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América Latina

El popular presidente Vizcarra es destituido por el Congreso

Periódicos peruanos amanecieron con la noticia de la destitución de Vizcarra. Ernesto BENAVIDES / AFP

El Congreso de Perú destituyó este lunes al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral”, al cierre de un segundo juicio político en menos de dos meses, tras denuncias de que había recibido sobornos cuando era gobernador en 2014.

La destitución del popular mandatario fue aprobada por 105 votos, 19 en contra y cuatro abstenciones, superando ampliamente los 87 votos necesarios, al cierre de una maratónica sesión plenaria de casi ocho horas.

“Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República”, declaró tras la votación el jefe del Congreso, Manuel Merino, quien tomará las riendas del país hasta completar el mandato actual, que finaliza el 28 de julio de 2021.

Vizcarra declaró que dejaba el poder “con la frente en alto” y descartó entablar acciones legales para resistir la decisión del Congreso.

"Salgo del palacio de gobierno como entré hace dos años ocho meses: con la frente en alto", dijo Vizcarra, rodeado de sus ministros, en el patio de la casa de gobierno, anunciando que se marcharía de inmediato a su vivienda particular.

“Me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido”, agregó Vizcarra, quien gozó de niveles récord de popularidad en sus 32 meses de gobierno, lo que se reflejó con marchas y cacerolazos en su apoyo en Lima y otras ciudades luego de ser destituido.

Este juicio político fue una suerte de "remake" -pero con final diferente- de otro proceso de destitución del que Vizcarra había salido airoso el 18 de septiembre.

Vizcarra tuvo un destino similar al de su predecesor, Pedro Pablo Kuczysnki (2016-2018), quien no pudo completar su mandato al verse forzado a dimitir por presiones del parlamento.

"Perú sale más debilitado institucionalmente. Merino será un presidente débil, ese es el escenario en un contexto de elecciones generales (en abril de 2021) con pandemia", dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez Rodrich.

En la mañana, al inicio del juicio, Vizcarra presentó personalmente sus descargos ante el plenario del Congreso y negó haber recibido sobornos en 2014, cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua.

"Rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones", "no he cobrado soborno alguno", dijo Vizcarra.

Merino, quien será juramentado como presidente de Perú por el Congreso el martes en la tarde, es un político de bajo perfil, casi desconocido para los peruanos, tal como Vizcarra cuando asumió el poder hace dos años y medio.

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, afirmó que al Congreso le faltó "sentido de la proporción" al remover a Vizcarra, lo que es "algo muy grave".

En el juicio anterior, Vizcarra era acusado de instar a mentir a dos funcionarias del palacio de gobierno sobre un cuestionado contrato a un cantante, pero sus adversarios solo consiguieron 32 votos, lejos de los 87 necesarios para removerlo.

Las acusaciones de corrupción no han mellado el alto apoyo ciudadano que tiene este ingeniero provinciano de 57 años, sin partido ni bancada legislativa, que había asumido el poder tras la renuncia de Kuczynski, de quien era vicepresidente, el 23 de marzo de 2018.

Vizcarra destacó en sus descargos que una vacancia (destitución) "es una medida extrema", que no debía ser aplicada por el Congreso "cada mes y medio".

Tras la destitución, Merino se convertirá en el tercer presidente de Perú desde 2016, reflejo de la fragilidad institucional que ha caracterizado al antiguo virreinato español desde su independencia en 1821.

El Congreso destituyó a Vizcarra a cinco meses de los comicios presidenciales y legislativos.

Como en el juicio anterior, no hubo asuntos ideológicos en esta disputa, pues tanto el mandatario como la mayoría parlamentaria son de centroderecha.

Tampoco estaba en discusión el manejo de los grandes problemas de Perú, como la recesión económica, la devastadora pandemia del coronavirus o un foco de difteria que forzó a una vacunación de emergencia.

Vizcarra, quien alzó durante todo su mandato la bandera de la lucha contra la corrupción, destacó en sus descargos que hay 68 parlamentarios con procesos en curso, sin que por eso fuesen destituidos.

Hace un mes, la Fiscalía anunció que investigaría las denuncias contra Vizcarra cuando culminara su mandato en 2021, pues ahora posee inmunidad, pero sus adversarios en el Congreso no quisieron esperar.

Vizcarra acusó a los parlamentarios rivales de querer sacarlo para retrasar las elecciones de 2021 y, de ese modo, prolongar su mandato en el Congreso.

Los gremios empresariales habían pedido evitar la destitución y focalizarse en la reactivación económica y la emergencia sanitaria, mientras que el exmandatario Ollanta Humala (2011-2016) dijo que la destitución “desestabiliza al país”

La pandemia ha contagiado a 920.000 peruanos y matado a 35.000 personas.

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Nicaragua sin señales de reformas electorales para comicios de noviembre

Muchos acusan al Consejo Supremo Electoral de Nicaragua de estar al servicio de los intereses del partido de gobierno.

El gobierno de Nicaragua está dilatando hasta último momento las reformas electorales y advierte que serán eminentemente técnicas.

MANAGUA - Mientras la oposición nicaragüense avanza en la búsqueda de la unidad y de un candidato único para las elecciones presidenciales de noviembre, las reformas electorales siguen siendo un tema pendiente en la Asamblea Nacional de Nicaragua.

En las últimas dos décadas, el sistema electoral de Nicaragua se ha deteriorado con reformas que condujeron al colapso institucional del Consejo Supremo Electoral, al que muchos acusan de estar al servicio de los intereses del partido de gobierno.

Misiones de observación electoral, nacionales e internacionales, han concluido que las elecciones en Nicaragua no respetan el voto popular, y analistas como el doctor en derecho y académico Carlos Tünnermann advierten que las próximas reformas deberán cumplir con las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en respuesta a los cambios y reestructuraciones necesarias.

“Por supuesto, cambios en el Consejo Supremo Electoral. No podemos ir a un nuevo proceso electoral con los mismos magistrados que son responsables de los fraudes anteriores, tiene que haber una reestructuración y modernización del Consejo Supremo Electoral que funcione con transparencia honestidad y de manera responsable”, enfatizó.

Tünnermann sostiene que en el sistema electoral actual no existen condiciones para garantizar elecciones libres, justas y transparentes, mientras el gobierno también ha conculcado el derecho a la observación electoral nacional e internacional.

Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro dejó claro que las reformas al Consejo Supremo Electoral se discutirán únicamente con los partidos políticos y serán de carácter eminentemente técnico.

Navarro fue enfático al asegurar que van a definir las reformas electorales.

“Como lo dice el memorándum de entendimiento, son reformas eminentemente técnicas referidas exclusivamente a mejorar los trámites y el proceso electoral. Aquí no hay cambios constitucionales ni prohibiciones de ningún tipo como se les ha ocurrido a ese grupo de oenegés”, afirmó.

Es decir, la propuesta que aparentemente presentará el gobierno excluye que las reformas contemplen cambios en la composición del actual Consejo Supremo Electoral, o que incluyan reformas constitucionales, como ha planteado el Grupo Promotor de las Reformas Electorales.

Tampoco reconoce ninguna de las condiciones previas que demandan las organizaciones sociales, como la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades democráticas, que ha sido consensuada con la Coalición Nacional y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

La propuesta del Grupo Pro Reformas Electorales incluye 12 reformas, de las cuales cuatro requieren de una reforma constitucional, por lo que ya no podrían lograrse antes de las elecciones, porque en Nicaragua las reformas constitucionales se aprueban en dos legislaturas, a diferencia de las leyes ordinarias.

Sin embargo, también proponen la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral que garanticen la administración de un proceso electoral independiente, profesional y transparente; la observación electoral irrestricta conforme con los estándares internacionales; un padrón electoral único e integral, previamente auditado y depurado, y la reincorporación, en forma obligatoria, del proceso de verificación ciudadana masiva.

Aún hay tiempo

Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a la Voz de América que aún hay tiempo para lograr las reformas necesarias pero esto dependerá de la voluntad política de las partes.

“El gran tema, ¿se va a lograr? Eso va a depender de la voluntad política de quienes detentan el poder por una parte y, por otro, de cuál va a ser el tipo de presión que pueda ejercer la propia ciudadanía y los partidos”, señaló.

El plazo establecido por la Asamblea General de la OEA para que el presidente Daniel Ortega implemente estas reformas se agota, ya que fue fijado hasta mayo de 2021.

La resolución de la OEA sobre Nicaragua reitera la preocupación de la comunidad internacional por el deterioro de las instituciones democráticas e insta al gobierno “a respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

El documento pone especial énfasis en la necesidad de modernizar el Consejo Supremo Electoral y por ello insta a que el gobierno de Nicaragua “acepte el despliegue amplio y efectivo de las misiones de observación electoral que comprende observadores internacionales independientes y acreditados en el proceso electoral”.

Ortega usa los recursos del Estado para mantenerse en la presidencia de Nicaragua

Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta de Nicaragua (Maynor Valenzuela/AFP).

Los opositores al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua afirman que el dictador usa los recursos del Estado, particularmente en las escuelas, para mantenerse en la presidencia.

Dicen que existe un culto a la personalidad a Ortega y su esposa Rosario Murillo en la enseñanza pública y en todos los niveles de la sociedad, informó la Voz de América, VOA.

Desde que el joven nicaragüense de 19 años Román Sandino se matriculó en una universidad semiprivada, comenzó a destacarse en actividades culturales, que a la par de sus excelentes notas y su capacidad bilingüe, lo hicieron aspirar a solicitar una beca completa en otra casa de estudios.

A su corta edad Román ha traducido varios libros y obtenido sus primeros ingresos.

Normalmente Román estudia los días de semana en Managua, pero asegura que tiene un tiempo extra para poder adquirir aún más conocimiento.

Recientemente escuchó que el Ministerio de la Juventud, Minjuve, una entidad controlada por el presidente Ortega, estaba ofreciendo 16.000 becas universitarias en centros privados y públicos, pero uno de los requisitos principales era escribir una carta dirigida al mandatario.

Román rechazó de forma inmediata la beca, pese a sus anhelos de superación.

"Me parece una payasada que pongan tan ridículo filtro, con claras motivaciones políticas. Si en verdad quisieran tener a los mejores (estudiantes), medirían sus habilidades y no su lealtad al partido”, dijo el joven a la Voz de América.

En un año electoral, donde la comunidad internacional mantiene altas expectativas para que se celebren unos comicios libres, transparentes y competitivos que alivien la crisis sociopolítica que vive el país, los opositores han denunciado al gobierno de Ortega de arreciar su proselitismo político, utilizando incluso a las instituciones públicas y programas sociales como forma de atraer a los votantes.

La socióloga María Teresa Blandón considera que la mayoría de los gobiernos, tanto de derecha, como de centro o de izquierda, han recurrido al control que tienen sobre los sistemas públicos de educación para hacer proselitismo político, pero advierte que “algunos lo han hecho de forma más sistemática y abusiva”, como asegura es el caso del presidente Ortega.

Blandón enfatiza que desde que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, llegaron al poder, en la enseñanza pública y en todos los niveles se fomentó el culto a la personalidad hacia ellos.

También acusan al líder sandinista de instrumentalizar incluso los poderes del Estado, como la Asamblea Nacional para hacer campaña electoral.

Los diputados opositores afirman que en los murales de la Asamblea Nacional y en el canal parlamentario se transmite la campaña partidaria afín al gobernante Frente Sandinista, pese a que aún no se ha convocado a los comicios presidenciales.

Por su parte, el politólogo y líder de la oposición, Félix Maradiaga, valora la estrategia del gobierno como uno de los problemas más graves del “régimen sandinista”. Considera que son raíces del partido de gobierno practicadas desde la década de 1980, tras el triunfo de la revolución sandinista.

“Uno de los problemas más graves del régimen sandinista, son sus raíces profundamente arraigadas en la lógica del Estado-Partido. Esto quiere decir que el Frente Sandinista, desde sus orígenes, se interpreta a sí mismo como un aparato político-militar vanguardista, pero además dueño del Estado”, dijo Madariaga.

Policías y paramilitares asedian a defensoras de los derechos de la mujer en Nicaragua

Mujeres de Nicaragua en plena crisis política y sanitaria

Las integrantes de la Red de Mujeres contra la Violencia junto a las del Programa Feminista La Corriente, emitieron una denuncia acusando a los miembros de la policía orteguista, así como de fuerzas paramilitares, de someterlas a “intimidación, hostigamiento y asedio”, según lo publicado en el portal digital de ambas organizaciones, “Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos”.

En el comunicado, las defensoras de los derechos de la mujer relatan que “elementos policiales y parapoliciales asediaron la asamblea de la Red”, efectuada el sábado 23 de enero, “reteniendo, fotografiando y obligando a mostrar la identificación de algunas de las participantes”.

Por otra parte, en la sede del Programa Feminista La Corriente, las asistentes a un encuentro se vieron en la misma situación de asedio y acoso por parte de la policía política del presidente Ortega estando María Teresa Blandón, directora del programa en el interior del recinto.

De acuerdo con la información, estos hechos corresponden a la “campaña de asedio y hostigamiento sistemático” que se ha trazado el Estado nicaragüense para intimidar e intentar frenar la actividad de las “defensoras de derechos humanos y organizaciones feministas, así como a presas políticas excarceladas y sus familias”.

Las protestas en Venezuela

Un manifestante frente a las tanquetas de la guardia nacional durante las protestas de 2019 en Caracas. (Manaure Quintero / Reuters).

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OVCS, registró 9.633 protestas en 2020, lo que representa un promedio de 26 manifestaciones diarias.

Esta cifra significa una disminución del 42% en comparación con 2019, cuando se registraron 16.739 protestas, un promedio de 46 protestas diarias.

El 81% del total de 2020, 7.789 manifestaciones, ocurrieron en el contexto de la pandemia.

Venezuela registró sus primeros casos de coronavirus el 13 de marzo de 2020.

“Ni la represión del régimen de Nicolás Maduro ni el COVID-19 detuvieron a la sociedad civil en la exigencia de derechos”, dijo Marco Antonio Ponce, director del OVCS.

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