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España prohibirá la apología del franquismo, pero tolerará la exaltación de dictaduras de Cuba y Venezuela

Exhumación de una tumba común con víctimas de Franco en el cementerio El Espinar. (REUTERS/Juan Medina)

La nueva Ley de Memoria Democrática podría declarar "ilegales" la Fundación Francisco Franco y otras asociaciones que reivindiquen la dictadura sufrida por España entre 1936 y 1978.

Sin embargo, las entidades o partidos políticos subvencionados por el Estado podrán continuar exaltando a regímenes totalitarios como los de Cuba o Venezuela.

"El ámbito de aplicación de la ley se circunscribe a España y al periodo que abarca, desde el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil, la Dictadura de Franco, el exilio, hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978", respondió por escrito a Radio Televisión Martí una fuente de la Vicepresidencia Primera del Gobierno español.

Nueva ley contra apología del franquismo no afectará a asociaciones que promueven otras dictaduras
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A la pregunta de si la ley afectaría a asociaciones españolas financiadas con dinero público, que defienden explícitamente el castrismo y el chavismo, o reivindican regímenes totalitarios como el de Stalin, la fuente oficial señaló: "No nos consta que existan en España asociaciones financiadas con dinero público como las que usted describe".

La red del castrismo

"En España existe al menos un centenar de organizaciones, algunas subvencionadas por administraciones públicas, que exaltan a dictaduras u otros regímenes autoritarios. Incluso, hay partidos políticos, con representación en el Gobierno y en el Congreso, que defienden abiertamente los intereses del castrismo y el chavismo", afirma Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

No hay que investigar mucho para encontrarlos. Unidas Podemos (UP), el partido encabezado por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, recibió en 2020 casi cinco millones de euros en subvenciones del Estado.

Para Iglesias, Fidel Castro es "un referente de la dignidad latinoamericana y de la resistencia soberana".

La lista de elogios al dictador cubano, manifestaciones o eventos, por parte de UP, Izquierda Unida o el Partido Comunista de España, es de conocimiento público.

La ONG Euskadi-Cuba, registrada en el País Vasco, ha escenificado polémicas por recibir dinero público para justificar las violaciones de los derechos humanos en isla.

En respuesta a los comentarios de la Vicepresidencia del Gobierno, un concejal del opositor Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria se muestra categórico: "Yo sí he tenido constancia".

"Aquí la asociación Euskadi-Cuba, que en sus propios estatutos e ideario defiende al régimen castrista, se presentaba a las convocatorias de subvenciones y se les financiaba", afirma Alfredo Iturricha, entonces responsable de Cooperación para el Desarrollo en la capital del País Vasco.

En 2011, el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) denunció el apoyo financiero del Gobierno regional vasco a esa ONG, en especial sus "actividades propagandistas de persecución de los derechos humanos y a favor de la dictadura cubana".

Según UPyD, el Gobierno vasco había destinado más de 665.000 euros al medio digital Cubainformación, "cuya única misión es loar a los dirigentes de la dictadura cubana y pretender vilipendiar y desprestigiar a cualquier opositor al régimen castrista".

Euskadi-Cuba, Cubainformación y otras tantas organizaciones castristas pueden dormir tranquilas. Para la nueva ley española, la "apología de regímenes totalitarios" significará, única y exclusivamente, elogiar a Franco.

¿Ley totalitaria o necesaria?

En Madrid, el presidente de la Fundación Hispano Cubana y exdiputado del Partido Popular, Guillermo Gortázar, considera que "la ley del gobierno socialcomunista tendrá corto alcance", porque "se propone echar abajo el espíritu de reconciliación de la Transición de 1978".

"Esta es una ley totalitaria. Socialistas y comunistas pretenden defender unas dictaduras [actuales]. Y sin embargo, se preocupan de una situación de conflicto civil muy intenso que, desgraciadamente, sufrimos en 1936", explica Gortázar.

En su opinión, "los políticos no están para hacer una interpretación de los acontecimientos históricos, ni para votar la historia, sino para votar leyes de futuro de un país, no leyes del corrección del pasado. Eso es totalmente de Lenin, Stalin, Mao y Fidel Castro".

En cambio, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), celebra la tramitación de la norma.

"Hace cuatro años y medio presentamos en el Congreso 128.000 firmas para pedir que fuera ilegalizada la Fundación Francisco Franco y cualquier otra que tenga entre sus objetivos el enaltecimiento de quienes promovieron o participaron en violaciones de derechos humanos", señala.

Según los represaliados, la Fundación Francisco Franco disfruta de "un régimen fiscal denunciable".

"Si alguien hoy le dona cien euros para enaltecer la figura del dictador, el año que viene el Gobierno democrático le devuelve 72 en sus impuestos. Por tanto, el propio Gobierno está fomentando que esa fundación reciba dinero para sus actividades", argumenta Silva.

En relación con los límites geográficos o supuestamente ideológicos de la ley, el presidente de la ARMH se inclina por no profundizar: "No conozco que haya fundaciones o asociaciones así [defensoras de dictaduras de izquierdas con dinero público]. Es evidente que rechazamos cualquier violación de derechos humanos, allí donde suceda, pero nuestro ámbito es España".

A su abuelo, cuenta Silva, lo asesinó la dictadura de Franco. "Lo dejaron tirado en una cuneta, como a un perro, durante 64 años", recuerda.

La Ley de Memoria Democrática de España declarará "nulas" las condenas dictadas por tribunales franquistas, promoverá la identificación de los muertos que permanecen en fosas comunes y convertirá el Valle de los Caídos en un cementerio civil de homenaje a las víctimas de ambos bandos.

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Bielorrusia toma represalias contra sanciones occidentales y prohíbe la importación de alimentos de la UE y EEUU

La medida abarcará productos alimenticios como carnes, embutidos, lácteos, verduras, frutas y sal. (Foto de Archivo)

El régimen del bielorruso Alyaksandr Lukashenko dice que prohibirá una amplia gama de importaciones de alimentos de los estados miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países a partir del próximo año en represalia por las sanciones impuestas contra Minsk.

La prohibición afectará a las importaciones de la UE, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Noruega, Albania, Islandia, Macedonia del Norte y Montenegro, dijo el gobierno el 7 de diciembre.

La medida, que permanecerá en vigor durante seis meses a partir del 1 de enero, abarcará alimentos como carne, embutidos, lácteos, verduras, frutas y sal.

Los alimentos para bebés y los artículos dietéticos estarán exentos.

El gobierno dijo que se podrían prohibir más productos en caso de nuevas sanciones occidentales.

La Unión Europea, Estados Unidos y otros países occidentales han impuesto varias rondas de sanciones a Minsk por la represión de Lukashenka contra las protestas a favor de la democracia y contra su disputada reelección en agosto de 2020.

La semana pasada, se ampliaron las medidas punitivas contra funcionarios y empresas por supuestamente avivar una crisis migratoria en la frontera oriental de la UE.

Bielorrusia ha negado que haya canalizado a inmigrantes, principalmente de Oriente Medio, a la frontera de Bielorrusia con Polonia, Letonia y Lituania.

(Publicado originalmente en inglés, en Radio Free Europe Radio Liberty)

Bloguero en Bielorrusia encara las acciones represivas del régimen

Manifestación en Vilna, Lituania, en mayo del 2021, en contra del gobierno de Bielorrusia. (PETRAS MALUKAS / AFP).

El destacado bloguero bielorruso Eduard Palchys fue enjuiciado como consecuencia de la represión desatada contra quienes cuestionaron las elecciones presidenciales del año pasado que dieran la cuestionada victoria al dictador de Bielorrusia, Aleksander Lukashenko, informó Radio Europa Libre.

El 6 de diciembre, Palchys rehusó ponerse de pie cuando el juez del Tribunal de la Ciudad de Minsk entró en el recinto judicial, manteniendo que no reconoce el proceso como legal ni justo.

Palchys fue arrestado en septiembre del año pasado y sentenciado a 30 días de cárcel, bajo cargos de violación de las leyes de congregación en masa.

Después de cumplir con su sentencia en octubre de 2020, no fue puesto en libertad, sino que fue acusado nuevamente, esta vez por incitación al odio social, organización de desórdenes en masa, organización de actividades para perturbar el orden social y por llamados a la realización de actividades destinadas a dañar la seguridad nacional del país.

Si fuera encontrado culpable de dichas acusaciones, Palchys enfrentaría hasta 12 años de carcel.

Aung San Suu Kyi condenada en Birmania

La exlíder del país, Aung San Suu Kyi, ante un tribunal de Birmania el 24 de mayo de 2021.

Un Tribunal Militar en Birmania sentenció el lunes a la depuesta dirigente Aung San Suu Kyi a cuatro años de cárcel, por incitación y violación de las leyes relacionadas con el COVID-19.

Posteriormente, la Junta Militar birmana redujo la condena a dos años de arresto domiciliario.

El fallo fue duramente criticado por grupos de derechos humanos de los Estados Unidos, los que mantienen que el único propósito de la sentencia es poner fin a la carrera política de la laureada con el Premio Nobel de Paz, quien fue removida del poder el 1 de febrero en un golpe de Estado.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, declaró que la injusta condena de Aung San Suu Kyi por el régimen militar birmano, al igual que la represión de otros funcionarios democráticamente electos, constituye otra afrenta contra la democracia y la justicia en Birmania.

Agregó que el pueblo de los Estados Unidos se une al pueblo de Birmania en sus aspiraciones de libertad y democracia.

(Basado en una nota de Radio Free Asia)

Cubanos varados en Rusia en estado de desesperación (VIDEO)

Cubanos varados en el aeropuerto internacional de Moscú, Vnukovo, Rusia. (Captura de video/Facebook)

Un grupo de unos 20 cubanos se encuentra varado en el aeropuerto internacional de Moscú, Vnukovo, Rusia, tras haber arribado a esta terminal aérea en un avión de la aerolínea rusa Azurair.

La noticia trascendió en las redes sociales cuando aparentemente uno de los implicados, que identifica como Dailey Ponce Carmenates, publicó un video en el grupo de Facebook Rusia para Cubanos en el que se observa a uniformados rusos, al parecer de la dirección de aduana o inmigración, negando la entrada a los cubanos, que no requieren visa para viajar a la nación euroasiática.

En el audiovisual se escucha a los cubanos manifestándose con disgusto por el inconveniente y los malos tratos que dicen le han dispensado las autoridades aeroportuarias.

Radio Televisión Martí envió un correo electrónico a Anastasia Dumoulin, Directora of Comunicaciones de la aerolínea y hasta el momento no ha respondido.

Desde que Cuba derogara en 2013 el llamado "permiso de salida", entiéndase la tarjeta blanca, Rusia se ha convertido en uno de los destinos de habla no hispana que miles de cubanos recurren en busca de un futuro mejor.

Se estima que cada año más de 25,000 cubanos arriban a Rusia, sin visa y con un permiso de estancia de tres meses.

Robots Asesinos: negociar una nueva ley para proteger a la humanidad

Imagen de Campaña contra los Robots Asesinos. (© 2020 Brian Stauffer para Human Rights Watch).

Los gobiernos deberían acordar la negociación de un nuevo tratado para mantener un control humano significativo sobre el uso de la fuerza, señaló Human Rights Watch en un informe publicado este miércoles.

Los países se reunirán en las Naciones Unidas en Ginebra en diciembre de 2021 para decidir si se abren las negociaciones para adoptar una nueva ley internacional sobre los sistemas de armas autónomas letales, también conocidos como “robots asesinos”.

El informe de 23 páginas, “Crunch Time on Killer Robots: Why New Law Is Needed And How It Can Be Achieved” (“La hora de la verdad para los robots asesinos: por qué es necesaria una nueva ley y cómo puede lograrse”), elaborado por Human Rights Watch y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, concluye que el derecho internacional debe reforzarse y aclararse para proteger a la humanidad de los peligros que plantean los sistemas de armas que seleccionan y atacan objetivos sin un control humano significativo.

“Después de ocho años debatiendo las consecuencias de largo alcance de la eliminación del control humano del uso de la fuerza, los países deben decidir ahora cómo responder a esas amenazas”, dijo Bonnie Docherty, investigadora principal de la División de Armas de Human Rights Watch y directora asociada de conflictos armados y protección civil en la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard.

“Hay una necesidad urgente de un tratado específico que aborde las deficiencias del derecho internacional humanitario y actualizarlo para hacer frente a los desafíos legales, éticos y sociales de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes de hoy”.

La Sexta Conferencia de Revisión de la Convención sobre Armas Convencionales (CCW), que se celebrará del 13 al 17 de diciembre, es un momento importante para las conversaciones internacionales sobre los robots asesinos.

En la última reunión de la CCW sobre robots asesinos, celebrada en septiembre, la mayoría de los países que intervinieron pidieron un nuevo instrumento jurídicamente vinculante sobre los sistemas de armas autónomas. Chile, México y Brasil instaron a los miembros del tratado a acordar el inicio de las negociaciones de una nueva legislación internacional. Otros defensores fueron los Estados del “Grupo de los Diez” (Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Palestina, Panamá, Perú, Filipinas, Sierra Leona y Uruguay) y los Estados del Movimiento de Países No Alineados.

Existen varios foros posibles para negociar un nuevo tratado sobre sistemas de armas autónomas. Aparte de la CCW, las opciones incluyen un proceso independiente, como el que se utilizó para los tratados de prohibición de las minas antipersona y las municiones en racimo, y la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se negoció el tratado de prohibición de las armas nucleares.

El derecho internacional humanitario existente no es adecuado para abordar los problemas que plantean los sistemas de armas autónomas, señalaron Human Rights Watch y la Clínica de Harvard. Existe un amplio apoyo a la elaboración de una nueva ley y cualquier divergencia de opiniones refuerza la necesidad de aclarar el derecho existente. Un nuevo tratado afrontaría los problemas que plantean estos sistemas de armas en el marco del derecho internacional humanitario, la ética, las normas internacionales de derechos humanos, la rendición de cuentas y la seguridad.

Un tratado de este tipo debería abarcar los sistemas de armas que seleccionan y atacan a los objetivos basándose en sensores, y no en personas. La mayoría de los defensores del tratado han pedido que se prohíban los sistemas de armas que, por su naturaleza, seleccionan y atacan objetivos sin un control humano significativo, como los sistemas complejos que utilizan algoritmos de aprendizaje automático que producen efectos imprevisibles o inexplicables.

Algunos países también han expresado su interés en prohibir los sistemas de armas que se basan en perfiles derivados de datos biométricos y de otro tipo recogidos por sensores para identificar, seleccionar y atacar a individuos o categorías de personas.

Muchos países proponen complementar estas prohibiciones con reglamentos que garanticen que todos los demás sistemas de armas autónomas solo se utilicen con un control humano significativo. Se entiende que el “control humano significativo” requiere que la tecnología sea comprensible, predecible y limitada en el espacio y el tiempo.

Parece poco probable que las negociaciones avancen en la CCW, dado que el organismo funciona por consenso y existe la oposición de un pequeño número de potencias militares, sobre todo India, Rusia y Estados Unidos, que consideran que el derecho internacional humanitario existente es suficiente para abordar cualquier problema que planteen estos sistemas de armas. Estos países y otros como Australia, China, Israel, Corea del Sur y Turquía están invirtiendo mucho en las aplicaciones militares de la inteligencia artificial y las tecnologías relacionadas para desarrollar sistemas de armas autónomas basadas en el aire, la tierra y el mar.

“Un proceso independiente para negociar una nueva ley sobre robots asesinos sería más eficaz e inclusivo que las actuales conversaciones diplomáticas y otras alternativas”, dijo Docherty. “Pero pasar a un proceso de vía rápida solo puede llevarse a cabo con el apoyo activo de los líderes políticos”.

Un amplio y creciente número de países, instituciones, empresas privadas y particulares han reiterado su deseo de prohibir los robots asesinos. En mayo, el Comité Internacional de la Cruz Roja instó a los países a negociar un tratado internacional para prohibir los sistemas de armas autónomas que son impredecibles o que apuntan a las personas, y establecer regulaciones para garantizar el control humano sobre otros sistemas. Desde 2018, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, instó a los Estados a prohibir los sistemas de armas que puedan, por sí mismos, apuntar y atacar a los seres humanos, calificándolos de “moralmente repugnantes y políticamente inaceptables”.

Human Rights Watch es cofundadora de la Campaña para la Prohibición de Robots Asesinos, la coalición de más de 185 organizaciones no gubernamentales de 67 países que aboga por un tratado que mantenga un control humano significativo sobre el uso de la fuerza y prohíba los sistemas de armas que operan sin dicho control.

“Gran parte de la oposición a los robots asesinos refleja la repulsión moral a la idea de que las máquinas tomen decisiones de vida o muerte”, dijo Docherty. “Un nuevo tratado llenaría el vacío en el derecho internacional de los tratados y protegería los principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública frente a la tecnología armamentística emergente”.

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