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América Latina

Expertos piden investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Expertos de la OEA aseguran que en Venezuela hubo crímenes de lesa humanidad

Las recomendaciones incluyen abrir una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad y presentar su informe a la Corte Penal Internacional.

Un panel de expertos internacionales independientes encontró motivos razonables para remitir a la Corte Penal Internacional al gobierno de Venezuela por crímenes contra la humanidad, dijo este martes la Organización de Estados Americanos.

El panel compuesto por :Santiago Cantón de Argentina, Irwin Cotlerde Canadá, y Manuel Ventura Robles de Costa Rica,

En documento se identifican más de 8,292 ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2015, "a menudo como resultado de varias fuerzas de seguridad que llevan a cabo redadas ilegales y violentas en las que se organizan enfrentamientos falsos para racionalizar las ejecuciones sumarias de, por lo general, hombres jóvenes",señalan.

Sus recomendaciones incluyen abrir una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad y presentar su informe a la Corte Penal Internacional.

El informe, de 400 páginas, apoyado por otras 400 páginas de anexos, se divide en dos partes. La Parte I, redactada por la Secretaría General de la OEA y la segunda por el Panel de Expertos Internacionales Independientes.

“Hay motivos razonables para considerar que los actos a los que estuvo sometida la población civil de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, constituyen crímenes de lesa humanidad", aseguran en el informe.

El informe de relata que 131 personas fueron asesinadas durante las protestas contra Nicolás Maduro desde 2014.

"Las tácticas utilizadas demuestran un patrón claro de la intención de matar, demostrado por la ubicación del golpe mortal ,áreas vitales del cuerpo, en particular, disparos en la cabeza y el cuello, el uso de municiones modificadas y en vivo, y el cercano rango en el que estos actos fueron perpetrados ", señaló.

Además, el informe dice que más de 12.000 venezolanos han sido detenidos arbitrariamente desde las elecciones presidenciales de 2013, cuando Nicolás Maduro fue elegido presidente para suceder a Hugo Chávez.

Mientras tanto, más de 1.300 personas han estado detenidas como presas políticas desde entonces, encontró.

"El régimen avanzó con las elecciones fraudulentas, continúa actuando con impunidad y el pueblo de Venezuela sufre cada vez más intimidación, miedo, represión y asalto. La gravedad de las tácticas solo aumenta. Estas tácticas y métodos son para infundir miedo e intimidar con la tortura utilizada como castigo", agrega el informe.

Los crímenes de lesa humanidad se definen en el artículo 7 del Estatuto de Roma como los actos que enuncia "cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de ese ataque".

Venezuela es un Estado Parte en el Estatuto de Roma, y la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre cualquier delito cometido en el territorio de Venezuela o por nacionales venezolanos desde el 1 de julio de 2002.

(AFP)

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Representantes de Guaidó toman sedes diplomáticas en EEUU

Carlos Vecchio (izq.), designado por Juan Guaidó como embajador de Venezuela en EEUU, junto al representante Gustavo Marcano, durante una rueda de prensa. (Archivo)

Representantes del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tomaron tres sedes diplomáticas en EEUU, el consulado de Venezuela en Nueva York y de dos edificios del Ministerio de Defensa de este país en Washington, como una estrategia para recuperar los activos de Venezuela.

Carlos Vecchio, embajador en EEUU nombrado por Guaidó, asumió el control en Washington D.C. de dos edificios separados, la agregaduría militar y otro edificio en ruinas que en el pasado albergó la agregaduría castrense y naval.

El diplomático comentó en una rueda de prensa que las condiciones deplorables en las que se encuentran las sedes son indignantes.

"Esto no es un bien privado, esto es un bien de todos los venezolanos, y está obligado el régimen a preservarlo para todos los venezolanos, pero lo que estamos viendo es algo que es inaceptable, que es reprochable (…)" subrayó.

Carlos Vecchio anuncia tomas de sedes diplomáticas en EEUU
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Vecchio aseguró que esperan obtener acceso a la embajada de Venezuela en Washington “en los próximos días".

Estas acciones fueron tomadas dos meses después de que Guaidó fuese proclamado como presidente interino de Venezuela y reconocido por más de 50 países como legítimo líder del país, recordó Reuters.

El embajador divulgó un video en su cuenta de Twitter el que se le ve entrando en una de las sedes recuperadas acompañado por varios periodistas y camarógrafos. El video muestra las paupérrimas condiciones en las que quedó el establecimiento: paredes desconchadas, suciedad, tuberías descubiertas, cables del teléfono sueltos...

El representante Gustavo Marcano retiró unos retratos de Chávez y Maduro que se encontraban en la sede diplomática, asegurando que "esta vez el consulado será para todos los venezolanos y no tendrá ninguna ideología política".

"Pronto abriremos las puertas de este consulado, para que todos podamos volver a casa", aseguró.

También estuvo presente en el lugar el coronel José Luis Silva Silva, vestido de uniforme militar. Vecchio informó que el coronel seguirá ejerciendo como agregado militar, puesto que ocupaba en la fecha que rompió filas con Maduro y apoyó a Guaidó.​

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, expresó su desacuerdo en las redes sociales con lo que él considera "ocupación forzosa e ilegal" de las sedes diplomáticas, y exhortó a las autoridades de EEUU a corregir de inmediato esta situación.

(Redactado por Carolina Morales-Chataing, con reporte de Michelle Sagué e información de EFE y Reuters)

General venezolano: Maduro es incapaz de ser comandante en jefe

Carlos Rotondaro, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se presentó en el programa de Idania Chirinos en NTN24.

Un general del ejército venezolano sancionado por Estados Unidos huyó a Colombia, en momentos en que aumenta la presión internacional sobre el presidente Nicolás Maduro, y dijo que escapó porque no podía ser leal a un “gobierno de incapaces y corruptos”.

Carlos Rotondaro fue cuestionado por el manejo de un programa estatal de medicinas que administra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, organismo que presidió durante 10 años hasta el 2017.

“No soy traidor, soy leal a la patria”, dijo Rotondaro en una entrevista divulgada el lunes por la tarde con el canal colombiano NTN24. “Ese juramento no incluía defender a un gobierno de incapaces y corruptos (...) Cada año estamos peor”, agregó.

El oficial no dio detalles sobre su salida del país, excepto que fue de forma clandestina y que su pasaporte le fue anulado a fines de 2017. Tampoco se refirió a su estatus legal en Colombia.

El exfuncionario, que había dejado el cargo en el seguro social hace un par de años, solicitó refugio en Colombia hace pocos días, según dijeron a Reuters dos fuentes conocedoras del asunto.

Desde enero, cientos de oficiales han desertado de Venezuela y cruzado la frontera hacia Colombia, tras una oferta de beneficios jurídicos que ofreció el líder de la oposición Juan Guaidó, cuando se proclamó presidente interino.

Sin embargo, hasta ahora pocos generales han aceptado el ofrecimiento de Guaidó.

Rotondaro dijo que reconocía al líder opositor como el presidente legítimo del país. “(La población) está pidiendo un cambio a gritos a través de unas elecciones en igualdad de condiciones”, agregó.

“No hay liderazgo total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las necesidades de la tropa hacen que el liderazgo se vaya diluyendo. Nicolás Maduro no tiene la moral, ni tiene la capacidad para ser el comandante en jefe”, dijo Rotondaro.

El Ministerio de Comunicación no respondió a solicitudes de comentarios.

Los militares de alto rango son considerados clave para mantener en el poder a Maduro, que ha presidido cinco años de recesión del país petrolero, que sufre además una hiperinflación y del que han migrado unas tres millones de personas desde 2015, según Naciones Unidas.

En marzo de 2018, el exfuncionario fue incluido en la lista de sancionados por el gobierno de Donald Trump.

[agencia Reuters y NTN24]

EEUU condena violencia de Ortega contra manifestantes en Nicaragua

Policía reprime a manifestantes en Nicaragua.

Estados Unidos condenó este lunes la continua violencia y represión del régimen de Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense el pasado 16 de marzo, y pidió al gobernante liberar a cientos de personas detenidas durante las protestas.

"Estados Unidos continuarán instando a la rendición de cuentas por aquellos que han demostrado un descarado desprecio por Derechos humanos y libertades fundamentales", advirtió el Departamento de Estado en un comunicado.

"Pedimos al régimen de Ortega que ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente; respetar la libertad de reunión y expresión de los nicaragüenses; y comprometerse con las reformas electorales y con la celebración temprana y libre de elecciones", agregó la nota.

La cancillería estadounidense reiteró su apoyo a la Alianza Cívica y al pueblo nicaragüense "en su búsqueda por restaurar la democracia a través de medios pacíficos".

"Ahora es el momento de soluciones rápidas, justas y de buena fe. Los nicaragüenses merecen tener un gobierno que escuche sus voces y respete sus derechos humanos y libertades fundamentales", concluyó el Departamento de Estado.

(A partir de un comunicado del Departamento de Estado)

Dictan nuevo procesamiento por corrupción a Cristina Fernández

Cristina Fernández de Kirchner sale de una corte federal en Buenos aires, en febrero pasado.

Un juez argentino dictó este lunes un nuevo procesamiento por presunta corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), el tercero que incluye una orden de detención, aunque seguirá sin hacerse efectiva por ser senadora y tener fueros, informaron a Efe fuentes del caso.

El magistrado Claudio Bonadio abrió un proceso penal, que se vincula a la conocida como "causa de los cuadernos", contra la exmandataria -que está en Cuba visitando a su hija Florencia, tratada en ese país por problemas de salud- por la importación con presuntos sobreprecios de buques con gas natural licuado (GNL) durante su mandato presidencial.

Otros siete procesamientos más pesan ya sobre la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que insiste en que es víctima de una persecución judicial hilvanada por el actual Gobierno y ya el pasado 25 de febrero declaró por escrito que "no existe un solo elemento de prueba" que la vincule "siquiera remotamente" con lo que se la acusa.

En el dictamen de Bonadio, que también procesó a, entre otros, exdirectivos de las estatales YPF y Enarsa y a los ya detenidos Julio De Vido (exministro de Planificación Federal) y Roberto Baratta (exsubsecretario de Control y Coordinación de la misma cartera), se apunta a supuestos delitos cometidos entre 2008 y 2015.

"Los imputados pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema ilegal destinado a importar GNL a través de diferentes empresas internacionales que intervinieron sin proceso licitatorio, sino mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido", subraya el juez.

Además, el auto agrega que no existió "negociación alguna" al respecto y la participación de intermediarios y la selección de agencias marítimas también fue sin licitación.

"Facturaron a precios con variaciones injustificadas, componentes que incidieron en el precio finalmente abonado que generó un perjuicio económico a las arcas del estado, por un monto difícil de determinar", remarcó el magistrado.

"Se advirtió una sobrefacturación en las compras de GNL total y aproximada de 124,75 millones de dólares y una subfacturación de, aproximadamente, 194,28 millones. Para que la maniobra pudiera configurarse y sostenerse en el tiempo, los aportes de cada uno de los funcionarios imputados, desde sus respectivas áreas de responsabilidad, fueron indispensables", sentencia el auto.

Tanto De Vido como Baratta, junto con otros exfuncionarios como los que fueran presidentes de la empresa energética estatal Enarsa Exequiel Omar Espinosa y Walter Rodolfo Fagyas "fueron quienes tuvieron la administración y disposición de los fondos públicos y debían velar por su cuidado", habiendo tenido en sus manos, según Bonadio, "el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL".

En el caso concreto de Fernández, por la causa del GNL se amplía su procesamiento por cohecho pasivo o defraudación contra la administración pública y por administración fraudulenta que ya registra la causa madre y se decretó prisión preventiva que se hará efectiva si el Senado prueba su desafuero.

Este expediente está directamente relacionado con la llamada "causa de los cuadernos", que se destapó en agosto pasado después de conocerse unas libretas en las que un chófer de Baratta anotó supuestamente durante más de una década cómo transportaba de forma habitual millones de dólares con los que empresarios sobornaban a altos funcionarios.

"Su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando las posiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de parte de sus integrantes", remarca Bonadio en su dictamen.

Esa "asociación ilícita" fue, según el magistrado, comandada por Kirchner -fallecido en 2010- y Fernández, ya que "el dinero era entregado alternativamente" al matrimonio presidencial en sus domicilios privados u oficiales.

"Parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos", añade Bonadio.

(EFE)

Espía cubano fue expulsado de Colombia

Migración Colombia

A través de un comunicado en su página web Migración Colombia informó que el ciudadano cubano José Manuel Pena García fue expulsado del territorio colombiano en un vuelo con destino a la Habana.

Según el diario El Tiempo Pena García se encontraba realizando actividades de espionaje en la base área de Palanquero, una sede estratégica de las fuerzas militares colombianas, ubicada en Puerto Salgar, Cundinamarca. "Monitoreaba e informaba cómo era el funcionamiento y cómo se movía la base de Palanquero", indicó una fuente del diario colombiano cercana al caso. "Tenía un equipo que le permitía medir las dimensiones de los aviones y el armamento", añadió la fuente.

Migración Colombia explica que Pena García fue solicitado la madrugada del sábado para comunicarle la orden de expulsión en su contra por considerarlo un extranjero que amenaza la seguridad nacional del país.

Un testigo del diario El Tiempo asegura que en el año 2014 Pena García ha sido clave para llevar a Venezuela a miembros del G2 cuando llegó al país vecino por medio del programa de intercambio de médicos entre ambos países.

Por medio de su comunicado Migración Colombia asegura que por medio del Artículo 2.2.1.13.2.2 los inmigrantes "… que realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, o la tranquilidad social...

Esta medida le impide la entrada a territorio colombiano por un lapso de 10 años a partir de la fecha de expulsión.

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