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Venezuela

La escasa evidencia contra asesor de Guaidó detenido en Venezuela

Roberto Marrero, jefe de personal del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. (Archivo)

Aproximadamente a las 2 de la madrugada del 21 de marzo, ocho agentes de inteligencia venezolanos fueron a la casa del principal asesor del líder opositor Juan Guiadó y derribaron la puerta.

Registraron el dormitorio de su sospechoso, el jefe de personal de Guaidó, Roberto Marrero, y encontraron dos rifles de tipo militar y una granada, dijeron los agentes en registros judiciales reservados revisados por Reuters y hechos públicos por primera vez.

Los agentes de la agencia de inteligencia o Sebin, controlada por el presidente Nicolás Maduro, detallaron sus pruebas contra Marrero en dos informes que dijeron que habían recopilado seis días antes, el 15 de marzo, según los registros judiciales.

Los informes incluían una acusación de que Marrero había contrabandeado armas y explosivos desde Colombia, así como publicaciones en redes sociales que los fiscales llamarían más adelante como un acto de traición.

Pero los informes se contradicen de una forma que sugiere que la evidencia de las redes sociales se improvisó después del operativo policial, no seis días antes, como dijeron agentes y fiscales en los registros judiciales.

Y un juez otorgó la orden para buscar armas basándose en la palabra de un solo agente de Sebin que nunca detalló ninguna evidencia de contrabando en la solicitud de revisar la casa, según la orden revisada por Reuters.

Un informe del Sebin incluye una captura de pantalla de una búsqueda en Google con los términos "Roberto Marrero Instagram" que los agentes dijeron que se realizó a las 8:37 a.m. del 15 de marzo, pero en realidad se realizó al menos seis días después, como lo demuestran tres noticias incluidas en la busqueda que informaron del allanamiento el 21 de marzo a la casa de Marrero.

Los agentes y fiscales confirmaron en los registros judiciales habían presentado esa búsqueda, incluidas las noticias sobre la redada, en una solicitud de orden judicial presentada seis días antes de que ocurriera el allanamiento.

La solicitud de orden, con fecha del 15 de marzo, fue aprobada por la jueza Carol Padilla el 20 de marzo.

En abril, Padilla fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos por actuar en la justicia "en nombre de este régimen ilegítimo", mientras preside un tribunal de Caracas a cargo de hechos de terrorismo y delincuencia organizada.

La Corte Suprema de Venezuela no respondió a las llamadas telefónicas en busca de comentarios de Padilla.

La evidencia vaga y contradictoria siembra dudas sobre el caso en contra del opositor y cuya detención marcó el inicio de una represión más amplia por parte del gobierno de Maduro contra partidarios cercanos a Guaidó.

Estados Unidos ha pedido la liberación de Marrero, describiéndolo como uno de los 800 presos políticos en Venezuela.

El abogado de Marrero, Joel García, dice que su cliente niega todos los cargos. García alegó, sin proporcionar pruebas, que los agentes plantaron las armas en la casa de Marrero.

García dijo que el tribunal no le había permitido revisar el archivo del caso, incluidos los informes de Sebin, en violación de la ley de Venezuela. Cuando Reuters le mostró los documentos, García dijo: "Es evidente que el informe es un hecho posterior a su detención, y no anterior".

Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, dijo en enero que la reelección de Maduro el año pasado había sido una farsa e invocó la Constitución para declararse presidente interino. Marrero fue el jefe de personal de Guiadó en la Asamblea.

La mayoría de las naciones occidentales ha reconocido a Guiadó como el líder legítimo de Venezuela, pero Maduro retiene el control de las principales instituciones del país, especialmente de sus agencias militares y judiciales.

Otra búsqueda en la web citada en el informe del 15 de marzo incluye un video que Marrero no publicó en Instagram hasta el 18 de marzo, según la fecha indicada en la plataforma de redes sociales. El video muestra a Carlos Vecchio, el representante de Guaidó en Washington, retirando de la pared una fotografía enmarcada de Maduro y que estaba colgaba en la oficina del agregado militar venezolano en la capital de Estados Unidos.

La acusación de contrabando de armas provino del agente del Sebin, Noel Farreras, quien dijo en el informe, sin citar pruebas, que Marrero había transportado ilegalmente "rifles y material explosivo" desde Colombia.

El informe no detalla cuándo o dónde tuvo lugar el supuesto cruce.

Reuters no pudo contactar a un portavoz del Sebin o a Farreras. La Oficina de la Vicepresidencia, que supervisa el Sebin, y la oficina del Fiscal General no respondieron a las preguntas escritas enviadas por Reuters.

Un portavoz del Ministerio de Defensa de Colombia se negó a comentar sobre la denuncia de contrabando de armas.

Marrero, de 49 años, permanece detenido en la sede de Sebin en Caracas a la espera de una audiencia preliminar, dijo su abogado. Los fiscales lo han acusado de traición, conspiración y ocultamiento de armas y explosivos. Una condena podría significar hasta 30 años de prisión.

Buscando "vecinos" en puesto de perros calientes

Dos kilómetros antes de llegar a la casa de Marrero, los agentes dijeron en su reporte que se detuvieron en un puesto de perros calientes en Las Mercedes, una zona de restaurantes y vida nocturna, y recogieron a dos personas para atestiguar la redada, un intento de cumplir con el requisito legal de que esas búsquedas sean presenciadas por dos "vecinos" del sospechoso.

Varios abogados y expertos legales dijeron que se entiende que el requisito se refiere a las personas que viven en las inmediaciones de la dirección que las autoridades allanan, normalmente en la misma cuadra.

Ambos testigos, según el informe del Sebin, no informaron de irregularidades y dijeron que los agentes llevaron a cabo la redada "con respeto y profesionalismo".

Objetos personales en el piso y sobre la cama en la residencia del principal asesor de Guaidó, Roberto Marrero, detenido en Caracas.
Objetos personales en el piso y sobre la cama en la residencia del principal asesor de Guaidó, Roberto Marrero, detenido en Caracas.

El Sebin ocultó los nombres de los testigos en su informe y Reuters no pudo identificarlos.

Después de romper la puerta de la casa de Marrero, los agentes escribieron en su informe que encontraron dos rifles y una granada en su dormitorio, junto con 2.406 dólares y 1.360 euros en efectivo y varios teléfonos celulares.

El arresto de Marrero el 21 de marzo marcó el primer paso en un acoso del gobierno de Maduro contra los aliados más cercanos de Guaidó, que se ha intensificado en las últimas semanas.

En 8 de mayo el Sebin capturó al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Edgar Zambrano, mientras estaba dentro de su auto y los agentes usaron una grúa para arrastrar el carro con el legislador dentro hasta un centro de detención.

La Corte Suprema ha acusado a Zambrano a otros 13 diputados de la oposición de delitos que incluyen traición y conspiración, lo que llevó a la mayoría a huir al extranjero o refugiarse en embajadas extranjeras en Caracas.

Los abogados de Zambrano han negado que el diputado cometiera un crimen y dicen que su detención viola su inmunidad parlamentaria.

Los funcionarios venezolanos no han comentado públicamente las acusaciones de la oposición de que Marrero fue detenido arbitrariamente.

Tras el arresto de otras figuras de la oposición, los funcionarios dijeron que el sistema de justicia está procesando a los delincuentes que intentan expulsar violentamente a Maduro.

Pedidos de ayuda humanitaria calificados de traición

García dijo que su cliente había estado en Colombia en febrero para ayudar a coordinar los esfuerzos de enviar ayuda humanitaria a Venezuela desde el extranjero y que ingresara a través de la frontera, no para contrabandear armas.

El Sebin analizó seis mensajes de Marrero de febrero y marzo en su informe a los fiscales, quienes más tarde escribieron al tribunal que sus pedidos de "ayuda humanitaria", respaldados por Estados Unidos y Colombia, equivalían a traición porque no tenía autorización oficial.

En ese momento, Maduro había ordenado a los militares en los puntos fronterizos que bloquearan la entrada de camiones que transportaban alimentos y medicinas porque negó que en ese momento hubiera una crisis humanitaria.

Desde entonces, ha permitido que la Cruz Roja venezolana comience los envíos de ayuda al país.

Tres de los seis mensajes de Marrero y citados por los agentes de inteligencia fueron reenvíos de mensajes de Guaidó, incluyendo uno del 16 de febrero instado a los militares a ignorar las órdenes de Maduro de bloquear el ingreso de los embarques de ayuda.

"A cada miembro de la Fuerza Armada Nacional le decimos: Está en tus manos luchar junto a un pueblo que pasa por las mismas penurias que tu".

En otro mensaje citado por el Sebin, el 5 de marzo, Marrero publicó una foto de un hombre con un cartel en que se lee: "Es muy arrecho (duro) cuando un hijo te dice ´tengo hambre´ y no tienes nada para darle".

En sus propias palabras, Marrero agregó que "hoy los trabajadores demostraron que estan dispuestos a luchar por sus derechos y avanzar hacia la recuperación de la democracia y lalibertad. ¡Dios los bendiga!"

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EEUU sanciona a "cinco títeres de la farsa electoral en Venezuela"

Manifestantes en Caracas portando la consigna, "Venezuela exige Derechos Humanos", el 21 de junio de 2019 (Cristian Hernández / AFP).

El gobierno de Estados Unidos sancionó a cinco representantes de los “principales partidos títeres de la oposición que participarán en la farsa electoral prevista para el 6 de diciembre”.

Los afectados son José Bernabé Gutiérrez Parra, Miguel Antonio Ponente Parra, Guillermo Antonio Luces Osorio, Chaim José Bucaran Paraguan y Williams José Benavides Rondón.

Estas acciones son la continuidad de las sanciones dictadas el 4 de septiembre contra otros miembros clave del ilegítimo régimen de Maduro, precisó el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado de prensa.

Estados Unidos reafirma su compromiso de promover la rendición de cuentas para todos aquellos que buscan socavar y despojar a Venezuela de su futuro democrático

De acuerdo a lo expresado, Bernabé, Ponente, Luces, Bucaran y Benavides, son los representantes de los “principales partidos títeres de la oposición que participarán en la farsa electoral prevista para el 6 de diciembre” mientras, a los líderes más conocidos y de mayor arraigo popular se les impide presentarse como candidatos en dichas elecciones.

“Los partidos políticos han sido cooptados”, denuncia el secretario Pompeo. “No hay máquinas de votación probadas y confiables y millones de votantes venezolanos siguen sin registrarse, los presos políticos languidecen en las cárceles venezolanas”, dice Pompeo.

Además, el Consejo Electoral es “un títere puesto a dedo por un régimen ilegítimo”.

Pompeo hace también referencia a la precaria situación de los derechos humanos en Venezuela refiriéndose al dictamen emitido el pasado 16 de septiembre por la Comisión de Investigación Independiente de la ONU, creada por el Consejo de Derechos Humanos, la cual “documentó horribles abusos contra los derechos humanos bajo el régimen ilegítimo”.

“Con esta última acción”, precisa Pompeo refiriéndose a las recientes sanciones, “Estados Unidos reafirma su compromiso de promover la rendición de cuentas para todos aquellos que buscan socavar y despojar a Venezuela de su futuro democrático".

EEUU entrega 348 millones de dólares adicionales para atender crisis venezolana

Pompeo visita a refugiados de Venezuela en Brasil

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció este sábado 348 millones de dólares adicionales como "asistencia humanitaria" para atender la crisis en Venezuela, que incluye ayuda para venezolanos que están tanto dentro como fuera del país.

"Esta asistencia humanitaria adicional de EE.UU. incluye respaldo a los más de siete millones de venezolanos con necesidades graves dentro de Venezuela, a los más de cinco millones que han buscado refugio en países en la región, y a las comunidades generosas que los albergan", dijo Pompeo en un comunicado.

Según la nota, de esos 348 millones de dólares, 143 millones provienen de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, y más de 205 millones de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional.

Ayuda a venezolanos en Brasil
Ayuda a venezolanos en Brasil

Con estos fondos adicionales, EE.UU. suma ya 1.200 millones de dólares destinados desde 2017 a asistencia humanitaria y desarrollo en el marco de la crisis de venezolana, si se excluye la ayuda que Washington ha concedido con motivo de la pandemia de COVID-19, recordó el titular de Exteriores. "EE.UU. está demostrando su compromiso sostenido con el pueblo de
Venezuela y nuestra respuesta a la crisis humanitaria continua causada por el régimen corrupto e ilegítimo de (Nicolás) Maduro con el anuncio de los casi 348 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria", indicó Pompeo en el texto.

Detalló que la asistencia humanitaria de EE.UU. proporciona, entre otros, acceso a alimentos y agua potable, saneamientos, atención sanitaria y equipamiento médico, además de protección a "grupos vulnerables como las mujeres, los jóvenes y los indígenas especialmente durante la pandemia de COVID-19".

El secretario de Estado de Estados Unidos ha terminado este sábado en Colombia una gira suramericana que le ha llevado también esta semana a Brasil, donde se entrevistó en la ciudad de Boa Vista, con el canciller del país, Ernesto Aráujo; Guyana y Surinam.

(Con información de agencias y el Departamento de Estado)

Amnistía Int. y HRWatch validan informe sobre Venezuela; Cuba "alecciona" a Bachelet

Lester Delgado, de la delegación de Cuba dijo que la labor de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y su oficina, debería centrarse en la imparcialidad y la universalidad.

Las reconocidas organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) avalaron el reporte sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela divulgado este miércoles por la Organización de Naciones Unidas.

El informe que indica que a Nicolás Maduro, el ministro del Interior Néstor Reverol y el ministro de Defensa Vladimir Padrino ordenaron o contribuyeron a crímenes y que las fuerzas de seguridad venezolanas y sus grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas y violaciones sexuales ha sido criticado por Cuba, con cuestionamientos al proceder de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

"En un hito para las víctimas de violaciones a derechos humanos, el esperado y contundente informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela avala esta grave denuncia y respalda a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega en su país. Compartimos el llamado de la ONU a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, a que se garanticen los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición”, indica un comunicado de AI.

“El informe de la Misión de Determinación de los Hechos hace eco y profundiza en las denuncias que organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales hemos realizado en los últimos años. Las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro siguen cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Sin duda, se debe renovar y fortalecer el mandato de este mecanismo de escrutinio internacional. No hacerlo sería darle la espalda a las víctimas, a la verdad y a la justicia", agregó la organización y recordó que desde mayo de 2019 han denunciado la probable comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Para José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW, el informe es importante y declaró que su hallazgo más notable es señalar a Maduro y sus ministros de Interior y Defensa por ordenar y contribuir a estos aberrantes crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Cuba rechazó los informes divulgados esta semana sobre Nicaragua y Venezuela y señaló que emplean una narrativa "manipulada e hipócrita sobre los derechos humanos".

El representante cubano ante el Consejo de Derechos Humanos, Lester Delgado, al intervenir en la sesión 45 de ese órgano, dijo que Bachelet y su oficina deberían centrarse en la imparcialidad y la universalidad.

“Exhortamos a la alta comisionada a continuar los esfuerzos para contribuir al respeto, al enfoque equilibrado, la objetividad, el diálogo y la cooperación, de los que tanto carecen este Consejo y la maquinaria de derechos humanos en general', afirmó el Encargado de Negocios de Cuba en Naciones Unidas.

Maduro y dos ministros señalados directamente en informe ONU sobre crímenes en Venezuela

Maduro, el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el ministro del Interior Néstor Reverol. Miraflores Palace/Handout via REUTERS

El presidente en disputa de Venezuela Nicolás Maduro, el ministro del Interior Néstor Reverol y el ministro de Defensa Vladimir Padrino ordenaron o contribuyeron a crímenes, señala un extenso informe presentado este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Los investigadores del organismo internacional determinaron que las fuerzas de seguridad venezolanas y sus grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas.

"El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes", asegura el reporte.​

El informe denuncia el empleo de técnicas de tortura como posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante", agrega la investigación.

Además apunta a Venezuela como país con una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión Internacional Independiente de Investigación no pudo visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes y se enfrentó a otras restricciones de viaje debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta.

A continuación publicamos un adelanto del informe completo:

GINEBRA (16 de septiembre de 2020) – El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado hoy.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno.”

Ejecuciones extrajudiciales

Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar “semillas”. Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”. Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a “matar criminales sin compasión”.

También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” dijo Marta Valiñas.

Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.

Detención y tortura por motivos políticos

La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un “comportamiento cultural” de tortura.

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante,” dijo Francisco Cox.

El ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN.

“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro” dijo Francisco Cox.

“Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados.”

Violaciones relacionadas con las protestas

La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.

Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.

“La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta,” dijo Paul Seils.

“Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara.”

Un poder judicial comprometido

Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.

El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.

“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Marta Valiñas.

“Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó.”

Venezuela oculta miles de contagios diarios de COVID-19, indica informe

La Guardia Bolivariana detiene a personas en Petare. REUTERS/Manaure Quintero

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (ACFIMAN) indicó el miércoles que el régimen de Nicolás Maduro oculta un significativo número de contagios de coronavirus en el país, donde aseguran que la pandemia está en plena fase expansiva.

Médicos opositores y expertos han venido denunciando que los contagios y muertes son más y que el gobierno miente en las cifras.

El informe publicado esta semana por ACFIMAN sobre el estado actual de la pandemia de COVID-19 en Venezuela afirma que a inicios de septiembre se superaron los 4.000 contagios diarios, cerca de 3.000 más de los reconocidos por las autoridades de salud del gobierno chavista.

El estudio alerta que de no reducirse significativamente esta tasa de contagio, podrían "alcanzar números cercanos a 14.000 infecciones nuevas por día en los próximos meses".

La institución científica, fundada en Venezuela en 1917, plantea que las estadísticas del régimen "siguen sin reflejar el tamaño real de la epidemia en Venezuela. Estimamos que el subregistro indicado en nuestro primer informe, lejos de haberse reducido, se ha incrementado debido a que la propagación del virus es más rápida que la tasa de aumento de la capacidad diagnóstica".

De acuerdo con el reporte también las cifras de muertes están por debajo de la realidad: "de acuerdo con las cifras estimadas de nuevas infecciones diarias y los porcentajes de fatalidad en otros países de la región, inferimos un subregistro importante en los reportes oficiales de decesos por COVID-19".

El país petrolero confirma hasta ahora unos 54.000 casos de coronavirus y 436 muertes, según datos oficiales, unos números muy bajos si se comparan con otros países de América del Sur.

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