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Cuba

Global Air ignoró denuncias sobre el avión que se estrelló en La Habana

El Boeing 737-200 matrícula XA-UHZ que se estrelló en La Habana, con los colores de Global Air-Damojh y la bandera de México.

Exmpleados de la aerolínea Global Air documentaron disímiles irregularidades de la compañía que operaba el avión accidentado que costó la vida a más de 100 personas en Cuba.

Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de México autorizaron vuelos de la línea Global Air, -dueño de un avión que se estrelló hace un mes en Cuba-, pese a conocer graves irregularidades en sus aeronaves, informó El Diario de México.

El medio dijo que Alexandro Argudín Le Roy, actual director del Aeropuerto de Toluca, recibió como titular de la DGAC un expediente en octubre de 2013, donde se señalaban anomalías con las que operaban las aeronaves de la empresa. Aún así permitió su operación.

El diario señala también a Miguel Peláez Lira, quien sucedió a Argudín como titular de la DGAC de enero de 2016 a abril de 2018, y fue el último funcionario que en noviembre de 2017 dio por buena una verificación de seguridad del Boeing 737-200 matrícula XA-UHZ, de Global Air, siniestrado en La Habana.

Los funcionarios archivaron las denuncias, según El Diario, que aseguró además que Peláez avaló su navegabilidad y mantenimiento, y cinco meses después pasó a ser el titular del AICM.

Resultado: el viernes 18, el Boeing XA-UHZ rentado por Cubana de Aviación se estrelló con 113 personas a bordo en las cercanías del aeropuerto José Martí de la capital isleña. Sólo hubo una sobreviviente.

El precio de desestimar denuncias y advertencias

Marco Aurelio Hernández Carmona, quien llegó a pilotear esa nave en decenas de ocasiones, fue quien hizo saber a Argudín las graves condiciones con las que volaban esa y otras aeronaves de la empresa Damojh, propietaria de Global Air, en una denuncia de hechos ante la oficina de Argudín el 14 de octubre de 2013.

En decenas de ocasiones, -dijo-, voló esos aviones con sobrepeso. En la ruta Ciudad Juárez-Cancún "se hicieron vuelos con 112 mil libras arriba de los permisible", escribió Hernández.

Manuel Rodríguez Campo, el dueño de Damojh, detalló Hernández en el escrito, obligaba a los pilotos a alterar las bitácoras de vuelo.

"El 13 de julio de 2013", señala la denuncia, "transporté 125 pasajeros de los cuales 120 eran adultos y 5 niños presentando un sobrepeso, reportándose siempre 62 pasajeros".

Rodríguez Campo adquiría refacciones usadas de otros aviones en desuso y obligaba a pilotos a volar horas de más.

Mariana Montaño, una sobrecargo que trabajó 5 años con Damojh y que voló en varias ocasiones en el Boeing 737-200 accidentado, resume: "solo nos quedaba persignarnos cada vez que subíamos".

"El avión carecía de botiquín, las máscaras de oxígeno no alcanzaban para todos los pasajeros, los tanques de oxígeno estaban caducos, y bajo los asientos no había chalecos salvavidas suficientes", dijo.

Dede 2013, Mirna Díaz, una exsobrecargo de la empresa, documentó con imágenes diversas irregularidades en los aviones, entre ellos el Boeing 737-2000 con matrícula XA-UHZ que dejó 112 muertos.

En dos correos electrónicos, Díaz envió el material a Edna González, entonces inspectora de la DGAC, que incluyó fotografías de la manera en la que trabajadores realizaban de manera irregular la recarga de combustible al avión siniestrado.

"A Edna, me la jalé de la inspección para explicarle la situación y presentarle mi queja de modo personal. Ella me proporcionó su tarjeta. Yo le envié dos correos electrónicos donde le mando las fotografías de la recarga de combustible (de forma manual y sobre el ala del aeronave) y otra sobre el derrame de agua en el baño en los aterrizajes y despegues. No me atreví a poner más porque no tuve respuesta", enfatizó.

En entrevista con Reforma, sostuvo que los dos aviones en los que ella trabajo, el de matrícula XA-UHZ y otro estaban igual de dañados.

"Sería maravilloso que revisaran a todos los aviones para que terminen de horrorizarse, porque parece que lo que he dicho es poco. No es nada exagerado con la realidad", expresó.

Algunas de las anomalías más graves que observó fue que se viajaba con sobrepeso, volaban sin agua por tres días, no llevaban balsas salva vidas ni el equipo completo de salvamento.

Relató que, además, la mayoría del personal trabajaba bajo abusos laborales, que incluían dormir y comer en el avión durante días.

La exempleada, quien trabajó de 2013 a 2016 para la compañía, expuso que después de su denuncia fue amenazada con quitarle la licencia de sobrecargo si seguía hablando de las condiciones en las que las aeronaves prestaban su servicio.

"No perdí la licencia, pero trabajo no me volvieron a dar", reprochó Díaz.

Aseguró que en Global Air se rumoraba que las empresas hermanas Meigas Aviation Services, Easy Sky y Sudamericana de Aviación sobornaban anualmente a las autoridades de México, para que no se realizaran las inspecciones.

"Las inspecciones se realizaban en la oficina. Eran muy sínicos. Las inspecciones se deberían realizar en el avión, pero en los tres años que trabajé yo jamás vi al inspector arriba de un avión", dijo.

Díaz denunció también una serie de abusos laborales, pues para un empleado de Global Air las anomalías comenzaban desde que firmaban su contrato.

Recordó que en el documento se mencionaba que ganaban 150 pesos por horas de vuelo, pero en realidad recibían 134 pesos.

"Las plataformas, la espera, no valían nada. Pagar un taxi para llegar al aeropuerto a las 3:00 horas a la oficina no cuesta 134 pesos; era un abuso".

Enfatizó que entre compañeros siempre estaban en competencia para ganar más horas de vuelo que les garantizara un sueldo estable, el cual a veces no les pagaban o se les retenía por semanas.

De Celaya o Toluca a Cuba, dijo, recibía un sueldo de 660 pesos y 400 pesos de viáticos, que era improbable que se los proporcionaran.

"No sabemos, ¿qué pasa con las prestaciones?, ¿qué pasa con el sindicato? ¿Por qué pasaron las normas?, ¿dónde han estado por todo este tiempo?", cuestionó.

(Con reporte de El Diario)

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Movimiento Acciones por la Democracia denunciará ante el mundo incremento de la represión en Cuba

Una patrulla de policía en una calle de La Habana.

Activistas que integran el Movimiento Acciones por la Democracia llevarán a cabo actividades pacificas en varios países para denunciar el incremento de la represión por parte de la dictadura comunista en Cuba.

Lázaro Mireles, representante de la organización en España, dijo a Radio Martí que como fecha de inicio escogieron el 28 de enero, día en que se conmemora el natalicio del apóstol José Martí.

Denuncian en varios países el incremento de la represión en Cuba
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Mireles expresó que curiosamente un pensador como Martí es una de la figuras patrias más manipuladas en la historia de la isla por parte del aparato de propaganda del régimen.

Asegura el activista que por ese motivo es que emprenderán acciones en homenaje a Martí, con el fin de visibilizar ante le mundo la represión de la dictadura en contra del libre pensamiento y el flujo de las ideas.

Apuntó Mireles que las actividades tendrán lugar en ciudades como Bilbao, Madrid, Barcelona y, más adelante, en Montevideo y Kentucky.

Llevar a régimen cubano ante Tribunal Internacional, prioridad para Justicia Cuba en 2021

Rene Bolio, a la izquierda, durante una conferencia de prensa de Justicia Cuba.

La Comisión Internacional Justicia Cuba tiene como prioridad este año presentar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Cuba ante un Tribunal Internacional de Justicia, según declaró a Radio Martí su presidente, René Bolio, en entrevista concedida al periodista Pedro Corzo.

Según Bolio, la Comisión Justicia Cuba “definió a finales del año pasado, 2020, todas las acciones a tomar para seguir presionado por todas las vías políticas, legales y sociales, a la dictadura cubana, tanto en organismos internacionales como con gobiernos de países democráticos”.

La agenda de Justicia Cuba, expresa Bolio, tiene entre sus planes “presionar a organizaciones como, por ejemplo, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y a todos los que tengan algún tipo de alianza comercial, diplomática o gubernamental con Cuba para que insistan en la defensa de los derechos humanos”.

René Bolio, presidente de Justicia Cuba, explica agenda para 2021
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“Y esto pasa”, puntualiza René Bolio, “por la denuncia de lo que ha sucedido en los últimos sesenta y tantos años de dictadura, y lo que está ocurriendo todavía, en el día de hoy, que se violan los derechos humanos; para que la agenda de los derechos humanos no se soslaye”.

En opinión del jurista mexicano, estos gobiernos y organizaciones evitan tocar o cuestionar el tema de las violaciones de los derechos humanos porque “buscan tranquilizar la conciencia ayudando al gobierno cubano, y eso no es posible. La alianza de todos los gobiernos debe ser con los pobladores, con los habitantes de Cuba, no con su dictadura”.

La Comisión Internacional Justicia Cuba está compuesta por abogados, activistas de derechos humanos y políticos de 10 naciones de Europa, América y Asia, y fue fundada en marzo de 2017, ante el aumento de la represión en Cuba.

(Con reportaje de Pedro Corzo para Radio Martí)

Cubanos lamentan detección tardía de casos de coronavirus en la isla

Técnicos de la salud realizan la prueba del coronavirus a una pareja en La Habana. (AP/Ismael Francisco)

Residentes en la isla han expresado su preocupación por la tardanza en la detección de casos positivos de COVID-19 y su traslado a los centros de aislamiento, lo que atribuyen a la falta de pruebas rápidas (PCR).

En el reparto Portuondo, en Santiago de Cuba, donde se han detectado personas positivas a la enfermedad, vecinos de los contagiados esperaron 10 días por las PCR, a las que finalmente no fueron sometidos, dijo a Radio Martí la activista Lisandra Rivera, quien allí reside.

“Como ya llevaban 10 días de aislamiento y no presentaron ningún síntoma, les dijeron que ya podían salir (...). Ni una prueba les hicieron", aseguró.

“Las autoridades por aquí no se aparecieron a nada”, añadió la activista.

Al cierre del 24 de enero, Cuba reportaba 567 nuevos casos positivos al COVID-19, mientras Santiago de Cuba reportaba 115 personas infectadas.

Cubanos cuestionan demoras en aplicación de pruebas de COVID-19
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En Facebook, el usuario Yunior Arroix Arzola escribió: "Yo llevo 10 días en aislamiento en mi casa. El PCR me lo tenían que hacer al 5to día, y me lo hicieron el 6to. Dijeron que el resultado estaba en 24 o 48 horas y ya hace más de 100 horas y todavía no me han dado el resultado”.

Comentarios en Facebook.
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En la misma publicación, Mario Francisco Puerma Naranjo respondió: “Aquí en Cienfuegos conozco más de cuatro o cinco casos de contactos directos de casos confirmados que incluso han tenido síntomas por más de una semana y no les han hecho los PCR... será que nuestro sistema de salud estará colapsado...mmm!!".

Al comentario se sumó la activista Idelys de la Caridad Chao: “En la cuadra paralela a la mía hay 4 positivos ingresados, los cuatro viven en la misma casa y no han cerrado cuadra ni nada”.

De la Caridad Chao vive en Arroyo Naranjo. Desde esa localidad habanera, confirmó la información a Radio Martí: "Fueron hospitalizados pero la cuadra no la cerraron, y vinieron a hacerle el PCR [solamente] a los familiares... a los 10 días", explicó.

En el parte más reciente del Ministerio de Salud Pública de Cuba, La Habana informó de 169 nuevos casos, Guantánamo de 79 y Pinar del Río, de 49.

Cubanos salen en defensa de los carretilleros: "es demasiado el abuso"

Un carretillero vende frutas y vegetales en una calle de La Habana. REUTERS/Alexandre Meneghini

El acoso de las autoridades cubanas a los carretilleros está provocando un mayor faltante de alimentos para la población en medio del rebrote de COVID-19, dijeron a Radio Televisión Martí residentes en varias zonas del territorio nacional.

En Banes, provincia de Holguín, el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, señaló que la represión en contra de este sector incluye el decomiso de los productos que venden.

“Aquí, en este pueblo, comemos gracias a esos carretilleros, que son los que traen algunos alimentos, y sin embargo la policía vive acosándolos con multas entre 3 mil y 4 mil pesos. No los dejan vender”, dijo el activista.

“Les están haciendo la vida imposible": cubanos denuncian situación de carretilleros
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Desde Ciego de Ávila, el bicitaxista José Carlos Fernández destaca que ha sido testigo, en más de una ocasión, del abuso que cometen los policías, inspectores y otros funcionarios en contra de estos emprendedores.

“Abusivamente, los inspectores, cuando llegan a las esquinas, paran a los carretilleros y, sin importartes si tienen patente o no, les quitan el producto, y allí mismo los venden ellos al precio que se les ocurra. Están humillando a estos trabajadores, los están hostigando y los están persiguiendo”, alertó José Carlos.

El periodista independiente Enrique Díaz comentó que en el municipio de Marianao, en La Habana, varios de estos vendedores ya entregaron sus licencias.

“Les están haciendo la vida imposible, y son los que están llegando a la puerta de tu casa para venderte el alimento, evitando que tú, en un momento determinado, salgas y hagas esas colas, y los están hostigando, es una tremenda contradicción”, apuntó Enrique.

Roberto Rodríguez Cardona, quien reside en Bayamo, Granma, concluyó que el propósito del gobierno es eliminar por completo esa actividad.

“Tal parece que la intención es llevarlo a un extremo de desesperación tal que decidan abandonar la patente, porque es demasiado el abuso que tienen contra ellos, es diario. La mayoría de la viandas que come la población la garantizan estos vendedores”, expresó el comunicador.

Yoel Espinosa es operador de una cafetería en Santa Clara y señala que, además del servicio a la población, los restaurantes privados son abastecidos por esos cuentapropistas.

“La mayoría de los carretilleros son los van al campo para traer para la ciudad el tomate, la ensalada y las viandas”, comentó Espinosa.

Un carretillero vende piñas y cebollinos en una calle de La Habana. (YAMIL LAGE / AFP)
Un carretillero vende piñas y cebollinos en una calle de La Habana. (YAMIL LAGE / AFP)

Y para la periodista espirituana Aimara Peña González, el inicio del llamado “Ordenamiento” es el responsable de la actual crisis con los carretilleros, que ahora enfrenta su peor momento.

“Los carretilleros aumentaron también el precio de los productos que venden, pero es que todo subió de valor: la comercialización, el combustible, el transporte, por tanto el margen de ganancia se reduce mucho para los carretilleros. Esto es una consecuencia de las medidas que ha tomado el gobierno”, concluyó Peña González.

Madre e hija cubanas esperanzadas con moratoria de 100 días a las deportaciones

Jessica y su madre juntas en Cuba

Hace mucho que perdió el sueño y no deja de pensar en su hija Jessica Victoria Gil, a punto de cumplir dos años de reclusión en un centro de detención para extranjeros sin documentos en el estado de Luisiana, en Estados Unidos.

Desde su casa ubicada en una modesta barriada de Sancti Spíritus, cercana a Paseo de Norte, relata en conversación con Radio Televisión Martí el calvario de tener a una hija en circunstancias de cautiverio desde que el 18 de abril de 2019, a las 8:30 PM, se lanzó al cruce del Río Bravo alentada por un coyote a quien pagó 1, 500 dólares.

El 2 de abril de 2019, Jessica abordó un avión rumbo a Managua, Nicaragua y de ahí transitó el resto de Centroamérica hasta llegar a Ciudad Juárez, México, colindante con El Paso, Texas.

“He pasado por tanto, he sufrido tanto porque es mi única hija, ya no tengo lágrimas”, dijo Gliselda Gil que no halla la palabra precisa para describir sus miedos e inseguridades.

En El Paso, Texas, su hija, hoy de 31 años, fue detenida por los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP) y enviada a un centro para migrantes, donde permaneció 47 días y pasó la entrevista de miedo creíble ante un agente de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), en base a su temor manifiesto de regresar a Cuba.

“Entonces el 2 de junio la trasladan para el Centro de Procesamiento de LaSalle, en la ciudad de Jena, en el estado de Louisiana. Ahí, comparece ante un magistrado que en tres audiencias diferentes le niega la libertad bajo fianza, el “parole” y la solicitud de asilo político, dictamen que ella apeló y le fue ratificada la negativa el 7 de mayo”, explicó Gliselda.

Ahora, madre e hija tienen la esperanza de un cambio en el estado de las cosas, tras el anuncio del gobierno de Joe Biden de suspender por 100 días las deportaciones de ciertos inmigrantes bajo custodia del gobierno.

"Las dos estamos muy entusiasmadas con esta disposición. Ojalá sirva para que liberen, no solo a ella, sino a muchos que llevan hasta dos años retenidos”, dijo Gliselda.

Jessica Victoria Gil, En detención en Louisiana
Jessica Victoria Gil, En detención en Louisiana

"Durante 100 días, a partir del 22 de enero de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional suspenderá las deportaciones de ciertos no ciudadanos que hayan sido ordenadas", detalló en un comunicado el secretario interino, David Pekoske, nombrado por el presidente Joe Biden.

La razón, dijo Pekoske, es "garantizar" que Estados Unidos tenga "un sistema migratorio justo y eficaz centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública", por lo que ordenó "revisar y reiniciar" los protocolos.

En entrevista por teléfono desde el South Louisiana Correctional Center, la joven dentista, egresada de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus en 2012, dijo que su prolongada detención le parece injusta e insólita, pues asegura no tener antecedentes penales dentro ni fuera del país.

“Ha cumplido una condena de 648 días como si fuera una criminal”, comentó su madre.

La pausa de las deportaciones se suma a la suspensión de las inscripciones al programa "Permanezcan en México", que estipulaba el regreso a México de los migrantes que iniciaron un proceso de asilo en Estados Unidos.

Gliselda, madre de Jessica
Gliselda, madre de Jessica

“Ya yo temo hasta por su salud mental, aunque ella me vende que está bien, yo sé que no puede estar bien, privada de su libertad, una niña que estudió tanto y que tanto puede aportar a la sociedad estadounidense”, expresó la mujer que labora en la Empresa Provincial de Productos Lácteos de Sancti Spíritus.

El temor de la pandemia

Cuando Griselda habla del centro de detenciones donde está su hija lo llama "La Ciudad Perdida" y lo menciona con un susto en la garganta, no solo por la lejanía sino también por el temor a la pandemia.

“Mi única niña, que te puedo decir, hoy temo por que se infecte con el coronavirus, todo es posible y nadie hace nada por ella”, dice.

Hasta el 15 de enero último, en los 75 centros de detención que tiene el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en todo el país, habían recluidos 14,715 extranjeros, de los cuales 575 han dado positivos al COVID-19 y se encuentran en régimen de aislamiento, según cifras oficiales de esta entidad.

Superación personal

Durante su reclusión la estomatóloga trabaja en la cocina y en su largo tiempo de reclusión no ha desaprovechado la posibilidad de superación que ofrece el sistema.

CErtificado de superación obtenido por Jessica
CErtificado de superación obtenido por Jessica


“Ha pasado dos cursos, uno de comunicación social y otro de diversidad. Además, habla perfectamente el inglés”, comentó con orgullo y veneración su madre.

“Esperamos que las autoridades entiendan que no hay necesidad de mantener a una joven migrante presa en espera de la deportación”, apuntó.

Los inmigrantes de algunos países, como México, son generalmente deportados en una o dos semanas después de la orden judicial. En otros casos, ICE no puede proceder a retornar a personas de ciertas nacionalidades porque sus países de origen no los aceptan. También es posible que ICE no pueda obtener la documentación necesaria para ejecutar el proceso.

El amor todo lo puede

Jorge Javier Sánchez Acosta, su novio desde Cuba, salió de la isla rumbo a Ecuador y hace cinco años que es residente legal en EEUU, donde se ha asentado en Houston, en el estado de Texas.

Y como prueba de amor, le pidió matrimonio a su amada en prisión.

“El 20 de febrero de 2019, a las 10.30 am, en el correccional La Salle, nos casamos”, dijo el joven electricista.

Según la ley migratoria, todo residente permanente puede reclamar a su cónyuge e hijos solteros.

“Ya no se siente sola ni abandonada”, expresó Javier que ya inició el trámite correspondiente para junto a su amada comenzar una nueva vida en EEUU.

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