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Cuba

Eurocámara condiciona acuerdo con Cuba a respeto de Derechos Humanos

Una sesión plenaria del Parlamento Europeo celebrada el 14 de noviembre de 2018.

El pleno del Parlamento Europeo (PE) recordó que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la UE y Cuba, que entró en vigor en 2017, prevé una cláusula de suspensión en caso de que no se respeten los derechos humanos en la isla.

El texto, promovido por conservadores, populares y liberales del hemiciclo, fue aprobado por 325 votos a favor, 240 en contra y 44 abstenciones.

Eurocámara suspendería acuerdo con Cuba si no se respetan derechos humanos
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Desde la izquierda de la Eurocámara se criticó que se haya impulsado un pronunciamiento que consideran que solo quiere boicotear la aplicación del acuerdo de diálogo con la isla y que también tiene algo que ver, tal y como dijo la eurodiputada del PSOE Elena Valenciano en el debate previo al voto, con el viaje a la isla del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En la resolución, los eurodiputados "lamentan" que "no haya mejorado la situación en materia de derechos humanos y democracia pese a haberse adoptado un acuerdo con la UE", piden que se cumplan las obligaciones vinculantes en lo relativo al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales so pena de que se aplique su cláusula de suspensión.

Por ello, dicen "insistir" a la Comisión Europea para que siga atentamente y supervise el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba al aplicarse el acuerdo y que se informe al Parlamento de las medidas concretas que se adopten para cumplir esa salvaguarda.

La resolución en la Eurocámara promovida por la derecha y los liberales de la Eurocámara (a los que pertenecen PP y Ciudadanos, respectivamente) llega una semana antes de que se produzca la histórica visita de Pedro Sánchez a la isla, el primer viaje oficial de un gobernante español en 32 años.

Una de las eurodiputadas que aprobó la resolución sobre Cuba es Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

Becerra lamentó que los socialistas rechazaran la medida. Y añadió que la exportación número uno de Cuba es su modelo autoritario.

En el texto también se muestra "gran preocupación" por el nuevo proyecto de Constitución cubana y del referéndum previsto para febrero de 2019, en una resolución promovida por las fuerzas conservadoras y liberales del hemiciclo europeo.

Los eurodiputados consideran que "todo el proceso carece de los elementos de inclusión, tolerancia y respeto de los derechos civiles y políticos fundamentales que podrían garantizar un proceso constitucional democrático".

Por otro lado, en la línea de anteriores resoluciones, se "condena enérgicamente la detención arbitraria, la persecución y el acoso y los ataques contra disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política en Cuba".

Y piden que cesen de inmediato esas acciones y se ponga inmediatamente en libertad a todos los presos políticos, incluido Eduardo Cardet, "y las personas detenidas de manera arbitraria exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y de reunión".

Los eurodiputados españoles de PSOE, Podemos o Izquierda Unida, entre otros, votaron en contra del texto.

En el debate previo al voto, tanto Elena Valenciano (PSOE) como Ernest Urtasun (Catalunya en Comú) destacaron la importancia de que se pueda mantener un diálogo estructurado entre la UE y Cuba tras veinte años de posición común.

Igualmente, el líder de Podemos en la Eurocámara, Miguel Urbán, apuntó por su parte en un comunicado que aunque "se está abriendo un tiempo nuevo en la relación con Cuba" algunos grupos del hemiciclo "siguen obsesionados con la vuelta a una posición común que fue un desastre".

En el otro extremo, el eurodiputado Pavel Svoboda, conservador checo, defendió la resolución y afirmó que Cuba "sigue siendo un país totalitario con un único partido que no se preocupa lo más mínimo por respetar los derechos humanos".

También justificaron la llamada de atención del PE tanto Teresa Giménez Barbat (eurodiputada liberal), como Francisco Millán Mon (PP), que consideraron lógico que un año después de la entrada en vigor del acuerdo de diálogo se rindan cuentas de la aplicación del mismo y se denuncie que sigan las detenciones y persecuciones a la oposición.

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en Cuba (2018/2926(RSP))

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en Cuba (2018/2926(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus resoluciones anteriores sobre Cuba, en particular las de 17 de noviembre de 2004 sobre Cuba(1), de 2 de febrero de 2006 sobre la política de la UE con respecto al Gobierno cubano(2), de 21 de junio de 2007 sobre Cuba(3), de 11 de marzo de 2010 sobre la situación de los presos políticos y de conciencia en Cuba(4), y de 5 de julio de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro, así como la aprobación del Parlamento Europeo (5),

– Vista la elección de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba el 19 de abril de 2018,

– Vistas las conclusiones sobre Cuba del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, publicadas el 17 de marzo de 2017,

– Vista la Opinión n.º 59/2018 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria relativa a Ariel Ruiz Urquiola, quien está considerado como preso de conciencia por Amnistía Internacional, aprobada en su 82.ª sesión, celebrada del 20 al 24 de agosto de 2018,

– Vistos los exámenes periódicos universales de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llevados a cabo en mayo de 2013 y mayo de 2018,

– Vistos el informe de Human Rights Watch de 2017 sobre Cuba y la declaración de 27 de julio de 2018 de Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, sobre los cien días del nuevo Gobierno cubano,

– Vistas las declaraciones mensuales de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN),

– Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos,

– Vista la Constitución de Cuba,

– Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Cuba es signataria,

– Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que los derechos humanos forman parte de los diálogos políticos de la Unión y de los acuerdos de cooperación y comercio; que la indivisibilidad de los derechos humanos, en particular los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, debe constituir uno de los objetivos principales de la Unión Europea en sus relaciones con Cuba;

B. Considerando que, el 5 de julio de 2017, el Parlamento concedió su aprobación al Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y Cuba; que el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación expone con claridad sus motivos de profunda preocupación acerca de la situación de los derechos humanos y comprende una cláusula de suspensión para el caso de violación de las disposiciones relativas a los derechos humanos;

C. Considerando que el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión y Cuba, bajo la dirección del representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, se inició en 2015; que, el 9 de octubre de 2018, las partes en el cuarto diálogo de derechos humanos UE-Cuba abordaron, entre otros asuntos, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, en particular en el contexto de los recientes procesos electorales, así como la libertad de asociación y expresión y la posibilidad de que los defensores de los derechos humanos y otros sectores de la sociedad civil se asocien, expresen sus opiniones y participen en la vida pública libremente; que el Parlamento no aprecia con claridad si esta reunión fue concluyente en algún aspecto; que no se han logrado resultados tangibles en lo referente a los derechos humanos en Cuba, pese a la instauración del diálogo de derechos humanos y a la reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2017-2019; que el diálogo político debe incluir un diálogo directo e intenso con la sociedad civil y la oposición sin restricción ninguna;

D. Considerando que el Gobierno cubano sigue negándose a reconocer el seguimiento de los derechos humanos como una actividad legítima y deniega un estatuto legal a los grupos locales de derechos humanos;

E. Considerando que está prevista la celebración de un referéndum constitucional el 24 de febrero de 2019; que el proceso de establecimiento de la nueva constitución adolece de falta de una consulta nacional adecuada, garantiza que el Partido Comunista conserve su poder en una sociedad sin un sistema pluripartidista, libertades básicas y derechos civiles y políticos, por lo que refuerza la propiedad estatal centralizada y la economía controlada; que el sistema de partido político único se declara «irrevocable» en el artículo 3, y el artículo 224 declara que se prohíbe a las generaciones actuales y futuras alterar la irreversibilidad del socialismo, así como el actual sistema político y social; que parece haber otras disposiciones muy preocupantes en el proyecto;

F. Considerando que en Cuba están siendo objeto de persecución, detención arbitraria o prisión periodistas independientes, disidentes pacíficos y defensores de los derechos humanos que documentan violaciones de los derechos humanos, en su mayoría miembros de la oposición democrática; que, según la CCDHRN, en octubre de 2018 se produjeron al menos 202 detenciones arbitrarias de corta duración, por motivos indudablemente políticos, de opositores políticos y activistas de la sociedad civil independiente que ejercen sus derechos fundamentales de expresión, reunión y asociación política;

G. Considerando que una de estas personas es el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) sentenciado a tres años de prisión por haber ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de expresión; que en noviembre de 2016, fue detenido a su regreso a casa de un viaje a Miami; que el doctor Cardet, que está considerando preso de conciencia, está encarcelado actualmente en la prisión Cuba Sí de Holguín, en la que se le mantiene en aislamiento, sin visitas familiares ni llamadas telefónicas;

H. Considerando que Tomás Núñez Magdariaga, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), grupo político opositor no oficial, mantuvo una huelga de hambre de 62 días de duración por motivos de protesta, y fue liberado el 15 de octubre de 2018 gracias a la presión internacional; que el señor Magdariaga fue declarado culpable acusado de amenazas a un funcionario del Estado, que finalmente confesó haber fabricado las pruebas contra él; que su caso es otro ejemplo claro de las tentativas de acallar las ideas disidentes;

I. Considerando que, en octubre de 2018, las Damas de Blanco fueron una vez más las víctimas principales de la represión política, y que varios miembros del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) sufrieron represión en varias provincias del país;

J. Considerando que debe garantizarse un trato humanitario a todos los presos de Cuba; que el Gobierno de Cuba deniega a los grupos independientes de defensa de los derechos humanos el acceso a las prisiones; que los ciudadanos cubanos no disfrutan de las debidas garantías procesales, como el derecho a audiencia pública justa ante un tribunal competente e imparcial; que los presos en libertad condicional suelen sufrir un acoso continuo por parte de las autoridades;

K. Considerando que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha afirmado con claridad que las víctimas de detención arbitraria en Cuba tienen derecho a demandar al Gobierno una reparación consistente en medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición;

L. Considerando que hay indicios de un mayor respeto de la libertad religiosa en Cuba; que, al mismo tiempo, las autoridades cubanas siguen mostrándose muy restrictivas respecto de la construcción o la reconstrucción de iglesias cristianas; que la Iglesia se ha convertido gradualmente en el mayor agente de la sociedad civil y en un prestador no estatal clave de servicios sociales en Cuba, pero sus actividades siguen sometidas a un estricto control por parte de las autoridades;

M. Considerando que unas relaciones políticas y económicas más estrechas con Cuba tienen la finalidad, por parte de la Unión, de contribuir a que avancen las reformas políticas en el país de acuerdo con las aspiraciones de todos sus ciudadanos; que la liberalización económica y comercial debe permitir que el país avance progresivamente hacia la libertad de los espacios sociales, la coexistencia, la tecnología y las comunicaciones que aprecia y demanda la población cubana;

N. Considerando que el Parlamento ha concedido en tres ocasiones su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a activistas cubanos, a saber, Oswaldo Payá en 2002, las Damas de Blanco en 2005 y Guillermo Fariñas en 2010; que habitualmente se sigue impidiendo a los galardonados con el Premio Sájarov salir del país y participar en actos internacionales;

O. Considerando que el Parlamento ha preguntado numerosas veces si podía enviar delegaciones oficiales a Cuba, y que las autoridades cubanas han denegado el acceso al país en todas las ocasiones, incluso después de haberse celebrado el ADPC;
1. Condena enérgicamente la detención arbitraria, la persecución y el acoso y los ataques contra disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política en Cuba; pide que cesen de inmediato esas acciones y se ponga inmediatamente en libertad a todos los presos políticos, incluido Eduardo Cardet, y las personas detenidas de manera arbitraria exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y de reunión;
2. Insta a los Estados miembros de la Unión, al SEAE y a su delegación en Cuba a que respeten firmemente sus principios y sus políticas fundamentales en relación con Cuba y adopten todas las medidas necesarias en favor de la puesta en libertad de las personas mencionadas más arriba, a fin de garantizar el cese inmediato del acoso a los opositores políticos y a los defensores de los derechos humanos, y de asistir y proteger a estos últimos;
3. Hace un llamamiento a las autoridades cubanas para que mejoren las condiciones carcelarias y el trato a los presos, y permitan acceder a las cárceles del país a los grupos internacionales de defensa de los derechos humanos y a las organizaciones independientes cubanas; insiste en que el encarcelamiento de disidentes cubanos a causa de sus ideales y su actividad política pacífica es contrario a la Declaración Universal de Derechos Humanos;
4. Lamenta que no haya mejorado la situación en materia de derechos humanos y democracia pese a haberse adoptado el ADPC; pide que se cumplan las obligaciones vinculantes establecidas en dicho Acuerdo entre la Unión y Cuba, en particular en lo relativo al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; subraya que el éxito del Acuerdo depende de su aplicación y cumplimiento;
5. Recuerda que en el ADPC figura una disposición en la que se prevé la suspensión del propio Acuerdo que se ha de aplicar si se vulneran las disposiciones sobre derechos humanos; insiste, por ello, en que la Unión Europea siga atentamente y supervise el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba al aplicarse el ADPC y se informe regularmente al Parlamento al respecto; pide a la VP/AR Federica Mogherini que informe pormenorizadamente al Parlamento en el Pleno de las medidas concretas que se adopten para cumplir el mencionado requisito;
6. Insta al Gobierno cubano a que redefina su política de derechos humanos adaptándola a la legislación internacional en materia de derechos humanos y permita, sin imponer restricciones, que toda la sociedad civil y los miembros de la oposición política participen activamente en la vida política y social; hace un llamamiento a Cuba para que reafirme su intención de defender los estándares más elevados en materia de fomento y protección de los derechos humanos ratificando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como sus protocolos facultativos;
7. Recuerda a las autoridades cubanas que la libertad de circulación y de reunión está garantizada por el Derecho internacional sobre derechos humanos, y que esa libertad se hace extensiva a los activistas y los miembros de la oposición democrática;
8. Condena firmemente la adopción del Decreto 349, que socava el derecho a la libertad artística en Cuba; pide a las autoridades cubanas que adopten las medidas legislativas adecuadas para retirar el Decreto 349 antes de que entre en vigor en diciembre de 2018; subraya que la libertad de expresión artística es un elemento clave para la existencia de un sector cultural viable y dinámico capaz de crear empleo, desarrollar las industrias culturales y revitalizar el patrimonio cultural;
9. Hace un llamamiento al Gobierno cubano para que deje de imponer la censura en línea y bloquear sitios de internet con el único fin de limitar las críticas de carácter político y restringir el acceso a la información;
10. Respalda plenamente las conclusiones sobre Cuba, de 17 de marzo de 2017, del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas en las que se insta a Cuba a tomar las medidas necesarias para garantizar la total independencia de su sistema judicial y a crear una institución nacional independiente de derechos humanos, en consonancia con los Principios de París;
11. Expresa su gran preocupación a la vista del nuevo proyecto de Constitución y del referéndum previsto para febrero de 2019; subraya que todo el proceso carece de los elementos de inclusión, tolerancia y respeto de los derechos civiles y políticos fundamentales que podrían garantizar un proceso constitucional democrático; reitera, en ese sentido, que está resuelto a propiciar un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales con la participación de todos los agentes sin exclusión, como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y una recuperación económica duradera que mejore el nivel de vida de la población cubana, de conformidad con las aspiraciones del pueblo cubano; pide a las autoridades cubanas pertinentes que prevean en la nueva Constitución la celebración de elecciones libres y pluralistas;
12. Insta a las instituciones europeas y a los Estados miembros a prestar su asistencia en la transición económica y política en Cuba hacia un régimen plenamente democrático que respete los derechos básicos de todos sus ciudadanos; respalda el uso de los diferentes instrumentos de la política exterior de la Unión y, en particular, del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), a fin de reforzar el diálogo de la Unión con la sociedad civil cubana y con aquellos que defienden una transición pacífica en Cuba;
13. Hace un llamamiento a las autoridades cubanas en favor de la abolición de la pena de muerte para todos los delitos; pide que se imponga una moratoria a la pena capital hasta que se adopte formalmente ese cambio jurídico; solicita que se revisen todas las sentencias a la pena de muerte para garantizar que los juicios asociados se ajustaban a las normas internacionales y que en el futuro no se produzca ni una sola ejecución;
14. Pide al Gobierno cubano que permita a las diferentes iglesias realizar sus actividades de asistencia social libremente dentro de la sociedad cubana; solicita que se garantice plenamente la libertad de religión y de conciencia;
15. Pide a la VP/AR Federica Mogherini que reconozca la existencia de una oposición política al Gobierno cubano y apoye su inclusión en el diálogo político entre la Unión y Cuba; recuerda a las instituciones europeas que la sociedad civil y los galardonados con el Premio Sájarov son agentes clave para la democratización de Cuba y que su voz debe ser escuchada y tenida en cuenta en el marco de las relaciones bilaterales; pide, en ese sentido, a todos los representantes de los Estados miembros de la Unión que, durante las visitas que realicen, aborden las cuestiones preocupantes en materia de derechos humanos con las autoridades cubanas, y que se reúnan con los galardonados con el Premio Sájarov cuando visiten Cuba a fin de garantizar la coherencia interna y externa de la política de la Unión en materia de derechos humanos;
16. Lamenta profundamente que las autoridades cubanas se hayan negado a permitir que varias comisiones, delegaciones y grupos políticos del Parlamento Europeo visiten Cuba, a pesar de que el Parlamento concedió su aprobación al ADPC; pide a las autoridades que autoricen inmediatamente la entrada al país, incluyendo la posibilidad de visitar la isla coincidiendo con el referéndum constitucional que está previsto que se celebre el 24 de febrero de 2019;
17. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los Gobiernos de los Estados miembros de la CELAC.

​[Con información del Parlamento Europeo, Agencia EFE y reportaje de Michel Suárez para Radio Martí]

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¿Adónde emigran los cubanos? Un mapa revela destinos y cifras

Mapa interactivo revela el flujo migratorio cubano. (OIM)

Un total de 1,558,312 cubanos, el 13.57% de la población, vive fuera de la isla, revela un mapa interativo alojado en el sitio en internet de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas.

La aplicación Global Migration Stock rastrea a los migrantes de todo el mundo y permite conocer a dónde se desplazan. En el caso de Cuba, el mapa muestra un amplio abanico, con líneas a todos los continentes.

El mayor número de migrantes cubanos se concentra en Estados Unidos (1,252,037) y España (132,378), seguidos por Italia (34,057), México (18,111), Canadá (15,509), Alemania (14,576), Puerto Rico (12,988), Venezuela (11,601), Costa Rica (5,791), Francia (4,852), República Dominicana (3,927), Suiza (3,379), Chile (3,173), Ecuador (3,083), Panamá (2,917), Haití (2,555), Suecia (2,755), Brasil (2,544), Sudáfrica (2,533), Rusia (2,228) y Reino Unido (2,184).

Viven más de mil cubanos en Colombia (1,945), Bolivia (1,842), Jamaica (1,803), Guinea (1,735), Portugal (1,649), Holanda (1,415), Argentina (1,147), y Noruega (1,039).

Cientos de isleños se han asentado en Austria (967), Nicaragua (961), Australia (940), Perú (927), San Martín (857), Islas Caimán (704), Guatemala (686), Namibia (629), Honduras (618), Finlandia (564), Dinamarca (554), Hungría (582), Congo (544), Bahamas (417), Bulgaria (405), Checoslovaquia (397), Grecia (345), Polonia (235), Eslovaquia (143), Timor (114).

Viven cubanos hasta en países donde no esperarías encontrar ninguno, como en Irlanda (89), Eslovenia (75), Islandia (60), Romania (55), Turquía (49), Latvia (45), Bielorrusia (43), Chipre (37), Serbia (28), Estonia (16) y Georgia (12).

Aunque escapan al mapa algunas naciones a las que también han emigrado gran número de cubanos como China, Vietnam e India, entre otras.

El Global Migration Stock señala que el corredor de migrantes más grande del mundo, según datos de 2017, es el que se extiende entre México y Estados Unidos, con 12, 683,066.

(Con información de la OIM)

Exilio en Miami celebra apoyo desde Chile para juzgar crímenes del Castrismo

Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), logotipo.

La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) celebró este miércoles que hayan surgido nuevos apoyos internacionales a su deseo de que se juzgue al régimen castrista por los crímenes de lesa humanidad dentro y fuera de la isla.

En conferencia de prensa realizada en Miami junto a Manuel Zalba, abogado español integrante de la Comisión Internacional Justicia Cuba, esta coalición de grupos del exilio y de la oposición en Cuba se congratuló de diversas iniciativas en este sentido.

Una de ellas, explicaron, es una resolución ante la Cámara de Diputados de Chile que el parlamentario Luis Pardo Saínz trabaja para presentar junto con otros 10 diputados, "apoyando la instalación de un tribunal internacional ad hoc para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba".

La ARC respaldó además una iniciativa tomada en abril pasado por el Comité Ejecutivo de la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI) para apoyar a la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, creada para investigar los crímenes cometidos por el régimen de la isla contra su pueblo.

La IDC, que agrupa a fuerzas y personalidades políticas de más de 30 países del mundo entero, defendió además la creación de esta corte internacional de justicia para "investigar, procesar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Cuba".

Este grupo confía en impedir que los "delitos cometidos contra la dignidad humana queden en la impunidad".

A estas iniciativas hay que sumar, se felicitó este grupo del exilio y la disidencia en la isla, un foro celebrado en el Senado de Colombia sobre las Víctimas del Comunismo en América Latina.

En este encuentro, dice la ARC, se respaldó este tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del castrismo en Cuba, Venezuela, Colombia y otros países de la región.

[Con reporte de la agencia EFE]

Hallan cadáver de un hombre apuñalado y maniatado en Majagua, Ciego de Ávila

Municipio Majagua, Ciego de Avila, Cuba.

Un hombre que prestaba dinero a rédito en el municipio Majagua, provincia de Ciego de Ávila, fue asesinado en la mañana del martes, según confirmaron algunas fuentes a Radio Martí.

Se trata de Elvis Calcines, padre de un niño de 12 años, que vivía en la zona más céntrica de la cabecera municipal.

Según explicó Osneris Carmenate, al hombre “le dieron un golpe contundente en la cabeza, se presume que fue sobre 9 ó 10 de la mañana; lo amarraron pies y manos, lo amordazaron y le dieron puñaladas también”.

El sito digital CiberCuba informó a través de las que considera “fuentes cercanas” que el cuerpo “lo encontró su esposa alrededor de las 11 de la mañana”. La mujer, explica la publicación, salió para su trabajo en la mañana y al regresar “vio la sangre en el portal que corría por debajo de la puerta”.

En un video publicado por CiberCuba se puede observar como varios policías y personas de civil cargan el cuerpo inerte de la víctima hacia un jeep, mientras los vecinos lamentan el suceso.

Carmenate, residente en el municipio, dijo a Radio Martí, que se supone que el móvil del asesinato “sea para robarle”, sin que haya sido confirmado aún por la policía .

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Otros de los detalles ofrecidos por Carmenate es que los vecinos vieron a dos hombres en una motocicleta salir de casa del occiso.

A Elvis Calcines, afirma una fuente citada por CiberCuba, “Muchas personas le debían dinero. Él vendía dólares y prestaba dinero al ‘garrote’ (con intereses)”.

Leodanis Rico, entrevistado por RM, ilustró la actividad económica de Calcines: “Tú te ibas para el exterior, tú le pasabas la casa tuya a su nombre, recogías un dinero, podías viajar y entonces en ese tiempo si no venías perdías la casa”.

Un reportaje del periódico avileño Invasor indica que en la provincia "desde el 2011 y hasta el 2017, la cifra de homicidios, en un año, nunca ha sido menor que 16".

A la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) Cuba reportó para el 2016 unos 572 homicidios, lo que representó una tasa de 4, 99 por cada 100 000 habitantes.

[Con reportaje de Yolanda Huerga para Radio Martí y CiberCuba]

Policía impide un encuentro sobre conflictos sociales en La Habana

Un auto patrullero frente a la vivienda del periodista independiente Vladimir Turró Páez en La Lisa, La Habana, abril 24 de 2019. (Cortesía de Juan C. Linares).

Dos periodistas independientes que intentaban realizar y ser parte en La Habana de un evento organizado por el Observatorio Cubano de Conflictos fueron detenidos este miércoles por la policía.

En un reportaje de Radio Martí, la comunicadora Aimara Peña dijo que estaba siendo devuelta hacia su provincia de Sancti Spíritus desde la capital cubana mientras Vladimir Turró Páez –que organizaría el evento en el municipio La Lisa- permanece detenido.

“Llegó una patrulla y un oficial de la Seguridad del Estado que se hacía llamar Abel Pérez (…). Trataron de cuestionarme: ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba allí? ¿Quién me había invitado?”, indicó la periodista.

Peña denunció que la llevaron en un auto patrullero hacia una unidad policial, y de ahí hasta la terminal de ómnibus para deportarla hacia su provincia de origen.

“Me violó todos mis derechos al libre tránsito. Me trajeron hasta aquí, me sentí presionada porque me estuvieron controlando hasta que me anotaron en la lista para regresarme a mi provincia”, concluyó la comunicadora.

Otro de los periodistas que pretendía participar en el evento, Juan Carlos Linares Balmaseda, llegó hasta la sede, pero logró evadir el arresto.

“Llegando a la esquina veo en esa zona frente a la casa de él (Turró Páez) una patrulla y se baja un patrullero (…). Yo tiro una foto como evidencia”, relató Linares.

(Con reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)

Se agudiza crisis de transporte público en el oriente de Cuba

Pasajeros abordan un camión en Santiago de Cuba. (Archivo)

Una prohibición estatal y la escasez de combustible agudizan la crisis del transporte público en Guantánamo, mientras en Santiago de Cuba sindicalistas denuncian el acoso de las autoridades contra los camioneros que se dedican al transporte de personas.

En Guantánamo, los problemas para trasladarse dentro del territorio duran ya "varios días", pero este lunes "no había ninguna opción de transporte, y mucha gente se vio obligada a caminar largas distancias a pie", dijo a Radio Martí el periodista Manuel Alejandro León Velázquez.

La única opción disponible eran las motos particulares, a "10 pesos en moneda nacional una carrera", añadió.

Se agudiza la crisis del transporte en Guantánamo
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La prohibición establecida desde hace ya algunos meses de que los vehículos de los transportistas privados no pueden circular dentro de la ciudad de Guantánamo contribuye a la crisis, dijo el comunicador.

Estas camionetas "costaban un peso y eran una opción para resolver el problema de transporte de la población", subrayó.

León Velázquez señaló que las autoridades no han ofrecido información, pero los residentes comentan que esta crisis con el transporte se debe fundamentalmente a la falta de combustible.

"Los medios callan sobre esta crisis del transporte, pero las especulaciones en la calle apuntan a una crisis generada por los problemas políticos y económicos que atraviesa Venezuela", dijo el periodista.

En la vecina provincia de Santiago de Cuba, la Asociación de Sindicatos Independientes de Cuba (ASIC) denunció el acoso de los funcionarios estatales contra los llamados "camioneros", cuentapropistas que se dedican al transporte de personas.

Varios de estos camioneros cumplen prisión por el delito de "receptación" porque supuestamente compraron el combustible en la bolsa negra.

Daniel Perea, de la ASIC, se refirió al caso del camionero Ramón Álvarez, cuyo camión "está en estos momentos frente a la Policía Nacional Revolucionaria de Palma Soriano, en depósito, esperando ser decomisado".

"Camioneros" cuentapropistas enfrentan acoso de funcionarios
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Mencionó, además, a Eloy Mateo, quien cumple tres años de prisión, y Gabriel Casto, un camionero del municipio Contramaestre, y de otros transportistas de diferentes municipios "en la misma situación", señaló Perea.

"Rogelio Corujo, el jefe del gremio de camioneros, explicó: 'Vamos a ir todos presos pero fíjense bien que van a llevarse a gente trabajadora, gente con familia'", dijo el sindicalista.

Para Perea la explicación de esta crisis parte de fallas en el sistema de organización del trabajo por cuenta propia. Las autoridades "no se atreven a tomar una decisión con respecto al asunto del combustible [...] de legalizar el combustible a los camioneros", concluyó.

Cuba enfrenta una carencia de combustible a consecuencia de recortes en la importación de petróleo procedente de Venezuela que afecta al sector agropecuario, el transporte, la energía eléctrica, y la distribución de agua a la población.

(Con reportes de Tomás Cardoso y Yolanda Huerga para Radio Martí)

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