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América Latina

El BID invierte en la protección del medio ambiente en América Latina

Una protesta en Perú contra la contaminación con petróleo. (AP Photo/Rodrigo Abd).

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha destinado junto a BID Invest -el brazo privado del Grupo BID- más de 26.000 millones de dólares en financiamiento climático para América Latina y el Caribe entre 2016 y 2021, lo que representa alrededor del 60% de la financiación medioambiental destinada a la región por parte de los bancos multilaterales de desarrollo.

De ese total, 8.300 millones de dólares se han destinado a la adaptación y la resiliencia climática, un dato relevante en una región en la que los desastres naturales se han triplicado en los últimos 50 años.

Según un reciente estudio del BID, invertir en planes de adaptación de largo plazo puede salvar vidas, bienes materiales presentes y futuros, y prevenir o reducir daños y perdidas causados por el cambio climático.

Sobre esta cuestión, se estima que cada dólar invertido en infraestructura resiliente puede generar hasta cuatro dólares en beneficios económicos. "Por eso, es importante que los países incorporen riesgos climáticos en sus planes de desarrollo y prioricen acciones multisectoriales para mejorar la resiliencia", ha explicado la entidad bancaria.

En palabras del BID, estas cifras reflejan "el compromiso" del grupo con la región, situándolo como un "aliado estratégico" prioritario a la hora de hacer frente a la emergencia climática.

En el marco de la COP27, el BID está llevando a cabo reuniones bilaterales y gestionando acuerdos para avanzar en transicion verde, entre los que destaca el primer programa regional para promover la movilidad eléctrica basada en hidrógeno verde en América Latina y el Caribe, en el que colaboran la entidad y el Fondo Climático Verde (GCF).

Está previsto que bajo este fondo se destinen 450 millones de dólares en forma de préstamos en condiciones concesionales y donaciones a Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, Panamá, Paraguay y Uruguay.

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Denuncian persecución por protestas en Venezuela: “a los líderes sindicales nos ponen contra la pared”

Gremios de diversos sectores salieron a las calles de Venezuela para reclamar salarios dignos el 23 de enero de 2023. (Álvaro Algarra, VOA).

El dirigente sindical venezolano Yuxcil Martínez llegó a inicios de semana a su casa y, según dijo en un audio que difundió a varios contactos, se encomendó a Dios, temiendo que lo detuvieran los servicios de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro tras su defensa de los derechos laborales en la empresa siderúrgica Sidor.

Específicamente, dijo esperar que la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo detuviera o que alguien atentara contra su vida. “No sé qué va a pasar de aquí a mañana (…) estos compañeros se afincaron en querer discutir conmigo”, añadió, narrando su jornada de discusión de acuerdos contractuales con representantes del Estado en Sidor.

Compartió su miedo luego de días de protestas para lograr mejoras laborales por parte de trabajadores del complejo siderúrgico, uno de los más grandes del mundo, pero que cuenta con cifras de inoperatividad que superaron el 90% de su capacidad instalada en 2022 y que estuvo completamente inactivo hace apenas tres años, de acuerdo con sus sindicatos.

Solo la mañana del jueves 12 de enero, la policía estatal detuvo a 18 trabajadores de Sidor y la empresa Bauxilium durante sus manifestaciones de calle en el estado Bolívar. Según fuentes citadas por el diario Tal Cual, los liberaron luego, pero de forma condicional.

Días antes de la denuncia de Martínez, otro trabajador de la empresa estatal eléctrica Corpoelec, Servio Gudiño, denunció en sus redes sociales que agentes de la DGCIM se apostaron fuera de su casa, fotografiándola. Aseguró que sus intenciones “no son buenas”.

“No soy ningún delincuente para que ellos estén actuando de esta manera, estoy claro en mi derecho”, dijo en un video que compartió. Gudiño participó el pasado 23 de enero en una concentración de trabajadores en Maracaibo para reclamar por sus bajos salarios.

Esta semana, denunció que Corpoelec lo despidió por presuntamente “brindar falsos testimonios” durante aquella jornada del 23 y faltar a su empleo para ir a la protesta.

En conversación con el diario El Pitazo, explicó que la DGCIM sí intentó detenerlo para “hacerle una entrevista” y que, al presentarse en el organismo de inteligencia, los funcionarios le aconsejaron expresar sus molestias por los “canales correspondientes”, advirtiéndole extraoficialmente sobre una inminente orden de arresto en su contra.

Se suman caos

Julio Marín, vocero sindical del estado occidental de Lara, denunció “atropello constante” en su residencia por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) por cumplir con su “función” de defender los derechos de los trabajadores venezolanos.

También, 120 organizaciones civiles advirtieron de “persecución y amedrentamiento” contra el presidente del gremio de enfermeros del estado Carabobo, Julio García. Según indicaron, cinco agentes de inteligencia trataron de ingresar a su vivienda el pasado 20 de enero luego de su participación en múltiples manifestaciones para exigir mejores salarios.

Miles de empleados de instituciones públicas, especialmente educadores y trabajadores del sector salud, han manifestado desde los primeros días de enero para exigir mejoras salariales en las principales regiones, como la capital, Barinas, Zulia, Miranda y Lara.

Organizaciones no gubernamentales denunciaron que, en ese contexto de conflictividad social, la policía científica detuvo arbitrariamente por varias horas a la docente universitaria María Fernanda Rodríguez, luego de que participara en una reunión en Caracas con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk.

A mediados de 2022, decenas de organizaciones civiles y sindicatos denunciaron una serie de “detenciones arbitrarias” de ocho defensores de los derechos humanos y laborales, y advirtieron que constituían “otro ataque a la libertad sindical” por parte del chavismo.

Uno de los casos incluyó el arresto de la esposa de José Castro, militante del partido opositor Bandera Roja y activista del sindicalismo venezolano, luego que los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado no pudieron detenerlo a él, denunciaron en conjunto.

Entonces, se reclamó la detención “arbitraria” de un segundo miembro de la Alianza para la Defensa para los Derechos Humanos Laborales en Venezuela, Emilio Negrín. La primera ocurrió en 2021 contra el activista Javier Tarazona, aún detenido, precisaron.

Como ahora, aquellas organizaciones condenaron “una política gubernamental” para “neutralizar” a la disidencia trabajadora, que incluía despidos injustificados, detenciones arbitrarias, retenciones indebidas de salarios o prohibición de ingreso a sus empleos.

La llama sindical

Un experimentado líder sindical de Zulia, la región más poblada, contó a la Voz de América que el “hostigamiento” por parte de funcionarios del Estado venezolano debido a su participación en protestas y declaraciones públicas contra el gobierno es “permanente”.​

“Comienzan los funcionarios a seguirnos, con carros sin placas, van a las protestas, provocan a quienes los identifican. A los líderes sindicales nos ponen contra la pared”, manifiesta, bajo condición de anonimato por temor a represalias del gobierno.

Admite que los operativos sí hacen mella en algunos voceros. “Nuestras familias se preocupan. Unos dirigentes nos dicen: ‘en esta oportunidad no los acompaño (a protestar)’. Otros, que van a continuar. Tenemos las dos caras” de cómo reaccionan, dice.

Esta semana, hubo expectativas sobre eventuales mejoras contractuales que se alcanzarían en una mesa técnica entre delegados del Estado, empresarios y trabajadores con asesores de la Organización Internacional del Trabajo, en Nueva Esparta, en el oriente del país.

La reunión culminó sin lograrse el humo blanco entre las partes sobre asuntos como el salario mínimo mensual en Venezuela, mientras tres confederaciones de trabajadores denunciaban que el gobierno no hizo oferta alguna de montos o fecha a tratar el tema.

El delegado zuliano, sin embargo, dice notar lo mismo que otros voceros sindicales del sector educativo del centro del país apuntaron en días recientes a la VOA: que el actual conflicto los está unificando en una misma lucha, como no se había visto en años.

“La carencia es total y tiene que haber una respuesta. Hay ahorita una llama de una lucha sindical que tenía tiempo sin avivarse. El fracaso de la reunión (en Nueva Esparta) va a disparar las alarmas entre los sindicatos”, afirma, anticipando más protestas.

¿Quién es Maikel Moreno, el magistrado venezolano acusado de recibir sobornos en un tribunal de EEUU?

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, durante una conferencia de prensa el 1 de septiembre de 2020 en Caracas. (REUTERS/Manaure Quintero/File Photo).

Maikel Moreno pasó de ser policía y escolta en su juventud a una de las figuras más influyentes del poder judicial venezolano. Es uno de los funcionarios públicos con mayores sanciones de gobiernos extranjeros, y tiene antecedentes penales.

Maikel Moreno, un magistrado venezolano acusado en Estados Unidos de lavar millones de dólares, es una figura pública de dos versiones: para el chavismo, es un abogado leal y diligente, mientras la oposición lo ve como una pieza política que facilita la violación del estado de derecho y la perpetuidad del oficialismo.

La Fiscalía Federal del sur de la Florida acusó el jueves pasado a Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela entre 2017 y 2022, de conspirar para lavar capitales y recibir sobornos a cambio de “usar su posición para resolver casos civiles y criminales”, según denunció el Departamento de Justicia estadounidense en una nota.

De acuerdo con los documentos de la acusación, Moreno, de 57 años, tuvo “el poder de influir” con su autoridad en decisiones judiciales en su país mediante la designación de paneles de jueces en la Corte Suprema o removiendo jueces en tribunales menores.

La Fiscalía estadounidense alega que Moreno recibió entre 2014 y marzo de 2019 más de 10 millones de dólares en sobornos, generalmente de contratistas venezolanos que habían recibido acuerdos con instituciones del gobierno de Nicolás Maduro.

Hace nueve años, antes de ser designado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, “recibió un millón de dólares por transferencia a su cuenta bancaria personal en Miami de parte de un contratista venezolano”, afirma el Departamento de Justicia.

El caso en su contra incluye aseveraciones de que ayudó a sobreseer causas criminales y órdenes de captura para acusados en Venezuela, que acordó autorizar la toma judicial de una fábrica de automóviles de General Motors y que llevaba registros en un libro de los “millones de dólares” que habría recibido como sobornos a cambio de sus influencias.

Moreno nació en el estado oriental de Anzoátegui y fue policía del cuerpo de inteligencia del estado venezolano en su juventud, ejerciendo incluso como escolta del expresidente Carlos Andrés Pérez, de acuerdo con el portal de investigación venezolano Poderopedia.

Según reportajes especiales de la prensa en Venezuela y Estados Unidos, Moreno tuvo dos expedientes penales abiertos en su contra a finales de la década de 1980 por los asesinatos de dos hombres: uno en el estado sureño de Bolívar y otro en Caracas. Si bien estuvo detenido por uno de los casos, recibió beneficios procesales para quedar libre.

Casi una década después de aquella primera acusación, se graduó como abogado en la Universidad Santa María y, en 2014, logró un doctorado en derecho constitucional en 2014.

Una figura clave

Moreno, con más de 20 años de experiencia en el poder judicial, pasó a formar parte de la Corte Suprema de Venezuela con el apoyo mayoritario del chavismo en el Parlamento.

Según su hoja de vida publicada en el TSJ, dio sus primeros pasos en el poder judicial como alguacil en 1994, antes de ser asesor y consultor de la aerolínea privada Aeropostal, el Consejo Nacional Electoral y la policía del municipio central de Sucre.

Su experiencia como juez se desarrolló en tribunales de Caracas desde 2001, donde lideró casos de tenor político, como la condena contra el excomisario Iván Simonovis, un exasesor de inteligencia del gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó, exiliado.

En 2007, de acuerdo con la organización Transparencia Venezuela, Moreno fue destituido como magistrado de la Corte de Apelaciones del circuito penal de Caracas por una decisión adoptada en el caso del asesinato de una abogada, cuyos responsables quedaron en libertad.

Años después, entre 2008 y 2010, ejerció como consejero y ministro consejero de las embajadas en Italia y Trinidad y Tobago, antes de su ascenso a la máxima corte.

Ya como magistrado, llegó a presidir la Sala Constitucional y sus sentencias incluyeron medidas contra las competencias y las decisiones del poder legislativo venezolano, que la oposición había ganado abrumadoramente en las elecciones de diciembre de 2015.

Uno de sus fallos, en 2017, concluyó que el TSJ asumiría las competencias de la Asamblea Nacional por presunto desacato de previas medidas judiciales.

Esa decisión generó críticas en figuras públicas asociadas con el chavismo, como la fiscal general Luisa Ortega Díaz y reanimó las protestas de calle, así como las condenas de la comunidad internacional.

Sancionado y criticado

Moreno presidió por varios años el Tribunal Supremo de Justicia y hoy ejerce como líder de la Sala de Casación Penal. El chavismo, que ganó las votaciones legislativas de 2020 a pesar del veto opositor por presunta ilegalidad, lo reeligió como magistrado el año pasado.

Es uno de los funcionarios públicos de Venezuela con más sanciones internacionales sobre sus hombros. Estados Unidos, la Unión Europea y países como Ucrania, Noruega y Canadá lo han sancionado por presuntamente ayudar a socavar la democracia, violar derechos humanos y respaldar la represión contra manifestantes antichavistas.​

El magistrado también tuvo un rol político clave en la crisis política que inició en 2019 entre acusaciones de usurpación de la Presidencia contra Nicolás Maduro: juramentó al mandatario chavista como tal, ante la resistencia de hacerlo por parte del Parlamento, y respaldó las acusaciones legales contra Guaidó.

Exfuncionarios y asesores del expresidente estadounidense Donald Trump señalaron a Moreno como una de las figuras asociadas con el chavismo que habrían dado su visto bueno a la salida de Maduro del poder en las vísperas del fallido y débil golpe de Estado de abril de 2019, si bien el magistrado venezolano negó toda vinculación con esos planes.

Un año más tarde, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera capturar o enjuiciar a Moreno y su esposa por corrupción y vinculación con el crimen organizado. La oferta sigue vigente.

Acusaciones graves

Dirigentes del chavismo lo han descrito como un abogado respetuoso de las leyes, leal a los principios de la paz y la democracia, si bien la oposición lo señala como el responsable de las decisiones judiciales anticonstitucionales que han sostenido en el poder al madurismo.

José Vicente Carrasquero, politólogo venezolano, precisa que el antichavismo lo ve como una figura judicial clave que ha demostrado “fidelidad” a los intereses del oficialismo y dice creer que, si las instituciones venezolanas fueran “decentes”, estuviera siendo investigado por las graves acusaciones de corrupción en su contra en Estados Unidos.

Durante los últimos dos años, el Departamento de Justicia de EEUU ha señalado a Moreno por los crímenes que la semana pasada actualizó ante la corte de la Florida. Según esas denuncias, los presuntos sobornos que recibió los invirtió en comprar y renovar inmuebles en Italia, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos.

El poder judicial estadounidense precisó recientemente que los dos cargos que enfrenta por conspiración para lavar capitales suponen un máximo de 20 años cada uno, mientras que el par de acusaciones por vinculación con transacciones en propiedades derivadas del crimen incluye penas máximas de 10 años.

En Venezuela, una amenaza a las Organizaciones No Gubernamentales

Una maestra en Caracas exige mejor salario y mayores beneficios, el 30 de enero de 2023. (AP Photo/Ariana Cubillos).

Doce Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Venezuela aseguraron este lunes que enfrentan la "mayor amenaza" a su existencia debido al proyecto de ley de fiscalización de estas organizaciones que lleva adelante la Asamblea Nacional, impulsado por la contundente mayoría oficialista.

El Foro por la Vida, la coalición que agrupa a esta docena de ONG, "rechaza de manera contundente" esta "maqueta legislativa", al considerar que representa "la mayor amenaza registrada en el país" contra su existencia y contra "el accionar libre e independiente" de defensores de derechos humanos y actores humanitarios.

"El proyecto de ley criminaliza la solidaridad al desproteger aún más a los sectores populares venezolanos, que son los principales beneficiarios de la cooperación internacional y de la labor de las ONG", dice un comunicado firmado por los integrantes del foro.

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (entidad de Naciones Unidas) expresó su profunda preocupación por las posibles implicaciones del proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, adoptada en primera lectura por la Asamblea Nacional el 24 de enero.

“De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela” alertó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.

La agrupación de las doce ONG cree que la iniciativa parlamentaria "no es un hecho aislado sino que constituye una política de Estado que, de manera sistemática, está dirigida a restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente" de la sociedad civil y actores humanitarios.

"Antes que restricciones, el espacio cívico está urgido de respeto, promoción y protección por parte de las autoridades públicas", remarca el escrito.

De aprobarse esta ley, adelanta la coalición, las ONG ya constituidas serán sometidas a "un nuevo y adicional control autorizatorio previo por parte del Ejecutivo", en el que deberán presentar requisitos "exageradamente intrusivos".

El proyecto inicial de ley contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.

La propuesta prohíbe expresamente a las ONG "realizar actividades políticas" y "promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones" del Estado.

Amnistía Internacional pide agenda contundente de derechos humanos en Honduras

Xiomara Castro, presidenta de Honduras, cuando era candidata el 20 de noviembre de 2021. (Reuters/Joseph Amaya).

"En su primer año de gobierno la presidenta Xiomara Castro no ha dado cumplimiento cabal a sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Aunque su administración ha tomado algunas acciones puntuales que avanzan en sus compromisos en esta materia, la presidenta deberá ser más contundente para contrarrestar el oscuro legado de los gobiernos anteriores", dijo Amnistía Internacional en una carta abierta a la presidenta.

“Los últimos años en Honduras han estado caracterizados por la violencia estatal, la represión y la impunidad, con gobiernos que han ignorado por completo los derechos humanos. La llegada del gobierno de Xiomara Castro, hace un año, representó una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país y poner los derechos humanos en el centro, pero el cambio no ha sido suficiente para atender la grave crisis que enfrenta la población en Honduras. Ya es hora de rectificar el rumbo”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, Amnistía Internacional envió una carta a las personas candidatas a la presidencia con siete puntos mínimos para construir un programa de gobierno basado en los derechos humanos, incluyendo: el respeto al derecho a la protesta pacífica; acabar con la impunidad; crear un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos; garantizar el derecho a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva; y eliminar la discriminación y la violencia de género.

A un año de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, Amnistía Internacional ha enviado una nueva carta abierta con algunas de las preocupaciones de derechos humanos que la organización considera urgentes, así como una serie de recomendaciones para que el estado de Honduras cumpla sus obligaciones internacionales en la materia.

“Es de extrema gravedad la violencia que continúan enfrentando las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, en particular aquellas que defienden el territorio y cuidan del medio ambiente. El gobierno de Xiomara Castro debe tomar cartas en el asunto de forma inmediata y priorizar su protección y la investigación de hechos relacionados a ataques y amenazas en contra de personas defensoras y liderazgos comunitarios. También es urgente que cese la intervención de las fuerzas militarizadas de las calles y se proteja, los derechos humanos de grupos históricamente marginalizados, como las mujeres, personas LGBTIQ, los Pueblos Indígenas y Afro-hondureños, entre otros”, afirmó Guevara Rosas.

“Miles de personas siguen desplazándose fuera y dentro del país, huyendo de los estragos de la crisis climática, la violencia, la pobreza y las desigualdades. Atender las causas estructurales de estas problemáticas con una perspectiva de derechos humanos es clave para que las personas puedan vivir dignamente en Honduras”, añadió.

Al concluir la misiva, Amnistía Internacional reiteró su interés en entablar un diálogo directo con la presidenta Xiomara Castro y su gobierno y solicita una reunión lo más pronto posible para conversar acerca de los desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta Honduras.

La SIP condena nueva represalia del gobierno venezolano contra El Nacional

Un hombre sostiene un papayo (cometa) con un mensaje de apoyo al periódico El Nacional (AP Photo/Fernando Llano).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la persecución de los cuerpos de seguridad de Venezuela en contra del jefe de Redacción de El Nacional, José Gregorio Meza, y de otros periodistas del periódico, en aparente represalia por reportajes publicados que incomodan al régimen.

El 25 de enero un fiscal del Ministerio Público (MP) y agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se apersonaron en la vivienda de Meza y lo llevaron detenido "para declarar sobre unos trabajos que se publicaron en El Nacional. Hasta ahora, solo investigación", informó el editor en sus redes sociales. Al día siguiente, Meza fue a la Fiscalía 94 Nacional, donde le devolvieron su teléfono celular, según divulgó en Twitter el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

El presidente editor del periódico, Miguel Henrique Otero, alertó en Twitter sobre la "arremetida" y reveló que el MP también emitió citaciones contra él y otros cinco trabajadores del medio; entre estos, la gerente de Recursos Humanos. Denunció además que las familias de dos periodistas que están fuera del país fueron amenazadas.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, condenaron "las recientes acciones de acoso contra los periodistas y editores del diario". Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, Estados Unidos, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, coincidieron en señalar: "No hay duda de que el régimen político busca acallar cualquier expresión que resulte contraria a sus intereses o los cuestione".

Otero consideró que la intimidación está relacionada con las investigaciones periodísticas publicadas a principios de enero en la web del diario "sobre los hermanos Santiago José y Ricardo José Morón", presuntos testaferros de Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela. Los hermanos Morón fueron sancionados en 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Otero, quien está exiliado en España, afirmó: "Vamos a seguir trabajando; no nos vamos a silenciar". El Nacional, que ha sido blanco de las presiones del gobierno, solo se publica en su versión digital. Además, desde 2022 están bloqueados el portal del diario y los de otros medios independientes.

Los directivos de la SIP mencionaron que la represión del régimen se ha manifestado también en los más de 300 medios cerrados en la última década y la confiscación de las instalaciones de El Nacional en abril de 2022.

El Índice Chapultepec de la SIP 2021-2022 muestra a Venezuela en el puesto 21, el penúltimo país en la tabla que mide el estado de la libertad de prensa en la región. El Índice Chapultepec es un barómetro anual que mide las acciones institucionales que afectan las libertades de prensa y de expresión en 22 países de las Américas. La medición se hace sobre la base de los principios de las declaraciones de Chapultepec y Salta de la SIP.

El informe sobre Venezuela, presentado en la pasada Asamblea General de la SIP en Madrid, destacó que: "se puede afirmar que dejó de existir el periodismo independiente en el país, desde que el gobierno incrementó la represión a la labor de los periodistas y aumentó la censura mediante el bloqueo y cierre de medios digitales y radioemisoras". La SIP también emitió en esa reunión una resolución en la que instó a "promover reuniones para denunciar esta situación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo, el Congreso de los Estados Unidos y otros organismos, con el fin de restaurar los derechos vulnerados a la información activa y pasiva del pueblo venezolano".

(Comunicado de la SIP)

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