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América Latina

Guatemala: en peligro conquistas en materia de Derechos Humanos

Jimmy Morales, presidente de la República de Guatemala.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha encendido la alarma roja sobre el retroceso de Guatemala en lo que a defensa de los Derechos Humanos se refiere.

En un informe recientemente publicado, la organización advierte que el país centroamericano corre el peligro de perder los notables avances obtenidos entre 2007 y 2018, década en la cual Guatemala pudo, al fin, empezar a sanar desde adentro las graves heridas ocasionadas por la guerra civil apenas finalizada en los últimos años del siglo pasado, cuando, a partir de 2009, ex comisionados militares, junto a integrantes de la policía y del ejército -incluidos los altos mandos- fueron llevados al banquillo de los acusados, siendo juzgados y sentenciados en una acción hasta entonces sin precedentes en la historia guatemalteca.

“El acceso a la justicia está recibiendo fuertes golpes de los que Guatemala no podrá recuperarse si no se toman medidas ahora -afirma Guevara Rosas en su informe-. Es necesario detener inmediatamente las acciones impulsadas por las más altas autoridades y asegurar que cada uno de los casos de violaciones de derechos humanos llegue a la justicia”.

Este descenso en la observancia de los Derechos Humanos, la transparencia y la lucha contra la impunidad, se viene evidenciando a partir de 2015, cuando asciende Jimmy Morales a la presidencia de Guatemala y, poco después, lanza por tierra las promesas de justicia y respeto a los derechos de los ciudadanos anunciando la próxima desaparición de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que deberá cesar sus funciones a partir del 3 de septiembre del presente año.

En el informe también se hace notar la inactividad de la Fiscal General Consuelo Porras, quien no muestra intención de tomar acciones para asegurar la continuidad del trabajo de las fiscalías que colaboran con el CICIG, con lo cual se corre el riesgo de que se pierdan las más de 70 investigaciones abiertas.

“La Fiscal General no puede frenar -advierte Guevara Rosas- el impulso que ha vuelto a dar esperanzas a miles de personas en el país. Tiene la gran responsabilidad y obligación de evitar que los casos de violaciones de derechos humanos y de corrupción queden en la impunidad. Es tiempo de dejar las palabras y tomar acción para brindar condiciones, recursos y seguridad que permitan a las y los fiscales continuar las investigaciones abiertas, para que se haga justicia en Guatemala”.

(Nota basada en el Informe de Amnistía Internacional del 9 de julio de 2019)

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Unión Europea prepara más sanciones contra oficiales de Maduro

Maduro reunido con el alto mando militar en Miraflores el 30 de abril.

La Unión Europea está preparando nuevas sanciones contra oficiales de las fuerzas de seguridad venezolanas involucrados en violaciones de derechos humanos, dijo el martes la jefa de política exterior del bloque, luego de la muerte de un capitán de la marina en medio de denuncias de tortura.

Federica Mogherini sostuvo que la muerte de Rafael Acosta mientras estaba bajo custodia por presunta participación en un complot para un golpe de Estado fue un "claro ejemplo" del deterioro de la situación en el país bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"La UE está decidida a comenzar a aplicar medidas específicas a los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos", dijo Mogherini en un comunicado.

El 11 de julio, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la agencia de contrainteligencia militar de Venezuela luego de la muerte de Acosta.

Mogherini también advirtió que si no hubiera progreso en las conversaciones entre la oposición y el gobierno de Maduro para resolver la crisis política de la nación sudamericana, la UE aumentaría las sanciones.

"En caso de que no haya resultados concretos de las negociaciones en curso, la UE ampliará aún más sus medidas específicas", dijo Mogherini.

"También se recuerda que estas medidas se pueden revertir en caso de que se logren avances sustanciales hacia el restablecimiento de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela", añadió.

Situación en Venezuela a discusión en el Consejo Permanente OEA

Sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar la situación en Venezuela.

El Consejo Permanente de la OEA abordará la situación de los derechos humanos en Venezuela.

En el encuentro, que tendrá lugar este miércoles 17 de julio a las 10:00 (hora del Este), participarán la abogada Tamara Suju, directora del Instituto Casla y Esmeralda Troitiño, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El coloquio sesionará en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, DC para “para considerar la situación de los derechos humanos en Venezuela, entre otros temas”, según nota de prensa del organismo regional.

Participarán además Valentina Ballesta, representante de Amnistía Internacional y Tamara Taraciuk Broner, representante de Human Rights Watch.

La semana pasada el secretario general de la OEA, Luis Almagro, fustigó fuertemente la presencia cubana en Venezuela.

En la conferencia “Crímenes Internacionales en Venezuela” Alamagro denunció que es impensable el regreso a la democracia en esa nación mientras continúe la injerencia cubana.

Almagro declaró que incluso podrá haber “un lavado de cara semi-institucional, pero no retorno a la democracia, a las garantías públicas. Porque yo no conozco ningún país en el mundo, y menos en este continente, en el cual Cuba haya jugado un papel para restaurar la democracia en ese país; nunca ocurrió y no va ocurrir esta vez, lo siento mucho”, lamentó.

Gobierno y oposición de Venezuela retoman diálogo en Barbados

Una mujer con el rostro pintado con los colores de la bandera venezolana participa en una protesta en Caracas. (Archivo)

En medio de las fricciones generadas tras la detención de dos integrantes del equipo de seguridad del líder opositor Juan Guaidó, el gobierno y la oposición se disponían este lunes a retomar las negociaciones en la isla caribeña de Barbados, promovidas por Noruega, para abrir el camino a un diálogo que permita una salida pacífica a la crisis venezolana.

La delegación opositora anunció en Twitter la noche del domingo el regreso a Barbados para proseguir las negociaciones que se reiniciaron el 8 de julio luego de varias semanas de suspensión. Ambas partes decidieron a mediados de la semana pasada viajar a Caracas para consultas y luego regresar a la isla caribeña.

“¡Seguimos trabajando hasta alcanzar nuestra meta!”, afirmó la noche del domingo en su cuenta de Twitter el jefe de la delegación opositora y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, quien indicó que el objetivo que se han trazado es “poner fin al sufrimiento de los venezolanos”.

Por su parte, los representantes del gobierno dijeron que esperan que las conversaciones "desactiven las agresiones" contra Venezuela, según un video publicado en Twitter por el ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez, acompañado del canciller Jorge Arreaza y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, todos miembros de la delegación oficialista.

La detención de dos miembros del equipo de seguridad de Guaidó por parte de las autoridades quienes los señalaron el sábado de intentar vender armas que presuntamente fueron usadas durante la fallida rebelión militar del 30 de abril, desataron nuevas fricciones entre las partes que se temían podrían afectar el proceso de negociaciones.

Rodríguez, aprovechó el incidente para acusar a la oposición de incurrir en el engaño en medio de las conversaciones.

La oposición rechazó las alegaciones de las autoridades y señaló al gobierno de seguir “inventando ollas”. “El desespero los lleva a reaccionar pero ya es inevitable: vamos rumbo a la transición”, dijo Guaidó en su cuenta de Twitter al rechazar la detención de dos miembros de su equipo de seguridad.

En las negociaciones la semana pasada las partes acordaron la instalación de una mesa permanente que tendrá como fin llegar a una “solución acordada y el marco de las posibilidades que ofrece la constitución”, indicó el gobierno noruego en un comunicado.

Durante la ronda las partes decidieron dejar el tema de las elecciones, que ha generado posiciones encontradas, hasta el final de las conversaciones, precisó una fuente.

Al celebrar el reinicio del proceso el presidente Nicolás Maduro dijo la semana pasada que la mesa de diálogo esta "funcionando" y que en el marco de las conversaciones hay una agenda de seis puntos que incluye temas políticos, sociales y económicos, sin ofrecer mayores detalles.

Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, ha planteado que independientemente del mecanismo al que se llegue la oposición seguirá trabajando en los objetivos que se propuso a inicios de año del cese del mandato de Maduro, el establecimiento de un gobierno de transición y nuevas elecciones presidenciales.

La oposición sostiene que Maduro está “usurpando” el cargo desde enero tras ser reelecto el año pasado en unos comicios en los que asegura que hubo un “fraude”. Estados Unidos y varios gobiernos de la región y Europa también objetaron la reelección del mandatario.

Las partes viajaron entre mayo y junio en dos oportunidades a Noruega para tratar de avanzar hacia una negociación que permita el inicio de un diálogo que abra una salida pacífica a la crisis venezolana.

Entre 2016 y 2018 el gobierno y la oposición participaron en varias iniciativas de diálogo, con el apoyo de varios países y el Vaticano, que no llegaron a ningún acuerdo y terminaron por profundizar los enfrentamientos entre las partes.

(Con información de Associated Press y redes sociales)

Diplomáticos fustigan ante la OEA injerencia cubana en Venezuela

Elliott Abrams (izq.), representante especial de Estados Unidos para Venezuela, junto a Luis Almagro, secretario general de la OEA. Foto: SAUL LOEB/ AFP.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo este viernes en la conferencia “Crímenes Internacionales en Venezuela” que es impensable el regreso a la democracia en esa nación mientras continúe la injerencia cubana.

El encuentro versó sobre las ejecuciones extrajudiciales, tortura y presos políticos.

“Mientras esos 22 mil cubanos estén en Venezuela, es impensable el retorno a la democracia en el país”, precisó.

Almagro declaró que incluso podrá haber “un lavado de cara semi-institucional, pero no retorno a la democracia, a las garantías públicas. Porque yo no conozco ningún país en el mundo, y menos en este continente, en el cual Cuba haya jugado un papel para restaurar la democracia en ese país; nunca ocurrió y no va ocurrir esta vez, lo siento mucho”, lamentó.

Otra de las denuncias del diplomático uruguayo fue sobre las vicisitudes del pueblo pemón (población indígena), en el municipio Gran Sabana, Estado Bolívar.

Más de dos mil personas han sido obligadas a emigrar debido a la persecución y el acoso por parte de agentes de Nicolás Maduro, con el fin de tomar los territorios.

En cuanto a las negociaciones entre gobierno y oposición que tienen lugar en Barbados, Almagro dijo "que ocurren mientras la dictadura usurpadora de maduro sigue aplicando represión y tortura a los ciudadanos”.

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla.
Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla.

En el mismo ámbito, la directora del Centro de Estudios para América Latina CASLA-Instituto, la abogada Tamara Sujú, reportó sobre el índice de la represión del régimen venezolano.

“Hemos registrado en este primer semestre 72 nuevas víctimas directas de tortura, estos testimonios se unen a los 11 casos recopilados por CASLA en 2018 y a los 430 denunciados entre 2013 y 2017”, indicó la mujer.

“La tortura se ha institucionalizado como un mecanismo para castigar y paralizar a través del miedo a la población”, concluyó Suju, “e incluso ser una de las causas del gran éxodo que vive el continente”.

El caso de oficiales cubanos identificados como torturadores de opositores venezolanos, volvió a relucir. “Hoy tenemos además 13 casos donde los cubanos están involucrados directamente en la ejecución de las torturas”.

En tanto el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, celebró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitara Venezuela por primera vez en más de una década.

Abrams se presentó a los medios de comunicación junto con Almagro, Gustavo Tarre Briceño, delegado de Venezuela ante la OEA, Tamara Suju y el ex preso político Iván Simonovis.

Ivan Simonovis.
Ivan Simonovis.

Simonovis, recién designado coordinador especial de Seguridad del gobierno interino de Juan Guaidó, aseguró que la dictadura de Venezuela es una de las peores de Latinoamérica en el último siglo porque además de ser corrupta, es asesina, y su cúpula “se ha robado el dinero de un país completo”.

Dijo que los militares son quienes peor la están pasando, “porque con el cuento de que es una traición, sufren lo que le pasó al capitán Acosta”, y aseguró que el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, “se quedó corto”.

“Crímenes Internacionales en Venezuela”, conferencia en la OEA
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Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, expresó que el colapso económico de Venezuela es responsabilidad total de Nicolás maduro, ya que muchas de las sanciones de EEUU no fueron implementadas en su totalidad hasta fines de mayo y el colapso económico del país sudamericano ya tiene más de cinco años.

[Con reportaje radial de Michelle Sagué, información de Radio Televisón Martí y redes sociales]

ONU denuncia torturas y tratos vejatorios a opositores a Daniel Ortega

Policías antimotines encapuchados custodian la cárcel "La Modelo en Tipitapa, Nicaragua. Foto REUTERS/Oswaldo Rivas

El informe sobre el conflicto interno de Nicaragua, presentado este miércoles por la alta comisionada adjunta para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Kate Gilmore, fue respaldado por organizaciones humanitarias y de la oposición del país, que vive su peor crisis sociopolítica en décadas.

En su informe, Gilmore afirmó que la represión del Gobierno hacia el movimiento opositor contra el presidente Daniel Ortega en Nicaragua ha causado que 70.000 personas partan al exilio, además de los 300 muertos, 2.000 heridos y más de 80 manifestantes encarcelados.

El miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Michael Healy, afirmó que el informe "ayuda a que internacionalmente se vea que en Nicaragua sí ha habido crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, y persecución, no sólo a los excarcelados, también a sus familias".

Gilmore también dio cuenta de torturas y tratos vejatorios se atribuyen a fuerzas de seguridad pública y a grupos armados progubernamentales.

"Compartimos ese informe, hemos recibido denuncias de familiares de personas que han perdido la vida a manos de paramilitares, es una situación de mucha incertidumbre, la Policía no respeta los derechos humanos", mencionó el presidente ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (PCDH), Marcos Carmona.

Gilmore además reclamó la liberación de "todos los que puedan estar arbitrariamente detenidos por participar en protestas o manifestar opiniones críticas del gobierno, incluidos los que están bajo medidas alternativas a la prisión".

"El informe es contundente, hay una situación de maltrato a los derechos humanos de todos los nicaragüenses, las Naciones Unidas están confirmando lo que ya todo el mundo sabe", señaló el abogado Julio Montenegro, quien ha defendido a decenas de opositores en medio de la crisis.

El Gobierno de Nicaragua, a través del vicecanciller Valdrack Jaentschke, negó los señalamientos de Gilmore, sostuvo que en el país no se violan los derechos humanos, que son los opositores los que violan las leyes, y que ya ha excarcelado a todos manifestantes.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que respaldó el informe de Gilmore, rechazó la versión del Gobierno nicaragüense.

"El Cenidh rechaza, por faltar a la verdad, la comparecencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, donde sus enviados presentaron una falsa realidad del país, haciendo creer que respetan los derechos humanos de los nicaragüenses", destacó la ONG.

La crisis de Nicaragua inició en abril de 2018, cuando una aparente mayoría de nicaragüenses se alzó contra Ortega luego de que su Gobierno realizó ataques armados contra manifestantes, con resultados letales.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en marcha un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse la suspendería del organismo.

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