América Latina
Jueces ratifican condena por lavado de dinero contra expresidente Lula da Silva
Dos de tres jueces ratificaron el miércoles en segunda instancia la condena al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero, una decisión que podría marginar de las elecciones presidenciales de este año al político más popular de Brasil.
El juez Joao Pedro Gebran, relator del proceso, así como su colega Leandro Paulsen, ratificaron el fallo que dictó a mediados del año pasado el magistrado Sergio Moro, que acusó a Lula de recibir millones de reales en sobornos de parte de la constructora OAS a cambio de la obtención de contratos con el Estado.
El tercer juez, Victor dos Santos Laus, votará más tarde este miércoles.
La Fiscalía brasileña afirmó que el expresidente "lamentablemente se corrompió" y aseguró que su condena a nueve años y medio está "suficiente probada", durante el juicio al ex mandatario que se desarrolla hoy en un tribunal de segunda instancia en Porto Alegre.
"Han sido suficientemente probados los hechos que llevaron a la condena (...) Lamentablemente Lula se corrompió", dijo el fiscal Mauricio Gerum en su argumento oral ante el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4).
En esta causa, una de las siete abiertas en su contra por la Justicia, la mayoría por presunta corrupción, Lula responde por presuntos sobornos recibidos de la constructora OAS, que se habrían configurado en la concesión de un apartamento frente a la playa en el balneario Guarujá, a cambio de favorecer a la compañía en contratos con la petrolera.
Germun subrayó que la investigación demostró que el citado inmueble fue reservado para la familia de Lula y que hay evidencias de su interferencia repetida en Petrobras.
La vivienda, de 297 metros cuadrados (3.197 pies cuadrados) en el pent-house del complejo Solaris, está frente a Playa Asturias, una de las más concurridas de Guarujá. Cuenta con una pequeña piscina, un asadero y una zona con muebles de madera.
Aunque Lula nunca fue el propietario, la fiscalía dijo que la constructora OAS se lo prometió como soborno. Luego de alcanzar un acuerdo judicial, un antiguo director general de la empresa testificó que la casa estaba reservada para el exmandatario.
Sergio Moro, el juez que coordina la gigantesca investigación anticorrupción “Autolavado” que ha agitado el país en los últimos años, condenó a Lula tras determinar que dirigió una trama corrupta para conceder a OAS contratos gubernamentales por valor de más de 25 millones de dólares a cambio del apartamento, que en ese momento costaba unos 600.000 dólares.
Lula y sus abogados alegan que el expresidente nunca fue dueño ni residió en la vivienda, y que solo la visitó una vez para considerar una oportunidad de negocio que nunca salió adelante. La gente de la zona se refiere al inmueble de 18 plantas y 128 apartamentos como el "edificio de Lula".
El fiscal Germun situó al político izquierdista como parte de "la mayor trama de corrupción en Brasil" y denunció la existencia de una "tropa de choque" en el Parlamento durante los mandatos del expresidente (2003-2010) "para perpetuar un proyecto político personal".
También señaló que la tentativa de asemejar el proceso a "un juicio político", tesis que defienden el propio Lula y sus abogados, ofende a la institución, al Poder Judicial y a las víctimas de los delitos cometidos.
"Si esta Corte absuelve, la Justicia será hecha; si mantiene la condena, la Justicia también será hecha", apuntó, al tiempo que denunció la "promiscuidad entre el mundo político y el mundo empresarial".
Respecto a Petrobras insistió en que hay una "cadena de pruebas irresistible". "Petrobras fue víctima de una refinada organización criminal, sofisticada y profesional", dijo el abogado Rente Dotti.
"Había audacia y eficiencia en las iniciativas ", agregó, y "la esperanza de hoy es la condena de estos reos como una absoluta necesidad del pueblo brasileño", afirmó.
El expresidente no acudió a la audiencia, dado que la Justicia le autorizó a ausentarse porque no iba a ser interrogado. Lula sigue la sesión desde la sede del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de Sao Paulo, donde inició su carrera política y participó en la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) en 1980.
En Porto Alegre, cientos de manifestantes, tanto a favor como en contra de Lula, se concentran en las inmediaciones del tribunal donde se desarrolla una audiencia que se prevé será larga.
Las autoridades han establecido un extenso perímetro de seguridad, que incluye al espacio aéreo, para proteger la sede del tribunal, situado en el centro de la capital del sureño estado de Río Grande do Sul.
Los alrededores de la corte están completamente blindados con decenas de policías que vigilan incluso las azoteas, y los asistentes al juicio han tenido que superar hasta tres cordones de seguridad para conseguir acceder a la sala.
Lula se convirtió el pasado 12 de julio en el primer exmandatario brasileño con una condena penal desde el restablecimiento de la democracia (1985), pero le fue permitido responder en libertad.
El juicio definirá su futuro personal y puede influir en el desarrollo del proceso político ante las elecciones de octubre próximo, a las que el expresidente pretende presentarse como candidato del PT.
Lula lidera hasta ahora los sondeos de opinión, pero una eventual ratificación de la condena hoy podría impedirle ser candidato, lo cual sería decidido posteriormente por la justicia electoral.
(Con información de EFE y AP)
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Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
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