“El Universal” dijo el 25 de julio que el Estado de Derecho, en el cual la justicia, la existencia de un poder judicial independiente y eficaz, y el respeto pleno de los derechos humanos fundamentales, están en peligro, y la prensa está obligada a alertar sobre esa peligrosa realidad.
Carmona-Borjas afirma que decir la verdad, criticar al Gobierno, disentir de sus políticas y de sus programas populistas e ineficaces constituye un delito que se puede perseguir.
Se pregunta el escritor si es un delito decir que la hacienda personal del presidente Chávez, compartida con sus amigos circunstanciales, como la dictadura de Fidel Castro y el nuevo régimen confundido de Uruguay, no contradice el orden jurídico y las reglas de la democracia.
Y concluye que si eso resulta delinquir, el régimen chavista tendrá que construir establecimientos penitenciarios en todo el país para encarcelar a los millones de venezolanos que ejercen su derecho a disentir de las arbitrariedades del Gobierno.