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Estados Unidos

Embajador Valladares exige liberación inmediata de preso político del régimen de Correa

Armando Valladares en el Interamerican Institute for Democracy.

La salud de Galo Lara "es frágil y se encuentra agravada por la desatención a la que ha sido sometido (...) Ha sido víctima de tratos inhumanos y crueles, reñidos con la legislación nacional e internacional relativa al tratamiento de las personas privadas de la libertad y sus derechos humanos".

El escritor cubano Armando Valladares, exembajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentó este martes en Quito, Ecuador, un revelador informe ​sobre el caso de Galo Lara, preso político en ese país por orden del expresidente Rafael Correa.

Valladares, exprisionero de consciencia del régimen cubano por 22 años y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Interamericano por la Democracia (IID), visitó en mayo pasado en misión humanitaria al exasambleísta Lara en el Centro de Privación de Libertad Regional#8 del Cantón, Guayaquil, acompañado del abogado ecuatoriano Marcel Feraud, miembro del directorio del IID.

El informe, presentado la mañana de este martes ​en conferencia de prensa, concluye que ​Lara, quien desde noviembre de 2014 cumple una injusta condena de 10 años de cárcel, ha sido víctima de un proceso judicial "nulo", violatorio de la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 3, 5, 8, 9, 10, 11 y 14.

"La salud del prisionero es frágil y se encuentra agravada por la desatención a la que ha sido sometido. El preso ha sido víctima de tratos inhumanos y crueles, reñidos con la Constitución y con la legislación nacional e internacional relativa al tratamiento de las personas privadas de la libertad y sus DDHH", precisa el documento.

​El informe califica a Lara como un "perseguido político", solicita su liberación inmediata y advierte que "la permanencia de Galo Lara Yépez privado de su libertad, actualmente a cargo del estado, acarreara responsabilidad al estado ecuatoriano".

Galo Lara, perseguido político

Lara, de 50 años, ingeniero y político, ocupó el cargo de asambleísta en la provincia de Los Ríos. Siendo miembro del Partido Sociedad Patriótica, llevó a cabo investigaciones que perjudicaban de manera directa a Rafael Correa, documentando su vinculación en varios casos de corrupción, por lo que el entonces presidente de Ecuador arremetió contra Lara.

El exasambleísta Galo Lara integró la Comisión de Derechos Colectivos e Interculturalidad.
El exasambleísta Galo Lara integró la Comisión de Derechos Colectivos e Interculturalidad.

​En tres ocasiones Correa trató de despojar a Lara de su inmunidad parlamentaria, pero no lo consiguió. El asambleísta terminó siendo condenado a 10 años de prisión por supuestamente ser autor intelectual del asesinato de tres personas el 4 de agosto del 2011 la ciudad de Quinsaloma. Fue detenido en Panamá en junio del 2014 y meses después extraditado a Ecuador.

​El detallado informe de la comisión del IID expone desde los maltratos y actos de crueldad de que ha sido víctima Lara en la cárcel hasta las violaciones cometidas en el juicio.

A continuación, puede consultar el informe completo:

Informe de la visita humanitaria al ex asambleísta Galo Lara en Centro de Prevención de Libertad Regional #8 de Guayaquil, Ecuador

El Interamerican Institute for Democracy (IID) resolvió integrar una comisión que realice una visita humanitaria al ex Asambleísta Galo Lara Yépez, preso en Ecuador. La Comisión la integraron los Directores, el Embajador Armando Valladares, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del IID y el abogado Marcel Feraud. Las contrapartes locales en Ecuador fueron las organizaciones civiles, FUNDAMEDIOS Y CEDHUS.

La visita al preso se realizó el día 7 de mayo de 2018.

Maltrato y actos de crueldad

Galo Lara presenta claras evidencias de maltrato físico y psicológico. En sus talones se observan cicatrices producto de grilletes y sus pies registran deformaciones por su condición diabética y la falta de calzado. El preso expreso que ha perdido casi totalmente la visión en su ojo derecho y la audición en su oído izquierdo.

El preso expreso también que padece de una permanente vibración y sonido perturbador en sus oídos, además de insomnio.

La separación familiar agravada por la prohibición de visitas y el aislamientole han producido un estado de profunda ansiedad y depresión.

Lalo Gala (izquierda) recibe la vista de Armando Valladares (derecha) y Marcel Feraud (centro).
Lalo Gala (izquierda) recibe la vista de Armando Valladares (derecha) y Marcel Feraud (centro).

​De acuerdo a sus antecedentes médicos, Galo Lara es diabético, con problemas cardiacos y de elevada presión sanguínea. Tiene además un cuadro dialítico. Aduce que por el descuido médico y falta de atenciónse encuentra ahora en un estado de insulina dependencia.

El trato cruel e inhumano se agrava al comprobarse que los informes de visitas y atención medica que producía el Ministerio de Justiciay publicaba como información oficial eran falsos porque estas no tenían lugar.

Correlación entre la fiscalización al expresidente Correa y la persecución con claro afán de silenciar al asambleísta

La correlación entre las denuncias de corrupción y la documentada fiscalización del ex Asambleísta Galo Lara al gobierno del ex presidente Rafael Correa, con la implacable persecución ejercida sobre el denunciantecon el afán de silenciarlo, es evidente y abundante.

Las denuncias de corrupción presentadas por Galo Lara en el seno de la Asamblea Nacional y ante las autoridades competentes se encuentran documentadas en varias publicaciones y opiniones autorizadas, especialmente en el libro del Dr. Juan Vizueta, abogado defensor de Galo Lara, titulado “El Precio de Fiscalizar al Correísmo. Galo Lara Crónica de una Persecución”.

En tres oportunidades el ex presidente Correa intentó despojar al Asambleísta de su inmunidad parlamentaria, sin resultado positivo.

El juicio que condena a Galo Lara a 10 años de prisión

El horrendo y condenable múltiple crimen en el que se involucra al detenido no resiste el más elemental análisis jurídico. Lo anterior quedo demostrado en el juicio incoado en su contra en el que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia lo absolvió de toda responsabilidad. Más aun, la Fiscalía General se abstuvo de apelar y por tanto de impulsar la acusación en la instancia de apelación, en clara indicación de que no existían las pruebas necesarias para implicar y menos condenar a Galo Lara. En la instancia de apelación impulsada por familiares de las víctimas, Galo Lara es condenado como cómplice, con la pena de reclusión de 10 años.

Articulistas y analistas jurídicos y políticos han coincidido en calificar la prisión de Galo Lara como una clara persecución política con ánimos de silenciar al denunciante.

Se destacan algunos hechos en relación con la infame acusación:

1. La Fiscalía no investigo un primer crimen ocurrido en Quinsaloma el 6 de junio de 2011, en el que Darwin Abel Romero Pino fue asesinado. Por versiones documentadas de los pobladores, Carlos Humberto Llanos Avendaño, víctima del segundo crimen de Quinsaloma, ingreso a la vivienda de Romero, lo sometió y lo amarro a un colchón, quemándolo vivo. Hay múltiples testimonios en el proceso que confirman que Klever Romero, hermano de la víctima, juró vengar a su hermano, asesinando a Carlos Humberto Llanos Avendaño de la misma manera, es decir calcinándolo. No obstante, estas pruebas, la Fiscalía no investigo y Romero fue beneficiado con un sobreseimiento en su favor.

Varios medios de prensa cubrieron la conferencia de Valladares y Feraud en Quito este martes.
Varios medios de prensa cubrieron la conferencia de Valladares y Feraud en Quito este martes.

​2. El testigo de la Fiscalía de nombre Alex Vicente Cedeño Molina quedó evidenciado en el proceso como un falso positivo. Cedeño, preso e investigado por un asesinato, tenía en su contra el informe pericial de balística que lo confirmaba como el autor de dicho crimen. No obstante, La Fiscalía se abstuvo de acusarlo y una vez en libertad lo presento como testigo en contra de Galo Lara.

3. Uno de los supuestos autores materiales, de apellido Veliz, confeso que agentes policiales le ofrecieron $20,000 para que acuse a Laray su conviviente Carolina Llanos de haber dado la orden del terrible asesinato.

4. El cheque 000523 del Banco Pichincha, girado a nombre de Gilberth Llanos, hermano de Carolina Llanos, por $3,500, quedo comprobado que tuvo como objetivo cancelar las cuentas médicas en la Clínica Omni de la ciudad de Guayaquil, por el alumbramiento de los hijos mellizos de Carolina Llanos. Dicho cheque fue cobrado en la agencia bancaria de Mall del Sol, a pocos metros de la clínica Omni.

5. El número de teléfono escrito en un fragmento de papel y supuestamente encontrado en el domicilio de uno de los sicarios, fue desvirtuado. Se comprobó que dicha línea telefónica perteneció en fecha posterior a Galo Lara, es decir no le pertenecía al momento de los hechos.

6. Las llamadas telefónicas entre Lara y Llanos el día de los hechos fueron para tratar asuntos familiares y de sus hijos recién nacidos y no para planificar un crimen.

7. No existe un móvil que justifique el crimen de Llanos ni de Lara a una persona que supuestamente mantuvo un romance con Llanos hace 17 años.

8. No existe móvil alguno para que Lara ni Llanos hayan querido ultimar a un menor de 3 años.

Declaración Universal de Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas consigna en su Artículo 11: “1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.”

​​El sistema interamericano de derechos humanos ha identificado ya que los principales abusos de los derechos humanos en América Latina se producen por la falta de independencia del poder judicial, a diferencia de los tradicionales abusos causados por la policía, las fuerzas armadas y otras agencias de seguridad. Esta realidad se encuentra probada en importantes informes oficiales entre los cuales destacan, el informe del Departamento de Estado de los EEUU sobre derechos humanos de 2015.

También es relevante el informe, Independencia Judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana, de 2014, patrocinado por la Fundación para el Debido Proceso con sede en Washington, D.C.; De Justicia, de Colombia; y, el instituto de Defensa Legal, de Perú. Similares conclusiones emergen del informe El Uso del Poder Judicial para vulnerar los derechos humanos en Ecuador, patrocinado por el Interamerican Institute for Democracy y la Federación Interamericana de Abogados.

Lo anterior se encuentra ampliamente sustentado en la doctrina dictada por los académicos y estudiosos del sistema interamericano de derechos humanos, entre los que destaca el Dr. Douglass Cassel, actualmente presidente del Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la OEA.

En la obra “Fallos judiciales que violan derechos humanos en Ecuador. Seis estudios de caso”, publicado por el fondo editorial del Interamerican Institute for Democracy, en la página 20, en el acápite de presentación de la obra, el profesor Douglass Cassel hace la siguiente precisión:

“Para fines de analizar las violaciones del debido proceso, no es necesario, ni siquiera pertinente, opinar sobre la inocencia o culpabilidad de los procesados. Aun en el supuesto de la culpabilidad de los procesados -quienes gozan de la presunción de inocencia- no se justifican las violaciones del derecho a un juicio justo.”

Presión del gobierno de Ecuador para que Panamá revoque el asilo político a Galo Lara

La intervención del aparato del estado es evidente cuando intenta y logra con éxito que el gobierno de Panamá revoque el asilo político concedido a Galo Lara, en claro reconocimiento de su condición de perseguido político.

Galo Lara en una conferencia de prensa.
Galo Lara en una conferencia de prensa.

​El gobierno ecuatoriano destaca a Panamá delegaciones de alto nivel integradas por el Ministro del Interior, el Fiscal General, el Vice Canciller para gestionar con su contraparte del gobierno de Panamá, el canje de Galo Lara, previa revocatoria de su asilo político, con el buque Doria de bandera panameña capturado con drogas por las autoridades ecuatorianas.

El ex presidente Osvaldo Hurtadoenvió una carta personal al presidente de Panamá en la que expresó: “Cuando el diputado Galo Lara, en ejercicio de la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional denuncio actos de corrupción, el Gobierno intento privarle de su fueropara enjuiciarle por injurias. Al fracasar fue acusado de ser cómplice de un triple asesinato atroz, al parecer resultado de un ajuste de cuentas entre delincuentes comunes”.

Conclusiones

Esta comisión, como resultado de la visita humanitaria a Galo Lara y el análisis de la documentación de soporte, que es publica, considera lo siguiente:

1. Que el proceso judicial en el que fue involucrado Galo Lara Yépez es nulo. Lo anterior se encuentra sustentado y probado por la evidente manipulación judicial al involucrar al ex asambleísta, sin pruebas, en un triple crimen. Este hecho violo el principio de la independencia consagrado en la Constitución del Ecuador en su artículo 168, numeral 1. Se infringió de manera flagrante la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 3, 5, 8, 9, 10, 11 y 14, violando el debido proceso, la presunción de inocencia y los principios de igualdad jurídica e independencia de los jueces. Lo anterior configura una directa violación a sus DDHH.

2. Que Galo Lara Yépez es un perseguido político y que por tanto su encarcelamiento es violatoriode sus DDHH.

3. Que la salud del preso GALO LARA YEPEZ es frágil y se encuentra agravada por la desatención a la que ha sido sometido. El preso ha sido víctima de tratos inhumanos y crueles, reñidos con la Constitución y con la legislación nacional e internacional relativa al tratamiento de las personas privadas de la libertad y sus DDHH

4. Que, como consecuencia de los vicios de nulidad del proceso, el preso Galo Lara Yépez debería ser inmediatamente liberado. La permanencia de Galo Lara Yépez privado de su libertad, actualmente a cargo del estado, acarreara responsabilidad al estado ecuatoriano.

Firmado en Miami, el 15 de mayo de 2018, por el Embajador Armando Valladares, Presidente de la Comisión DDHH del IID, y el abogado Marcel D. Feraud, Director del IID.

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Trump apela a tres abogados para su defensa

El presidente Donald Trump habla durante un acto de campaña en la UW-Milwaukee Panther Arena, en Milwaukee, el 14 de enero del 2020.

Kenneth Starr y Robert Ray, dos figuras del "impeachment" al
presidente Bill Clinton, integrarán el equipo legal del presidente Donald Trump en el juicio político que comenzará el próximo martes en el Senado.

Starr y Ray se robaron toda la atención en la década de los años 1990 por su papel como fiscales especiales e independientes que lograron poner contra las cuerdas al entonces presidente Bill Clinton (1993-2001), reportó la agencia EFE.

La misma agencia indicó que Alan Dershowitz, profesor retirado de Derecho Constitucional que cuenta entre sus antiguos clientes a la exestrella del fútbol americano OJ Simpson, protagonista en los años 90 de un sonado juicio por el homicidio de su esposa, será parte del equipo legal.

El abogado Alan Dershowitz abandona la corte federal en Nueva York en diciembre del 2019. (Foto AP)
El abogado Alan Dershowitz abandona la corte federal en Nueva York en diciembre del 2019. (Foto AP)

Fue el propio Dershowitz quien confirmó en su cuenta oficial de
Twitter que intervendrá en la fase de "argumentos orales" del
proceso de destitución.

Los tres juristas se unen así al equipo de defensa que encabezan
el abogado general de la Casa Blanca, Pat Cipollone, y uno de los
letrados personales de Trump, Jay Sekulow, amplió EFE.

Estos dos últimos serán los abogados principales de Trump, y
según EFE, que citó a la cadena CNN, contarán también con la ayuda de otra abogada personal del mandatario, Jane Raskin, y de la exfiscal general de Florida Pam Bondi.

Fotografía de archivo del 8 de mayo de 2014 del entonces rector de la Universidad de Baylor, Ken Starr, mientras testifica ante una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. (Foto AP)
Fotografía de archivo del 8 de mayo de 2014 del entonces rector de la Universidad de Baylor, Ken Starr, mientras testifica ante una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. (Foto AP)

Starr, un meticuloso y discreto experto en Derecho, se hizo cargo en
1994 de la investigación a Clinton por el "caso Whitewater", una
fracasada inversión de bienes raíces relacionada con la quiebra de
una caja de ahorros en Arkansas, que salpicaba al exgobernador de
ese estado y a su esposa, Hillary, precisó la agencia.

Starr investigó la relación sexual clandestina que mantuvo Clinton con la becaria de la Casa Blanca Mónica Lewinsky, la cual el mandatario negó bajo juramento a los investigadores independientes, una acción que fue finalmente el motivo de su "impeachment": el perjurio, apuntó EFE.

La primera dama Hillary Clinton observa a su esposo, el presidente Bill Clinton, mientras el mandatario agradece el 19 de diciembre de 1998 a los miembros de la Cámara que votaron en contra de su "impeachment"
La primera dama Hillary Clinton observa a su esposo, el presidente Bill Clinton, mientras el mandatario agradece el 19 de diciembre de 1998 a los miembros de la Cámara que votaron en contra de su "impeachment"

El juicio político a Clinton, como se espera que ocurra con el que enfrentará a partir de la próxima semana Trump, finalizó con la absolución del mandatario.

Dershowitz defendió su imparcialidad y aseguró en Twitter que su deseo es "defender la integridad de la Constitución y prevenir la creación de un precedente constitucional peligroso", reportó la agencia.

El Senado presta juramento ante el juez John Roberts para iniciar juicio al presidente Trump

Toma de juramento a senadores para iniciar juicio político al presidente Donald J. Trump.

El Senado estadounidense inició formalmente el jueves el juicio político contra Donald J. Trump, en una jornada en la que un organismo de control no partidista del Congreso asestó un golpe al líder republicano, al concluir que la Casa Blanca violó la ley al retener la ayuda en seguridad para Ucrania, aprobada por los legisladores.

El demócrata Adam Schiff, quien encabeza un equipo de siete miembros de la Cámara de Representantes que harán la labor de fiscales, compareció en el Senado para leer los dos cargos aprobados por la Cámara baja el 18 de diciembre y que acusan a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso en sus tratos con Ucrania.

El líder del Comité de Inteligencia de la Cámara, Adam Schiff, habla junto a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en Washington el miércoles 15 de enero.
El líder del Comité de Inteligencia de la Cámara, Adam Schiff, habla junto a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en Washington el miércoles 15 de enero.

Las formalidades de la apertura del juicio se extendieron durante todo el día. El presidente del Tribunal Supremo, el juez John Roberts, prestó juramento para presidir el juicio al mandatario, al igual que los 100 senadores, que ejercerán de jurados.

Las declaraciones de apertura del juicio, solo el tercero en la historia de Estados Unidos contra un presidente, se esperan para el martes.
El abuso de poder citado por la Cámara baja incluye la retención de Trump de 391 millones de dólares en ayuda de seguridad para Ucrania, una medida con la que, según los demócratas, se intentó presionar a Kiev para que investigara al exvicepresidente Joe Biden, el más probable rival del mandatario en la elección presidencial del 3 de noviembre.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts (centro), abandona el edificio del Capitolio el jueves 16 de enero.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts (centro), abandona el edificio del Capitolio el jueves 16 de enero.

"La ejecución fiel de la ley no permite al presidente sustituir las prioridades transformadas en leyes por el Congreso para aplicar sus propias prioridades políticas", indicó la Oficina de Control del Gobierno de Estados Unidos (GAO, en sus siglas en inglés), refiriéndose al hecho de que el Congreso ya había aprobado la asignación de los fondos.

La GAO, un brazo del Congreso, es vista como una agencia de auditoría de las labores del gobierno federal que asesora a legisladores y varias entidades gubernamentales sobre cómo se gastan los dólares de los contribuyentes.

Si bien la evaluación de la agencia significa un revés para Trump, no está claro cómo, o incluso, si figurará en su juicio en el Senado, liderado por los republicanos, dado que permanecen en el aire asuntos clave como si comparecerán testigos o si se considerarán nuevas pruebas.

Los demócratas dijeron que el informe de la GAO muestra la importancia de que comparezcan en el Senado testigos y que se consideren nuevos documentos en el juicio.

"Esto refuerza, nuevamente, la necesidad de documentos y de testigos presenciales en el Senado", indicó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en una rueda de prensa.

Congresistas Sires y Rooney: presionar a Cuba es importante (VIDEO)

De izq. a der. los congresistas Francis Rooney y Albio Sires. Foto Michelle Sagué.

WASHINGTON- Congresistas estadounidenses dijeron el miércoles que las presiones sobre Cuba impuestas por la Administración de Donald Trump son necesarias mientras La Habana mantenga el respaldo a Nicolás Maduro en Venezuela.

El representante demócrata por Nueva Jersey, Albio Sires, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio, y su homólogo Francis Rooney, miembro de más alto rango de la minoría republicana en el mismo comité, hablaron sobre la política estadounidense en América Latina en una conferencia en el Wilson Center.

Congresistas evalúan las sanciones a Cuba
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El congresista Sires, de origen cubano, expresó que si la crisis en Venezuela no se aborda de la manera correcta, "tendremos otra Cuba en nuestras manos" y añadió que una solución militar no es la respuesta al problema.

Con él coincidió el congresista Rooney, republicano por la Florida, quien dijo favorecer un trabajo de conjunto con el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos en la búsqueda de una solución para Venezuela.

Ambos congresistas están de acuerdo con la decisión de la administración Trump de aumentar las sanciones contra Cuba por su intervención en el país petrolero.

"Creo que es un enfoque legítimo porque Cuba es quien está manejando a Venezuela y si Cuba sigue manejando a Venezuela pues Cuba tiene que pagar las consecuencias de lo que está haciendo porque no está permitiendo que Venezuela llegue a unas elecciones legítimas", dijo Sires a Radio Martí.

Rooney coincidió añadiendo: "Como dice la misa católica, <es justo y necesario>. La mayor presión que podamos imponer es muy importante".

La semana pasada un alto funcionario del Departamento de Estado mencionó la posibilidad de que Washington aplique más sanciones a la isla: "Mientras los cubanos sigan haciendo lo que están haciendo, especialmente en Venezuela..., quiero decir, hemos tenido problemas con lo que hacen siempre en Cuba, pero están de regreso..., ahora interviniendo en otro país. Hemos sido bastante claros con ellos de que la presión sobre ellos seguirá aumentando. Y no hemos descartado ninguna medida específica... Mencioné algunas de las medidas que ya hemos tomado; habrá más”.

En la conferencia de este miércoles también se habló de Nicaragua, Sires dijo que el país centroamericano está siguiendo el ejemplo de Venezuela y que las sanciones de Estados Unidos contra miembros del gobierno en Managua buscan detener el flujo de dinero a Daniel Ortega para que no se convierta en otra Venezuela.

Añadió que continuarán presionando a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua porque esto es un plan de juego que comenzó en La Habana, pasó a Caracas y ahora a Managua.

Juicio político a Trump podría iniciar el 21 de enero

Juicio político a Trump podría iniciar el 21 de enero
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EEUU sanciona a Luis Parra y otros 6 diputados por intentar controlar Parlamento venezolano

El parlamentario, Luis Parra, es sancionado por EE.UU

Estados Unidos sancionó el lunes al diputado Luis Parra y a otros seis que intentaron tomar el poder la Asamblea Nacional de Venezuela, único instrumento legítimo reconocido por más de 50 países, y evitar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la misma.

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que, aparte de Parra, los otros diputados sancionados son José Gregorio Noriega Figueroa, Franklyn Leonardo Duarte, José Dionisio Brito Rodríguez, Conrado Antonio Pérez Linares, Adolfo Ramón Superlano y Negal Manuel Morales Llovera, todos expulsados de la oposición en el 2019 después de ser acusados de supuesta corrupción.

"El Tesoro ha designado a siete funcionarios corruptos de la Asamblea Nacional que, a instancias de Maduro, intentaron bloquear el proceso democrático en Venezuela", dijo el secretario Steven T. Mnuchin.

En el comunicado la OFAC explica que, en nombre de Nicolás Maduro, los siete sancionados “lideraron un intento fallido de control a la Asamblea Nacional y de bloquear al presidente interino Juan Guaidó y a otros diputados de participar en la elección exigida constitucionalmente para el liderazgo de la legítima Asamblea Nacional".

Estas sanciones congelan cualquier activo que se tenga en jurisdicción estadounidense y se le prohíbe a los sancionados hacer cualquier transacción financiera con ciudadanos estadounidenses.

"A estos y otros funcionarios designados se les puede eliminar las sanciones si se ponen del lado del pueblo de Venezuela y de Juan Guaidó como su líder legítimo" aseguró Mnuchin en el comunicado.

Por su parte, Luis Parra, reaccionó a las sanciones por medio de un comunicado de prensa señalando de inaceptable que gobiernos extranjeros “pretendan condicionar la actuación y la libertad de conciencia de nuestros parlamentarios”.

Parra, para defender su legitimidad, aseguró en el comunicado que las “acciones unilaterales en nada contribuyen a generar contextos de entendimiento que pongan al ciudadano en el centro de la agenda para atender sus urgencias”.

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