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Diálogo en Venezuela a la espera de acuerdos


Jorge Arreaza, vicepresidente de Venezuela, junto a María Gabriela, hija del exmandatario. Archivo.

Opositores dicen que sentencia del Tribunal Supremo de prohibir las manifestaciones no autorizadas es una "patada" al proceso de diálogo

El diálogo entre el gobierno y la coalición opositora entra en su tercera semana, aunque el alcalde metropolitano de Caracas, un líder opositor, declaró el lunes que la sentencia del Tribunal Supremo de prohibir las manifestaciones no autorizadas es una "patada" al proceso de diálogo.

El gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática esperan definir esta semana los grupos de trabajo para constituir las comisiones que investigarán los eventos de los últimos dos meses y los casos de algunos opositores detenidos.

El vicepresidente Jorge Arreaza anunció el lunes que el gobierno nombró a los diputados Elvis Amoroso y Robert Serra para representar al oficialismo en la comisión que investigará junto con algunos opositores los hechos del primer trimestre del año.


Evalúan salud de Simonovis

Arreaza dijo, durante un acto con empresarios en el estado occidental de Zulia, que el gobierno también acordó la conformación de un equipo médico para evaluar esta semana el estado de salud de Iván Simonovis, un ex jefe policial condenado en 2009 a 30 años de cárcel por presunta complicidad en las muertes de manifestantes pro-oficialistas que ocurrieron en medio del fallido golpe de abril de 2002.

Simonovis padece varias afecciones graves de salud que han llevado a la oposición a emprender una campaña para lograr que el ex comisario sea sacado de la cárcel militar donde está recluido.

"Son acuerdos que vamos alcanzando, no son pactos", dijo el vicepresidente, en una transmisión de la televisora estatal, al defender el proceso de diálogo, pero sostuvo que "hay desesperación de algunos actores", pero no aportó detalles.

En las últimas dos semanas las partes no han logrado estructurar los grupos de trabajo, lo que ha generado dudas sobre el avance y futuro del proceso.

Una de las integrantes de la comisión opositora en el proceso de diálogo, Delsa Solórzano, afirmó que esta semana debería darse finalmente la instalación de las comisiones de trabajo, pero agregó que "si nada de esto ocurre, pues no hubo diálogo".

Solórzano admitió que el proceso de acercamiento entre el gobierno y la oposición "ha caminado con cierta lentitud" y agregó a The Associated Press en entrevista telefónica que "esperamos que para esta semana a esto se le imprima celeridad".

Ante la idea que han expresado algunos opositores de que el gobierno estaría "dinamitando" el proceso ante la decisión que tomó el Tribunal Supremo de prohibir las protestas pacíficas que no tengan permiso y la intensificación de las acciones de los cuerpos de seguridad contra los manifestantes, Solórzano afirmó que "una de las razones fundamentales por las cuales nosotros aceptamos la necesidad de este diálogo fue para poner fin a la represión, la prisión y la persecución política".

El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, afirmó que con esa sentencia del máximo tribunal "se le está dando una patada" al proceso de diálogo, y dijo a la emisora local Unión Radio que lo más importante de cualquier esfuerzo que se haga en materia de conversaciones, es que se produzcan hechos concretos.

El gobierno y el bloque opositor sostuvieron el 10 de abril un primer encuentro al que le siguieron otras dos reuniones. El proceso de acercamiento cuenta con la facilitación de los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia y el nuncio apostólico en Venezuela.

Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, en contra de la desbordada inflación -que alcanzó en marzo una tasa anualizada de 59%-, el desabastecimiento de productos básicos y un alto índice de delincuencia.

Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 674 heridos y más de 2.200 detenidos, de los cuales 175 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.

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