Bush escribió que el acuerdo constituye un desarrollo histórico en las relaciones con Centroamérica y República Dominicana, y refleja el compromiso de los Estados Unidos con el apoyo a la democracia, la integración regional, el crecimiento económico y oportunidades en la región.
Las dos cámaras legislativas disponen ahora de 90 días de sesión para aprobar o rechazar el texto, que no pueden modificar, según la ley de Autoridad de Promoción Comercial, conocida anteriormente como vía rápida, concedida por el Congreso al Presidente, en el año 2002.