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América Latina

“Es una carta para Biden, no para Maduro”: el texto que reavivó el debate en Venezuela

Los firmantes de una carta abierta dirigida a funcionarios del gobierno, a la Cámara de Representantes y al Senado de Estados Unidos proponen un nuevo enfoque de las negociaciones para zanjar la crisis humanitaria del país. [Foto de archivo]

La carta abierta al gobierno de Estados Unidos, publicada por 25 economistas, intelectuales, dirigentes sociales y empresarios de Venezuela, es una terapia de “electroshock” para la política local, según uno de sus firmantes, mientras un grupo de analistas considera que sus objetivos son difíciles de cumplir.

Los proponentes venezolanos pidieron el jueves pasado que la Casa Blanca, el Senado y el Congreso de Estados Unidos promuevan “negociaciones sustantivas” sobre Venezuela y advierten sobre cómo las sanciones económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro “no lograron sus objetivos”.

La petición también sugiere al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se permita el retorno de las actividades a empresas petroleras occidentales, que han debido limitar sus operaciones a niveles mínimos en Venezuela desde las sanciones impuestas en 2019.

El documento ha causado revuelo entre la oposición venezolana. Políticos cercanos a Juan Guaidó, dirigente reconocido como presidente interino por Estados Unidos y otros 50 países del mundo, la repudiaron.

Freddy Guevara, diputado de Voluntad Popular y colaborador de Guaidó, opinó que la carta promueve una agenda “peligrosa” que buscaría que los venezolanos se resignen “a vivir en dictadura a cambio de una apertura económica”.

Pero sus firmantes la defienden con vehemencia porque -opinan- ha permitido que el debate sobre cómo zanjar la crisis política “se levante otra vez” en Venezuela, explica a la Voz de América uno de sus promotores, el presidente de Datanálisis y analista de contextos políticos y económicos, Luis Vicente León.

Esa carta era para Biden, presidente de Estados Unidos, no era para Maduro. Somos 25 venezolanos que queremos provocar un debate. No somos una organización, ni tenemos un líder. Estamos expresando opiniones”, afirma.

León remarca que quienes firmaron “han trabajado durante años en contra de un gobierno que no cumple condiciones democráticas” y apunta que el documento ha generado “reacciones muy positivas” en Washington.

Explica que buscan dar a conocer en EEUU otra versión de los efectos de las sanciones sectoriales en Venezuela y recuerda que la misma Casa Blanca envió recientemente una delegación a Caracas para reunirse con Maduro para abordar temas energéticos, entre ellos la eventual reactivación petrolera.

Ante una pregunta de la VOA sobre el propósito de la carta, el analista coincidió con que aspira a aplicar una especie de “electroshock” sobre asuntos como las negociaciones de Ciudad de México, congeladas desde octubre de 2021.

“La carta no intenta ser (o generar) una organización nacional, ni un plebiscito. Es un planteamiento racional de actores de diferentes sectores. Se han sumado otros analistas, economistas, sociólogos, no estamos compitiendo por un número de personas. Estamos hablando de debate de ideas”, dice León.

"Una fantasía"

En la carta, los firmantes piden al gobierno Biden que “supere las presiones políticas en EEUU” asegurando que han obstaculizado el avance de las negociaciones.

Hacer esta petición a la administración demócrata, a menos de 10 meses de las elecciones legislativas de medio término es “una fantasía”, señala Michael Shifter, analista y profesor de la Universidad de Georgetown en Washington D.C.

Venezuela se ha convertido en un tema de política doméstica importante, en especial en estados donde hay una gran presencia de latinos —en particular cubanos y venezolanos—, argumentó el politólogo.

“Cualquier movida en la dirección que proponen va a generar una reacción muy dura y creo que podría afectar más a los demócratas en las elecciones de medio término en noviembre”, dijo el analista estadounidense.

Los firmantes de la carta, aseguró a la VOA Benjamin Gedan, investigador del centro de pensamiento Wilson Center en Washington D.C., “tienen razón en señalar el rol de la política doméstica de EEUU en constreñir la política hacia Venezuela”.

Sin embargo, aseguró el analista, “es poco realista esperar que el gobierno soporte los costos políticos de volver a interactuar con el régimen antes de las elecciones de medio término”.

Rechazo del Capitolio al acercamiento

Algunos legisladores estadounidenses de distritos con alto porcentaje de latinos -como el senador demócrata Bob Menéndez (Nueva Jersey) y el senador republicano Marco Rubio (Florida)- criticaron duramente el acercamiento diplomático entre funcionarios estadounidenses y el gobierno de Maduro a principios de marzo.

Rubio y el también senador republicano por Florida, Rick Scott, rechazaron la idea de levantar sanciones presentada en la misiva.

“Las sanciones específicas contra miembros del narco-régimen de Maduro solo deben ser levantadas cuando se programen elecciones libres y justas”, dijo Rubio a la Voz de América en una declaración escrita.

El senador Scott, un fuerte crítico del gobierno de Nicolás Maduro y de las políticas demócratas, dijo a la VOA que “bajo ninguna circunstancia” el presidente Biden debe “levantar las sanciones o negociar con el régimen otra cosa que no sea las condiciones de la salida del poder de Maduro”.

“Maduro está desesperado por aferrarse al poder y nunca negociará de buena fe”, aseguró el legislador en una declaración escrita.

Ryan Berg, investigador del centro de pensamiento CSIS, en Washington DC, coincide con esta visión: “No entiendo cómo miembros de la oposición asumen que Maduro va a tener el incentivo para negociar de buena fe sin una estructura de sanciones proporcionando presión (...) para que se siente a la mesa”.

El politólogo señaló que, durante las negociaciones con la oposición en México, el oficialismo ha pedido el levantamiento de las sanciones económicas: “molestan al régimen y son una gran fuente de presión (...) para llegar a una transición negociada a través de las elecciones”.

Para el politólogo, si el gobierno de Biden decide algún cambio en su política hacia Venezuela que implique la revisión de sanciones antes de noviembre, “la administración estaría cometiendo un error bastante significativo”.

“Es arriesgar darle mucho a Maduro sin obtener mucho a cambio”, sentenció.

"Respuesta a la ineficiencia"

La carta es “una respuesta a la ineficiencia y la parálisis que ha generado el rol de la oposición en Venezuela”, escasa de cambios trascendentales recientes en la dinámica política y del poder, interpreta el politólogo Pietro Trepiccione.

Las críticas de varios dirigentes opositores a la carta reflejan que es necesario “dar pasos en la dirección correcta” y buscar “soluciones efectivas” al conflicto venezolano, asegura el coordinador en el estado Lara del Centro Gumilla.

“El simple hecho de haber generado un debate en torno a ella es una buena señal. El liderazgo político venezolano requiere de un proceso de reingeniería y verificar nuevamente nuevas estrategias para poder reconectar con la opinión pública venezolana”, indica Trepiccione en entrevista con la Voz de América.

La urgencia de “logros concretos” mediante negociaciones es una aspiración de la sociedad venezolana que está reflejada en la carta abierta al presidente de EEUU, valora. Cree que el documento nace de una parte de la población que no se siente representada por el liderazgo político de oposición.

“Por ello surgen este tipo de iniciativas parciales, limitadas, con poca trascendencia en el mundo político, pero que pudieran generar reacciones y, en consecuencia, nuevas actitudes del liderazgo político en relación con la búsqueda de nuevas alternativas de soluciones”, asegura el analista venezolano.

Las propuestas de la misiva son el “único camino que tiene sentido para lograr un acuerdo político” para Venezuela, según la opinión de Michael Shifter, analista y profesor de la Universidad Georgetown en Washington DC.

“Creo que las otras opciones no han funcionado y no hay ninguna posibilidad de que funcionen”, agregó.

Guaidó permanece al frente del gobierno interino mientras Maduro sigue ejerciendo como presidente de facto de Venezuela. El líder opositor ha insistido en la necesidad de retomar las negociaciones de México, pero el oficialismo se niega a debatir con él, llamando, en cambio, a un “reformateo” del diálogo.

El presidente interino también defiende la figura de su gobierno interino como una manera efectiva de proteger los activos de los venezolanos en el extranjero.

Una nueva carta

El documento de la semana pasada generó la publicación de otra carta al gobierno de Estados Unidos, donde dirigentes políticos y sociales de Venezuela, como el exalcalde Antonio Ledezma, la activista política María Corina Machado y el periodista Miguel Henrique Otero, piden mantener las sanciones.

“Las desgracias que se viven en Venezuela son previas a las sanciones impuestas, por lo que relajar la presión sobre la tiranía lo único que garantiza es la perpetuación de la misma junto con quienes, durante años, han fingido oponerse”, se lee en el escrito, difundido días luego de la carta del jueves.

La mayoría de los firmantes de ese nuevo texto vive fuera de Venezuela, “paradójicamente”, recordó en su cuenta de Twitter Giovanna de Michele, experta en relaciones internacionales. “Desde el exterior se puede decir cosas que no pueden ser dichas en Venezuela. Todos sabemos el costo”, escribió.

León, por su parte, asegura a la VOA que los 25 firmantes tienen sus propias observaciones a la carta abierta al gobierno estadounidense publicada el jueves.

“Tengo cosas que me hubiese encantado agregar o quitar. Son 25 personas éticas, racionales. Esa carta sola ya es una negociación que exige que cedas y pongas, y que exige acuerdos máximos entre quienes la firman”, apunta.

El gobierno de Maduro no ha reaccionado a la carta de 25 de sus críticos. Semanas antes, el presidente venezolano hizo votos porque se normalizaran las relaciones con Estados Unidos y demandó que se suspendan las sanciones.

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Costa Rica cancela acuerdo con Cuba en materia de educación

Rodrigo Chávez Robles, presidente de Costa Rica

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, anuló esta semana el acuerdo de cooperación educacional con Cuba porque fue una promesa hecha a sus electores y por la falta de “beneficio desde el punto de vista de la educación pública”, reportan medios locales.

El convenio, firmado en abril de 2019 por Edgar Mora, ministro de Educación de la anterior administración, “no establecía obligaciones o derechos” para ninguno de los dos países, sino una apertura en el “intercambio” de “buenas prácticas educativas” en las que se incluían simposios, capacitación, investigaciones y “resultados de estudios e investigaciones en el ámbito de la educación”.

El objetivo del Memorando de Entendimiento (ME) era promover y desarrollar la cooperación entre los participantes en áreas de interés común e incluía temas como el intercambio de buenas prácticas educativas, resultados de estudios e investigaciones en el ámbito de la educación, así como el intercambio de material didáctica, intercambio de profesionales con comprobada experiencia en temas académicos, organización conjunta de conferencias, simposios, pasantías y seminarios internacionales, organización conjunta de programas de investigación, proyectos educativos, y la promoción de publicaciones conjuntas, coordinación de programas de capacitación para docentes que permita la creación de capacidades y el desarrollo profesional, cooperación para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de distintas asignaturas que se imparten en el sistema educativo público, cooperación para apoyar acciones en materia de educación para el desarrollo sostenible, educación especial, estudiantes talentosos, entre otras áreas de interés común, implementación de actividades educativas en áreas definidas como prioridad para las autoridades educativas, entre otros.

El acuerdo tenía un plazo de vigencia de cuatro años a partir de su firma y podría prorrogarse por cuatro años más.

La decisión del presidente Chávez ha tenido buena acogida entre la clase política del país centroamericano, como demuestra el comentario del diputado y presidente del partido Nueva República, Fabricio Alvarado, quien también figurara como candidato a la presidencia en las pasadas elecciones.

“Desde que el gobierno anterior tuvo esa ocurrencia de gestar ese convenio educativo con Cuba, nosotros lo hemos criticado duramente en temas ideológicos, en temas de idiosincrasia. Está claro que Costa Rica no se veía favorecido con ese convenio. Nosotros veníamos hablando de la urgencia de que se eliminara, por lo tanto, lo celebramos. De verdad que lo recibimos como una excelente noticia para el país”, expresó Alvarado.

Rodrigo Chávez Robles, de 60 años, asumió la presidencia de Costa Rica el pasado 8 de mayo al frente del Partido Social Democrático de tendencia conservadora, tras enfrentarse en segunda vuelta con José María Figueres, a la cabeza del partido de centro izquierda Liberación Nacional.

Venezuela: más de 500 organizaciones civilistas rechazan "ley anti-solidaridad"

Trabajadores protestan en Venezuela por la situación del país exigiendo "derecho a la salud y la vida". (Reuters/Leonardo Fernández Viloria).

Más 500 organizaciones y 200 personas rechazaron el proyecto de ley de Cooperación Internacional promovido por la Asamblea Nacional venezolana porque consideran que "busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses ideológicos, políticos y/o económicos del gobierno nacional".

La carta, firmada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch entre otros, advierte que "la ley anti-solidaridad" deja por fuera conceptos clave como "derechos humanos y ayuda humanitaria".

El texto acusa al régimen de Maduro de pretender violar "todas las garantías de protección de derechos de las asociaciones y sus poblaciones destinatarias". Además, asegura que el proyecto busca sancionar (prohibiendo, suspendiendo, restringiendo o eliminado definitivamente) a cualquier asociación que participa en actividades opuestas al régimen, ya sea directa o indirectamente.

Info Martí | Continúan las reacciones al anuncio de EE. UU. sobre sanciones a Venezuela
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El proyecto estipula que cualquier asociación que participe en la cooperación internacional debe compartir con las autoridades "sus datos de constitución, estatutos, actividades, así como la procedencia, administración y destino de los recursos de la cooperación, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento, quedando sometidas a posibles auditorías de parte de las autoridades". Sin embargo, los cientos de firmantes de la carta dicen que esto vulnera a las asociaciones en su actividad y viola el derecho a la privacidad y confidencialidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Advierten además que el anteproyecto podría causar el cierre de la cooperación internacional y de organizaciones lo cual causaría "más privaciones y sufrimiento" al pueblo venezolano. "Su aprobación solo produciría la creación de un nuevo mecanismo que criminalizaría, hostigaría y perseguiría a las asociaciones por ejercer derechos como la libertad de asociación, reunión pacífica, expresión, la defensa de los derechos humanos, entre otros, establecidos en las normas del derecho nacional e internacional", precisaron.

Oposición venezolana anuncia "refundación" de Plataforma Unitaria y elecciones primarias en 2023

Omar Barboza, político venezolano.

Los partidos opuestos al gobierno venezolano de Nicolás Maduro anunciaron la refundación de su organización y la realización en 2023 de votaciones primarias para seleccionar a un candidato unitario para las elecciones presidenciales, previstas para dentro de dos años.

La llamada Plataforma Unitaria, como identifican al bloque de al menos 30 organizaciones y movimientos políticos que enfrentan al chavismo, aseguró mediante un comunicado que acordó “por unanimidad” decisiones estratégicas para garantizar su funcionamiento como una instancia “amplia e inclusiva”.

Según la oposición, operará con “reglas de juego muy claras y áreas de trabajo concretas”, tendrá delegaciones en regiones y municipios de Venezuela y fundará “capítulos” en todos los países donde le sea posible.

La Plataforma Unitaria confirmó que Omar Barboza, expresidente del Parlamento en 2018 y diputado electo en 2015, será su secretario ejecutivo para “coadyuvar al desarrollo armónico del debate y fortalecimiento de la unidad”. De acuerdo con el comunicado, trabajará junto a un equipo “Político y técnico”.

Uno de los acuerdos más trascendentales es que “la candidata o candidato presidencial de las fuerzas democráticas será elegido por un amplio y plural proceso de primarias, que se realizará en el año 2023”.

Varios dirigentes opositores, entre ellos Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 50 gobiernos desde enero de 2019, habían solicitado públicamente este año que hubiese unas primarias para ese fin.

La Plataforma Unitaria anunció asimismo el inicio de “un profundo proceso de consultas con todo el país” para preparar ese “poderoso mecanismo” de selecciones del candidato presidencial de la oposición venezolana.

La Voz de América pudo conocer a través de fuentes opositoras que los acuerdos se lograron en una serie de reuniones por tres días entre dirigentes y delegados nacionales de partidos opositores en Panamá, la semana pasada.

“La lucha unitaria tiene como objetivo fundamental lograr el cambio político, entendiendo, que es el único camino verdadero para detener el sufrimiento de millones de venezolanos”, apuntó la organización opositora en su nota oficial.

Los anuncios de la plataforma opositora ocurren semanas después de que el gobierno de Maduro anunciara una serie de consultas para “reformatear” el diálogo político de Ciudad de México y se negara a debatir acuerdos con el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, a quien acusó de estar vinculado con el narcotráfico. El dirigente opositor negó rotundamente tales señalamientos.

Chile apoya inclusión de Cuba en la Cumbre de las Américas, pero sin exigir

El presidente de Chile, Gabriel Boric, el 2 de mayo de 2022. (AP Photo/Esteban Félix).

El gobierno chileno considera que Cuba, Nicaragua y Venezuela deben asistir a la Cumbre de las Américas, pero que la participación de Chile no estará supeditada a la presencia de esos tres países.

La canciller Antonia Urrejola dijo el domingo al diario La Tercera que en los últimos años la exclusión no ha dado resultado en materia de derechos humanos, y que ella y el presidente Gabriel Boric han estado insistiendo en celebrar una Cumbre lo más amplia posible.

Acerca de las ideas políticas de Boric, quien en el pasado ha criticado la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela, dijo que el presidente tiene un discurso nuevo en la izquierda latinoamericana y que está promoviendo un liderazgo enfocado en el valor de la democracia y los derechos humanos.

Agregó que la región está superfragmentada, se ha polarizado y que de alguna manera, bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, sería importante poder conversar más allá de las diferencias.

El gobierno mexicano ha amenazado con no asistir a la Cumbre si hay exclusiones. El gobierno de Estados Unido no ha cursado las invitaciones al evento, pero el Departamento de Estado ha dicho que Cuba, Venezuela y Nicaragua probablemente no estarían presentes porque no son democracias.

La Cumbre de las Américas se celebrará en Los Angeles del 6 al 10 de junio.

¿Quién es Claudia Díaz Guillén, la enfermera de Hugo Chávez acusada de corrupción en EEUU?

MARACAIBO/VENEZUELA — El fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, fundador del movimiento socialista conocido como la revolución bolivariana, le tuvo tanta confianza y cariño que, primero, la aceptó como su enfermera y, luego, decidió nombrarla tesorera de la nación y secretaria de un fondo millonario del Estado.

Claudia Díaz Guillén, una militar retirada de 48 años, no ejerce hoy cargo político alguno en el gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de su protector. Está detenida en una cárcel de Florida, Estados Unidos, recién extraditada desde España, acusada de recibir sobornos milmillonarios gracias a sus cargos.

Su nombre volvió a ser tendencia en las agencias y medios periodísticos mundiales luego que un tribunal federal de West Palm Beach le negara la libertad bajo fianza por “riesgo de fuga”, este viernes, apenas 24 horas después de que las autoridades españolas la entregaran a Estados Unidos.

Se pudo conocer que la Fiscalía del Distrito Sur estadounidense la sigue por tres delitos: uno por “conspiración para competer blanqueo de capitales” y dos por “blanqueo de capitales” haciendo uso de la banca de Miami, Florida.

¿Quién es ella?

Díaz Guillén es una oficial que alcanzó el rango de sargento técnico y que, entre 2011 y 2013, fungió como directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y secretaria del Fondo de Desarrollo Nacional (Fondén), una institución creada por Chávez en 2005 para invertir los millonarios recursos que recibía el país suramericano por concepto de exportaciones de petróleo.

Dirigentes opositores y organizaciones independientes criticaron el manejo opaco del Fondén, hasta calificarlo como “la caja negra de Chávez” con fines geopolíticos. Se considera que este fondo manejó hasta 100.000 millones de dólares. Solo en 2011, recibió hasta 25% de las regalías petroleras.

Poderopedia, un portal especializado en perfiles de gobernantes y dirigentes políticos de Venezuela, destaca que Díaz Guillén es esposa de capitán retirado del Ejército y ex edecán (jefe de seguridad) de Chávez, Adrián Velásquez.

¿De qué se le acusa?

Una serie de publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) señaló al esposo de Díaz Guillén como cliente del bufete panameño Mossack Fonseca para poder lavar dinero y evadir impuestos, también mediante la firma suiza V3 Capital Partners LLC.

Esa asociación le permitió al militar retirado crear una empresa en un paraíso fiscal en la República de Seychelles, un grupo de 115 islas del océano Índico, al noreste de Madagascar, a 13.500 kilómetros de distancias de Venezuela, de acuerdo con los reportajes conocidos popularmente como los Panama Papers.

La investigación permitió determinar, además, que Velásquez tuvo participación en otras cinco empresas domiciliadas en Panamá, también con tales fines.

Díaz Guillén y su pareja migraron de Venezuela luego de la muerte de Chávez, anunciada en marzo de 2013, según informes de prensa del país suramericano.

Otras noticias precisaron que ambos fijaron residencia temporal en República Dominicana, al menos hasta mediados de 2015, en una zona de Punta Cana cuyas viviendas costaban entre 400.000 y 1,6 millones de dólares.

“Esquema" corrupto

Las acusaciones de la justicia estadounidense en contra de la pareja cercana al mandatario fallecido, en 2020, revelaron más detalles de sus presuntos vínculos con un “esquema de lavado de capitales y sobornos internacionales”.

Díaz Guillén y Velásquez participaron en un método de corrupción a través del sistema cambiario de Venezuela por al menos 1.000 millones de dólares. Los esposos residían ya en Madrid, España, al momento de la acusación penal.

La justicia norteamericana señaló entonces como su cómplice al empresario venezolano Raúl Gorrín, conocido por comprar en 2013 la mayoría accionaria del canal privado de noticias Globovisión y acusado por Estados Unidos en agosto de 2018 de conspiración y comisión de lavado de capitales.

Según Estados Unidos, Díaz Guillén y Velásquez recibieron “millones de dólares en sobornos” para que la enfermera de Chávez asegurara los derechos sobre transacciones internacionales de cambio de divisas a “tasas favorables”.

La acusación formal de la justicia estadounidense indicó que Gorrín transfirió dinero tanto a Díaz Guillén como a Alejandro Andrade, otro tesorero venezolano, para el beneficio de ambos y para la compra de jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama y una línea de moda.

Andrade, conocido en la política venezolana como “El Tuerto”, también exescolta de Hugo Chávez, recibió en 2018 una sentencia de 10 años de cárcel en Estados Unidos. Quedó en libertad en febrero pasado por sus colaboraciones, admisiones y revelaciones a la justicia norteamericana, sin embargo.

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