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Excarcelan a principales líderes opositores en Nicaragua (Video)

Nicaragua libera 50 opositores presos bajo polémica ley de amnistía
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Nicaragua libera 50 opositores presos bajo polémica ley de amnistía

Los principales líderes campesinos y estudiantiles de las protestas de 2018 contra el gobierno de Nicaragua así como destacados periodistas fueron excarcelados el martes, informaron sus familiares y el abogado defensor.

El gobierno no ha confirmado aún la excarcelación del grupo, pero el abogado Julio Montenegro dijo a The Associated Press que los dirigentes sociales más conocidos habían salido de prisión y que el equipo de defensa trabaja en un proceso de verificación "para que no se nos quede nadie en la cárcel".

En redes sociales circularon videos que mostraron en libertad a los informadores Miguel Mora y Lucía Pineda Abau celebrando junto a los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, la líder de los comerciantes Irlanda Jerez y el dirigente estudiantil Edwin Carcache, entre otros.

Según Noé Ubau, primo de la periodista, ambos comunicadores salieron de prisión en la madrugada junto con otros detenidos que la oposición considera presos políticos. Mora y Pineda eran el director y la jefa de prensa del canal de televisión 100% Noticias, ocupado y clausurado por el gobierno el 21 de diciembre, cuando ambos fueron arrestados.

El gobierno ha ido excarcelando a opositores de manera paulatina y unilateral desde febrero cuando el gobierno de Daniel Ortega y la oposición volvieron a la mesa de diálogo. Las conversaciones, sin embargo, quedaron truncadas por lo que la opositora Alianza Cívica consideró incumplimientos del gobierno. Una de las condiciones para desbloquearlas era la liberación de todos los considerados presos políticos.

Antes de la liberación de este martes, la Alianza estimaba que estaban detenidas más de 130 personas por participar en las protestas.

El abogado Montenegro dijo que la salida de los presos tomó por sorpresa a la defensa de los detenidos pues no hubo aviso oficial y exigió al gobierno la anulación inmediata de todos los juicios “porque ninguno de los presos políticos es culpable de ningún delito”.

Indicó que el gobierno excarceló a los detenidos de madrugada y sin avisar "para impedir la presencia de medios de comunicación y evitar así la algarabía de la gente, que de todas maneras se enteró por las redes sociales".

Las excarcelaciones tienen lugar días después de que el Congreso unicameral aprobara una ley de amnistía para beneficiar a quienes cometieron “delitos políticos y delitos comunes conexos a éstos” a partir de los sucesos de abril de 2018, cuando estalló una rebelión social contra Ortega protagonizada en su mayoría por jóvenes estudiantes.

El gobierno aseguró que la amnistía busca “abonar a la reconciliación de la sociedad” pero la oposición denunció que la ley dará “protección e impunidad” a miles de policías y paramilitares involucrados en las acciones represivas que dejaron al menos 325 civiles muertos y más de 2.000 heridos.

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Observadores de la ONU evaluarán 'in situ' la situación de los presos en Venezuela

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachete, reunida con el mandatario Nicolás Maduro en Venezuela el 21 de junio de 2017. (REUTERS).

Personal de la ONU evaluará en los centros de detención venezolanos la situación de los considerados por la oposición presos políticos, según anunció el viernes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al finalizar una visita de tres días a Venezuela.

Bachelet, quien dejó establecida una comisión de su oficina para dar asistencia y asesoría técnica, así como para vigilar la situación en materia de derechos humanos, se mostró preocupada por este asunto y dijo que le "duele" lo que sucede en Venezuela, indicó la agencia Efe.

La expresidenta chilena y hoy el importante cargó en la ONU pidió el viernes en Caracas la liberación de todos los que estén detenidos en Venezuela "por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica".

Gráfico del grupo Foro Penal, que revela la cifra de presos políticos en Venezuela. (TWITTER).
Gráfico del grupo Foro Penal, que revela la cifra de presos políticos en Venezuela. (TWITTER).

Tras reunirse con el mandatario Nicolás Maduro, anunció acuerdos con su Gobierno para vigilar la situación del país en materia de derechos humanos.

“Hemos podido alcanzar varios acuerdos (...) tenemos el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la comisión nacional de prevención de la tortura, así como para evaluar cuáles son los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país", dijo minutos antes deabandonar Venezuela.

En el marco de la vista de la señora Bachelet, familiares de presos políticos venezolanos se reunieron frente a importantes puntos en Caracas para pedir una reunión con la funcionaria.

El grupo Foro Penal (FP), una organización venezolana veladora de los Derechos Humanos en el país, extendió pancartas e informaciones sobre los presos políticos.

Alfredo Romero, director de FP evaluó la vista de la funcionaria.

"Es corta, de alguna forma simbólica, pero es fundamental ya que pisa tierra en el lugar en que sus expertos han venido constatando lo que ocurre", expresó Romero al canal TNT24.

El grupo independiente FP recoge la cifra de 715 presos por motivos políticos, desglosados en: 106 militares y 609 civiles, de los que 714 son adultos, uno es un menor de edad y 51 son mujeres.

Para este sábado a las 12:00 del mediodía Foro penal tiene prevista una conferencia de prensa con una evaluación de la visita de Bachelet a Venezuela.

[Con información de la agencia Efe, Foro Penal, Radio Televisión Martí y redes sociales]

Gobierno de Colombia pide a la Fiscalía tramitar extradicción de guerrilleros del ELN radicados en Cuba

El jefe negociador del ELN en La Habana, Pablo Beltrán

El alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, pidió a la Fiscalía que inicie el trámite para conseguir la extradición de parte de la cúpula de la guerrilla del ELN que está en Cuba para que responda por el ataque terrorista contra la escuela de Policía en Bogotá que dejó 22 cadetes muertos.

En una carta dirigida al fiscal general encargado, Fabio Espitia, Ceballos pide ese procedimiento en contra de cuatro miembros del ELN, entre ellos su jefe máximo, Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", y el líder del equipo negociador de paz de esa guerrilla, Israel Ramírez Pineda, alias "Pablo Beltrán".

Los otros dos incluidos en la solicitud de extradición son Luz Amanda Pallares, alias "Silvana" o "Ana María", quien también hizo parte de las frustradas negociaciones de paz, y Juan de Dios Lizarazo, alias "David Piñata".

Según la carta, éstos "se encuentran actualmente en la República de Cuba", sede de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), congelados desde agosto pasado, cuando asumió el presidente Iván Duque.

Ceballos recuerda que contra los cuatro "cursan órdenes de captura" por varios delitos relacionados con el atentado del pasado 17 de enero contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, que dejó 22 muertos, entre ellos una ecuatoriana que se formaba en ese centro, y 66 heridos.

Por ello, el comisionado de Paz pide al fiscal encargado "que en el marco de sus competencias constitucionales y legales, se activen los mecanismos pertinentes para tramitar la extradición" de los cuatro señalados integrantes del ELN.

El anterior Gobierno colombiano y el ELN iniciaron en febrero de 2017 en Quito unas negociaciones de paz que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana, donde la última ronda de diálogos concluyó sin avances a principios de agosto.

Las conversaciones quedaron en suspenso desde entonces por la exigencia del Gobierno de Duque al ELN de que libere a todos los secuestrados que tiene en su poder y renuncie a esa y todas sus actividades criminales.

Tras el atentado, el Gobierno pidió a Cuba la entrega de los negociadores que están en La Habana, pero la isla invocó protocolos diplomáticos para no acatar esa solicitud.

Este jueves, Ceballos exigió al ELN pruebas de supervivencia de dos personas que fueron secuestradas en 2018 y reclamó que ambas sean liberadas.

Y en una entrevista que dio hoy a Caracol Radio, denunció que "más de 200 niños han sido reclutados" por la guerrilla, especialmente en la frontera con Venezuela, donde resaltó que el ELN "opera abiertamente" y viven Eliécer Chamorro, alias "Antonio García", y Gustavo Giraldo, alias "Pablito", también miembros de la cúpula de ese grupo.

"El presidente Duque ha mantenido esa puerta abierta (al diálogo)", dijo Ceballos, y recordó que "las FARC lo hicieron (renunciar al secuestro) y por eso avanzó el proceso (de paz)".

Entre tanto, Pablo Beltrán dijo desde La Habana a la misma emisora que "penalizar a los negociadores no le permitirá avanzar al proceso" y resaltó que viajaron a la isla con una agenda de diálogos "programada".

"Nosotros le hemos dicho (al Gobierno) que estamos en disposición de negociar. Tenemos que pasar la página", resaltó el jefe guerrillero.

Guaidó anuncia que Bachelet dejará delegados en Venezuela

Michelle Bachelet y Juan Guaidó.

CARACAS (Reuters) - La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dejará en Venezuela a dos delegados para que hagan un seguimiento a la crisis humanitaria en el país petrolero, dijo el viernes el líder opositor Juan Guaidó.

Bachelet, quien llegó el miércoles a Venezuela en una visita hasta el viernes, no hizo declaraciones tras su encuentro con Guaidó ni tampoco el jueves después de reunirse con representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La alta comisionada, que fue dos veces presidenta de Chile, tiene previsto reunirse más tarde con Maduro y ofrecer una conferencia de prensa la noche del viernes en el aeropuerto, antes de partir.

“Se quedan dos personas de su equipo para el seguimiento en el interior” del país de la crisis en hospitales, escuelas, entre otros, dijo Guaidó a reporteros luego de reunirse con la Alta Comisionada en la sede del Parlamento, del que es jefe.

Después, Bachelet tuvo un encuentro en la sede de la Cancillería de Venezuela con el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del gobierno. No hubo detalles.

Un equipo técnico de Bachelet ya estuvo en el país en marzo, pero que dos de sus delegados permanezcan en el país abre la posibilidad de que eventualmente se negocie la instalación de una oficina permanente, de acuerdo con activistas de derechos humanos que se encontraron el jueves con la alta funcionaria.

Guaidó, quien en enero invocó la Constitución para proclamarse presidente interino argumentando que la reelección de Maduro en mayo del 2018 fue un fraude, dijo que tanto la presencia de Bachelet en el país como que deje a miembros de su equipo son un nuevo reconocimiento a la crisis de Venezuela.

El país OPEP, que posee algunas de las reservas de crudo más grandes del mundo, lleva seis años en recesión y desde hace dos hay voraz hiperinflación que demolió el ingreso de los venezolanos, convertidos en el mayor grupo de migrantes en la historia reciente de América Latina, según Naciones Unidas.

“Nos hubiera gustado que estuviera más en campo” o en otras ciudades porque Caracas “es una burbuja”, dijo Guaidó resaltando que “sabemos que la dictadura se pone piel de cordero” durante la visita de la alta funcionaria.

“Le pedimos a Bachelet que esa comisión se quede en el país(...) Que vaya a Maracaibo que es una ciudad destruida, no hay luz, ni agua y para echar combustible se necesita hacer cola de 18 horas”, señaló Carmen Méndez, de 38 años, quien estaba en una protesta que se realizaba frente a la sede del PNUD al este de Caracas. Su pancarta decía: “Venite para Maracaibo”.

La Guardia Nacional que, junto a milicias progubernamentales, desde inicios del mes pasado impedía a la prensa, y en ocasiones a diputados opositores, el ingreso a la sede del Parlamento, dejó entrar el viernes a reporteros para la cita de Bachelet con Guaidó.

Alfredo Romero del no gubernamental Foro Penal, que participó el jueves al final de la tarde en una reunión de activistas con Bachelet, indicó en un mensaje de Twitter que la alta comisionada comentó en el encuentro que trabajaba en la liberación de algunos de los casi 700 políticos opositores, activistas y militares detenidos.

“Que Bachelet esté acá significa que el chavismo está entendiendo que hay una crisis institucional tremenda y que su legitimidad está en juego (...) y después de 20 años tiene que abrir las puertas”, dijo Luis Carlos Díaz, activista de derechos humanos que estuvo detenido a inicios de año porque las autoridades lo vincularon al apagón eléctrico masivo de marzo.

Protestas en Caracas para mostrar a Bachelet falta de derechos en Venezuela

Trabajadores del sector petrolero protestan cerca de la cancillería en Caracas, Venezuela, ante la vista de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachet, el 20 de junio de 2019. (REUTERS).

Familiares de presos políticos, trabajadores del sector público y activistas de derechos humanos protestaron el jueves en diferentes puntos de Caracas para visibilizar las violaciones de que son vítimas y presentarlas ante la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela.

Frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la periodista Aimara Lorenzo realizó una trasmisión en vivo por la cuenta de Facebook de Radio Televisión Martí, en donde algunos de los participantes ofrecieron sus testimonios.

La señora Mónica Santamaría, hermana del preso político José Luis Santamaría, dijo que su hermano está detenido hace un año y dos meses, acusado “alta traición a la patria, instigación a la rebelión militar”, entre otros.

Sin embargo, explicó la mujer, “él es civil, y debe tener un juicio por los tribunales correspondientes”.

Santamaría es Técnico en economía y redes y tiene como fecha de detención el 16 de abril de 2018, según el cartel que llevó hoy su hermana con logotipo del Foro Penal, una organización de derechos humanos en Venezuela.

En medio de la multitud se podían escuchar gritos y consignas rogando la atención de la expresidenta chilena.

“¡Bachelet, el pueblo te pide una entrevista!”, es parte de las exigencias.

Otra de las mujeres, familiar del ingeniero de Sistemas, Otoniel Ramos, protestó porque “no hay pruebas que lo inculpen”.

Ramos permanece bajo custodia policial desde el 18 de abril pasado, y lo acusan de “destrucción del sistema eléctrico nacional, asociación para delinquir y terrorismo”, explicó.

La mujer agregó que cuatro de los implicados en el caso lograron salir del país y solo el señor Ramos fue detenido. Hasta hoy guarda prisión en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ubicadas en la Urbanización Boleíta Norte, Petare, Municipio Sucre.

Desde Colombia Dorias María Víctor Cortés se presentó a la manifestación por los 59 colombianos presos en La Yaguara, municipio Libertador de Caracas.

“Él no tenía cédula venezolana, está acusado de ser paramilitar, terrorismo (…) lleva 3 años preso en Ramo Verde”, acusó Cortés.

En la sede del PNUD se encontraba el abogado Alfredo Romero,Director Foro Penal.

"El lunes exigíamos que se liberaran, como condición, a los presos políticos y quiero decir que esa exigencia sigue pendiente, no ha habido un resultado concreto hasta ahora como es la liberación de todos los presos políticos", dijo Romero, citado por la agencia Efe.

Romero denunció que las cárceles del país "están siendo maquilladas" para que la alta comisionada no perciba la "realidad" de las condiciones de reclusión y las "torturas" a las que, aseguró, son sometidos los "presos políticos".

Dijo que desde el lunes hasta la fecha se han excarcelado a 28 personas, la mayoría ciudadanos que participaron en protestas este año.

Según las cuentas de la ONG, en el país aún hay 687 "presos políticos".

Para mañana viernes, la oposición ha convocado a una protesta frente a la sede del PNUD a fin de denunciar la "violación de los derechos humanos" por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, a quien responsabilizan de la crisis y del deterioro de todos los servicios básicos en el país.

La visita de la alta comisionada de derechos humanos se produce en uno de los momentos de mayor tensión política en el país y en medio de una aguda crisis económica que ha pulverizado el poder adquisitivo y ha provocado una crisis humanitaria.

Según la ONU, en Venezuela siete millones de personas necesitan asistencia humanitaria de manera urgente.

[Con información de Radio Televisión Martí, redes sociales y la agencia Efe]

Los venezolanos del fin del mundo

Refugiados venezolanos en Colombia.

Yony José Carrero tardó tres días en recorrer los 1.050 kilómetros que separan El Vigía, la ciudad venezolana en la que nació, y Puerto Asís, en el remoto departamento colombiano del Putumayo, y lo hizo con su esposa, su
suegra, tres hijos y una pierna rota.

Él es uno de los 4.000 venezolanos que, según la ONU, viven en Putumayo, un departamento selvático con centenares de pasos irregulares con el vecino Ecuador, lo que hace que sea un lugar de tránsito para muchos.

"Lo que yo tenía era una moto, y con el accidente la agarró la Fiscalía y se perdió. Duré una semana y pico entubado; prácticamente estaba más muerto que vivo", explica Yony José a Efe en lo que podría ser la sala de su casa, en las afueras de Puerto Asís.

Muchos de sus compatriotas están de paso, pero Puerto Asís, de unos 60.000 habitantes, era el destino final de Carrero y su familia porque ahí nacieron los padres de Ana Lucía Quinchoa, su esposa, que responde a las preguntas con su hija recién nacida en brazos.

Yony José Carrero: 28 años, tres hijos, una esposa, una cicatriz en la mejilla izquierda, un diente de oro que brilla como el de Pedro Navaja, una varilla de hierro atornillada a su pierna, que supura pus a la altura del tobillo.

En esas condiciones tuvo que encarar su viaje, todo por carretera: de El Vigía (estado Mérida) a Puerto Santander, en la frontera con Colombia, y de allí a Cúcuta, luego a Bogotá, y de la capital a una casa que comparte con catorce compatriotas en Puerto Asís.

En la vivienda habitan ocho adultos y seis niños que llegaron huyendo de la crisis de su país y que se ganan la vida como pueden: trabajando los más afortunados, vendiendo dulces en las calles la mayoría, pidiendo en semáforos los más desdichados.

En esta casa paga cada uno 380.000 pesos mensuales (unos 117 dólares) por una habitación compartida y por usar los espacios comunes, que son una cocina, baños y un lavadero.

Carrero y su familia viven desde hace poco más de un mes en uno de esos cuartos: cinco metros por cinco, un colchón tirado en el piso, una manta azul con un oso panda dibujado, un catre, un baño sin puerta, una cuna, una joven (26 años, dice) embarazada y con un niño en brazos.

La familia de Carrero podría decirse que es afortunada porque Ana Lucía trabaja como camarera y con eso pueden permitirse la vivienda, la comida y lo que necesitan los niños.

"Aquí uno trabaja y resuelve lo de la comida y resuelve lo de los pañales, pero allí (en Venezuela) es impensable. Aunque yo trabajara en cinco trabajos no me iba a alcanzar ni para la comida", explica Ana Lucía.

Antes del accidente de Yony, que era mototaxista, se ganaban la vida a duras penas, pero su pierna rota complicó su situación hasta que decidieron emigrar con sus hijos.

Todos ellos son irregulares, como aproximadamente el 70 % de los migrantes que llegan al país.

Además, un 60 % de los que llegan son niños, lo que complica todavía más su atención por la dificultad de su condición: las autoridades de Bogotá, por ejemplo, calculan que entre un 10 y un 15 % están desnutridos, lo que hace que sean más bajitos de lo normal.

"En estos niños se está viendo más acentuado este fenómeno. La mayoría empieza a sufrir enfermedades respiratorias y diarreicas", explica Paola Gustín, una de las nutricionistas de la ONG Acción Contra el Hambre en Bogotá.

Para la edad que tienen, los hijos de Yony y Ana Lucía son más pequeños de lo habitual, y una de ellas, Angelimar, tiene una afectación pulmonar.

Además de la miseria y el desarraigo, la población migrante venezolana se ha enfrentado en los últimos meses a un mal que muy pocos esperaban: brotes de xenofobia y racismo que van desde la discriminación pública hasta las amenazas de muerte.

En Puerto Asís, la familia se ha sentido acogida desde el primer momento, según explican ellos mismos, despreocupados, entre carcajadas y chascarrillos.

Aunque Carrero, con su pierna rota e infectada, parece tener una explicación para ello: "Todavía no he salido a la calle".

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