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Fiscalía venezolana pide arresto domiciliario para alcalde de Caracas


MARCHA PARA RECHAZAR DETENCIÓN DE ANTONIO LEDEZMA

Antonio Ledezma fue imputado en abril por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, cargos que dijo que apelará.

La fiscalía venezolana solicitó el viernes a la justicia que conceda el arresto domiciliario al alcalde opositor Antonio Ledezma debido a problemas médicos, lo que podría suavizar la presión internacional en torno al caso.

Ledezma, un abogado y político opositor de 59 años que es alcalde de Caracas, fue arrestado en febrero por acusaciones de conspirar contra el Gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro.

Aunque organismos internacionales y de derechos humanos han solicitado a Maduro que libere a un puñado de políticos encarcelados bajo cargos intentar desestabilizar al país, el mandatario alega que la justicia es autónoma y que los detenidos son criminales.

"Una vez que la referida instancia judicial dicte la medida, el burgomaestre será trasladado a un centro clínico donde se le practicará la operación y, posteriormente, será llevado a su residencia en la que permanecerá bajo arresto domiciliario para garantizar su recuperación", dijo la fiscalía en un comunicado.

El Ministerio Público no dejó en claro si, luego de su recuperación, el alcalde de Caracas volverá a la cárcel militar de Ramo Verde, donde también está preso el líder opositor Leopoldo López.

La esposa del alcalde, Mitzy de Ledezma, había dicho más temprano el viernes que tres médicos -uno de cabecera y dos del servicio de inteligencia- habían examinado al burgomaestre, coincidiendo en que debía someterse a un cirugía por una "hernia reproducida".

Desde que Maduro asumió el poder, tras la muerte del líder socialista Hugo Chávez, ha denunciado que una decena de supuestos atentados contra su Gobierno han sido frustrados. También ha acusado a la oposición de estar detrás de ellos, con la ayuda de Estados Unidos, Colombia y España.

Ledezma fue imputado en abril por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, cargos que dijo que apelará.

Su caso guarda relación con procesos contra varios activistas políticos acusados de terrorismo por el Gobierno venezolano, entre los que destacan Lorent Gómez y Gabriel Valles, ambos identificados con la facción más combativa de la oposición, que organizó una ola de protestas callejeras el año pasado.

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