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América Latina

Rechazo a Maduro crece en el día de su investidura

Un venezolano residente en Brasil muestra su rechazo a Maduro.

Nicolás Maduro asumió hoy la presidencia de Venezuela hasta 2025 ante un fuerte rechazo internacional.

El Gobierno del presiente Donald Trump no reconocerá la "toma de posesión ilegítima de la dictadura" del presidente venezolano Nicolás Maduro, y mantendrá su presión sobre ese "régimen corrupto", afirmó hoy John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

"Estados Unidos no reconocerá la toma de posesión ilegítima de la
dictadura de Maduro", aseguró Bolton en un mensaje en su cuenta de
Twitter, sobre la jura hoy del presidente venezolano de su nuevo
mandato hasta 2025.

"Continuaremos ejerciendo presión sobre este régimen corrupto y apoyando a la democrática Asamblea Nacional y haciendo un llamado a la democracia y la libertad en Venezuela", escribió Bolton.

Por su parte el secretario de Estado Mike Pompeo subrayó en un comunicado que "es hora de que Venezuela comience un proceso de transición que pueda restaurar el orden democrático y constitucional a través de la celebración de elecciones justas y libres que respeten la voluntad del pueblo venezolano".

"Es hora de que los líderes venezolanos tomen una decisión. Exhortamos a quienes apoyan este régimen, desde los empleados que sobreviven mediante subsidios de alimentos hasta las fuerzas de seguridad venezolanas que han jurado apoyar la constitución, a que no sigan permitiendo la represión y la corrupción y trabajen con la Asamblea Nacional y su líder debidamente elegido, Juan Guaidó, de conformidad con su constitución en un retorno pacífico a la democracia. El pueblo venezolano y la comunidad internacional recordarán y juzgarán sus acciones. Ahora es el momento de convencer a la dictadura de Maduro de que ha llegado la hora para que la democracia regrese a Venezuela", dice la nota del Departamento de Estado.

La Unión Europea (UE) se sumó hoy al americano Grupo de Lima en su repudio a la investidura de Maduro.

"La UE y los Estados miembros no participarán en la sesión de investidura presidencial hoy", destacó la portavoz de Exteriores del bloque europeo, Maja Kocijancic, en rueda de prensa.

"Hemos dejado muy claro que las elecciones presidenciales no fueron libres ni justas", añadió, y recordó "todos los llamamientos de la comunidad internacional, incluyendo de la Unión Europea, para que haya nuevas elecciones en conformidad con los estándares internacionales".

Maduro juró su nuevo mandato acompañado sólo por cuatro jefes de Estado de países latinoamericanos: el boliviano Evo Morales, el nicaragüense Daniel Ortega, el cubano Miguel Díaz-Canel y el salvadoreño Salvador Sánchez Cerén.

También asistieron los mandatarios de Osetia del Sur, Anatoli Bibílov; y Abjasia, Raul Jadyimba, países que no son reconocidos por Naciones Unidas.


La Organización de Estados Americanos (OEA) acordó hoy "no reconocer la legitimidad" del mandato de Nicolás Maduro, y llamó a que se celebren nuevos comicios "en una fecha cercana" con observación internacional.

En una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente, una resolución en este sentido presentada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Perú y Paraguay logró 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones, y será transmitida "inmediatamente" al secretario general de las Naciones Unidas.

La Conferencia Episcopal Venezolana se sumó también a los que repudian el mandato que hoy jura Maduro.

"La pretensión de iniciar un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen y abre una puerta al desconocimiento del Gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho", dijeron los obispos en su exhortación.

El gobierno de Perú anunció hoy una serie de medidas entre las que se cuenta impedir la entrada al territorio peruano a Nicolás Maduro y a 100 miembros de su régimen y personas relacionadas a éste.

El senador cubanoamericano Marco Rubio escribió en Twitter que "la comunidad internacional debe tener claro que brindarle cualquier tipo de legitimidad al régimen o quedarse callados es ser cómplice de sus barbaries".

"Hoy es un día negro para la democracia en Venezuela. Hoy es un día en el cual Nicolás Maduro va a colocar una lápida sobre la democracia venezolana", escribió por su parte el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile Roberto Ampuero.

El presidente de Colombia Iván Duque hizo un llamado a la comunidad internacional para "cercar diplomáticamente la dictadura".

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, emitió una declaración en la que sostiene que “habiendo tomado el poder a través de elecciones fraudulentas y antidemocráticas celebradas el 20 de mayo de 2018, el régimen de (Nicolás) Maduro ahora está totalmente arraigado como una dictadura” al tiempo que rechaza la legitimidad del nuevo período presidencial y le pide a Maduro que “ceda inmediatamente el poder a la Asamblea Nacional elegida democráticamente hasta que se celebren nuevas elecciones”.

La ministra sostiene que Canadá solo admite a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, “como la única institución democráticamente elegida que queda en el país".

[Agencias y redes sociales]

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Informe revela "compleja operación" de lavado de dinero en Venezuela

En la operación intervienen entidades del estado, empresas ilícitas y grupos del crimen organizado, señala el informe.

Un informe presentado este jueves por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en Washington, revela que en Venezuela existe una "compleja operación criminal" de lavado de dinero que tiene como centro a la estatal petrolera PDVSA.

Realizado por la firma IBI Consultants, el informe señala que en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro ha desarrollado una estructura de lavado de dinero como parte de una compleja operación criminal en la que intervienen entidades del estado, empresas ilícitas y grupos del crimen organizado.

Revelan "compleja operación" de lavado de dinero en Venezuela
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Este informe, resultado de cinco años de investigación, explica que dicha operación criminal es una estructura única basada en la participación directa del estado en el comportamiento criminal, operando en múltiples esferas económicas y jurisdicciones.

Esta situación, subraya el documento, socava el Estado de Derecho, la democracia y las alianzas de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental.

En total fueron identificados 181 individuos y 176 empresas operando en 26 países

El informe fue presentado por Douglas Farah, presidente de IBI Consultants e investigador principal en la Universidad de Defensa Nacional.

"Tenemos esa idea de que Venezuela es un problema aislado, y que si se resuelve el problema de Venezuela y se saca a Maduro del poder todo volverá a la normalidad", pero esencialmente no será así, es "una empresa criminal transnacional y multinacional", dijo Farah.

El informe indica que esta empresa criminal conjunta no solo ha tomado miles de millones de dólares de las arcas estatales venezolanas, sino que también ha utilizado a la empresa petrolera estatal PDVSA como la estructura central para el lavado de dinero y la corrupción en toda la región.

La cartera criminal utilizada por quienes impulsan este movimiento ha continuado diversificándose a medida que los precios del petróleo cayeron y la producción de PDVSA se detuvo, concluye el informe.

(Reporte de Michelle Sagué para Radio Martí)

Paro nacional en Nicaragua busca liberación de presos políticos

La policía custodia las calles de Managua durante el paro nacional convocado por la oposición.

Las calles y avenidas de las principales ciudades de Nicaragua lucían parcialmente vacías el jueves, aunque con relativo movimiento comercial en Managua, en el inicio de una huelga de 24 horas convocada por la oposición en reclamo de que el gobierno de Daniel Ortega libere a cientos de manifestantes presos.

Pequeños negocios, algunos supermercados, colegios de secundaria y universidades privadas de Managua cerraron sus puertas en apoyo al paro promovido por las coaliciones opositoras Alianza Cívica (AC) y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la empresa privada, organizaciones universitarias y el Comité de Familiares de Presos Políticos.

Se observaba muy poco tráfico de vehículos privados sobre la carretera a Masaya y la carretera panamericana, que comunica a Nicaragua con el resto de Centroamérica. Las cooperativas de autobuses y taxis operaban con cierta normalidad en la capital aunque con escasa demanda.

“Paramos y vaciamos las calles no por resignación sino por indignación. Paramos por la libertad de los inocentes en las cárceles. Paramos para no consumir y no aportar a nuestra propia represión”, declaró Haydeé Castillo, activista de derechos humanos y dirigente de la UNAB.

El gobierno emitió un comunicado en el que ofreció liberar a todos los presos políticos a más tardar el 18 de junio, seguir promoviendo una reforma electoral "para las elecciones de 2021" y fomentar la reconciliación y el retorno voluntario de los exiliados.

Las farmacias y las gasolineras abrieron sus puertas, pero con pocos clientes. “Si yo no trabajo no como, a mí la política no me mantiene”, dijo a The Associated Press Evelia Herrera, dueña de una pequeña tienda de abarrotes en una zona residencial de las afueras de Managua.

También lucían casi desiertos los habitualmente concurridos mercados Mayoreo y Oriental, en el sector norte de la capital. En la ciudad de León, en el occidente, comerciantes de los cuatro mercados municipales se sumaron al paro pese a que la alcaldía había amenazado con retirarles sus permisos de venta, informaron medios locales.

Tanto en León como en las ciudades de Chinandega, Camoapa, Masaya y Diriamba las radioemisoras locales reportaron un ambiente desolado y poco movimiento comercial.

Las escuelas y universidades públicas del país laboraron con normalidad tras recibir advertencias del gobierno. La dirigente estudiantil Valeska Valle, miembro de la Alianza Cívica, denunció que los rectores de las universidades públicas y algunas privadas "amenazaron con sancionar a los alumnos que no asistieran".

No obstante, los principales centros educativos privados suspendieron las clases, incluido el Colegio Alemán Nicaragüense ubicado en Managua y donde estudian varios nietos del presidente Ortega.

La dirección del colegio informó que no trabajaría el jueves “por razones de seguridad para nuestra comunidad educativa”. Hace semanas el centro fue el foco de una polémica cuando los nietos de Ortega realizaron manifestaciones políticas a favor del gobierno.

El miércoles el gobierno advirtió que aplicaría sanciones a los bancos privados que apoyaran el paro nacional. La actividad bancaria nicaragüense es regulada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, que puede imponer multas por incumplimiento de desempeño laboral según una resolución vigente desde 2006.

De acuerdo con estimaciones del sector privado el paro nacional podría dejar pérdidas económicas de hasta 20 millones de dólares por día.

Mientras tanto, el portal oficial El 19 Digital divulgó los resultados de una encuesta de la consultora local SISMO LIX según la cual 57,7% de la población aprueba el desempeño del presidente Ortega. El sondeo, realizado del 5 al 16 de mayo, indicó que 96,9% de la población quiere un país en paz y 97,6% desea estabilidad social y económica. Asimismo, un 96,7% desea seguridad ciudadana, agregó el informe de la encuestadora vinculada al gobierno.

SIP condena estigmatización contra la prensa y los periodistas

Nicholas Casey, corresponsal en Colombia del The New York Times en Colombia. (Facebook).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un llamado de preocupación ante lo que considera “campañas de estigmatización contra periodistas en Colombia y Estados Unidos que limitan la libertad de prensa, debilitan la discusión pública en democracia y aumentan los riesgos de vida de los periodistas”.

En artículo publicado en el sitio oficial de la SIP este miércoles, la entidad citó el ejemplo del periodista Nicholas Casey, corresponsal en Colombia del The New York Times, que se vio obligado a abandonar el país por "acusaciones falsas", argumentando que “atentan contra su seguridad, luego que la senadora colombiana María Fernanda Cabal, del partido de gobierno, tuiteó dos fotos del reportero y un texto que cuestionaba cuánto le habrían pagado las Farc por publicar un reportaje favorable y otro contra el Ejército”, enumera la SIP.

Sin embargo, explica la entidad regional, “La foto donde aparece el reportero en una moto resultó no ser el periodista Casey sino del reportero gráfico Federico Ríos, que también abandonó el país”.

El tuit de la legisladora, acompañado por la etiqueta #CaseyEsFakeNews y replicado por otros políticos, fue en respuesta al artículo de Casey titulado "Las órdenes de matar del Ejército ponen en riesgo a civiles", que fue publicado el 18 de mayo en el New York Times.

El periodista se refirió, indica la SIP, a la supuesta orden del jefe del Ejército colombiano de duplicar el número de criminales y guerrilleros muertos o capturados.

María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP y directora del diario colombiano El País de Cali, manifestó su rechazo al uso cada vez más frecuente de la estigmatización a periodistas como mecanismo de censura.

Domínguez expresó la gravedad que para el ejercicio del periodismo significa que los funcionarios públicos y políticos no midan las consecuencias que puedan tener sus palabras cuando sus críticas y estigmatizaciones están dirigidas contra los reporteros y su labor profesional. Agregó que "la estigmatización e insultos a la prensa, generados por funcionarios públicos y difundidos en redes sociales, crean un ambiente hostil para la prensa e instigan violencia contra periodistas y medios".

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del portal mexicano La Silla Rota, dijo que "la estigmatización se ha intensificado con el internet, las redes sociales y con funcionarios y gobernantes que desacreditan a los mensajeros cuando investigan y denuncian corrupción". Destacó que el discurso de odio y la intolerancia ante las críticas fundadas en investigaciones y denuncias "debilitan no solo la libertad de prensa sino la discusión pública que es una garantía inherente a la vida democrática".

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

[Con información de la Sociedad Interamericana de Prensa]

Cristina Fernández afronta su primer juicio en plena campaña electoral

Senadora Cristina Fernández de Kirchner junto a su abogado Carlos Beraldi el 21 de mayo en Buenos Aires.

BUENOS AIRES (AP) - La expresidenta argentina Cristina Fernández se sentó el martes en el banquillo en un juicio inédito en el que la principal acusada de presunta corrupción se encuentra al mismo tiempo en campaña para volver al poder, esta vez como vicepresidenta.

El juicio, el primero de una serie de procesos que enfrentará la exmandataria (2007-2015) y actual senadora, comenzó tres días después de que Fernández anunciara que su exjefe de gabinete Alberto Fernández será precandidato presidencial y que ella lo acompañará como aspirante a la segunda magistratura.

Otros exmandatarios argentinos han sido juzgados pero Fernández, de 66 años, es la primera que se someterá a proceso al mismo tiempo que tiene posibilidades ciertas de volver a la casa de gobierno.

Fernández escuchó la acusación sentada junto a su abogado en el fondo de la sala mientras varias filas más adelante se situaron varios exfuncionarios de su gobierno. Detrás de un vidrio a espaldas de la acusada, se ubicaron políticos, sindicalistas y dirigentes de derechos humanos que sostienen su inocencia.

En las inmediaciones de la sede del tribunal simpatizantes de Fernández que vestían camisetas con la imagen de la expresidenta entonaron cánticos en su apoyo y ondearon banderas argentinas.

Alberto Fernández aseguró a periodistas que "Cristina va a poder probar que la imputación es falsa” y que es "un disparate que esté involucrada en esta causa".

Horas antes del inicio del juicio, la dirigente peronista afirmó en su cuenta de Twitter que el proceso es un “nuevo acto de persecución” que tiene como objetivo “colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.

Fernández se considera una perseguida en todas las causas que, a su entender, son instruidas por jueces sujetos a las órdenes del presidente Mauricio Macri. La senadora afirma que su sucesor promueve causas en su contra para desviar la atención de los argentinos de la actual crisis económica.

El desafío de Fernández es que lo que se diga en las audiencias no merme sus aspiraciones electorales ni las de su candidato en los comicios en los que Macri buscará reelegirse y la expresidenta se presenta como su principal rival, según varios sondeos.

Según la legislación, mientras no haya condena firme una persona procesada no está impedida para ejercer cargos públicos.

Junto a la exmandataria están procesadas otras 12 personas, entre ellas el allegado empresario de la construcción Lázaro Báez y exfuncionarios.

La senadora está acusada de haber encabezado una "asociación ilícita" que otorgó de forma discrecional obras públicas a Báez en la provincia sureña de Santa Cruz.

Esa "organización criminal" -que también funcionó durante el gobierno de su antecesor y marido Néstor Kirchner (2003-2007)- sustrajo fondos del Estado y "valiéndose de la legitimidad de los cargos" que ocupaban sus integrantes puso en funcionamiento una "maquinaria eficaz para sustraer y direccionar" esos fondos a Báez, sostuvo el secretario del tribunal durante la lectura de la acusación.

Alberto Fernández, que también fue jefe de gabinete de Kirchner, es uno de los más de 150 testigos que desfilarán durante el juicio.

El analista Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), dijo a The Associated Press que Macri aprovechará el desarrollo del proceso para “antagonizar” con la exmandataria y “eso no va a ser tan fácil” para ella.

El analista agregó, sin embargo, que con el sorpresivo anuncio de la fórmula presidencial Fernández consiguió amortiguar el impacto de su imagen frente a los jueces. “No es lo mismo la foto sentada en el banquillo siendo una candidata a presidenta que la foto de Alberto Fernández viajando para hacer un acto” de campaña, dijo.

La primera audiencia del juicio consistió en la lectura de la acusación fiscal.

De ser hallada culpable la exmandataria podría ser condenada a una pena de hasta 15 años de prisión.

La acusación de los fiscales está centrada en los 51 contratos de obras públicas que recibieron las empresas de Báez que supuestamente fueron amañados a favor del empresario pese a que sus firmas no tenían capacidad para hacer las obras. Muchas de ellas quedaron inconclusas o tuvieron un costo mucho mayor al valor de mercado.

Fernández sostuvo que “jamás” intervino como presidenta “en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras” y que los fondos para esos contratos fueron votados por el Congreso en el presupuesto. También cuestionó que la justicia le impidiera aportar suficientes pruebas para su defensa.

Carvajal denuncia manipulación de resultados electorales por parte de coronel venezolano

Autoridades venezolanas reciben al exjfe de inteligencia militar Hugo Carvajal

El exdirector de la Inteligencia Militar venezolana, Hugo Carvajal, solicitó en una carta publicada en su cuenta de Twitter la investigación a Carlos Quintero Cuevas por supuesta participación en la manipulación de los resultados de las elecciones presidenciales 2019-2025.

En la misiva dirigida tanto a la Asamblea Nacional, como al pueblo venezolano y la comunidad internacional Carvajal rectificó su intención colaborar para lograr el cese a la usurpación y de juntar todos los esfuerzos posibles para “para apoyar la causa de devolver la democracia a Venezuela".

Carvajal explica que desde el año 2002 hasta el 2004 Quintero formó parte del Departamento de Informática de la Dirección de Inteligencia Militar y después ocupó el cargo de Director de Informática en el que supervisaba “la data de los componentes del sistema e instrumentos electorales de votación.”

En su declaración, Carvajal asegura que Quintero forma parte de la Junta Nacional Electoral y su trabajo consistió en dirigir, supervisar y controlar los procesos electorales.

La carta finaliza sentenciando “yo lo podría asegurar a partir de las mismísimas palabras de Carlos Quintero en 2017: ‘me basta una llamada de Cilia o Diosdado para alterar los resultados a nuestra conveniencia”.

Hugo Carvajal, general retirado del Ejército venezolano, fue detenido en España en el mes de abril del presente año en respuesta a una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por un supuesto delito de narcotráfico.

[Redactado por Carolina Morales con información de redes sociales]

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