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América Latina

Cierra el diálogo en Nicaragua sin acuerdos en justicia y democracia

Una mujer detenida por participar en la marcha del 16 de marzo que exigía la liberación de los presos políticos en Nicaragua.

El Gobierno y una alianza opositora de Nicaragua culminaron este miércoles la negociación para superar la crisis que estalló hace casi un año, sin alcanzar acuerdos sobre los temas de justicia y democratización.

Durante la última sesión de trabajo, las partes discutieron las propuestas sobre los temas de verdad, justicia, reparación y no repetición, y el de fortalecer la democracia y la institucionalidad, y no alcanzaron consenso.

El jefe negociador de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Carlos Tünnermann, dijo en rueda de prensa que solicitaron a los testigos y acompañantes del proceso que convoquen a la continuación de las conversaciones para seguir discutiendo los temas de justicia y de democratización.

Este jueves la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, manifestó en Ginebra su escepticismo ante las negociaciones recién finalizadas entre el Gobierno y sectores de la oposición, ya que en su opinión "con Daniel Ortega no hay posibilidad alguna de obtener una solución".

El presidente nicaragüense "es una persona que no cumple con su palabra" y que cedió a mantener cierto diálogo "no por convicción sino presionado por la opinión pública y de la comunidad internacional", destacó la dirigente de Cenidh, una de las organizaciones suprimidas por el Gobierno de Ortega en 2018.

Ortega "teme que la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Lima o la misma Organización de Estados Americanos le apliquen sanciones, sobre todo económicas contra él y su familia, que se ha enriquecido al amparo del poder y no quiere perder su capital", afirmó la activista en rueda de prensa.

Sobre las negociaciones finalizadas el miércoles -aunque las partes abrieron la posibilidad de que se celebren nuevas rondas- Núñez subrayó que uno de los pocos avances se ha conseguido en la cuestión de los presos políticos, que el Gobierno ha prometido liberar en 90 días, aunque hay divergencias en la cifra de reos.

"El Gobierno se niega a aceptar que existan 802 reos políticos, que es la cantidad que han documentado familiares y el Cenidh, ellos dicen que sólo son 290", recordó.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, encargado de elaborar una cifra que concilie las de Gobierno y oposición, presenta una lista alternativa de 647 presos (más otros 150 que ya salieron de las cárceles y están bajo arresto domiciliario), aunque aún no se conoce la reacción del régimen de Ortega a este número.

Núñez consideró por otro lado "una burla" que el Gobierno no acepte el regreso al país de mediadores internacionales como la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para participar como garantes del proceso de justicia y reparación a víctimas.

El Gobierno "propuso que ese trabajo lo hiciera el subprocurador de derechos humanos (Adolfo Jarquín), lo cual es una ofensa y una falta de respeto porque no tiene las cualidades mínimas para hacerlo", aseguró la presidenta de Cenidh.

A finales de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reunido en Ginebra emitió una resolución contra el Gobierno nicaragüense por su violenta represión de meses de protestas iniciadas el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma de seguro social, con más de 300 muertos según los informes de la CIDH.

[Con información de la agencia EFE]

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Analista boliviano alerta que Evo Morales es quien gobierna en el país

Trabajadora cocalera frente a pancarta de Morales y Arce en la región de Chapare

Todo parece indicar, según expresa el analista político boliviano residente en el exilio, Guido Añez, que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, continúa ejerciendo el control económico y político del país.

En declaraciones realizadas por Añez a Radio TV Martí, el analista afirma no tener dudas de que Evo Morales sigue gobernando Bolivia a través de terceros elegidos por él personalmente, dijo, refiriéndose a las recientes elecciones en las que el MAS, partido de izquierdas fundado por Morales, ganara las elecciones del pasado octubre encabezado por Luis Arce y David Choquehuanca.

“Evo Morales”, afirma Añez, “está demostrado que él es el poder real y verdadero en Bolivia, primero, porque él fue quien decidió la candidatura de Luis Arce y de David Choquehuanca”, Añez asegura que “Luis Arce y David Choquehuanca han sido sus ministros por más tiempo durante la dictadura de Evo Morales”.

Guido Añez, analista político boliviano habla para Radio Martí
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Tras el regreso de su corto exilio, Evo Morales ocupó de inmediato la presidencia de su partido Movimiento al Socialismo (MAS) y también reasumió las riendas del sindicato cocalero más importante de Bolivia que, de acuerdo con lo expresado por Añez, “es la base sobre la cual opera el expresidente”.

De acuerdo a lo expuesto por el analista boliviano, el interés de Morales por controlar dicho sindicato de la coca, está relacionado a su vez con los intereses de poderosas redes de narcotráfico internacional.

“Primero, es porque la ‘base dura’ del sindicato de cocaleros es la de la región del Chapare", argumenta Añez. "Es bueno que la comunidad internacional sepa que, de la coca producida en el Chapare, el 97% de esa coca, según datos, va al narcotráfico”.

Más adelante, agrega el analista político en el exilio que “el sindicato de la coca es el sindicato que provee la materia prima de la cocaína a las mafias internacionales”, aseguró.

(Redactado con información de Pedro Corzo)

Huracán Iota dejó muerte y destrucción en Centroamérica

Imagen aérea muestra los altos niveles alcanzado por las inundaciones en zonas de Honduras.

Tras el paso del huracán Iota continúa aumentando el número de víctimas mortales en los países centroamericanos, anteriormente castigados por Eta, dejando hasta el momento la suma de 40 fallecidos.

Nicaragua, con 16, y Honduras, con 18, son, hasta hoy, los países con mayor cantidad de muertes a causa del huracán, según reportan las agencias EFE, Reuters y Associated Press, aunque se advierte que varias personas permanecen desaparecidas tras los recientes desplazamientos de tierras ocurridos en Nicaragua, en la región de Matagalpa, donde el Macizo Peñas Blancas sucumbió al peso de las constantes lluvias y terminó sepultando cinco viviendas en la comunidad de San Martín, todas ocupadas en esos momentos.

Devastación y desamparo muestra esta imagen del paso de Iota por Nicaragua
Devastación y desamparo muestra esta imagen del paso de Iota por Nicaragua

Pedro Haslan, representante del gobierno Sandinista en la región, ha declarado a medios oficialistas, porque no se permitió el acceso a la zona de medios independientes, que han logrado encontrar "nueve cuerpos, cuatro familiares con vida y seguimos trabajando porque hay dos mujeres desaparecidas”, reportó AP.

Inundaciones y destrozos provocados por huracán Iota en Guatemala
Inundaciones y destrozos provocados por huracán Iota en Guatemala

En Guatemala han informado de la muerte de dos personas y dos desaparecidas en el departamento de Baja Verapaz, al norte del país, también a causa de los deslaves ocurridos, y que sepultaron una vivienda en la aldea llamada El Carmen, informó la agencia de noticias EFE.

Las autoridades del país dan oficialmente la cifra de 131,298 afectados por las intensas lluvias y las inundaciones.

Panamá, de acuerdo con información ofrecida por AP, dio a conocer la cifra de una persona muerta y otra desaparecida, ambas miembros de la comunidad indígena de Ngabe Bugle, ubicada en el oeste del país muerte de una persona.

La situación, de acuerdo a la agencia Reuters, es sumamente grave, ya que cientos de miles de personas de la región se han visto desplazadas por las intensas lluvias, con sus consecuentes inundaciones y deslizamientos de lodo.

El desastre natural se une a la fuerte crisis económica ocasionada por la pandemia de COVID-19 en la región, lo que podría acarrear una avalancha de migración producto del desespero, según Reuters.

Empresas cubanas "han hecho fortuna" en Venezuela, denuncia la oposición

Julio Borges, representante de Juan Guaidó para las Relaciones Exteriores en Venezuela. (Raul ARBOLEDA / AFP)

La oposición de Venezuela denunció este miércoles que varias empresas cubanas del sector de telecomunicaciones "han hecho fortuna" en el país mediante contratos suscritos con el Estado e instituciones públicas venezolanas, favoreciendo así a ambos Gobiernos.

"Cubatel, Copextel, Albet y Etecsa son empresas cubanas que han hecho fortuna gracias a contratos con empresas del Estado e instituciones públicas de Venezuela. Esto le ha permitido a la dictadura de Maduro copiar el sistema cubano de control político y financiar a La Habana", explicó Julio Borges, representante del líder opositor Juan Guaidó para las Relaciones Exteriores.

Según Borges, se trata de "un mecanismo para profundizar la penetración cubana en el país y financiar a la dictadura castrista" a través de dichas compañías, que suman "más de 5.000 millones de dólares en contratos", pese a que "no tenían experiencia ni conocimiento en el área".

"Cuando se revisan a fondo los contratos, uno se percata que estas empresas no tenían experiencia en el área. Además, fueron contratos secretos, que se dieron de espaldas al país y que en muchos casos constituyen una violación flagrante a la soberanía. Por ejemplo, Cuba tuvo acceso al sistema de identidad de Venezuela", precisó.

Asimismo, indicó que La Habana "es el sostén más importante de (el presidente venezolano) Nicolás Maduro", a quien -considera- apenas le quedan apoyos.

"Maduro se ha quedado sin apoyos. Solo le quedan Cuba, Irán y el crimen organizado. La inteligencia cubana es la que le permite perseguir a la Fuerza Armada y a la sociedad civil. Es un aparataje dictatorial montado para desmontar la lucha interna del pueblo venezolano", aseguró Borges.

En su opinión, ante esta situación, "el mundo debe presionar a Cuba y a Maduro para lograr una transición", sostuvo. Además, señaló que desde la oposición, "se seguirá insistiendo para que la comunidad internacional avance en la justicia universal frente a los graves crímenes cometidos por el régimen de Maduro".

Según los antichavistas, el mandatario y miembros de su Ejecutivo son responsables de numerosos crímenes y violaciones a los derechos humanos, una teoría avalada por varias organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

Ministro de Justicia de Colombia considera a migrantes venezolanos un problema de seguridad

Niños venezolanos en Bogotá, sin hogar, el 17 de junio de 2020.

El ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz, dice que a pesar de que se ha brindado todo tipo de ayuda a los migrantes venezolanos estos han impactado negativamente en la seguridad de su país.

En entrevista con la Voz de América, Ruiz afirmó que "se les han dado (a los inmigrantes venezolanos) todas las garantías en salud, (y) seguridad social, pero también nos han generado un problema de inseguridad".

Aclaró también que la cifra de venezolanos en las cárceles no supera los 1.200; lo que representa menos de un 2% del total de la población colombiana.

"El número es grande en tan corto tiempo, pero no es desconocido para Colombia ni para el mundo que el problema de Venezuela es la cantidad de inmigrantes venezolanos que tienen muchos antecedentes delictivos y están impactando, desde luego, en la seguridad colombiana", agregó el funcionario colombiano.

Ruiz afirmó que se está trabajando para seguir disminuyendo el hacinamiento en las cárceles en el país, que señaló, ha bajado del 50% al 23%.

EEUU acepta extraditar a exministro de Defensa de México

Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa de México

En una decisión considerada “inédita” en procesos de esta envergadura, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el pasado 17 de noviembre que “pediría que se retiraran los cargos” al exsecretario de Defensa de México, general Salvador Cienfuegos.

El militar tenía abierta una causa en EEUU desde 2019 por “participar en una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero”, según informa la Agencia Associated Press.

El secretario de Defensa de México durante la gestión del presidente Enrique Peña (2012-2018) fue detenido en octubre en el principal aeropuerto de Los Ángeles, a pedido de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Para el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, la captura de Cienfuegos fue un hecho "muy lamentable" que simboliza la corrupción de gobiernos precedentes.

Carol Amon, jueza de la corte del distrito de Nueva York, accedió a la petición fiscal de retirar los cargos contra Cienfuegos, advirtiéndole que debería abandonar territorio norteamericano “de forma expedita” y regresar a México escoltado por alguaciles estadounidenses.

De acuerdo con lo reportado por AP, “el gobierno de México elogió la medida y algunos analistas la interpretaron como un ‘regalo’ del gobierno del presidente Donald Trump” a su homólogo mexicano, refiriéndose a la negativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a reconocer al candidato demócrata Joe Biden como ganador de las elecciones mientras no hubiera un pronunciamiento oficial por parte de EE.UU.

Al ser preguntado por la jueza Amon si la petición de retiro de cargos provenía directamente de William Barr, fiscal general de los EE.UU, el fiscal Seth DuCharme contestó que sí, y que se debía a “un balance de intereses”, agregando, según AP, que “el gobierno estadounidense cree que la medida es beneficiosa para la relación entre México y los Estados Unidos”.

Ante lo cual, la juez Amon dijo durante la audiencia, a la que pudieron asistir pocos periodistas debido a las limitaciones impuestas por el COVID-19: “No tengo motivos para dudar de la sinceridad de la posición del gobierno”.

“El gran interés en mantener una relación cooperativa con México”, señaló el fiscal DuCharme según AP, “supera en importancia al interés de la fiscalía en llevar a cabo la acusación formal contra Cienfuegos”, aunque -añade AP- Estados Unidos ha dicho que espera que México investigue a Cienfuegos y lleve a cabo su propio proceso judicial.

Por su parte, en canciller mexicano Marcelo Ebrard ha dicho que esta decisión es el resultado de más de un mes de conversaciones entre ambos gobiernos y que “no tiene nada que ver” con el proceso electoral en el que están inmersos los Estados Unidos. “Son dos procesos diferentes”, afirmó el canciller Ebrard.

El canciller Ebrard también se refirió al hecho de que, expone AP, “México había manifestado su rechazo a la detención del general por no haber sido notificado de la investigación”, recordando además, que el gobierno mexicano está en proceso de revisión de “su relación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA)” por lo cual, el paso dado por el gobierno es acertado.

El canciller Ebrard dijo que la medida no es vista como "un camino a la impunidad sino como un acto de respeto a México y a las fuerzas armadas de México”.

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