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Cuba

ETECSA viola la Constitución y sus propios contratos cuando sigue órdenes de la policía política

Un cubano se conecta a internet desde su celular en un punto WIFI de La Habana.

Abogados cubanos denunciaron este jueves las violaciones de contrato y constitucionales en las que incurre ETECSA cuando interrumpe el servicio de sus clientes por órdenes de la policía política.

"Como acostumbran a hacer, cortaron mi teléfono y el de mi esposa, y cuando fui a quejarme a ETECSA, la persona presente en la oficina puso mi número en la computadora y el teléfono milagrosamente resucitó", dijo a Radio Martí el abogado Alberto Méndez Castelló, desde Puerto Padre, en Las Tunas.

Denuncian violaciones de ETECSA cuando censura a clientes
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Méndez Castelló explicó que el artículo 57 de la Constitución vigente protege las comunicaciones, e igualmente lo hace la nueva Carta Magna en su artículo 50. "Es un derecho constitucional", afirmó.

El abogado añadió que el artículo 289 del Código Penal cubano, sanciona a este proceder de los funcionarios de la policía política.

Código Penal de Cuba

Artículo 289. 1. El que, sin estar autorizado, abra carta, telegrama,
despacho o cualquier correspondencia perteneciente a otro, es sancionado con privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas.

2. En igual sanción incurre el que, sin estar autorizado, viola el secreto de las comunicaciones telefónicas.

3. Si el delito se comete por un funcionario o empleado público, con abuso de su cargo, la sanción es de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas.

Desde Guantánamo, el también abogado Roberto Jesús Quiñones Haces informó que entre las violaciones de ETECSA se incluyen el corte del servicio y el acceso a sus correos electrónicos privados, lo que vulnera la ley y el contrato de servicio firmando con los clientes.

"Las violaciones son numerosas. Hay un contrato de servicio donde ETECSA se compromete a garantizar la calidad del servicio a los clientes", señaló el letrado.

"Ningún estado tiene el derecho de penetrar, de conocer -si no es por una orden judicial, y debidamente fundamentada- las comunicaciones, porque forman parte de la vida privada de las personas", subrayó.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A declara en su portal de internet que su misión es "brindar servicios de telecomunicaciones que satisfagan las necesidades de los clientes y la población".

En enero de este año, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, pidió la intervención del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Privacidad, Joseph Cannataci, a propósito de “las acciones ilegales que violan el derecho a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones” en Cuba.

(Con reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)

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SIP: Se duplica cifra de periodistas cubanos con prohibición de salida

Las autoridades prohibieron la salida del país a Reinaldo Escobar, editor jefe del diario independiente 14ymedio. (Foto: @yoanisanchez)

El ejercicio de la libertad de prensa y de expresión en Cuba continúa signado por las mismas restricciones y prohibiciones legales y constitucionales para ejercer el periodismo, según el más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, publicado el 28 de marzo.

“El régimen mantiene el monopolio absoluto sobre todo el sistema judicial lo que supone impunidad, facilidad para condenar o para encausar a los comunicadores”, aseguró a Radio Televisión Martí, el vicepresidente regional para Cuba de esta organización, Henry Constantín Ferreiro.

Informe de Cuba ante la SIP
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El periodista independiente alertó que el monopolio se extiende "sobre las telecomunicaciones, sobre el espacio radioeléctrico, que implica una pelea casi constante para que los medios independientes logren sobrevivir, logren alcanzar algo de audiencia en un panorama marcado por los altísimos precios de ETECSA, por la censura a cualquier emprendimiento audiovisual periodístico, radial o impreso que no sea propiedad del partido comunista o del Estado”.

El Informe sobre Libertad de Prensa en Cuba, que abarca el período que va desde octubre de 2019 a marzo de 2020 señala que el Gobierno sigue encarcelando, persiguiendo y amedrentando a los periodistas y a sus familiares.

El texto -según explica Constantín, compilador y redactor del dossier-"trata de recoger los hechos más visibles de represión de libertad de prensa, dígase arrestos, citaciones a unidades policiales, que siempre envuelven amenazas, intentos de chantaje e interrogatorios ofensivos".

Asimismo, indicó el documento, los periodistas son castigados con prohibiciones de salida del domicilio y del país.

“La cifra de periodistas regulados se ha duplicado y es posible que haya más casos de los que están recogidos”, afirmó el también director del medio digital La Hora de Cuba.

Constantín Ferreiro anotó que el informe también recoge violaciones relacionadas con el acoso digital, el hostigamiento a las fuentes, a los familiares y a otras personas relacionadas con los periodistas, como son los dueños de casas de alquiler para que desalojen a quienes estén rentados en sus inmuebles.

La SIP se refirió, en especial, al reportero y abogado, Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien cumple la condena de un año de privación de libertad por el supuesto delito de “desobediencia”.

En este período fueron bloqueados varios sitios web independientes.

De igual manera, dice la SIP, la censura del régimen trabaja en obstaculizar la señal de Televisión Martí y de otros canales producidos en el exterior, a la vez que continúa la persecución aleatoria contra transmisores ilegales de televisión y sobre los contenidos distribuidos de manera independiente en El Paquete.

El texto debió presentarse en la Reunión de Medio Año de la SIP, prevista del 27 al 29 de marzo, en Saltillo, México, pero la cita tuvo que ser suspendida debido a la pandemia de la COVID-19 que afecta a más de 170 países del mundo.

“A pesar de este panorama gris, lo válido es que hay un número grande, y variado de comunicadores trabajando desde diferentes plataformas, diferentes estilos, diferentes medios de prensa para contar la realidad de Cuba”, concluyó el representante de la SIP en la Isla.

Informe ante la SIP. 28 de marzo de 2020

El ambiente para el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión sigue marcado por las mismas restricciones de siempre y se mantienen las prohibiciones legales y constitucionales para ejercer el periodismo.

El gobierno tiene el monopolio de la información y restringe las telecomunicaciones y el acceso a internet. Continúa encarcelando, persiguiendo y amedrentando a los periodistas y sus familiares y se mantiene la impunidad total de las agresiones a la libertad de prensa en un sistema judicial absolutamente controlado por las autoridades.

El periodista independiente y abogado Roberto de Jesús Quiñones sigue cumpliendo condena en prisión y ha sido amenazado con represalias por divulgar a través de su familia textos narrando sus experiencias de preso. El líder político de mayor visibilidad, José Daniel Ferrer, cuya organización también ejercitaba el periodismo ciudadano, ya pasa de los seis meses encarcelado.

En este periodo han sido detenidos Vladimir Turró, Jorge Enrique Rodríguez, Enrique Díaz, Nelson Álvarez Mairata, Yoanny Limonta, Ricardo Fernández Izaguirre, Jancel Moreno, Anderlay Guerra, Rolando Rodríguez Lobaina, Frank Correa y Lien Estrada, entre otros comunicadores. Algunos de ellos en más de una ocasión. Fernández Izaguirre fue internado por más de 24 horas en un calabozo con condiciones de espacio, privacidad, temperatura e iluminación muy similares a las que estándares internacionales clasifican como tortura.

Los periodistas Vladimir Turró, Yoe Suárez, Camila Acosta, Frank Correa, Abu Duyanah Tamayo e Iliana Hernández han reportado haber recibido "actas de advertencia" –cuya acumulación puede llevar al encarcelamiento- o multas.

Las autoridades les han decomisado medios de trabajo a Nelson Álvarez Mairata, Camila Acosta y Yoanny Limonta. A Álvarez Mairata le practicaron además un registro en su vivienda y le hackearon cuentas en redes sociales. También fue registrada la casa de Yosleidy Romero, directivo del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión (ICLEP).

La Seguridad del Estado ha practicado otros actos de acoso sobre familiares de periodistas como revisión exhaustiva del equipaje de la madre de Henry Constantín al salir de Cuba; citaciones policiales a "entrevista" para la madre de Yoe Suárez y el esposo de Miriam Celaya; visitas y emisión de amenazas verbales a familiares de Ana León, Waldo Fernández Cuenca y Ariel Maceo. Al periodista Yoe Suárez, además, se le avisó que si continúa trabajando su esposa e hijo tendrán problemas.

Otra modalidad de agresión a periodistas es la presión a los dueños de las casa de alquiler donde residen, con el fin de que expulsen al periodista, como le ocurrió a Camila Acosta.

A varios periodistas se les ha prohibido en este periodo la salida del país, por ejemplo, a Reinaldo Escobar (jefe de Redacción de 14ymedio), Nelson Álvarez Mairata (youtuber y corresponsal de ADN Cuba), Yoe Suárez (colaborador de Diario de Cuba y La Hora de Cuba), Rolando Rodríguez Lobaina (director de la agencia Palenque Visión), Ismario Rodríguez (del equipo de Periodismo de Barrio), Maikel González Vivero (director de Tremenda Nota), Camila Acosta (de Cubanet), Yoandy Izquierdo (miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia), Regina Coyula (blogger), Mario Félix Ramírez y Lien Estrada (editor y colaboradora de La Hora de Cuba, respectivamente) y Ricardo Fernández Izaguirre (colaborador de 14ymedio y La Hora de Cuba).

Estos periodistas se suman a los que anteriormente estaban "regulados" (eufemismo oficial para aquellos a los que se les prohíbe salir de Cuba): Luz Escobar (14ymedio), Iliana Hernández (Cibercuba), Ana León (Cubanet), Waldo Fernández Cuenca, Yunia Figueredo, Osmel Ramírez y Boris González Arenas (Diario de Cuba), Rosalia Viñas (diseñadora de la revista Convivencia), Abraham Jiménez Enoa (El Estornudo), Inalkis Rodríguez Lora, Iris Mariño y Henry Constantín (La Hora de Cuba).

Los periodistas Maikel González Vivero, Nelson Álvarez Mairata y Yandry Pérez García, denunciaron que sufrieron amenazas a través de Facebook y Twitter. También se registró ciberbullying contra los periodistas de la comunidad LGBTI, Nelson Álvarez Mairata, Zekie Fuentes,Lien Estrada y Maykel González Vivero.

El acoso también se extiende a las fuentes. La directora de una escuela fue expulsada de su trabajo por conceder entrevista a Vladimir Turró sobre un problema de salud pública. Resultó visitado el barrio de su novia e investigado el influencer Miguelín David tras conceder una entrevista a La Hora de Cuba. Fueron interrogados y amenazados Yoelvis Lamorú y otros vecinos de un barrio tras publicarse un reportaje sobre sus problemas de electricidad.

La amenaza más habitual es la citación policial y durante la cual los periodistas suelen ser amenazados que serán enviados a prisión. Les sucedió a Camila Acosta, Yunia Figueredo, Niober García Fournier, Carlos Melián, Mario Ramírez, Luz Escobar, Yoe Suárez, Carlos Manuel Álvarez, Miriam Celaya, Rudy Cabrera, Yanier Joubert, Abu Duyanah Tamayo y Lien Estrada.

Perdieron sus trabajos en medios de prensa estatales Cristian Álvarez y Yasel Porto, por publicar contenidos molestos a las autoridades.

En este período fueron bloqueados los siguientes sitios web relacionados con el periodismo: La Joven Cuba, OnCuba, Periodismo de Barrio, Asociación Pro Libertad de Prensa y El Toque. Además, se mantuvo el bloqueo a las webs de varias decenas de otros medios de prensa y ong relacionadas con la libertad de expresión. El monopolio estatal ETECSA vigila y censura el internet y evita que entre al país la señal de Televisión Martí y de otros canales producidos en el exterior. Continúa la persecución aleatoria contra transmisores de televisión clandestina, así como la vigilancia y censura sobre los contenidos distribuidos de manera independiente en El Paquete.

Implantan cuarentena por el coronavirus en región de la provincia de Pinar del Río

Un hombre camina por una calle de La Habana, el 24 de marzo, en medio de la crisis por el coronavirus en la isla.

El régimen cubano decretó este martes una cuarentena en el Consejo Popular El Canal, en el municipio de Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río, tras el reporte del segundo caso de trasmisión local de la Covid-19.

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La información, publicada en la emisora oficial Radio Guamá, precisa que se tomarán medidas cuyo cumplimiento será riguroso, y entre ellas destacan la restricción a la entrada y salida de la zona.​

La emisora indicó que se intensificarán las pesquisas y el estudio de los contactos de los casos positivos, así como la creación de áreas de aislamiento.

Maikel Norton, periodista independiente residente en el vecino municipio de Los Palacios, en esa provincia, confirmó a Radio Televisión Martí que "nadie puede entrar al municipio ni salir de allí".

El comunicador agregó que las autoridades "están desplegadas por toda la localidad y "restringieron" la circulación de personas y de transporte dentro de la comunidad.​

"Espero que el gobierno se encargue de llevarle a sus casas los alimentos, agregó.

Según Radio Guamá, en la localidad se tomaron medidas para ordenar la distribución de medicamentos, alimentos y productos de aseo.

El presidente del Consejo de Defensa Provincial informó además que ante la complejidad epidemiológica de esta comunidad, "se hará valer la ley para todo ciudadano que incumpla lo establecido".​

El reporte del Ministerio de Salud de Cuba hasta el 30 de marzo informó sobre el contagio de una cubana de 50 años, residente en Consolación del Sur, quien estuvo en contacto con un matrimonio procedente de Cancún, México.

De igual manera, dio a conocer el caso de un ciudadano cubano de 13 años de edad y de la misma población, quien estuvo en contacto con un caso confirmado en días anteriores.

También se informó el caso de una ciudadana cubana de 52 años, residente en el municipio Pinar del Río, quien mantuvo contacto directo con un viajero procedente de Estados Unidos en los últimos 14 días.

Las autoridades cubanas reportaron este martes otras dos muertes en Cuba, para un total de seis, y cifraron en 186 los casos de contagio.

(Con entrevista de la periodista Idolidia Darias, de Radio Televisión Martí, al comunicador independiente Maikel Norton)

Cubanos, entre el hambre y el miedo a infectarse en las colas

Aglomeraciones en Placetas. (Foto: Arianna López/Facebook)

La necesidad de comprar alimentos y artículos de primera necesidad obliga a la población a salir a las calles, exponiéndose al peligro de contagio del Covid-19 cuando se aglomeran frente a los mercados.

En Baraguá, Ciego de Ávila, el opositor Leonit Carbonel dijo a Radio Televisión Martí que la situación es tan crítica, y hay tanto desabastecimiento, que las personas se arriesgan a enfermarse en las colas para comprar los alimentos.

Aunque usan los nasobucos "lo mismo se los quitan, que se tocan", porque en medio de las aglomeraciones es difícil evitarlo, aseguró.

Las aglomeraciones para comprar alimentos no cesan en Cuba
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Dijo que en su familia hay mucho miedo a salir, pero a la vez no tienen alimentos, y se crea una situación "terrible" para ellos y para sus vecinos.

La provincia de Ciego de de Ávila cuenta con varios casos positivos de Covid-19, y decenas de personas permanecen en observación en un centro hospitalario, de ahí que la población debe protegerse, sin embargo Carbonel considera que muchos de ellos "no tienen una percepción real del riesgo que corren".

Aglomeraciones en Placetas Fotos de Arianna López en su perfil de Facebook
Aglomeraciones en Placetas Fotos de Arianna López en su perfil de Facebook

En Placetas, Villa Clara, otro de los municipios donde primero se detectaron casos de coronavirus, la situación es muy parecida, según describió en las redes sociales la activista Arianna López este fin de semana.

Tras publicar varias imágenes de las aglomeraciones en los mercados para comprar alimentos señaló que "así se han comportado las colas para adquirir productos de aseo".

Los pobladores del municipio se han visto obligados a realizar largas e interminables colas exponiéndose al contagio del coronavirus, agregó.

La joven señaló que los cubanos salen a la calle "porque les toca, por necesidad, no por negligencia. Solo Dios nos puede ayudar".

(A partir de un reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

CPJ pide liberación de periodista cubano Quiñones Haces

Roberto Jesús Quiñones Haces en una imagen de archivo.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) instó a los gobiernos a liberar a todos los comunicadores que se encuentren encarcelados, entre ellos el cubano Roberto Jesús Quiñones Haces.

La organización defensora de la libertad de prensa basó su petición en la emergencia sanitaria mundial provocada por la pandemia de coronavirus.

Para el CPJ “ejercer el periodismo no debe conllevar una sentencia de muerte”, por ese motivo, lanzó este lunes la campaña #FreeThePress, que exige la liberación de todos los periodistas que se encuentran en prisión.

“Para los periodistas encarcelados en países afectados por el virus, la libertad ahora es una cuestión de vida o muerte. Los periodistas encarcelados no tienen ningún control sobre su entorno, no pueden optar por el aislamiento voluntario, y a menudo se les niega la atención médica necesaria”, especifica la nota.

Desde la Prisión Provincial de Guantánamo, el periodista independiente cubano encarcelado escribió a CubaNet este 30 de marzo: “Lo lógico sería que, en circunstancias como estas, el Gobierno diera alguna muestra de compasión e indultara a aquellos a los que les falta poco tiempo para concluir su condena; o que adelantara algunos beneficios, como desean muchos reclusos. Pero la realidad no es así".

Amenazan con cárcel a periodista por reportar "información sensible" sobre coronavirus

Portada del boletín Panorama Pinareño con notas destacadas sobre coronavirus en Cuba.

La periodista y directora del medio de comunicación comunitario Panorama Pinareño, Yusleidy Romero, fue amenazada con prisión por difundir información "sensible" relacionada con el coronavirus, denunció este martes el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

“Has difundido información sensible, información que nosotros manejamos en extremo secreto y por eso te vamos a meter presa”, dijo a Romero el teniente coronel de la policía política Jesús Ramón Morel Beune durante un interrogatorio en Pinar del Río, según un comunicado del ICLEP.

El agente insistió para que la periodista revelara las fuentes de dos notas publicadas en la edición 180 del boletín Panorama Pinareño sobre la propagación del Covid-19 en la isla.

"Insistía en que le dijera mis fuentes de información sobre la noticia ‘Villa Internacional Aguas Claras es transformada en hospital turístico ante el COVID-19’ y también estaba muy insultado por la nota ‘Accidente de ambulancia con casos de COVID-19’”, dijo Romero, según el ICLEP.

La periodista reveló que en Aguas Claras "existían cuatro casos de turistas aislados por sospechas de COVID-19, de los cuales uno era positivo y estaba en la habitación 25". La intalación fue cerrada al público el 19 de marzo.

"Parece que no quieren que el pueblo conozca que a los turistas le crean mejores condiciones que a nuestra familia a la hora de ser tratados por el Coronavirus o en realidad esconden algún secreto en Villa Aguas Claras, porque actualmente la Villa está bajo supervisión de la Seguridad del Estado, y uno del personal médico tiene que dar parte diario de lo que sucede en el hotel a un agente de la seguridad", dijo Romero, citada por el ICLEP.

La periodista asegura que durante el interrogatorio fue agredida verbalmente. "En todo momento trataron de persuadirme recordándome muy seguido que yo tengo un hijo, que se iba a quedar solo si continuaba trabajando en el ICLEP y repartiendo boletines, porque me iban a meter presa", explicó la periodista.

Los agentes también intentaron desacreditar al Director General del ICLEP Normando Hernández, agregó Romero. "Nunca antes los había visto tan irritados e impotentes", subrayó.

La periodista recibió un acta de advertencia que se negó a firmar.

El caso de Romero no es único. Varios periodistas que laboran para medios independientes en la isla han sido citados a interrogatorio, multados y amenazados por divulgar información sobre la realidad del país, especialmente temas relacionados con la pandemia.

Este martes, Amnistía Internacional llamó la atención sobre el caso de la periodista pinera Camila Acosta, multada con 3 mil pesos por publicar contenido en Facebook sobre el impacto del coronavirus en Cuba.

En días recientes, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en un comunicado su preocupación sobre el aumento del hostigamiento y la criminalización de periodistas en Cuba, y condenó las detenciones arbitrarias y la apertura de procesos para silenciar a quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión.

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