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Cuentapropismo

Huelga, amenazas y precios topados en Villa Clara

Un bicitaxista en Santa Clara.

Las autoridades en Villa Clara amenazaron a los transportistas privados que permanecen en "huelga de brazos caídos" desde el 12 de agosto.

El abogado Edilio Hernández dijo a Radio Martí que las amenazas incluyen quitarle la licencia a los transportistas, "acción que sería ilegal".

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Diario de Cuba reporta que "tanto los medios de prensa oficiales como la emisora CMHW y el canal local TeleCubanacán, enfatizaron que los choferes que se nieguen a regresar a lo que el Gobierno denomina su labor social, sabotean la estabilidad ciudadana y en caso de no volver a prestar servicio serán vistos como enemigos de la obra de la Revolución."

El residente de Santa Clara, Guillermo Fariñas, quien es también opositor y ganador del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia (galardón otorgado por el Parlamento Europeo), dijo a Radio Martí que el gobierno está amenazando con incautar el material de trabajo de los choféres.

"Varios de los transportistas visitados en sus domicilios por esos grupos aseguraron que a partir del 14 de agosto las amenazas contra ellos cambiaron de carácter", informó Diario de Cuba.

El objetivo de la huelga de los transportistas es rechazar los precios de pasajeros fijados por el gobierno.

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Mediación estatal a exportaciones: un "peaje" que expone al sector privado en Cuba a sanciones de EEUU

El Puerto de Mariel (Foto: Archivo).

La mediación estatal en las importaciones y exportaciones de los cuentapropistas no es más que un "peaje innecesario", y con su aplicación el sector privado pudiera quedar expuesto a sanciones de Estados Unidos por participar en operaciones que involucran al gobierno de Cuba, según el análisis de un experto.

"La obligación de operar el comercio exterior a través de empresas estatales cubanas significa que estas operaciones podrían ser perseguidas por las sanciones económicas de Estados Unidos", escribió en su blog el economista Mauricio de Miranda Parrondo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en Colombia.

De Miranda Parrondo presenta inicialmente los que, a su juicio, son los aspectos prácticos fundamentales de las normas que regulan las relaciones entre los trabajadores por cuenta propia y cooperativistas, denominados “formas de gestión no estatal”, y las empresas estatales exportadoras e importadoras, publicadas en la Gaceta Oficial el 17 de agosto.

Resume su inventario en ocho puntos, el primero de los cuales cuestiona por qué el gobierno cubano no incluyó dólares australianos ni zeolandeses entre las monedas libremente convertibles (MLC) con las cuales se pueden abrir cuentas, y luego pasa al análisis de lo que esas medidas representan.

"Todas estas normas se resumen en algo muy sencillo: los exportadores e importadores, pertenecientes a las llamadas 'formas de gestión no estatal', deben pagar al Estado cubano un 'peaje' en moneda libremente convertible, por operar en el comercio exterior (indirectamente a través del Estado mismo)", escribe el experto.

Observa, además, que el peaje impacta no uno, sino varios niveles.

"Este peaje es múltiple, porque se pagan en MLC servicios que deberían cobrarse en la moneda nacional a la tasa de cambio correspondiente, porque se prestan dentro del país, más un margen comercial también en MLC, que no establece el mercado sino que lo determina el monopolista (es decir, la entidad estatal de comercio exterior)", indica el profesor.

El Artículo 12 del Reglamento emitido por el Ministerio de Comercio y la Inversión Extranjera deja claro que los gastos del mediador estatal se cobrarán en dólares a los cuentapropistas, además del 20 por ciento impuesto como "margen comercial".

"Todos los gastos en que incurran las entidades autorizadas, incluido su margen comercial, se deducen en dólares estadounidenses de las cuentas corrientes de las formas de gestión no estatal", reza ese artículo, como puede leerse en la Gaceta Oficial.

Al explicar cuáles son las secuelas posibles de estas medidas, De Miranda Parrondo subraya que lo que obliga a los empresarios privados y a los cooperativistas a pagar ese "margen comercial" no es el mercado, sino la condición de monopolista de la empresa estatal de comercio exterior.

"Ello podría traer como consecuencia que, en el caso de las exportaciones, el precio final se encarezca excesivamente y el producto o servicio exportable pierda competitividad o que, para mantener un precio competitivo a partir de las condiciones del mercado internacional, y tomando en cuenta costos de operaciones y márgenes de beneficio impuestos por las empresas de comercio exterior, el empresario privado considere que realizar la exportación no resulta suficientemente remunerativo", advierte el experto.

Si se trata de empresarios privados que necesitan importar maquinarias, insumos o bienes intermedios, la importación podría resultar excesivamente costosa y atentar contra la viabilidad del negocio, dice el economista.

"Una vez más, el Estado cubano aparece como una institución 'extractiva' que, lejos de estimular el emprendimiento y la iniciativa, los restringe y penaliza", escribe De Miranda Parrondo.

Llama la atención, además, sobre la excesiva complejidad de todas las operaciones por la existencia de una moneda nacional que, "a pesar y en contravención de la ley, carece, en realidad, de curso forzoso y fuerza liberatoria ilimitada en todo el territorio nacional y al mismo tiempo resulta inconvertible dentro del país por carecer de un tipo de cambio único y adecuado".

Igualmente, lamenta que no haya mecanismos de crédito de fomento para incentivar las exportaciones del sector privado y la importación de bienes intermedios que luego sirvan para desarrollar producciones exportables.

Sus recomendaciones al gobierno de Cuba se resumen en abandonar el monopolio estatal del comercio exterior y asegurar los ingresos del Estado en este renglón mediante un sistema arancelario que proteja la producción nacional, estimule las exportaciones y facilite las importaciones eventualmente dedicadas a producir, sobre todo, bienes exportables.

También pide "unificar el sistema monetario, basado en una moneda nacional convertible, con una tasa de cambio única, económicamente fundamentada, a partir de las condiciones de precios y niveles de competitividad relativos de la economía nacional y la economía internacional", y crear líneas de crédito y fomento.

Seguridad del Estado detrás de cancelaciones de usufructo a campesinos cubanos

Un hombre cultiva lechugas para vender, a las afueras de La Habana. (YAMIL LAGE / AFP)

Dos nuevos casos de represión contra campesinos cubanos acogidos al programa de entrega de tierras en usufructo ocurrieron en días recientes, según denuncian agricultores en la isla entrevistados por Radio Televisión Martí.

En San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa, Daniel Alfaro, miembro de la organización opositora Una Nueva República, cultiva una parcela de 64 hectáreas de tierra dedicadas al autoconsumo de su familia y además en beneficio de sus vecinos.

Este miércoles recibió la visita de un funcionario del Ministerio de la Agricultura, quien le dejo una citación para el próximo martes a las ocho de mañana en la delegación municipal, donde se le entregara la documentación con la resolución de la cancelación del permiso para operar el usufructo.

“En la comisión agraria se personó un miembro del partido comunista que atiende la agricultura, quien manifestó que yo no requería de los parámetros políticos e ideológicos para tener tierras”, señaló.

Cuatro años lleva Alfaro operando esa parcela que recibió en las peores condiciones y cubiertas de marabú, trabajó duro para limpiarla y hacerla productiva, y ahora por las presiones de la policía política los funcionarios del MINAGRI toman esta decisión, quitándole lo único que tiene para el sustento de su familia, mientras que “militares y dirigentes del gobierno tienen las mejores tierras del país”.

Otros dos campesinos pierden tierras en usufructo en Cuba
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En el poblado de Quemado de Güines en la provincia de Villa Clara, otro hombre del campo, Ibar González, también opositor, que fue miembro del Movimiento Cristiano Liberación ha sufrido la confiscación de dos usufructos en los últimos seis meses.

En el primer caso fue citado por funcionarios de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC), miembros del partido y también estaba presente un oficial de la Seguridad del Estado, donde se le retiraron dos caballerías de tierras dedicadas al cultivo de frijoles, alegando que era un "contrarrevolucionario", cuenta González.

“Yo aporte hasta 60 quintales de frijoles para Acopio en el municipio”, aseguró.

Hace dos semanas se reunió la junta directiva de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) y decidieron quitarle el otro pequeño terreno que aún laboraba, esto como represalia por denunciar la centralización y monopolio estatal del sector agrícola en la isla. “Los animales los tengo en la finca de una amistad y perdí toda la cosecha de aguacates, frutas y el arroz que había sembrado está por ver”, dijo.

Según González, “esa junta directiva está corrupta, comenzando por el propio presidente de la CPA, llamado Modestico, que tiene una finca particular, donde usa a los trabajadores de la cooperativa y además desvía recursos para su beneficio”.

El gobierno cubano recrudece el hostigamiento contra hombres y mujeres del campo en la isla, alertaron la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) en una misiva enviada a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Redadas policiales ponen en jaque al mayor sitio de clasificados de Cuba

Productos en venta en Revolico.com

El popular sitio de clasificados online Revolico.com, la herramienta más usada por los cubanos para compraventas, permutas y ofertas de empleo y de servicios, está bajo vigilancia permanente por parte de la Policía, asegura una investigación del portal Cubanet.

Desde que varios reportajes de la televisión cubana mostraron que operativos policiales se llevaron a cabo a partir de información detectada en este sitio, ha habido una disminución de la cantidad de usuarios y de anuncios diarios.


"Si a mediados del 2018 la página reportaba unos 30 000 anuncios diarios y más de 600 000 en el lapso de dos meses, en la actualidad, y posterior a la ofensiva del régimen contra “revendedores”, apenas alcanza los 8000 anuncios diarios, mientras que el promedio bimensual ronda muy ligeramente los 200 000, una reducción significativa que quizás también pudiera estar relacionada con la diversificación de servicios similares en Internet pero que, por el descenso brusco de los últimos días, en gran medida pudiera reflejar la persecución desatada por la Policía contra “revendedores”", indica Cubanet.

La policía usa los datos de contacto de las personas como pruebas para acusar de “actividad económica ilícita” a quien no cuente con una licencia para comerciar, indica la publicación.

Revolico funciona también como referencia del mercado informal acerca de los precios y el valor de las propiedades del mercado inmobiliario cubano así como de los autos.

Anuncio sobre oficios privados quedó "en el aire"

Dos cubanos viajan el martes en tractor por una calle de La Habana (Yamil Lage/AFP).

El gobierno eliminará el listado que restringía a 123 las actividades permitidas en el sector privado en la isla, una medida que analistas entrevistados por Radio Televisión Martí califican de insuficiente.

La ministra cubana de Trabajo y Seguridad Social Marta Elena Feitó Cabrera anunció este jueves en el programa televisivo Mesa Redonda, que el gobierno eliminará el listado aunque no puso fecha.

La funcionara explicó que las nuevas regulaciones se aplicarán de forma gradual y acompañadas por el desarrollo de las cooperativas y la micro, pequeña y mediana empresa.

Desde La Habana, el Máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien asesora al sector privado, considera que es tan solo una estrategia y que es precipitado una conclusión del impacto de este anuncio, que calificó de incompleto.

"Hasta ahora no hay claridad en este asunto, no hay norma jurídica y las normas jurídicas aún tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional para su implementación", declaró el experto quien recordó que el régimen cubano lleva 10 años haciendo esperar a los privados por reformas y aperturas.

Por otro lado, apuntó, nada dijeron de otras medidas necesarias en el sector de trabajo por cuenta propia, entre ellas una reforma tributaria y una Ley de Empresas.

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En la isla los trabajadores privados carecen de una cultura del emprendimiento porque han sido un sector muy vulnerable y en línea general no conocen cómo presentar un modelo de negocios, paso necesario para obtener una licencia, dijo Rodríguez Pita.

Mientras que el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, España Elías Amor Bravo, destaca que hay que tomarse todo esto con mucha precaución.

La ministra dijo que muchos de esos enunciados estaban en estudio, y el académico considera que esto es otra de las estrategias que lanza el oficialismo con la idea de cambiar un poco el paso en tiempos de crisis, para ganar tiempo, pero que realmente no llevan el ingrediente necesario de un cambio.

"Todo está como en el aire, muy provisional", criticó Amor.

La candonga de Santa Clara, otra vez en el candelero

Vista de la Candonga de Santa Clara. Foto Periódico Vanguardia.

El pasado 12 de marzo cientos de comerciantes de los mercados informales conocidos como las candongas de “Las Flores” y “Los Framboyanes” en Santa Clara protagonizaron una manifestación pacífica en la sede del partido comunista en la capital villareña, tras conocer de una prohibición que les impediría vender mercancías importadas.

Ante esta situación, la Primera Secretaria del Partido en la provincia, Yudí Rodríguez Hernández sostuvo un encuentro con los manifestantes y les prometió que serían revisadas sus licencias, “que podrían seguir vendido los artículos importados, que regresaran a trabajar, que no iba a pasar nada y que estuvieran tranquilos”.

Con la pandemia del coronavirus estos mercados fueron cerrados por las medidas de aislamiento, pero desde el 30 de junio cuando la provincia de Villa Clara reinició la reapertura de centros recreativos, restaurantes y hoteles en la cayería norte, las dos candongas permanecen inactivas y con un cuerpo de vigilancia.

Hace algunos días los representantes de los emprendedores fueron citados por las autoridades locales y se les informó que se había tomado la decisión que en esa zona no se reabrirían nuevamente estos mercados.

Les ofrecieron dos localizaciones alternativas: una en la zona del mercado agropecuario Los Pilongos, cerca de la línea del ferrocarril y el Tren Blindado, en una zona abandonada con poco flujo de personas y que solamente opera los fines de semana; y la otra, en las afueras de la ciudad en el complejo gastronómico El Arcoíris.

Los vendedores no aceptaron las propuestas, argumentado que la zonas no tiene las mínimas condiciones para establecer un mercado.

Dos periodistas independientes residentes en la ciudad de Santa Clara que por meses han estado dándole seguimiento a la situación de estos trabajadores por cuenta propia, en entrevista con Radio y Televisión Martí concluyen que ahora el gobierno, aprovechando la situación con el COVID-19 quiere propinarle un “pase de cuenta a esta personas”.

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Para el comunicador Guillermo del Sol, sacar del área estas candongas, donde acuden residentes de toda la provincia en busca de artículos que solamente allí se pueden encontrar, es un golpe mortal a este negocio.

Tras tres meses sin trabajar algunas de estas personas han intentado vender algunos de estos productos desde sus casas, sufriendo el decomiso y multas.

El operador de una cafetería Yoel Espinosa Medrano, comenta que en la localidad actual de Las Flores y Los Framboyanes, ellos cuentan con lugares de almacenamiento de su mercancías pero la zona donde los quieren relocalizar no tienen esa ventaja, pues se trata de un espacio, sin condiciones, prácticamente al aire libre.

Tendrían que cargar diariamente todos los productos, aumentando el costo de la transportación, añadió.

Del Sol agrega que es una falta de respeto de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) y un ejemplo claro de la desatención de estos trabajadores que pagan impuestos y sus patentes.

Mientras que Espinosa Medrano alerta que este problema tiene el potencial de ser explosivo y que los cuentapropistas regresen a las calles de la ciudad a protestar, porque usando el tema de la pandemia están tratando de perjudicar a los particulares.

Las autoridades locales aseguran que en las candongas son foco de ilegalidades e indisciplinas donde predomina el hacinamiento y el desorden y donde operan vendedores ilegales.

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