Ambas provincias están paralizadas desde el pasado domingo por una huelga, apoyada por las autoridades locales y regionales, para reclamar infraestructuras prometidas por el Gobierno central y no realizadas.
En el decreto de diez artículos, se impone entre otras cosas, la censura previa la prensa en la zona de seguridad.
También se suspenden los derechos de opinión, expresión, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, el libre transito y las libertades de asociación y reunión con fines políticos
Al mismo tiempo, se dispone el empleo de la Fuerza Pública con la finalidad de garantizar la seguridad de las instalaciones y pozos petroleros, así como de los aeropuertos, vías y puentes.