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América Latina

Guaidó advierte que adelantar elecciones sin condiciones será un “desastre”

Juan Guaidó

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, respondió el martes a la advertencia de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones para renovar la Asamblea Nacional, único poder controlado por la oposición y cuyo período termina en diciembre de 2020.

En días pasados, Diosdado Cabello, jefe de la Constituyente, dijo que la comisión consultará con organismos cuándo sería el momento adecuado para los comicios, originalmente previstos para 2020, sin mayores detalles.

"Si de esa consulta resulta que es el primero de enero, el primero de enero estaremos haciendo elecciones de la Asamblea Nacional. Si de la consulta surge que es este año, se hará cuando diga esta consulta", citó Reuters.

El Parlamento venezolano es dominado por la oposición, pese a esto, Maduro estableció hace dos años una Asamblea Constituyente que ha limitado las funciones del Congreso.

La Asamblea Nacional "no puede ser eliminada ni disuelta, menos por falsas instituciones", escribió en su cuenta de Twitter el jefe del Congreso, Juan Guaidó.

Venezuela enfrenta la peor crisis de la historia moderna del país con una inflación que este año terminará en 1.000.000% y provocará una contracción económica de 35% según el Fondo Monetario Internacional.

{Redactado por Vanessa Cardona con información de las agencias Reuters y AFP}

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OEA enviará misión de observadores a elecciones en Bolivia

El ex canciller de Costa Rica, Manuel González, habla ante la OEA

Por invitación del Gobierno de Bolivia, la Organización de los Estados Americanos, OEA, desplegará una Misión de Observación Electoral, MOE, para las elecciones que se celebrarán el próximo 18 de octubre en ese país, en las que se elegirá presidente, vicepresidente, senadores y diputados.

La Misión será encabezada por el ex Canciller de Costa Rica, Manuel González.

González tiene una larga trayectoria como político, diplomático y académico. Fue ministro de Relaciones Exteriores y Culto de 2014 a 2018 y ministro de Comercio Exterior de 2004 a 2006, además de embajador ante Naciones Unidas de 2002 a 2004.

La Misión estará integrada por más de 30 expertos en organización y tecnología electoral, financiamiento político-electoral, participación política de las mujeres, justicia electoral, estadística, medios y redes sociales, voto en el extranjero, y participación política de pueblos indígenas, además de observadores en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba y, para dar seguimiento al voto en el exterior, en Argentina, España y Estados Unidos

En virtud de la situación sanitaria impuesta por la pandemia de Covid-19, la Misión implementará un esquema que le permitirá recopilar la información en el terreno y combinará componentes presenciales y virtuales para facilitar la interacción entre los principales actores de la elección y analizar integralmente los aspectos técnicos del proceso.

El grupo base, que incluye al Jefe de Misión, llegará a Bolivia en los días previos a la elección y, durante su estancia, se reunirá con autoridades electorales, representantes del gobierno, partidos políticos, candidatos y representantes de la sociedad civil, siempre con estricta observancia de los protocolos sanitarios, incluyendo la distancia física y el uso de mascarillas.

Amnistía Int. y HRWatch validan informe sobre Venezuela; Cuba "alecciona" a Bachelet

Lester Delgado, de la delegación de Cuba dijo que la labor de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y su oficina, debería centrarse en la imparcialidad y la universalidad.

Las reconocidas organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) avalaron el reporte sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela divulgado este miércoles por la Organización de Naciones Unidas.

El informe que indica que a Nicolás Maduro, el ministro del Interior Néstor Reverol y el ministro de Defensa Vladimir Padrino ordenaron o contribuyeron a crímenes y que las fuerzas de seguridad venezolanas y sus grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas y violaciones sexuales ha sido criticado por Cuba, con cuestionamientos al proceder de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

"En un hito para las víctimas de violaciones a derechos humanos, el esperado y contundente informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela avala esta grave denuncia y respalda a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega en su país. Compartimos el llamado de la ONU a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, a que se garanticen los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición”, indica un comunicado de AI.

“El informe de la Misión de Determinación de los Hechos hace eco y profundiza en las denuncias que organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales hemos realizado en los últimos años. Las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro siguen cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Sin duda, se debe renovar y fortalecer el mandato de este mecanismo de escrutinio internacional. No hacerlo sería darle la espalda a las víctimas, a la verdad y a la justicia", agregó la organización y recordó que desde mayo de 2019 han denunciado la probable comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Para José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW, el informe es importante y declaró que su hallazgo más notable es señalar a Maduro y sus ministros de Interior y Defensa por ordenar y contribuir a estos aberrantes crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Cuba rechazó los informes divulgados esta semana sobre Nicaragua y Venezuela y señaló que emplean una narrativa "manipulada e hipócrita sobre los derechos humanos".

El representante cubano ante el Consejo de Derechos Humanos, Lester Delgado, al intervenir en la sesión 45 de ese órgano, dijo que Bachelet y su oficina deberían centrarse en la imparcialidad y la universalidad.

“Exhortamos a la alta comisionada a continuar los esfuerzos para contribuir al respeto, al enfoque equilibrado, la objetividad, el diálogo y la cooperación, de los que tanto carecen este Consejo y la maquinaria de derechos humanos en general', afirmó el Encargado de Negocios de Cuba en Naciones Unidas.

Maduro y dos ministros señalados directamente en informe ONU sobre crímenes en Venezuela

Maduro, el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el ministro del Interior Néstor Reverol. Miraflores Palace/Handout via REUTERS

El presidente en disputa de Venezuela Nicolás Maduro, el ministro del Interior Néstor Reverol y el ministro de Defensa Vladimir Padrino ordenaron o contribuyeron a crímenes, señala un extenso informe presentado este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Los investigadores del organismo internacional determinaron que las fuerzas de seguridad venezolanas y sus grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas.

"El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes", asegura el reporte.​

El informe denuncia el empleo de técnicas de tortura como posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante", agrega la investigación.

Además apunta a Venezuela como país con una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión Internacional Independiente de Investigación no pudo visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes y se enfrentó a otras restricciones de viaje debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta.

A continuación publicamos un adelanto del informe completo:

GINEBRA (16 de septiembre de 2020) – El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado hoy.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno.”

Ejecuciones extrajudiciales

Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar “semillas”. Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”. Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a “matar criminales sin compasión”.

También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” dijo Marta Valiñas.

Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.

Detención y tortura por motivos políticos

La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un “comportamiento cultural” de tortura.

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante,” dijo Francisco Cox.

El ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN.

“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro” dijo Francisco Cox.

“Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados.”

Violaciones relacionadas con las protestas

La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.

Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.

“La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta,” dijo Paul Seils.

“Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara.”

Un poder judicial comprometido

Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.

El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.

“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Marta Valiñas.

“Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó.”

EEUU: Daniel Ortega redobla la represión en Nicaragua

Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El secretario de Estado de EEUU, Michael Pompeo, dijo este martes en un comunicado de prensa que a pesar del llamado de la comunidad internacional a elecciones libres y justas en Nicaragua, Daniel Ortega, está redoblando la represión y negándose a honrar las aspiraciones democráticas del pueblo.

Dice el comunicado que los recientes ataques intensificados contra figuras de la oposición política y medios independientes en Nicaragua, incluido el uso de cobros de ingresos falsos para cerrar estudios y confiscar equipos, demuestran que Ortega, junto con la vicepresidenta Rosario Murillo, solo están interesados en prolongar su gobierno.

En ese sentido, Ortega se ha convertido en el dictador contra el que luchó hace tanto tiempo, en referencia Somoza, enfatiza la nota del Departamento de Estado.

Mientras los nicaragüenses conmemoran esta semana 199 años de independencia, las acciones de Ortega recuerdan un período anterior oscuro en la historia de Nicaragua, dice el comunicado, cuando el asesinato de un periodista respetado mostró al mundo la naturaleza de la dictadura de Somoza.

Mientras Daniel Ortega arremete contra los críticos, encarcela a activistas a favor de la democracia y pisotea los derechos humanos, ha perdido legitimidad ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional, finaliza la nota.

Bachelet denuncia el atropello a los derechos humanos en Nicaragua

La Alta Comisionada Michelle Bachelet durante la apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el 14 de septiembre de 2020 (Martial Trezzini / AFP).

La Ley de Amnistía aprobada por el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua en junio de 2019; la represión a opositores y la irresponsabilidad gubernamental en lo que respecta a las medidas en contra del COVID-19, vuelven a la palestra internacional con las declaraciones formuladas por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, durante la apertura de la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

94 personas percibidas como opositoras al régimen, entre ellas cuatro mujeres, siguen arbitrariamente privadas de libertad

“Como lo advertí en diversas oportunidades”, dice Bachelet, “la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019 ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”.

Más adelante, la Alta Comisionada, citando cifras ofrecidas por miembros de la sociedad civil nicaragüense, señala que “94 personas percibidas como opositoras al régimen, entre ellas cuatro mujeres, siguen arbitrariamente privadas de libertad, acusadas en su mayoría de delitos comunes”.

“No se han observado”, apunta, “avances en la situación de derechos humanos ni muestras del gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron la crisis sociopolítica en abril de 2018”.

En su alocución, Bachelet solicitó del gobierno de Managua la liberación de todos los que fueron arrestados durante las protestas masivas o por expresar su desacuerdo con los gobernantes del país. “Esto”, dijo, “constituiría un paso significativo hacia la restitución de derechos y la disminución de la polarización existente”.

El ampliamente criticado manejo por parte de la administración Ortega-Murillo de la situación en medio de la pandemia de COVID-19 también formó parte de la alocución de la Alta Comisionada, quien criticó abiertamente las violaciones cometidas por el gobierno orteguista, por el incumplimiento de las medidas básicas recomendadas a nivel mundial con el objetivo de paliar la crisis de salud producida por el coronavirus y recalcó la renuencia del presidente Ortega a debatir sobre este tema.

Ortega se ha valido de la crisis del coronavirus para “la perpetuación de la impunidad y nuevas violaciones

Bachelet no dejó sin mencionar el hecho de que el gobierno de Ortega se ha valido de la crisis del coronavirus para “la perpetuación de la impunidad y nuevas violaciones”, añadiéndolas a lista de los males ocasionados por la enfermedad y, además, ignorando “la mayoría de las recomendaciones formuladas por su informe de septiembre de 2019, entre ellas, las de reformas electorales o institucionales que todavía no se han implementado”.

El alarmante aumento de los asesinatos contra el sector femenino de la población, popularmente conocido como “feminicidio”, salió a relucir en el discurso de Bachelet, quien, apelando a los informes recibidos, declaró que la cifra de 44 mujeres muertas en Nicaragua a causa de la violencia machista en 2019, el 30 de agosto de 2020 ya había sido superada con creces con un total de 50 mujeres asesinadas.

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