que la organización estaba “participando en acciones desestabilizadoras contra el gobierno y la sociedad nicaragüense” y que no debería haber “participa[do] en asonadas”.

Tres días antes, las autoridades de migración deportaron sumariamente a la fundadora y directora de la organización, Ana Quirós, una prominente activista feminista y crítica del gobierno de Ortega que adoptó la ciudadanía nicaragüense tras emigrar de Costa Rica. También despojaron a Quirós de su ciudadanía nicaragüense. Actualmente, se encuentra en Costa Rica.

El 11 de diciembre, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro de investigación cuyo trabajo ha sido premiado. Algunas semanas antes, la policía había allanado las oficinas de la organización y confiscado numerosos documentos, y las autoridades habían congelado sus cuentas bancarias.

El 24 de septiembre, la Fiscalía General de la República, aplicando una ley aprobada por la Asamblea en julio, acusó a Félix Maradiaga —un opositor influyente y director del IEEPP— de “financiamiento del terrorismo”. El 5 de septiembre, Maradiaga había comparecido públicamente ante el Consejo de Seguridad de la ONU para exponer sobre la represión de opositores por el gobierno de Nicaragua.

El 12 de diciembre, la Asamblea Nacional canceló la personería de otras dos organizaciones que señaló como implicadas en un “intento de golpe de estado”, indicó un comunicado oficial. Una era el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), una prestigiosa organización de derechos humanos con 28 años de trayectoria y reconocimiento internacional, cuyos abogados e investigadores han realizado una labor esencial en apoyo a las víctimas de la represión. Su directora organización ha denunciado abusos gubernamentales en varios foros internacionales.

La otra organización clausurada fue la Asociación Hagamos Democracia (HADEMOS), que tiene como misión expresa “fortalecer el proceso de democratización de Nicaragua y promocionar el sentido de responsabilidad ciudadano en la toma de decisiones políticas”. Según un comunicado de la Asamblea Nacional, la organización se habría usado para “canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas, para el adiestramiento de grupos de personas que posteriormente participaron en las acciones desestabilizadoras del país”.

El 13 de diciembre, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de otras cinco organizaciones que habían sido críticas del gobierno de Ortega. La Asamblea Nacional manifestó en un comunicado que había clausurado a las organizaciones debido a que habían realizado “actividades para desestabilizar el país” y por demoras en la presentación de sus informes financieros.

En cada uno de los casos, el Ministerio de Gobernación pidió a la Asamblea Nacional que cerrara las organizaciones porque “desnaturalizaron sus objetivos por los cuales fueron cread[as]”, conforme consta en tres comunicados emitidos por la Asamblea. Conforme al artículo 24 de la Ley 147, la Asamblea Nacional puede revocar la personería jurídica de una organización si esta “realiz[a] actividades que no correspondan a los fines para que fueron constituidas”. Esta norma excesivamente amplia posibilita que el gobierno disuelva de manera arbitraria a organizaciones que expresan críticas, explicó Human Rights Watch.

En la noche de 13 y el 14 de diciembre, la Policía Nacional allanó las oficinas de CENIDH, el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y otras tres organizaciones que había clausurado, así como las de Confidencial.

Tanto CINCO como Confidencial tienen como director al reconocido periodista internacional Carlos Chamorro, que ha sido un acérrimo crítico de los intentos de Ortega por concentrar el poder durante sus tres mandatos presidenciales y de la brutal arremetida contra opositores que ha llevado a cabo su gobierno.

En el estudio de Confidencial, donde Chamorro graba dos programas de noticias para televisión, la policía se llevó computadoras, discos rígidos y otros equipos periodísticos, así como documentación legales y contables, contó un periodista de Confidencial a Human Rights Watch.

(Con información del sitio web de Human Rights Watch y redes sociales)

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Policías y paramilitares asedian a defensoras de los derechos de la mujer en Nicaragua

Mujeres de Nicaragua en plena crisis política y sanitaria

Las integrantes de la Red de Mujeres contra la Violencia junto a las del Programa Feminista La Corriente, emitieron una denuncia acusando a los miembros de la policía orteguista, así como de fuerzas paramilitares, de someterlas a “intimidación, hostigamiento y asedio”, según lo publicado en el portal digital de ambas organizaciones, “Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos”.

En el comunicado, las defensoras de los derechos de la mujer relatan que “elementos policiales y parapoliciales asediaron la asamblea de la Red”, efectuada el sábado 23 de enero, “reteniendo, fotografiando y obligando a mostrar la identificación de algunas de las participantes”.

Por otra parte, en la sede del Programa Feminista La Corriente, las asistentes a un encuentro se vieron en la misma situación de asedio y acoso por parte de la policía política del presidente Ortega estando María Teresa Blandón, directora del programa en el interior del recinto.

De acuerdo con la información, estos hechos corresponden a la “campaña de asedio y hostigamiento sistemático” que se ha trazado el Estado nicaragüense para intimidar e intentar frenar la actividad de las “defensoras de derechos humanos y organizaciones feministas, así como a presas políticas excarceladas y sus familias”.

Las protestas en Venezuela

Un manifestante frente a las tanquetas de la guardia nacional durante las protestas de 2019 en Caracas. (Manaure Quintero / Reuters).

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OVCS, registró 9.633 protestas en 2020, lo que representa un promedio de 26 manifestaciones diarias.

Esta cifra significa una disminución del 42% en comparación con 2019, cuando se registraron 16.739 protestas, un promedio de 46 protestas diarias.

El 81% del total de 2020, 7.789 manifestaciones, ocurrieron en el contexto de la pandemia.

Venezuela registró sus primeros casos de coronavirus el 13 de marzo de 2020.

“Ni la represión del régimen de Nicolás Maduro ni el COVID-19 detuvieron a la sociedad civil en la exigencia de derechos”, dijo Marco Antonio Ponce, director del OVCS.

López Obrador tiene COVID-19 y anuncia que mexicanos recibirán vacuna rusa

Andrés Manuel López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el domingo que tiene COVID-19.

El mandatario, de 67 años, lo hizo público a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días", escribió.

En el caso de que la enfermedad avance e incapacite temporalmente al jefe del Estado, la Constitución establece que el cargo lo ocupe provisionalmente la secretaria de Gobernación.

El mandatario mexicano anunció también una "afectuosa" conversación con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin.

"Lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos dos meses" , escribió en Twitter.

Mas tensiones entre Guyana y Venezuela

El ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, el 11 de enero de 2021

Guyana solicitó la liberación inmediata de la tripulación de dos barcos pesqueros que asegura fueron capturados por Venezuela, menos de un mes después que el segundo extendiera su frontera marítima de forma unilateral, informó la Voz de América, VOA.

Según reseña el diario venezolano El Nacional, se trata del más reciente incidente en una disputa fronteriza que tiene un siglo y que se acentuó después que la petrolera estadounidense Exxon Mobil halló petróleo en la zona en 2015.

El ministerio de Exteriores de Guyana dijo por medio de un comunicado el sábado por la noche que Venezuela no le informó sobre las detenciones, pero confirmó reportes de que los barcos fueron abordados e incautados en aguas guyanesas el jueves por tripulantes del buque de la Marina venezolana “Hugo Chávez”.

“Guyana condena en los términos más duros posibles este acto de agresión sin sentido de parte de las fuerzas armadas de Venezuela”, expresó la Cancillería. Agregó que intentaba “cerciorarse de la situación y el bienestar de los tripulantes”, que según Guyana están detenidos en el puerto de Güiria, en el noreste de Venezuela.

La ironía de una vieja disputa territorial: Guyana más rica, Venezuela en crisis

Guyana, cuyos dos tercios de territorio reclama Venezuela como suyos, será, por lejos, el país de mayor crecimiento económico de este año gracias al petróleo.

Caracas reclama gran parte del este de Guyana como su propio territorio, una afirmación que es rechazada por Georgetown. El conflicto ha estallado en los últimos años cuando Guyana ha comenzado a desarrollar reservas de petróleo cerca del área en disputa.

"La embarcación venezolana estaba maniobrando ilegalmente dentro de la ZEE y la Zona Contigua de Guyana cuando interceptó, abordó y se apoderó de las embarcaciones pesqueras de Guyana", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana en su comunicado.

Venezuela retomó su reclamo histórico sobre la región guyanesa del Esequibo -que ocupa dos tercios del actual territorio de Guyana- tras el hallazgo de petróleo.

Guyana sostiene que las fronteras fueron demarcadas y acordadas en 1899 por una corte de arbitraje en París, una decisión que Venezuela nunca reconoció.

En diciembre la Corte Internacional de Justicia falló, a pedido de Guyana, que tiene jurisdicción en el asunto y que habrá audiencias para escuchar los argumentos de las partes, un proceso que puede llevar años y al que Venezuela se opone de todas formas.

En respuesta, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó en enero la nueva frontera marítima del país, que se superpone con las aguas territoriales de Guyana y afecta al territorio al oeste del río Esequibo.

El gobierno en Georgetown condenó el decreto como una franca violación de su soberanía y de las leyes fundamentales del derecho internacional.

La Marina de Venezuela interceptó en los últimos años varios navíos de investigación de Exxon Mobil y otra petrolera estadounidense, Anadarko Petroleum.

Caracas condenó las prospecciones petroleras de Guyana en aguas en disputa y las recientes maniobras navales que realizó junto a Estados Unidos.

(Con información de El Nacional y Reuters)

Resolución del Parlamento Europeo pide a países miembros de la UE reconocer a Guaidó como presidente interino

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela en un mitin durante las pasadas elecciones de diciembre 2020.

En una resolución aprobada el 21 de enero, el Parlamento Europeo pide a los 27 países miembros de la Unión que reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Aprobada por 391 votos, con 114 en contra y 177 abstenciones, la resolución, explica la agencia Reuters, “no es legalmente vinculante, pero tiene peso político”.

“El Parlamento Europeo pide a los estados miembros que reconozcan de forma inequívoca la continuación constitucional de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela elegida en 2015 y al presidente interino legítimo de Venezuela, Juan Guaidó”, cita Reuters, a lo cual el presidente interino respondió en su cuenta de Twitter.

“Agradezco al @Europarl-Es el respaldo a la Constitución y a los venezolanos que representa, reconocer a la @Asamblea-VE y la presidencia encargada”, dice Guaidó. “La legítima interlocución de Venezuela está en este Parlamento, enfocado en lograr elecciones libres y justas”.

Estados Unidos y Gran Bretaña se encuentran entre los países que han reconocido a Guaidó. El secretario de Estado de la nueva administración norteamericana, Anthony Blinken, ha dicho que “continuará reconociendo a Guaidó como dirigente legítimo”.

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