América Latina
Estudio: Asesinato de diplomáticos cubanos en Argentina no impidió alianza Castro-Videla
El asesinato de dos jóvenes diplomáticos cubanos en Argentina no le impidió al régimen de Fidel Castro apoyar la dictadura militar que gobernó ese país entre 1976 y 1983, escribe el periodista y escritor Gabriel Salvia en su estudio “Memoria cerrada: La complicidad de la revolución cubana con la dictadura militar argentina”.
Salvia, director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con sede en Buenos Aires, dijo al corresponsal de Radio Martí Carlos Cabana Cal que La Habana tuvo con la dictadura militar argentina un comportamiento muy diferente al que caracterizó sus relaciones con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.
“Lo paradójico es que en Argentina desaparecieron dos diplomáticos cubanos que fueron asesinados, a diferencia de Chile, donde la Embajada de Cuba pasó a funcionar bajo la bandera de la de Suecia” sin que le hubiera pasado lo mismo a ningún diplomático de la isla, declaró Salvia.
Se trataba de los jóvenes Jesús Cejas Arias, de 22 años, y Crescencio Galañena Hernández, de 27, asesinados en 1976. La investigación de Salvia se basa parcialmente en la desclasificación de archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina durante la dictadura militar.
De acuerdo con el propio sitio oficial cubano EcuRed, Cejas Arias y Galañena Hernández prestaban servicios en la Embajada de Cuba en Argentina y fueron “secuestrados ambos por la dictadura militar el 9 de agosto de 1976 en plena calle de Buenos Aires, sus restos fueron desaparecidos y encontrados en el 2012, transcurridos 35 años desde su vil asesinato”.
Entre 1976 y 1983, la entonces activista de derechos humanos y ahora presidenta del grupo Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, nunca recibió muestras de simpatía del gobierno de Fidel Castro, observa Salvia.
Pero poco después que retornara la democracia al país bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, Carlotto fue invitada a visitar La Habana en 1984, según contara ella misma en un artículo a raíz de la muerte del dictador cubano.
“¿Por qué no se pregunta Carlotto el motivo por el cual no recibió la <<solidaridad>> de la revolución invitándola a Cuba durante la dictadura militar?”, escribe Salvia.
Estos son solo dos de los argumentos que le sirven al autor para explorar las mutuamente ventajosas relaciones de una dictadura militar de izquierda con una dictadura militar de derecha.
“Cuba tuvo un papel importante en la génesis de la violencia política en la Argentina, pero esto no impidió que ambos países mantuvieran una alianza de mutua conveniencia entre 1976 y 1983”, indica Salvia. “Esta alianza se vio facilitada por el rol que tuvieron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el Partido Comunista Argentino (PCA) y la participación de ambos regímenes no democráticos en el Movimiento de No Alineados (NOAL)”.
Entre dictaduras no hay escrúpulos políticos, deja claro el autor, cuando se trata de conseguir legitimidad internacional y asegurar la supervivencia: la alianza incluyó el intercambio de favores mediante apoyos a candidaturas en organismos de Naciones Unidas y, principalmente, permitió que la dictadura militar argentina no fuera condenada en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
No es una conjetura del investigador. El quid pro quo es más que evidente en uno de los documentos que reproduce. Se trata de una carta remitida a La Habana por la cancillería de la dictadura militar argentina el 14 de abril de 1977.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto presenta sus atentos saludos a la Embajada de Cuba y tiene el agrado de referirse a la nota verbal de esa Representación No. 7, así como a la No. 608 de este Ministerio, relacionadas con la solicitud de apoyo en favor de la candidatura cubana al Consejo Ejecutivo de la O.M.S.”, la Organización Mundial de la Salud, dice el texto.
“Sobre el particular, lleva a su conocimiento que el Gobierno argentino ve con beneplácito la citada aspiración, y en razón que la República [Argentina] también se ha postulado para su reelección al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), sugiere, dadas las cordiales relaciones existentes entre ambos países, un intercambio de votos que permitiría afianzar las posibilidades de las respectivas postulaciones”, continúa el documento.
Pero ojo: la dictadura cubana hizo lo necesario para guardar las apariencias. En febrero de 1979, después de haberse reunido con el director de América Latina de la cancillería de Cuba para recibir documentos sobre la conferencia de la Cumbre de los No Alineados en La Habana, el diplomático argentino Molina Salas escribió lo siguiente:
“Al finalizar la [reunión] y a manera de comentario casual y en forma amistosa me expresó que altas esferas habían decidido no invitar gobierno argentino festejos XX aniversario revolución en el deseo de evitarle situaciones que eventualmente podrían resultar incómodas dado carácter festejos”.
Y agregaba: “Queda patentizado así que Cuba no incluye al gobierno argentino entre los calificados de ‘amigos'”.
Aun así, el asesinato de sus diplomáticos no le impidió a La Habana apoyar la candidatura del régimen de Jorge Rafael Videla a ECOSOC, refiere Salvia citando otro intercambio de las cancillerías.
Salvia llama la atención sobre “el desparpajo del presidente de Cuba designado por Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel”, quien al visitar Buenos Aires para asistir a la toma de posesión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner “depositó flores al pie de la placa” de los dos jóvenes diplomáticos cubanos.
“Nadie le reprochó a Díaz-Canel que, a pesar de la desaparición de sus diplomáticos, Cuba no rompió relaciones con la Argentina –como lo hizo con Chile-- y, sobre todo, que mantuvo una relación más que amistosa con la dictadura militar”, escribe Salvia.
Otro documento desclasificado, en el cual se menciona al representante personal de Fidel Castro para invitar a Videla a la sexta cumbre del Movimiento de Países No Alineados, menciona “operaciones que superan monto cien millones de dólares”.
Lo que más parece molestarle al autor, y con él a quien lea detenidamente su investigación, es que personas tan críticas con las violaciones de los derechos humanos en Argentina --como la propia presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto-- no hayan condenado ni condenen al régimen castrista.
“Sólo por la «ceguera ideológica» puede entenderse que los familiares de víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina sigan apoyando a la dictadura cubana, que fue cómplice de los verdugos de sus seres queridos, y que decidan ignorar o justificar las actuales graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que se producen en la isla, conforme numerosísimos informes tanto del sistema interamericano como del sistema universal de protección de Derechos Humanos”, concluye Salvia.
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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
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