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América Latina

Habrá elecciones sin Evo Morales en Boliva, pero con el MAS

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, proclama la Ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales.

Bolivia se encamina a unas nuevas elecciones en las que por primera vez en casi 14 años ya no se habla de Evo Morales como candidato, pero al interior de su partido, el MAS, esperan que su líder tenga un papel importante en este proceso, incluso en persona.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó este domingo la "Ley de Régimen excepcional y transitorio para la realización de Elecciones Generales de 2020", que en la víspera fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene la mayoría en ambas Cámaras.

El proceso hacia nuevas elecciones da sus primeros pasos en una nación que puede tomar un rumbo distinto tras los casi 14 años de Gobierno del líder indígena.

Interpretación de la Ley

Sobre la aplicación de esta ley de emergencia y el escenario político actual, algunos ya hablan de la posibilidad de que el MAS podría estar inhabilitado, ya que es el partido con el que Evo Morales fue candidato en los comicios del pasado 20 de octubre.

La pasada cita con las urnas está anulada por esta nueva ley y el órgano electoral que la llevó a cabo está procesado por la Fiscalía por un supuesto fraude a favor del candidato del MAS.

Para el senador Edwin Rodríguez, de Unidad Demócrata, el partido de la presidenta interina, "hay varias interpretaciones" sobre a quién se le atribuye el supuesto fraude y "hay que comprobar primero bajo qué condiciones se hizo".

Los "indicios de fraude pueden ser atribuibles de repente al anterior órgano electoral" o "al MAS como partido de Morales". En todo caso, el nuevo Tribunal Supremo Electoral será el que determine si hay inhabilitaciones o no, concluyó el senador demócrata.

Lo que sí ha dejado en claro el Gobierno interino es que Morales no puede volver a presentarse a unas elecciones y que ningún gobernante puede volver a intentar seguir en el poder por encima de dos mandatos seguidos como está establecido en la Constitución.

Uno de los artículos clave de esta nueva ley insiste en ese límite constitucional, después de que Morales fuera proclamado vencedor para un cuarto mandato seguido en las elecciones ahora invalidadas.

El que fuera su vicepresidente desde que llegó al poder en 2006, Álvaro García Linera, ya ha dicho desde su asilo en México que ni él ni Morales se presentarán a las próximas elecciones.

El futuro del MAS

Desde el día anterior de la renuncia de Morales el pasado 10 de noviembre, forzado por las Fuerzas Armadas, ya organizaciones sindicales afines como la Central Obrera Boliviana, de campesinos e indígenas habían expresado un distanciamiento con su líder y algunos incluso se sumaron a los pedidos de dimisión.

Contrario a lo que se ha visto en los últimos días, el MAS quiere mostrarse fuerte y unido, "por el bien del país", pero sin dejar de denunciar el "golpe de Estado" cometido contra Morales.

Alicia Conqui, diputada del MAS por el departamento de Chuquisaca, dijo a Efe "que una elección sin Evo Morales no va a cambiar mucho las cosas porque la militancia está firme".

"Al contrario, el MAS se va a ir fortaleciendo aún más pese a que se ha cometido un golpe de Estado", enfatizó.

Para Remberto Calani, diputado del MAS por La Paz, la actual coyuntura representa "un desafío" para el partido y para las organizaciones sociales que integran el proceso de cambio que emprendió Morales desde antes de su ascenso al poder.

Si algunas pareciera que se han alejado, ha sido porque se "han hecho esfuerzos" por la pacificación en Bolivia, dijo, en una mesa de diálogo con el Ejecutivo provisional.

Calani expresó a Efe que "esperan tener para esta nueva elección a los mejores representantes de la sociedad y del MAS (...) lo que no quiere decir que el hermano Evo esté alejado". La intención es que Morales "esté presente aquí en Bolivia" dirigiendo la campaña, comentó.

El Gobierno interino de Áñez mantiene que puede volver al país, pero a riesgo de afrontar denuncias que ha presentado en su contra por delitos como terrorismo y sedición.

Renuncia en el limbo

Otro de los temas que llama la atención es que la Asamblea Legislativa aún no se ha pronunciado formalmente sobre la renuncia de Morales, lo que algunos sectores ven como una maniobra para dilatar el proceso.

Precisamente, el diputado Calani reconoció a Efe que la renuncia de Morales no se ha tratado porque se no se ha podido reunir el pleno de la Asamblea Legislativa.

Para él, "es una forma de dilatar un problema, pero que en última instancia lo que se ha hecho es entrar en el juego de querer pacificar los conflictos sociales en Bolivia".

La violencia desde el día después de la votación del 20 de octubre ha dejado 33 muertos y más de 800 heridos. Lo cierto es que entre algunos parlamentarios ya se "ha exigido hacer esa asamblea" y se "ha planteado la preocupación" sobre este tema pendiente.

Bolivia tiene una mandataria provisional en principio hasta los nuevos comicios mientras Morales está asilado en México sin que el Parlamento boliviano, controlado por su partido, se haya pronunciado aún sobre su renuncia.

El pasado 10 de noviembre la Organización de los Estados Americanos advirtió en un informe de "graves irregularidades" en los comicios y ese mismo día Morales anunció su renuncia. La renuncia es calificada de golpe de Estado por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.

Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez, que asumió el poder el pasado 12 de noviembre, y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.

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"Se conoce que está en La Habana", Colombia pide extradición del jefe ELN (VIDEO)

Colombia solicita a Cuba extradición de jefe máximo del ELN
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Cuba admitió que el líder de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) se encuentra en la isla, según declaró este miércoles Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz en Colombia.

Colombia pidió formalmente a La Habana la extradición de Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", por el delito de secuestro agravado.

"La solicitud de (extradición) de “Gabino” la hace un juez de la república y se conoce que está en La Habana precisamente porque la misma isla de Cuba y su gobierno han reconocido que está allá"​, declaró a un grupo de periodistas el Alto Comisionado.

"El Gobierno colombiano acaba de radicar formalmente en La Habana la solicitud de extradición de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, por solicitud del Juez Segundo de Ejecución de Penas de Antioquia. Esto responde a un delito por el cual ya alias Gabino, quien es el jefe máximo del ELN, había sido condenado por un juez de la República", declaró el funcionario, quien anunció otras solicitudes de extradición contra alias de "Pablo Beltrán", "Aureliano Carbonel" y "Alirio Sepúlveda", también del ELN.

Cuba se ha negado a entregar a los cabecillas del ELN argumentando un respetuoso apego a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el ELN.

En enero de 2019 Colombia anunció la ruptura del diálogo iniciado por el anterior gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN luego que la guerrillera se atribuyera la autoría de un ataque con carro bomba a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá.

Venezuela en el Informe 2020 de Human Rights Watch

Kenneth Roth, director ejecutivo HRW durante presentación del Informe 2019

El Informe 2020 de Human Rights Watch, presentado por el director ejecutivo d la organización, Kenneth Roth, se hace una exhaustivo análisis sobre la realidad de Venezuela y se califica como “impasse político” la situación que atraviesa el país sudamericano desde el inicio del año, a pesar de que más de cincuenta países han reconocido y apoyado al presidente interino Juan Guaidó.

Sin instituciones gubernamentales independientes que puedan enfrentar al poder ejecutivo y con una Asamblea Nacional despojada de todos sus poderes, Venezuela atraviesa una crisis institucional que se hace patente en la total sumisión de los encargados de administrar justicia.

Represión contra todo elemento crítico,encarcelamientos, vejaciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales, unidos a la falta de medicinas, alimentos y productos de primera necesidad, además del éxodo masivo de los venezolanos, son realidades alarmantes que nos enfrentan a un panorama desolador.

La crisis de los refugiados

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de una población de aproximadamente 32 millones, se calcula que 4, 5 millones han huido del país desde 2014 hasta noviembre de 2019, sin contar con los que no han podido ser cuantificados por la falta de informes por parte de las autoridades.

Las crisis simultáneas en los terrenos político, económico, humanitario y de derechos humanos, son las causas de este éxodo masivo y a ésto, se suma la situación de muchos venezolanos que no han logrado estabilizarse en otros países y acceder a trabajos, escuelas para los hijos y atención médica, lo cual los hace vulnerables al abuso y la explotación.

Persecución de opositores políticos

El Foro Penal, red venezolana de abogados defensores penalistas que trabajan “ad honorem”, han informado a HRW que, en el mes de noviembre, se encontraban en las cárceles e instituciones de los servicios de inteligencia de Venezuela alrededor de 400 presos políticos.

El gobierno de Maduro ha encarcelado e inhabilitado para ejercer cargos públicos a numerosos líderes opositores, como es el caso de Leopoldo López y Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Trece legisladores de la oposición han debido exiliarse y cuatro se encuentran refugiados en embajadas extranjeras en la ciudad de Caracas.

Las fuerzas de seguridad madurista y sus servicios de inteligencia han detenido y torturado a militares acusados de, presuntamente, conspirar contra el gobierno. La represión también ha alcanzado a los familiares de los sospechosos, que también han sido torturados con el fin de obligarles a delatar supuestas conspiraciones.

Represión de protestas

Los grupos armados conocidos como “colectivos”, junto a las fuerzas de seguridad venezolanas, sistemáticamente durante las oleadas represivas de 2014 y 2017, atacaron protestas, incluso en las que han participado decenas de miles de manifestantes. Han disparado municiones antidisturbios a “quemarropa”, golpeado brutalmente a personas que no mostraban resistencia, allanado viviendas de manera violenta y cometido múltiples iniquidades contra detenidos, tales como torturas, golpizas brutales, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales.

En las manifestaciones de apoyo a Juan Guaidó en 2019, cientos de personas fueron detenidas y varias decenas murieron en los eventos ocurridos en enero y mayo.

En el informe del Foro Penal se contabilizan más de 15.000 personas detenidas desde 2014 en relación con las manifestaciones populares, incluyendo manifestantes, transeúntes y ciudadanos que fueron sacados violentamente de sus hogares si mediar orden judicial. Hasta el mes de noviembre, 8.900 se hallaban en libertad condicional pendientes de juicio y los tribunales militares habían procesado a más de 840 civiles, lo cual es una violación de las disposiciones del derecho internacional.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales

Según los informes, desde 2016, efectivos de la policía y de las fuerzas de seguridad han asesinado en Venezuela alrededor de 18.000 personas en supuestos incidentes de “resistencia a la autoridad”. En diciembre de 2017, el ministro del interior, Néstor Reverol, informó que en 2016 ocurrieron 5.995 de estos casos y 4,998 en 2017.

Durante 2018 y los primeros meses de 2019, la cifra de muertes por “resistencia a la autoridad” ascendió a 7.000 de acuerdo a las cifras oficiales dadas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y, aunque aún no se ha recopilado la información precisa, la ACNUDH concluye que muchas de estas muertes pueden deberse a ejecuciones extrajudiciales. Human Rights Watch logró, en 2019, documentar algunas de estas ejecuciones.

En las redadas organizadas entre 2015 y 2017 en los barrios de bajos ingresos, durante la llamada “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) en la cual participaron las fuerzas de seguridad en conjunto con la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Hubo denuncias generalizadas de ejecuciones extrajudiciales, masivas detenciones arbitrarias, desalojos forzados, destrucción de viviendas, maltrato a detenidos y deportaciones arbitrarias durante las redadas practicadas por las fuerzas del gobierno.

La Oficina de la ACNUDH ha informado que “las autoridades [podrían] haber utilizado a FAES (una fuerza de policía especial creada en 2017 para combatir a organizaciones delictivas y narcotráfico) como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.

Impunidad por abusos

El informe de HRW destaca que, a pesar de las declaraciones del gobierno venezolano sobre detenciones a los supuestos autores de asesinatos cometidos en manifestaciones de 2017 y 2019, la mayoría de las violaciones de derechos humanos continúan impunes. La Oficina de la ACNUDH señaló en julio de 2019 que, entre los factores que favorecen la impunidad, se encuentran la “falta de cooperación de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas con las investigaciones”, la “manipulación de la escena del crimen” por miembros de la fuerza de seguridad y la inmunidad “de facto” de oficiales superiores, y también la falta de independencia judicial.

El amplio informe de Human Rights Watch destaca también, la situación de Emergencia humanitaria que se vive en Venezuela, con los aumentos de los índices de mortalidad materna en un 65% y la mortalidad infantil en un 30%. La crisis en el sistema de salud, que califica como “absolutamente colapsado”, con el aumento de enfermedades que se pueden prevenir, tales como el sarampión y la difteria y el resurgimiento de enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosos, unido a los altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil entre los venezolanos.

Human Right Watch señala también los graves problemas en cuanto a la libertad de expresión, los riesgos que corren los miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos, la discriminación política, que priva a los ciudadanos de sus empleos, llegando incluso a marginarles en las reparticiones de alimentos, tomando en cuenta sus manifestaciones de simpatías o rechazos hacia el gobierno.

Asamblea Nacional designa nueva directiva para restructuración de Telesur

Asamblea Nacional aprueba comisión para la restructuración del canal de televisión Telesur

La Asamblea Nacional creó una comisión para la restructuración de Telesur y designó a Leopoldo Castillo como presidente del canal y a Larissa Patiño como coordinadora de la comisión.

"Les deseamos al ciudadano Leopoldo Castillo y a Larissa Patiño el mejor de los éxitos en coordinar y dirigir lo que en algún momento fue un aparato de propaganda incluso para desestabilizar la región", dijo Guaidó al hacerse oficiales las designaciones.

Guaidó añadió en sus declaraciones que "Telesur debe ser un canal al servicio de la democracia, el pueblo venezolano, los derechos humanos y de la construcción de la verdad".

Leopoldo Castillo por muchos años fue presentador del programa ‘’Aló Buenas Noches’’ y ha sido un periodista crítico de los mandatos presidenciales de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Por el momento, Castillo no se ha pronunciado en respuesta a su designación.

Por su parte, Larissa Patiño, coordinadora de la comisión y ex gerente de contenidos de opinión de la cadena RCTV, respondió en su cuenta de Twitter que asumirá "con toda responsabilidad" su designación.

La medida fue acordada por unanimidad de los 92 diputados que conformaron el quórum en el anfiteatro del Hatillo, localizado en Caracas, después de que civiles armados, conocidos como colectivos, agredieran un carro donde se trasladaban diputados opositores que intentaban entrar al Palacio Legislativo el cual amaneció militarizado por la Guardia Nacional.

Por su parte, el presidente designado de Cuba, Miguel Díaz Canel, rechazó el anuncio del presidente encargado Juan Guaidó sobre la restructuración del canal y catalogó la medida como ‘’amenaza contra la voz y la imagen de los pueblos que luchan y resisten la embestida imperial’’.

Diputados venezolanos denuncian disparos y agresiones frente al Parlamento

Vehículo donde se transportaba Juan Guaidó

Diputados en Venezuela denunciaron haber sido víctimas de disparos y agresiones por parte de “militares y paramilitares” cuando intentaban ingresar al Palacio Federal Legislativo para sesionar este miércoles.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente interino, Juan Guaidó, escribió sobre la situación que se presentó en horas de la mañana, cuando diputados opositores intentaron ingresar al palacio legislativo.

“La dictadura insiste en el secuestro militar al Palacio Federal Legislativo y en utilizar a sus órganos represivos y grupos paramilitares. Si persisten en la torpeza y el error, nos encontrarán de frente, unidos con los venezolanos y el mundo” escribió Guaidó ante la situación que se estaba presentando.

Periodistas presentes en el lugar presenciaron también agresiones de las fuerzas chavistas contra los opositores al régimen de Nicolás Maduro.

"La sede de la Asamblea Nacional amaneció este miércoles completamente militarizada. A media mañana se pudo observar una gran cantidad de colectivos que se instalaron en las cercanías del Parlamento", reportó el diario El Nacional.

La sesión parlamentaria se llevaría a cabo con motivo del Día del Maestro, quienes han reiterado en varias ocasiones sobre sus bajos salarios y sus condiciones laborales.

“El sector docente de Venezuela es muy digno y heroico. Hoy, luego de celebrar una misa en su día, fueron agredidos por los grupos irregulares de la dictadura que incluso les lanzaron orina y excremento” escribió Guaidó.

Ante esta situación, el Parlamento cambio su sitio de reunión para el anfiteatro El Hatillo, en el oriente de Caracas. Guaidó recalcó que los atentados del régimen de Maduro no impedirían su sesión.

La salud mental en Venezuela es víctima de la crisis

Trabajadores de la Salud apoyan a Juan Guaidó durante un encuentro con sindicalistas en Caracas.

Un análisis de ShareAmerica, una plataforma del Departamento de Estado de Estados Unidos:

Mientras el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro continúa matando de hambre al pueblo venezolano y destruyendo su sistema de salud, hay algo más que continúa deteriorándose: La salud mental de los venezolanos.

Para aquellos que tienen diagnósticos de salud mental crónicos y graves, como esquizofrenia, depresión grave, trastorno bipolar y trastorno obsesivo-compulsivo, el acceso a los médicos y a los medicamentos es esencial para permanecer vivos.

Las salas de psiquiatría de los hospitales venezolanos están en crisis. En medio de la escasez de medicina general en Venezuela, es casi imposible para aquellos que necesitan medicamentos psiquiátricos recibirlos. Según el doctor Julio Castro, coordinador de salud de la Asamblea Nacional, el 80 por ciento de los hospitales informaron de una falta total de medicamentos orales de benzodiacepina y un 60 por ciento no tienen medicamentos antipsicóticos orales; el 50 por ciento de los hospitales no tenían ni benzodiacepinas intravenosas ni medicamentos antipsicóticos.

Si un hospital no tiene la medicación que necesita el paciente, éste tiene dos opciones: un pariente que viva en el extranjero puede enviarla por correo o el paciente puede comprarlo de su bolsillo en la farmacia local. El costo de una receta de fenobarbital, un medicamento para la salud mental, es en promedio de alrededor de 70 dólares al mes; el salario mínimo en Venezuela es de 5 dólares al mes.

Castro comentó que en términos reales, los pacientes psiquiátricos están empeorando cada día y que deben ir a las salas de gravedad, pero el 50 por ciento de esas salas no tienen medicamentos así que al final, el paciente no tiene nada y termina muriendo.

Fuera del país, los venezolanos están luchando para superar estas mismas batallas de salud mental mientras que también lidian con el trauma del desplazamiento. Las Naciones Unidas calculan que más de 4,8 millones de refugiados venezolanos han salido de Venezuela, habiendo 3,9 millones en América Latina, el Caribe y los países vecinos de América del Sur, la mayoría de ellos en Colombia.

Los venezolanos “salieron de su país, en muchos casos con lo puesto y el dinero que tenían en el bolsillo”, explicó el doctor Pierluigi Mancini, experto en salud mental de los inmigrantes de América del Sur y Central.

Como resultado, las personas desplazadas a menudo no llevan consigo su historial médico, lo que significa que deben empezar de nuevo en un nuevo país lo que se hace cuesta arriba.

En Colombia, los refugiados venezolanos deben registrarse en el sistema de salud del país, pero muchos no lo han hecho. Hasta el 2018, sólo 28.069 venezolanos, de un total de 1,6 millones de refugiados, tenían estatus de refugiados, según un informe del gobierno colombiano. Los que no están registrados deben pagar cientos o miles de dólares de su bolsillo.

Todas estas barreras pueden parecer insuperables, especialmente para aquellos que tienen trastornos graves y requieren de medicación o tratamiento regular.

Según Mancini, cuando la gente ve a un individuo desplazado con un trastorno grave lidiando con ello abiertamente en público, “lo llevan a una sala de emergencia o a la cárcel”, dijo. “A veces, una cosa tras otra”.

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