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América Latina

El Salitre, la puerta de la esperanza de los venezolanos en Bogotá

Los venezolanos arriesgan sus vidas para buscar ayuda en Colombia. (Noticias ONU)

Daniel Bermejo acaba de llegar a la terminal de autobuses bogotana de El Salitre, es la una de la madrugada y viaja con su hijo Eduardo, de tan solo un año, con quien hace seis días salió de Maracaibo (Venezuela) donde dejó a su madre y a una hermana para probar suerte en Colombia.

Su esposa también va de camino a Bogotá pero viaja por separado y esperan reunirse en la capital colombiana para comenzar de nuevo porque la situación en su país no les permite siquiera soñar.

Este albañil de 27 años es uno de los más de cuatro millones de venezolanos que han abandonado su país, de los cuales al menos 1,3 millones están en Colombia.

Con Eduardo enrollado en una manta por el frío helado que hace en la estación de autobuses de Bogotá, Daniel dice que lo único que espera de Colombia es poder sacar a su hijo adelante.

Migrantes venezolanos en Colombia. (Noticias ONU)
Migrantes venezolanos en Colombia. (Noticias ONU)

Los ojos del pequeño Eduardo se hacen más grandes cuando las manos de los trabajadores del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, sigla en inglés) se acercan para darles arepas con agua de panela, una bebida caliente hecha con un derivado de la caña de azúcar.

Son la unidad de respuesta rápida de esta ONG que como su nombre indica actúan en situaciones de emergencia para ayudar, como en este caso, a las personas provenientes de Venezuela y que llegan a diario a El Salitre, la principal terminal de autobuses de Bogotá.

La misión principal del grupo es hacer una primera evaluación de las necesidades de quienes llegan a altas horas de la noche o de madrugada; al parecer el flujo de venezolanos es bastante alto y por el horario no hay organizaciones que puedan atender las carencias de los recién llegados.

Daniel salió de su país con tan solo una mochila pequeña, de color rosa, de estudiante de colegio infantil, donde a duras penas cabe algo de ropa para el bebé; 40,000 pesos colombianos (unos 12,5 dólares / 11,2 euros) y algo de comida.

Los dos han tenido algo de suerte, una señora les dejó dormir en su casa a mitad del trayecto y más tarde el conductor de un autobús los llevó hasta la capital colombiana; Daniel sabe que el golpe de suerte fue por su hijo, ya que sino los seis días de trayecto se habrían convertido en diez.

Para Daniel y el resto de venezolanos que se amontonan en la terminal es primordial la información ya que muchos llegan con total desconocimiento de a dónde ir y a qué se enfrentarán.

“Damos orientación en términos de derechos (…) darles algo de información de los riesgos que se pueden encontrar en la ruta migratoria y los requisitos para entrar a países como Ecuador y como Perú” dijo a Efe Esteban Rojas, oficial de servicios legales de la unidad de respuesta rápida del NRC.

Básicamente “todas las personas migrantes que vienen de Venezuela tienen derecho a acceder a servicios de salud de carácter urgente y a servicios de vacunación. En educación, todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar si son de Venezuela o si son de otros países, tienen derecho a acceder al sistema educativo”, añade.

Una pareja de migrantes venezolanos pinta billetes en las calles de Bogotá para protestar contra la situación económica de su país. (Archivo)
Una pareja de migrantes venezolanos pinta billetes en las calles de Bogotá para protestar contra la situación económica de su país. (Archivo)

Mientras la furgoneta del Consejo Noruego para Refugiados reparte las 200 arepas con la bebida caliente entre los venezolanos, Daniel, con lágrimas y la voz entrecortada, asegura que el trayecto ha sido muy pesado porque trae a su hijo en brazos, pero da gracias a Dios que ya está aquí.

Un recorrido de 18 horas y 45 minutos en coche a lo largo de 1,162 kilómetros separan a Maracaibo de Bogotá.

“Muchos venezolanos llegan con los pies bastante ampollados, ensangrentados en unos casos, en otros con la piel maltratada por el peso de las maletas, insolados, desnutridos y deshidratados”, asegura Rojas.

Son las tres de la madrugada y a la terminal llega un autobús desde la ciudad fronteriza de Cúcuta; bajan bastantes venezolanos y Nayibe Pérez, gerente de proyectos de este grupo de la NRC, explica a Efe que “el protocolo a seguir es verificar que los niños menores de cinco años tengan el esquema de vacunación completo”.

Muchos de los menores venezolanos que entran a Colombia por tierra llegan sin vacunas, solo con las de recién nacidos, como BCG o hepatitis B, y por eso en el puesto de salud instalado en El Salitre se les aplican las del sarampión, difteria y varicela para que puedan continuar su viaje.

Los miembros de la unidad de respuesta rápida o “grupo de la esperanza”, como les bautizó uno de los venezolanos de la terminal, han dado desde octubre de 2018 asistencia humanitaria a 1,400 personas.

En su primera noche en Bogotá Daniel y Eduardo dormirán acompañados, lo harán en el suelo de la terminal con una veintena de hijos y padres que como ellos buscan una segunda oportunidad.

Su próximo destino será Tunja, en el vecino departamento de Boyacá, donde el bebé esperará en una guardería mientras su padre busca trabajo “de lo que sea”, como dice, “aunque sea vendiendo dulces” en la calle.

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Noruega lamenta “impasse”, Maduro pasa la página y se reanuda diálogo en México

El jefe de la delegación del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que nunca estuvo contemplado abandonar el proceso.

Las negociaciones de este fin de semana continúan en marcha a pesar del retraso de dos días en su inicio. Las críticas a la democracia venezolana de parte de la primera ministra noruega en la ONU molestaron a la delegación oficialista

CIUDAD DE MÉXICO / MARACAIBO – La segunda ronda formal de diálogo sobre la crisis en Venezuela sigue en pie en México a pesar de un “impasse” que causó el retraso de su inicio en las últimas 48 horas.

El responsable del equipo del país facilitador del proceso en Ciudad de México, Dag Halvor Nylander, enfatizó la noche del sábado que el Reino de Noruega “mantendrá y demostrará estricta imparcialidad en su trato con las partes” involucradas en las negociaciones, previstas a iniciar el pasado viernes 24.

Las palabras de Nylander a la prensa congregada en el hotel Sofitel permitieron revelar que la causa del retraso en la llegada de la delegación del gobierno de Nicolás Maduro a México y su molestia fue la mención que hizo sobre Venezuela la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, en su discurso durante la Asamblea General anual número 76 de las Naciones Unidas, el viernes.

En su mensaje, Solberg manifestó preocupación por las “graves violaciones a los derechos humanos, la reducción de la democracia y el irrespeto de los derechos humanos” registrados, a su entender, en Venezuela. También, reivindicó la importancia de las transiciones democráticas en el mundo.

Nylander expresó sus disculpas por el discurso de la más alta funcionaria del poder ejecutivo de su nación. “Lamentamos que la reciente declaración en la ONU pueda afectar la confianza de nuestro papel. Es fundamental que este proceso de negociación sea entre los propios venezolanos sin ninguna interferencia indebida”, dijo en una brevísima declaración ante la prensa.

Insistió en la expectativa de que las delegaciones del gobierno de Maduro y de la plataforma unitaria que se le opone “puedan lograr avances importantes durante estos días aquí en México que favorezcan el bienestar del pueblo venezolano”, dando por sentado que el diálogo se reanudaría el domingo.

Impasse superado

Minutos luego, tomó la palabra el jefe de la delegación oficialista y presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en compañía del resto de su delegación. A su juicio, las palabras de la primera ministra noruega “afectó el cumplimiento de las pautas ya firmadas en el memorando de entendimiento”.

Según precisó, el gobierno de Maduro pidió a Noruega una explicación y, tras el pronunciamiento de Nylander, dio por solventado el impasse.

“Con la lectura que acaba de ocurrir por Noruega, damos por superado ese impasse y de inmediato vamos a ponernos en contacto con el jefe de la delegación de la plataforma unitaria (Gerardo Blyde) (…) desde el punto de vista de la delegación de Venezuela, damos por superada esta situación y nos mantenemos con el equipo facilitador y países acompañantes trabajando en este proceso arduo” de diálogo en México, destacó Rodríguez.

El jefe de la delegación oficialista detalló que estuvo en “contacto permanente” con Blyde, Noruega y los representantes de los países acompañantes, Rusia y Países Bajos, subrayando que nunca estuvo contemplado abandonar el proceso.

“Estábamos a la espera de que esta situación pudiera ser subsanada para reanudar el proceso, que no hemos interrumpido (…) hemos pasado la página en el impasse y continuaremos trabajando con toda intensidad”, remarcó.

El retraso de la llegada de Rodríguez y el resto de los delegados de Maduro a México, así como sus críticas por opiniones sobre el diálogo expresadas por el embajador estadounidense ante Venezuela James Story, generaron dudas sobre la continuidad de la ronda de negociación convocada para el fin de semana.

La noche del viernes, la plataforma unitaria publicó un comunicado en el que expresó su disposición a “continuar la negociación sobre la agenda acordada”. Sus delegados se encontraban en México desde ese día para iniciar el diálogo.

Al aterrizar en Ciudad de México, al mediodía del sábado, los delegados oficialistas mostraron ante la prensa unos carteles con la imagen del empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde y solicitado en extradición por Estados Unidos, con una frase que, en inglés, pedía su liberación inmediata.

Se espera que las partes en conflicto debatan sobre los mecanismos financieros para rescatar la economía nacional y otorgar beneficios sociales a la población, la reforma del sistema judicial y el respeto a la institucionalidad en Venezuela.

Sergio Ramírez, Ciudadano de Honor de Costa Rica

Foto Archivo. El escritor Sergio Ramírez. AP Photo/Alfredo Zuniga

El laureado escritor nicaraguense Sergio Ramírez dijo este jueves que la carta firmada de manera unánime por los expresidentes de Costa Rica, en la que solicitan a la Asamblea Nacional que se le declare Ciudadano de Honor y titular de la nacionalidad costarricense lo honra y lo conmueve.

La orden de detención emitida contra el escritor Ramírez, quien fuera vicepresidente en el anterior Gobierno de Daniel Ortega y quien debió acudir al exilio el pasado mes de junio por criticar fuertemente las acciones de quien fuera su compañero en el comunista Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, ha llevado a muestras internacionales de solidariad con el Premio Cervantes de las Letras 2017.

La Fiscalía de Nicaragua lo acusó hece dos semanas de “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”, y ordenó su captura y el allanamiento de su residencia en Managua.

“Es lo más duro a lo que alguien puede ser sometido. Saber que no puede volver a su país. Saber que tiene esas puertas cerradas por la mano de una dictadura enemiga de los libros”, afirmó el Premio Cervantes.

Antes de ser acusado por la fiscalía de Nicaragua de “incitar al odio”, ya estaba retenido en la aduana de Nicaragua el libro “Tongolele no sabía bailar”, del escritor y exvicepresidente Ramírez.

La medida, según Ramírez, fue ordenada por el gobierno de Ortega debido a que el libro ha despertado la curiosidad de los nicaragüenses por su contenido. El escritor sostiene que le exigieron a la editorial que presentara un resumen de la novela, en medio de la preocupación de que el texto pudo haber "llegado a límites nunca antes vistos”.

Ramírez lo describe como “una represión a su libertad de creación literaria” y a su vez una violación al convenio mundial sobre los libros firmado por Nicaragua en la UNESCO.

La justicia y los recursos de Venezuela centran otra ronda de diálogo en México (VIDEO)

Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, habla con los medios luego de continuar las negociaciones en Ciudad de México. Foto: REUTERS/Edgard Garrido.

La segunda sesión formal de negociaciones políticas sobre Venezuela comienza este viernes en Ciudad de México. La ronda está precedida por fricciones sobre el empresario colombiano Alex Saab y los activos nacionales en el extranjero.

MARACAIBO, VENEZUELA — La utilización de fondos en el extranjero para planes sociales y la modificación del sistema de justicia serán temas centrales de la nueva ronda de negociaciones que inicia este viernes en Ciudad de México en el marco del diálogo para lograr una solución a la crisis en Venezuela.

Las delegaciones del gobierno de Nicolás Maduro y de la plataforma unitaria que lo confronta políticamente volverán a coincidir en México entre el viernes 24 y el lunes 27 de septiembre con la facilitación de Noruega y el acompañamiento de los gobiernos de Rusia y los Países Bajos.

Según se comunicó oficialmente tras la última ronda de diálogo, convinieron que el punto central de las próximas conversaciones serán el sistema de justicia y la institucionalidad venezolana, enmarcados en el tema del “respeto del estado constitucional de derecho”, que se incluyó en el memorando de entendimiento.

“Si el diálogo fructifica, las sanciones no serán necesarias” para Venezuela
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Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora para el diálogo de México, reivindicó ante la prensa tras la última ronda de negociaciones la relevancia de abordar el tema “profundo y complejo” de la reinstitucionalización del país mediante la consecución de un sistema judicial “independiente, soberano”.

Ese sistema, dijo, debe anidar en los venezolanos la certeza de que “la ley es igual para todos”. “Que acabe con la altísima impunidad que hay en Venezuela (…) nos permitirá confiar en que hay alguien a quien acudir cuando el Estado abusa de su poder. Es el sentido del equilibrio de un sistema judicial donde todos sintamos que la justicia puede ser conseguida”, manifestó.

Blyde, abogado experto en derecho constitucional, insistió en México en que ni siquiera el resurgimiento económico sería posible si no se lograran atacar “las causas” de la crisis integral de Venezuela, entre las que mencionó el desmoronamiento de la institucionalidad y el cumplimiento de las leyes.

Se espera que el oficialismo haga énfasis en el debate en el “respeto del estado constitucional” que menciona el memorando de entendimiento, en el sentido de que la oposición no recurra a “golpes de Estado” o “magnicidios”, sino que retome la ruta electoral, como lo mencionó Maduro este miércoles durante su intervención pregrabada en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ambas delegaciones acordaron dos puntos en la última sesión: un acuerdo para ratificar la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba; y un entendimiento “parcial” para la protección social de los venezolanos mediante la creación de una mesa bipartita para gestar planes alimenticios y de salud.

| Tensiones del diálogo

Otro tema que copará las negociaciones será el de las medidas para beneficiar la economía nacional y garantizar lo que han denominado “protección social al pueblo”, es decir, planes sociales para paliar la crisis que viven los venezolanos.

Este asunto se centrará en la posibilidad de que Venezuela tenga acceso a la asignación especialísima de derechos especiales de giro que hizo el Fondo Monetario Internacional para la liquidez mundial durante la pandemia.

Las reuniones de este fin de semana en México vienen precedidas por fricciones entre las partes. El oficialismo anunció la semana pasada la inclusión como miembro pleno de su delegación para el diálogo de Alex Saab, empresario detenido en Cabo Verde y solicitado en extradición por Estados Unidos.

La oposición respondió dejando el asunto en manos de Noruega, el facilitador, y remarcando que la eventual extradición de Saab es un asunto político entre dos países con sistemas democráticos soberanos, que no le compete.

El gobierno de Maduro criticó duramente también las declaraciones de voceros opositores sobre activos de Venezuela en el extranjero, como la empresa Monómeros, recientemente intervenida por el gobierno colombiano, y acusó a sus detractores de querer provocar “el quiebre” de las negociaciones.

Jorge Rodríguez, máximo responsable de la delegación madurista, indicó en México hace tres semanas que la intervención de Monómeros era “un robo flagrante” del gobierno colombiano y, además, reveló que conversaban sobre “mecanismos audaces, novedosos y diversos” para obtener recursos.

Pablo Andrés Quintero, politólogo y consultor político venezolano, explica que existe una polémica, no solo desde las filas oficialistas, sino dentro de la misma oposición, por el manejo discrecional e irregular de los activos republicanos en el extranjero bajo la figura del gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó, a quien 50 países reconocen como presidente temporal desde 2019.

“Estas empresas tienen recursos venezolanos, deberían ser controladas por el gobierno venezolano, son activos venezolanos. La disputa es esa: hay un debate sobre si este dinero sigue siendo controlado, ni siquiera por un gobierno interino, realmente, sino por una facción política, Voluntad Popular, y si esto es correcto y constitucional, y qué tipo de beneficios tiene para los venezolanos”, detalla el docente universitario, en conversación con la Voz de América.

Casos como los de Monómeros y Citgo, a la cual el gobierno estadounidense renovó una licencia para proteger sus activos hasta enero de 2022, generan “escándalos” y minan la credibilidad de la oposición venezolana, opina.

“No tiene nada que ver el gobierno (de Maduro) con esto. ¿Quién vigila a los vigilantes de estos activos y qué es lo apegado a los principios de transparencia y responsabilidad al momento de administrar una empresa?”, se pregunta.

Quintero considera que esa polémica sobre los activos en el extranjero, si bien genera “tensión” en la oposición, no derrumbará la mesa de negociación.

Senado de EEUU busca apoyar a mujeres y niños venzolanos

Migrantes venezolanos en Arauquita, Colombia, entre ellos mujeres y menores de edad, acampan en una estación temporal tras enfrentamientos militares en Venezuela en el mes de abril de 2021.

La resolución pretende brindar apoyo, tanto dentro como fuera de Venezuela, a estos dos grupos demográficos que se han visto especialmente afectados por la crisis humanitaria que afecta al país latinoamericano.

Una resolución bipartidista del Senado de Estados Unidos busca aunar el apoyo a la crisis que viven mujeres y niños en Venezuela, una crisis que se ha agudizado con la pandemia del coronavirus, y la asistencia a los migrantes.

La resolución “expresa la alarma del Congreso ante las crecientes necesidades humanitarias de las mujeres y niños dentro de Venezuela y aquellos que buscan protección internacional en países vecinos”.

Según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 5,4 millones de venezolanos se han visto obligados a salir del país, huyendo de la grave crisis humanitaria en la nación latinoamericana.

La resolución presentada apoya el trabajo de Estados Unidos y la comunidad internacional en defensa de los migrantes venezolanos, pero también enfatiza en cómo las venezolanas han tenido que hacer frente a la grave crisis.

El documento dado a conocer el miércoles está encabezado por el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, y respaldado por sus correligionarios Tim Kaine, de Virginia, Ben Cardin, de Maryland y Dick Durbin, de Illinois, así como por los senadores republicanos Marco Rubio, de Florida y Bill Cassidy de Luisiana.

La criminalidad y el despotismo desenfrenados del régimen de Maduro han dado lugar a la crisis migratoria y de refugiados más severa en la historia moderna de nuestro hemisferio”, señaló el senador Menéndez, quien es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, citado en un comunicado.

En tanto el senador Rubio dijo que “el costo humano de la debacle humanitaria de la narcorregión de Maduro ha resultado en el desplazamiento de 6 millones de venezolanos en todo el mundo”.

Por su parte los demás senadores apoyaron la resolución y pidieron que el gobierno de EE. UU. respalde el proyecto para así proveer de alimentos, albergue y atención médica a los refugiados venezolanos en la región.

El martes el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, destacó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, cómo su país ha servido de refugio para más de 400.000 venezolanos, para quienes dijo, las autoridades han dispuesto los procesos legales a fin de ofrecerles documentos que les permitan trabajar y tener atención de salud.

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay son señalados en la resolución encabezada por el senador Menéndez por haber coordinado labores de solidaridad y apoyo bajo en el Proceso de Quito.

Amnistía Internacional: Deficientes investigaciones de asesinatos de mujeres en México violan derechos a la vida

Una activista sostiene un cartel contra el feminicidio en una marcha por el Día Internacional de la Mujer, en la ciudad de México. (Archivo/REUTERS/Luisa Gonzalez)

Las investigaciones sobre asesinatos de mujeres precedidos de desaparición, realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJEM, presentan graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades, lo que ha llevado a la pérdida de evidencias, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género, según estima Amnistía Internacional.

Esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado este martes.

Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de asesinatos de mujeres precedidos de desaparición en el Estado de México establece que las falencias antes referidas coinciden con las de otras investigaciones que han sido puestas de manifiesto por organizaciones de la sociedad civil y por personas titulares de derechos, y con casos como los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos hace más de 20 años. Esto sugiere que la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención forman parte de una realidad más amplia del país.

“Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo las Convenciones de Belem do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

“El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades. Por ello, seguimos insistiendo en que el tema de la violencia contra las mujeres ocupe un lugar prioritario en la agenda del gobierno federal y de los gobiernos locales”, precisó Edith Olivares Ferreto.

Tan solo en 2020, se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.

En el informe, Amnistía Internacional documentó cuatro casos emblemáticos de feminicidio precedidos de desaparición, analizando específicamente las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos. Los casos fueron los de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y aún con paradero desconocido, y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.

El informe demuestra que las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.

Las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas –generalmente a las mujeres– a asumir el liderazgo de las investigaciones invirtiendo sus propios recursos.

También se dan casos en que las autoridades amenazan y acosan a las familias para que no llamen la atención de sus superiores. Asimismo, las autoridades no siempre aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres.

El informe demuestra también que las autoridades de la FGJEM no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, debido a una sobrecarga de trabajo y carencia de insumos materiales para llevar a cabo algunas tareas. Adicionalmente, el personal debe pagar, con sus propios medios, parte del material necesario para llevar a cabo las investigaciones y las oficinas no tienen depósitos adecuados para resguardar las evidencias, favoreciendo su contaminación y destrucción. El personal de la FGJEM requiere una mayor formación especializada para llevar a cabo investigaciones adecuadas.

Las deficiencias detectadas en las investigaciones implican una violación a los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia. Para proteger los derechos de las víctimas, Amnistía Internacional recomienda:

A la FGJEM, que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas, así como el diseño e implementación de capacitaciones sobre cómo investigar desapariciones y muertes violentas de mujeres desde una perspectiva de género.

Al Congreso del Estado de México, que la FGJEM, especialmente la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, cuente con los recursos humanos y financieros para cumplir con su labor de manera adecuada.

A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que investigue la problemática de las deficiencias en las investigaciones penales de los delitos de violencia contra las mujeres, en especial de los feminicidios y las desapariciones de tal forma que emita recomendaciones que aborden los aspectos resaltados en este informe.

A las autoridades federales, que reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios y las desapariciones en México, así como las deficiencias en las investigaciones de los delitos.

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